El Gobierno de Axel Kicillof criticó la intención del Gobierno nacional de avanzar sobre el fondo compensador destinado a cooperativas eléctricas y advirtió que iniciará acciones legales si la medida prospera. Además, cuestionó los cambios en la zona fría y reiteró que la Provincia es la que tiene la capacidad de definir las tarifas.

"Creo que no prosperará. Habla de la ignorancia del Gobierno. No es constitucional, no hay manera que lo hagan", sostuvo el subsecretario de Energía bonaerense, Gastón Ghioni, al ser consultado sobre el proyecto de ley que avanza en el Congreso y que busca cambios para el servicio de luz y gas en todo el país.

En conferencia de prensa en Gobernación, el funcionario explicó que el esquema actual del fondo compensador tarifario funciona desde 1996 y mediante aportes de grandes distribuidoras y cooperativas de mayor escala hacia unas cien cooperativas más pequeñas que reciben asistencia para sostener el servicio eléctrico en localidades del interior. Y que de otra manera, no podrían brindar el servicio en pequeñas localidades.

"Las 200 cooperativas llegan al 40% de la provincia. Por el Fondo reciben más que por las tarifas. Eso estaría prohibido por ley. Como también el cobro del alumbrado público, que está por ley desde 1989", sintetizó.

"Si el pueblo al lado tiene que pagar cinco o seis veces más, lo tendrá que hacer, pero nosotros vamos a recurrir", afirmó el Ghioni, quien acusó al Gobierno de Javier Milei de desconocer el funcionamiento del sistema eléctrico bonaerense. En ese marco, consideró que la medida responde a una lógica "ideológica" basada en que "cada uno haga lo que pueda y se salve", sin contemplar las desigualdades entre distritos y prestadores del servicio.

Otro punto crítico del proyecto que, como informó Agencia DIB, la semana pasada avanzó en Diputados tiene que ver con la deuda de las distribuidoras de energía con la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa). Ghioni se mostró de acuerdo con la idea, pero marcó la importancia de "hacer las cuentas bien claras para definir activos y pasivos regulatorios".

Sin embargo, marcó como sumamente grave el artículo que prohíbe expresamente incorporar conceptos ajenos al servicio en la factura final que pagan los usuarios, algo que la Justicia ya dejó sin efecto pese a las intenciones libertarias. Al respecto, el funcionario bonaerense explicó que "es inconstitucional y es un avasallamiento sobre la propia jurisdicción" porque las provincias son las que tienen la facultad de definir sus tarifas. "La autoridad ante las distribuidoras y cooperativas somos nosotros", remarcó.

La Libertad Avanza (LLA) y sus aliados tuvieron la semana pasada un triunfo al obtener el dictamen de mayoría del proyecto de ley enviado por el Gobierno de Milei que modifica el régimen de zona fría, sobre los subsidios al gas en distintas provincias y que de aprobarse impactará en la suba de la tarifa en 95 municipios bonaerenses.

"Denunciamos que es otro intento de castigar a los bonaerenses, que representan casi el 40% de los beneficiarios. El proyecto propone reducir la cantidad de usuarios y la cobertura de los subsidios, en un momento en el que la crisis económica y social golpea con dureza a nuestro pueblo", dijo Ghioni.

Como viene informando Agencia DIB, la intensión libertaria es recortar el beneficio que se amplió en 2021 (requiere unos subsidios del Tesoro Nacional por más de US$ 400 millones al año) y pasó de 800.000 hogares a unos 4 millones. En ese momento quedaron bajo este paragua municipios de varias provincias del país y 95 del territorio bonaerense. Del total de 3,2 millones "nuevos beneficiados", alrededor de 1.260.000 son hogares del interior de PBA.

Esa ampliación, que garantiza descuentos de 30% para la mayoría de los hogares y 50% para jubilados, receptores de AUH, asignación por embarazo, seguro de desempleo o electrodependientes, asegura el Gobierno se mantendrá pero ajustando a quiénes llegan. Sin embargo, según el funcionario de Kicillof, aquellos que queden incluidos, de todas formas, van a tener menos subsidios porque "ahora lo que se subsidiaría es el 50% del precio del gas, dejando afuera el transporte, distribución y todo el resto de los componentes".

El Defensor del Pueblo Daniel Barragán expuso que "entendemos que el plazo es corto, muy corto para una problemática tan seria. No todo el mundo está informado. Ha sido escasísimo el tiempo. Entendemos que lo se juega para cada familia es mucho. Pensamos desde la defensoría en conjunto con la defensoría de la provincia y la Nación plantear que se extienda el tiempo para hacer los registros. Va a ser mucha la población que va a quedar afuera de todo esto."

Luego Daniel Barragán explicó que "si bien estamos de acuerdo con el fondo de la idea, las clases medias tienen sus sueldos muy golpeados también. Realmente significa un aporte, un salario diferido a los ingresos y la verdad que tener tan poco tiempo es poder perjudicar a mucha gente que lo necesita"

Para terminar el defensor del pueblo apuntó que "entendemos que el pedido es de absoluta racionalidad. Quedó muy poquito tiempo. La verdad que tener que inscribirse uno tiene que demostrar que no tiene ingreso. El Estado tiene todas las herramientas para hacerlo, como minino hasta el mes que viene. Esto se debiera modificar, el umbral es demasiado bajo. Debe extenderse el plazo"