El Gobierno logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de sus habituales aliados.

La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.

El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad.

Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.

El Gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa.

Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.

La Cámara alta había retomado el tratamiento del proyecto luego de que el Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión tomada tras la resistencia planteada por gobernadores y bloques dialoguistas que advertían sobre las consecuencias de flexibilizar el régimen de propiedad de tierras.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca "simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales" y garantizar el principio constitucional que protege la propiedad privada.

Según explicó el legislador libertario, la reforma procura brindar mayor seguridad jurídica y evitar que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.

En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó una de las críticas más duras contra el proyecto. Lo calificó como "un asco" y sostuvo que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones resultan "inconstitucionales de cabo a rabo". Además, afirmó que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes estratégicos que eventualmente sean privatizados.

En representación del oficialismo, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la norma al señalar que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por las usurpaciones y por un Estado que, según sostuvo, no protegía adecuadamente el derecho de propiedad.

"Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger y no te va a usurpar", aseguró la senadora, quien sostuvo que la ley busca dar previsibilidad y seguridad jurídica para las próximas generaciones.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno y cuestionó el trámite parlamentario, al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen apenas una hora antes del inicio de la sesión y con numerosas modificaciones.

También la rionegrina Ana Marks cuestionó el enfoque del oficialismo al sostener que considerar la tierra únicamente como un activo económico implica desconocer su función social. Además, criticó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno no ofrece respuestas para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

Desde el oficialismo, Gonzalo Guzmán Coraita respondió que la Argentina necesita "reglas claras para ser un país previsible", mientras que la senadora Nadia Márquez sostuvo que la ley apunta a terminar con las usurpaciones, agilizar la recuperación de inmuebles, limitar las expropiaciones y generar mejores condiciones para atraer inversiones.

En tanto, el radical Maximiliano Abad acompañó la aprobación de la ley en general, aunque dejó una advertencia respecto del rumbo económico. Afirmó que las inversiones no llegarán únicamente por modificar normas específicas, sino que dependerán de la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y una política exterior consistente y sostenida en el tiempo.

La Cámara de Senadores aprobó en la madrugada de este viernes la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora deberá tratar Diputados. Para destrabar la sesión, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto que el senador marplatense Maximiliano Abad (UCR) rechazó de plano por considerar que afectaba la soberanía nacional.

Durante su intervención en el recinto, el legislador bonaerense ratificó sus reparos de fondo al proyecto original del Poder Ejecutivo y advirtió que eliminar los topes a la extranjerización de la tierra ponía en riesgo la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos naturales.

Abad fue una de las voces que evidenció la falta de consensos para aprobar la desregulación total del suelo argentino. "Estoy convencido, porque lo dije desde un primer momento, de que el proyecto y el capítulo de tierras rurales limitaba la soberanía, podía poner en riesgo la seguridad nacional y de ninguna manera garantizaba el fortalecimiento de la producción y del campo argentino", sostuvo desde su banca.

"Defender la soberanía no es cerrar la economía"

En su alocución, el dirigente marplatense planteó que el contexto geopolítico actual exige una mirada estratégica sobre la tenencia de la tierra, frente a las crecientes demandas globales de alimentos, energía y minerales críticos.

"Defender la soberanía en pleno siglo XXI no es cerrar la economía de un Estado: es garantizar y sostener la capacidad estratégica de poder decidir sobre los recursos que hacen al futuro de nuestro país", argumentó durante el debate.

El senador subrayó que la Argentina atraviesa un escenario internacional complejo, atravesado por conflictos, alteraciones en las cadenas globales de abastecimiento, volatilidad climática y una acelerada revolución tecnológica que multiplica la necesidad de recursos estratégicos. Por eso, ligó la soberanía territorial a la seguridad económica del país.

Una Ley de Tierras "federal, moderna y con controles"

Aunque reconoció que la normativa vigente puede actualizarse, Abad remarcó que una reforma de fondo no puede resolverse quitando herramientas de fiscalización del Estado. "La actual Ley de Tierras puede ser absolutamente perfectible, pero una reforma de tal magnitud de ninguna manera puede reducirse a eliminar límites ni eliminar controles", señaló.

En esa línea, reclamó avanzar hacia una legislación agraria "federal, moderna y promotora del desarrollo sustentable", que proteja a los productores locales sin desamparar los activos estratégicos de la Nación.

La ley de tierras que sigue vigente considera de titularidad extranjera a los inmuebles en manos de inversores o sociedades de capital de origen extranjero y les fija un tope: no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

Qué quedó en pie del proyecto

El texto que consiguió media sanción mantiene los cambios sobre expropiaciones y desalojos, y ahora pasa a Diputados. En materia de desalojos, incorpora un procedimiento sumarísimo y nuevos mecanismos de notificación electrónica para casos de usurpación y de falta de pago.

