La Secretaría de Energía de la Nación invertirá a través del Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer) más de US$ 90 millones hasta 2022 para proveer energía a comunidades rurales aisladas de distintas provincias, que beneficiará a alrededor de 380.000 habitantes de esas zonas a través del uso de fuentes renovables. Se trata de un proyecto de energización rural ejecutado a través de un préstamo otorgado por el Banco Mundial, cuyo objetivo es "proveer de un insumo clave para lograr el acceso universal al derecho a la energía, que al basarse en fuentes renovables, también contribuye a diversificar y descarbonizar la matriz energética nacional", precisó a Télam, el coordinador General del programa, Luciano Gilardón. En lo que va del año el programa "lleva ya ejecutados US$ 34 millones y otros US$ 58,5 millones se encuentran distribuidos en los procesos licitatorios en curso, alcanzando la cifra de US$ 92,5 millones". La inversión, con perspectiva federal, representa un impacto en más de 380.000 personas beneficiadas por el programa solo entre 2021 y 2022, alcanzando territorios aislados del Sistema Interconectado Nacional (SIN) "que hasta entonces, se iluminaban a vela, leña o en el mejor de los casos con generadores térmicos", señaló Gilardón. El préstamo, que se buscará renovar el próximo año, exige un monitoreo por parte del Gobierno nacional que incluye la obtención de indicadores, el cumplimiento de disposiciones ambientales y la comunicación permanente con las comunidades originarias, respecto de lo cual el funcionario sostuvo que "se viene trabajando con las comunidades, con el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y con el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA)". Gilardón detalló que "este tramo de once mini redes que estamos llevando actualmente adelante involucra unos 1.250 hogares afectados de aglomerados pequeños, mediante una inversión de unos US$ 21 millones". El objetivo de las mini redes es el de garantizar la provisión de manera ininterrumpida de energía eléctrica para los habitantes de zonas rurales alejadas de las redes de distribución, para abastecer con energía de calidad comparable a la de los centros urbanos. Las licitaciones involucran "el diseño, construcción o ampliación y operación inicial de las plantas generadoras de energías renovables, así como de las conexiones con las redes existentes", como ser en el caso de la mini red de Luracatao, con la construcción de "una planta fotovoltaica de 1,2 MW -la de mayor envergadura hasta el momento- que beneficiará a 400 familias en seis parajes del Valle de Luracatao y abastecerá a nueve escuelas, cuatro postas sanitarias, un destacamento policial, iglesias y centros vecinales". Además se encuentran en curso las licitaciones de cuatro mini redes aisladas en Río Negro (Laguna Blanca, Aguada Guzmán, Colán Conhué y Naupa Huen), otras dos en Salta (Rodeo Colorado y Los Naranjos), tres en Jujuy (Catua, El Toro y San Juan de Quillaques), y una en Catamarca (El Peñón).

El secretario de Energía, Darío Martínez, reafirmó que las tarifas de servicios energéticos, si bien saldrán del proceso de la etapa de congelamiento, lo harán "muy por debajo de la evolución de los salarios", al recordar que de aplicarse el sendero de actualización de la administración Cambiemos, los aumentos deberían ser superiores al 150% a partir del 1 de abril próximo.

Martínez se refirió al tema en momentos en que se desarrolla la audiencia pública por la definición de un esquema de transición para las tarifas de distribución eléctrica de las empresas Edenor y Edesur, y luego de las realizadas para la generación, transporte y distribución de gas natural por redes.

El secretario reiteró que el mandato del presidente Alberto Fernández es "que no se pierda poder adquisitivo de los argentinos para pagar la energía" por lo cual "los salarios tienen que crecer mucho más de lo que evolucione la energía y su tarifa".

Martínez resaltó que el proceso de audiencias públicas permitirá "salir de la RTI (Revisión Tarifaria Integral) del gobierno anterior que obligaría estar aplicando incrementos altísimos superiores al 150% en electricidad, hoy algo impracticable para los bolsillos de los argentinos".

"La tarifa de energía, más allá que se sale del proceso de congelamiento, va muy por debajo de la evolución del salario. En términos porcentuales, la gente cada vez tiene que tener más dinero para consumir en bienes y servicios, y no que se incremente lo que se debe destinar al pago de la energía", enfatizó.

Sobre el anunciado rediseño del esquema de subsidios, Martínez dijo que la mejor utilización de esa herramienta "tiene que tener en cuenta el nivel de ingresos de la sociedad; aquel que no puede pagar que sea ayudado por el Estado y quienes pueden afrontar el costo de la energía y cuyo impacto es mucho menor en sus ingresos, vayan en camino a pagar el costo" pleno.

En ese sentido, agregó que se espera que "antes de fin de año se pueda avanzar hacia un esquema en que se subsidia a aquel que realmente no lo pueda pagar", pero es un proceso en desarrollo en que resolver los temas de implementación y "los problemas reglamentarios y legales que tiene".

"La Argentina necesita más energía, la reconstrucción necesita una energía que le permita a la industria ser competitiva, al comercio tener una mayor actividad y a los usuarios tener un buen servicio", agregó el funcionario en otro tramo de la entrevista.

También, se refirió al requerimiento de gas importado que tendrá el país para afrontar los picos de demanda de gas natural en los meses de invierno, al insistir en que hubo "un declino de la oferta de Bolivia y las hidroeléctricas con la falta de agua en función de lo cual hubo que licitar la posibilidad de un segundo barco (regasificador de GNL) para resolver este primer invierno, el más complicado, el más crítico porque el Plan Gas se lanzó a fin de año".

"La Argentina todavía importa mucho gas, pero estas medidas ayudan a frenar el declino y hay que ir pensando el mediano y largo plazo para eliminar definitivamente la importación de gas", sentenció.