La Cámara de Diputados convertirá este jueves en ley, con un amplio respaldo político, el proyecto que establece que las negociaciones en materia de deuda pública con cualquier tipo de financiación internacional deben contar con el aval del Congreso.

El proyecto de sostenibilidad de la deuda fue debatido este miércoles por el plenario de comisiones de Presupuesto y Hacienda y Finanzas, que presiden Carlos Heller (Frente de Todos) y Fernanda Vallejos (Frente de Todos), y obtuvo dictamen con el respaldo unánime de todos los bloques parlamentarios.

En el texto se indica que "la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional de cada ejercicio deberá prever un porcentaje máximo para la emisión de títulos públicos en moneda extranjera y bajo legislación y jurisdicción extranjeras respecto del monto total de las emisiones autorizadas para ese ejercicio".

También establece que toda emisión de ese tipo que supere dicho "porcentaje requerirá de una ley especial del Congreso que la autorice expresamente".

En el artículo segundo, el proyecto dispone que "todo programa de financiamiento u operación de crédito público realizados con el Fondo Monetario Internacional (FMI), así como también cualquier ampliación de los montos de esos programas u operaciones, requerirá de una ley" del Congreso "que lo apruebe expresamente".

Tras este dictamen, las comisiones de Presupuesto junto con la de Vivienda y Ordenamiento Humano, que preside Domingo Amaya (FdT), y la de Hacienda, analizaron el proyecto de promoción de la construcción que contiene beneficios fiscales para poder apuntalar esa actividad.

La iniciativa impulsada por el Poder Ejecutivo exime del impuesto de Bienes Personales a las inversiones destinadas a la construcción de inmuebles nuevos durante dos años y otorga un crédito fiscal para computar contra este impuesto igual al 1% de las inversiones realizadas en construcción.

Además, determina que las personas que declaren voluntariamente activos en pesos o dólares y los destinen a obras nuevas pagarán un único impuesto (con alícuota creciente en el tiempo) y se les otorgará un "bloqueo fiscal" respecto a lo que pudiera corresponder por esos fondos, junto a una serie de beneficios en acciones judiciales y administrativas.