Sobre el final de la sesión, el oficialismo también debió dar de baja el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, otro punto que no reunió los apoyos necesarios. Con ese retroceso, siguen vigentes los bloqueos para la venta o el cambio de uso de tierras tras incendios. Abad validó los ítems de expropiaciones y desalojos, pero se mostró en desacuerdo con la reforma sobre el fuego.

Tensión dentro y fuera del recinto

El proyecto fileteado obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra en la votación en general. La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del Congreso, donde se registraron incidentes durante una movilización de organizaciones sociales que dejaron un saldo de 11 detenidos y tres efectivos de las fuerzas de seguridad heridos.

Más allá del resultado, la postura del radicalismo bonaerense dejó una marca política en la agenda legislativa nacional. El freno a la venta irrestricta de tierras rurales a manos extranjeras fue, en ese tablero, uno de los movimientos que Abad reivindicó como propio.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado continuará este martes la discusión en torno al proyecto que avala el acuerdo con el FMI y podría haber dictamen favorable, para que sea expuesto a debate y sanción definitiva en un plenario previsto para el próximo jueves.

El debate está previsto que se lleve a cabo desde las 14, luego de que el lunes el jefe de Gabinete de Ministros, Juan Manzur; y el ministro de Economía, Martín Guzmán, defendieran el acuerdo ante la comisión.

En debate está el Programa de Facilidades Extendidas para refinanciar la deuda de más de 44 mil millones de dólares tomada por el Gobierno del ex presidente Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2018.

Según adelantó el jefe del bloque de senadores del Frente de Todos, José Mayans, la idea es darle despacho durante la jornada y "la intención es tratarlo el jueves" en el pleno de la Cámara alta.

De hecho, se llevó a cabo un encuentro este lunes al mediodía en el despacho del jefe del bloque, el formoseño José Mayans, en la que se comenzaron a buscar los consensos para que el tema tenga un apoyo fuerte, luego de que en Diputados el oficialismo votara dividido.

En ese sentido, se estaban realizando trabajos de coordinación entre el jefe de Gabinete y algunos gobernadores peronistas.

La reunión de la comisión, que se prolongó por más de cinco horas en en clima cordial entre oficialismo y oposición, comenzó con la presentación de Manzur, quien sostuvo que una mirada crítica contra el Fondo no puede ser un limitante para votar a favor.

El jefe de Gabinete también repudió los hechos vandálicos durante los que el jueves un grupo de personas destrozó los cristales de las ventanas del despacho de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y reclamó que el cierre de la negociación es necesario para la Argentina.

Fuente: Télam

El Senado podría convertir en ley esta semana el nuevo marco de producción de biocombustibles que propone un corte del 5% para el gasoil y el biodiésel, y del 12% entre naftas y bioetanol, al que se suman otras iniciativas de tinte económico que prevén un alivio para monotributistas y cambios en el Impuesto a los Bienes Personales. Las tres iniciativas recibieron dictamen favorable el miércoles pasado en distintos plenarios de comisiones de la Cámara alta, tras las exposiciones de funcionarios del Poder Ejecutivo. El día preciso de sesión se definirá a principios de semana, señalaron fuentes legislativas. La propuesta sobre biocombustibles, que ya fue votada por la Cámara de Diputados, establece un corte del 5% para el gasoil y el biodiesel, y del 12% entre naftas y bioetanol, marco que reemplazará al régimen que vence este lunes para este sector productivo. El proyecto, además, establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6% de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz. La iniciativa busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace quince años, que venció en mayo pasado y fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo. Uno de los datos destacados relacionados con el tema fue que en noviembre pasado el Senado sancionó un proyecto que prorroga por cuatro años la norma anterior. La iniciativa luego fue girada a Diputados, donde no avanzó y en su lugar se presentó el nuevo régimen que obtuvo sanción la semana pasada. En representación de la oposición, el senador Alfredo De Angeli (Juntos por el Cambio-Entre Ríos) lamentó que no haya habido un debate más amplio sobre esta propuesta, mientras que su par de bloque, la legisladora por Córdoba Laura Rodríguez Machado, calificó al proyecto como "antifederal, antiambiental y antiempleo". En la sesión de esta semana, el Senado también buscará aprobar proyectos sobre Monotributo y Bienes Personales, que también ya cuenta con el aval de la Cámara baja.

La reforma de la Ley del Monotributo elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. En tanto, el proyecto que modifica los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales busca fomentar el ahorro en pesos al ampliar las exenciones en los mencionados gravámenes para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

Ninguna de las iniciativas recibió modificaciones durante el debate en comisiones de la semana pasada, por lo que se descuenta que serían convertidas en ley por la Cámara alta.

