El gobierno bonaerense oficializó hoy la nueva conformación del Consejo Portuario de la Provincia de Buenos Aires, el organismo que asesora al Ejecutivo en la planificación de la política para el sector, y que será presidido hasta 2028 por el subsecretario de Asuntos Portuarios, Juan Cruz Lucero.

La conformación de Consejo fue definida en marzo pasado en una asamblea del Consejo y ahora fue puesta en vigencia a través de la Resolución 8 de la Subsecretaría de Asuntos Portuarios, fechada el jueves pasado, que establece que los integrantes del organismo cumplirán funciones ad honorem por dos años.

Se trata de un organismo que tiene funciones de asesoramiento del Ejecutivo en todo lo relacionado con el manejo de los puertos. Según indica la resolución, entre sus funciones figuran la elaboración de propuestas para el desarrollo, planificación y gestión de los puertos bonaerenses; la formulación de recomendaciones sobre la actividad portuaria y los servicios conexos; promover actividades de formación y capacitación; la organización de encuentros y foros con especialistas; y el diseño de alternativas para favorecer el intercambio de información y buenas prácticas entre los distintos actores del sistema portuario y logístico.

La estructura del Consejo es presidida por Lucero y tiene representantes de los consorcios de gestión de los puertos de la provincia. Para esos sillones fueron designados Susana González, por el puerto de La Plata; Mónica Edith Litza, por Dock Sud; Cecilia Comerio, por San Nicolás; Santiago Mandolesi Burgos, por Bahía Blanca; Diego Piñero, por Coronel Rosales; Marcos Gutiérrez, por Mar del Plata; Hernán Lania, por Olivos; y Carlos Casini, por San Pedro.

La resolución también incorporó a Gabriela Nidia Ardissone, propuesta por la Cámara de Puertos Privados Comerciales (CPPC), en representación de los puertos privados comerciales e industriales de la provincia.

Además, el organismo contará con representantes de los distintos sectores vinculados con la actividad portuaria. Por la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN) fue designada Sandra Noemí Cipolla; por la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA), Diego Hernán Kukulanski; por la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA), Marcelo Emilio Mirón; y por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC), Karen Natali Candias.

También fueron designados Diego Antonio García Luchetti, por la Cámara Argentina de Armadores de Buques Pesqueros de Altura (CAAPBA); Juan Carlos Schmid y Omar Andrés Pérez, por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT); María Fernanda Grimaldi, por el Consejo de Empresas Pesqueras Argentinas (CEPA); y Armando Allinghi, por la Cámara de la Industria Argentina de Fertilizantes y Agroquímicos (CIAFA).

La nómina se completa con Gustavo Alejandro Idigoras, por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (CIARA-CEC); Jorge Oscar De Zavaleta, por la Cámara de la Industria Química y Petroquímica (CIQyP); Julio José Delfino, por el Centro de Navegación (CNAV); Mario Augusto Raiteri, por la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO); Ignacio Lihuel Spina, por la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL); y Nazareno Carrasco, por la Federación de Cooperativas de Trabajo de Actividades Portuarias, Navales, Pesqueras y Afines (FECOOAPORT).

En representación de las organizaciones sindicales fueron designados Roberto Eduardo Coria y César Javier López, por la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina (FEMPINRA); Luis Gabriel Baraggiotta, por la Federación de Estibadores Portuarios Argentinos (FEPA); Jorge Alejandro Vargas y Mariano Moreno, por la Federación Sindical Marítima y Fluvial (FESIMAF); Juan Antonio Speroni, por el Sindicato Argentino de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval de la República Argentina (SAONSINRA); y Pablo Félix Miguel Trueba, por el Sindicato Marítimo de Pescadores (SIMAPE).

Mediante un edicto publicado este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno -a través de Prefectura Naval Argentina- intimó formalmente a más de 500 profesionales del practicaje y pilotaje para que reanuden sus funciones de forma inmediata en los puertos del país tras el conflicto en las vías navegables que derivó en un paro por tiempo indeterminado.

“En su carácter de autoridad con responsabilidad operativa y disciplinaria de la aplicación del Reglamento de los servicios de practicaje y pilotaje para los ríos, puertos, pasos y canales de la República Argentina aprobado por el Decreto Nº 690/2026, notifica e intima por este medio a los profesionales (...) a la inmediata puesta a disposición de sus servicios profesionales de practicaje / pilotaje, para cumplir de manera regular y reglamentaria las funciones previstas en el Reglamento aprobado por el Decreto Nº 690/2026, para las cuales se encuentra habilitado”, argumenta el edicto de la Prefectura Naval.

La medida de fuerza, adoptada por los especialistas encargados de maniobrar los buques en ríos, pasos y canales de la Hidrovía, mantiene frenado el tránsito de embarcaciones de carga de granos, insumos energéticos y diversas mercaderías. Más de 150 buques se vieron afectados.

Ante la profundización del impacto económico por el paro que afecta al comercio internacional en la Argentina, la Prefectura Naval Argentina, en su carácter de órgano de fiscalización operativa y disciplinaria, notificó individualmente a 536 prácticos para que se pongan a disposición del servicio regular de manera urgente, informó La Nueva.

Desde la fuerza de seguridad advirtieron que la persistencia en la interrupción de las prestaciones dará lugar a la apertura de sumarios administrativos y a la formulación de denuncias penales en el marco de los artículos del Código Penal que castigan el entorpecimiento del transporte por agua y las acciones que pongan en riesgo la seguridad de la navegación, cuyas penas previstas contemplan prisión de hasta ocho años.