Los integrantes de la comisión de Presupuesto que preside el cordobés Carlos Caserio escucharon la semana pasada los argumentos del subdirector General de Fiscalización de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Julián Ruiz, en favor de ambos proyectos al sostener que beneficiaban a los contribuyentes argentinos. En el caso del régimen de monotributo, Ruiz dijo que "viene a complementar lo que se votó en abril sobre el sostenimiento y la inclusión fiscal de los monotributistas". Ruiz agregó que este proyecto "beneficiará a cuatro millones 100 mil" aportantes y anunció que "se vuelve a los valores vigentes a diciembre de 2020". "La idea es que los que pasaron al régimen general puedan regresar al del monotributo. También se establece una moratoria con condonación de multas e intereses. Se trata de un plan de sesenta cuotas y cuya alícuota máxima de interés será del 1,5% mensual", sostuvo el funcionario. Respecto del proyecto sobre Bienes Personales, Ruiz subrayó que "la totalidad de los intereses generados en pesos por plazos fijos y demás instrumentos, como los plazos fijos UVA, no paguen Impuesto a las Ganancias". "Queremos beneficiar las inversiones en pesos, en detrimento de otro tipo de inversiones", afirmó. Además, destacó que, así como se exime del tributo de Bienes Personales a las cajas de ahorro, "se busca extender ese beneficio a las obligaciones negociables en pesos". "A partir de este proyecto, queremos eximir a esos instrumentos cuando tengan como objetivo una inversión productiva", concluyó Ruiz.

Sin debate y por amplia mayoría, el Senado convirtió en ley el proyecto consensuado que posterga las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) hasta el 12 de septiembre y las elecciones generales legislativas hasta el 14 de noviembre.

La iniciativa obtuvo 56 votos a favor, tres en contra y dos abstenciones, y no fue puesta a discusión porque se manifestaron problemas técnicos en la sesión especial, puntualmente en la conexión webex de la videoconferencia.

La jornada legislativa de hoy

Los bloques mayoritarios del Senado estuvieron de acuerdo en posponer el cronograma electoral por aproximadamente un mes, con el objetivo de evitar aglomeraciones de público en los centros de votación durante el invierno y cuando las cifras de contagios de coronavirus son todavía altas.

Los inconvenientes técnicos se generaron cuando se estaba por votar el proyecto de ley sobre Impuesto a las Ganancias de Sociedades, inmediatamente anterior al de las elecciones.

La sesión estuvo parada durante más de veinte minutos porque, según informaron fuentes parlamentarias, no funcionaba el audio que se emitía desde el estrado del hemiciclo del Senado que en ese momento estaba ocupado por la presidenta provisional del cuerpo, la peronista santiagueña Claudia Ledesma Abdala de Zamora.

Cuando estaban por convertir en ley ese proyecto, que busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada, los senadores que estaban en sus provincias dejaron de recibir el sonido desde Buenos Aires.

La sesión se detuvo durante varios minutos durante los cuales los técnicos se dedicaron a resolver el problema, mientras el ministro de Economía, Martín Guzmán, esperaba en el recinto a que se terminara de votar la iniciativa que modificaba la Ley de Impuesto a las Ganancias.

La postergación de las elecciones por la pandemia

Cuando se avanzó sobre la discusión del proyecto para postergar las elecciones, el jefe de la bancada oficialista, el formoseño José Mayans, solicitó que el tema sea votado sin discusión en virtud del acuerdo parlamentario que se había llegado con la oposición para respaldar el tema.

"Vamos a obviar el debate por un acuerdo al que llegamos entre todas las bancadas, ya que este tema viene con acompañamiento por unanimidad", remarcó Mayans, ante el asentimiento de su coterráneo, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff.

La moción que superó la votación fue cuestionada por uno de los dos senadores que votó en contra, el peronista salteño Juan Carlos Romero, un aliado de la bancada macrista, quien mencionó que no estaba de acuerdo "con cambiar las reglas" y enfatizó: "Ya bastante nos cercenaron la palabra".

"Levantar la mano con 24 o 30 pantallas no es una votación", insistió Romero, cuya postura fue acompañada en el voto negativo por su compañera de interbloque, la neuquina Lucila Crexell.

En tanto, quienes se abstuvieron fueron el representante de PRO de Entre Ríos, Alfredo De Angeli; y la riojana Clara Vega, que también integra el Interbloque Parlamentario Federal.

Antes de que se tomara la decisión de suspender el debate, se había dispuesto una lista de oradores corta, que estaba conformada por la presidenta de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la peronista santafecina María de los Ángeles Sacnun; sus compañeros de bancada, Mario Pais y Ana Almirón; y los mencionados Naidenoff y Romero.

Antes de que se pusiera el tema a votación, fuentes del oficialismo habían confirmado la presencia del ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, quien no llegó a acercarse al Senado de la Nación ante el apuro de los legisladores.

De Pedro fue el funcionario que facilitó el acuerdo con la oposición a través de varias reuniones que mantuvo también con la Cámara Nacional Electoral y los apoderados de los partidos políticos.

En sus fundamentos, el proyecto que posterga por un mes el cronograma electoral plantea que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios".

La iniciativa también hace referencia a que, "durante ese lapso de tiempo adicional, se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico".

Además, el proyecto establece que esta reforma electoral "no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".