La huelga del sector técnico se desencadenó a partir de la firma del Decreto 690/2026, una iniciativa promovida por la cartera de Desregulación y Transformación del Estado que encabeza Federico Sturzenegger. La normativa derogó la reglamentación vigente desde 1991 e implementó una reestructuración integral del sistema marítimo y fluvial, informó Noticias Argentinas.

Entre los puntos salientes de la reforma se destaca la apertura de un registro público de profesionales administrado por la PNA, la eliminación de las restricciones de ingreso a la actividad y la libertad de los usuarios comerciales para seleccionar a sus prestadores. Asimismo, la regulación faculta a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) para establecer techos tarifarios y exige la publicación transparente de los costos de las prestaciones.

El texto oficial también suprimió la segmentación por tramos geográficos -que obligaba a rotar de práctico durante un mismo recorrido-, flexibilizó los traslados del personal y amplió las exenciones de contratación para determinados buques. Frente a este nuevo marco conceptual, las agrupaciones del sector resolvieron la suspensión total de tareas en embarcaciones nacionales e internacionales hasta tanto la administración central suspenda o deje sin efecto el decreto en cuestión.

La definición sobre el futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, finalmente llegó. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal a la unión conformada por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus, poniendo punto final a un proceso licitatorio que se extendió durante más de un año y estuvo marcado por debates técnicos, reclamos empresariales e impugnaciones administrativas.

La Agencia DIB accedió a la resolución oficial que aprobó la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2025 y determinó que la propuesta presentada por Jan de Nul-Servimagnus resultó la más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.

La concesión comprende la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y de las tareas de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la Confluencia del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Se trata del corredor por donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y que conecta a cerca de 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido.

La importancia estratégica de la hidrovía explica la magnitud de la licitación. El Gobierno impulsó un proceso que incluyó mesas de diálogo con provincias, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organismos internacionales. Incluso contó con la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que elaboró recomendaciones técnicas y de buenas prácticas para fortalecer la transparencia y la competitividad del procedimiento.

Durante la licitación se realizaron audiencias públicas, etapas de observación de pliegos y numerosas instancias de consulta. Según la documentación oficial, se respondieron más de 200 consultas formuladas por los interesados y se emitieron diversas circulares aclaratorias para perfeccionar el proceso.

Sin embargo, la compulsa estuvo lejos de transcurrir sin conflictos. DEME presentó recursos administrativos e impugnaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica y el criterio utilizado para valorar antecedentes. Tanto la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como posteriormente el Ministerio de Economía rechazaron esos planteos.

La Procuración del Tesoro de la Nación también intervino en el expediente y respaldó la actuación del organismo licitante. Entre sus argumentos sostuvo que los oferentes aceptaron las condiciones de los pliegos al momento de presentar sus propuestas y que no correspondía cuestionarlas una vez avanzada la evaluación.

La decisión oficial llegó además después de una fuerte presión de los principales actores del comercio exterior. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían reclamado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, que aceleraran la adjudicación definitiva para dejar atrás el esquema transitorio vigente.

Las entidades consideraban que la demora generaba incertidumbre regulatoria y afectaba la previsibilidad necesaria para las inversiones vinculadas a la logística exportadora. En una nota enviada a las autoridades nacionales, definieron la resolución de la licitación como una cuestión “prioritaria y definitiva” para el funcionamiento del sistema.

Además de respaldar la adjudicación, los exportadores aprovecharon para insistir con un viejo reclamo tributario relacionado con el IVA aplicado a los servicios de dragado y balizamiento. Según sostienen, la actual estructura impositiva encarece innecesariamente los costos operativos y termina impactando sobre las tarifas que pagan los usuarios de la vía navegable.

Con la adjudicación ya formalizada, el Gobierno busca dar previsibilidad a una infraestructura considerada clave para la competitividad argentina. La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye el principal corredor logístico del país y una pieza central para el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. Por esa razón, la decisión representa mucho más que la definición de un contrato: marca el inicio de una nueva etapa para uno de los activos estratégicos más importantes de la economía nacional.

Tras el pedido que se inició hace más de cinco meses para lograr la prioridad de vacunación para el personal embarcado, las organizaciones sindicales del sector que llevaron a cabo dos jornadas de paro de 48 horas la semana pasada y este martes y miércoles, informaron que recibieron una nota suscript-externoa por representantes de los Ministerios de Trabajo, Transporte, Agricultura y Salud "en la que se reconoce al Personal Embarcado como población que debe incluirse como prioritaria en el Plan Estratégico de Vacunación, inmediatamente después que las poblaciones establecidas inicialmente".

Fueron 18 horas de extrema tensión entre el Gobierno y los gremios marítimos las que mediaron entre el inicio de una nueva andanada de medidas de acción directa y el acuerdo que finalmente se dio tras una reunión por zoom ayer por la tarde.

"Nuestros/as representados/as configuran el primer conjunto de trabajadores/as esenciales de la actividad comercial privada que por sus características específicas adquieren la prioridad de vacunación", indicaron en un comunicado tras levantar anoche la medida de fuerza.

Los firmantes y convocantes a las medidas fueron Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales,

Asociación Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales, Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca, Asociación de Buzos Profesionales, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos, Centro de Comisarios Navales y Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones.

Ante una noticia que considera "se ha demorado cuatro años, tras simulaciones que fueron casi insignificantes e intrascendentes por parte de un gobierno de corte neoliberal", analiza que "lo que gastó Argentina desde los 90 hasta ahora en alquileres, que son miles de millones de dólares girados al exterior -lo cual nos hace un país esclavo- decididamente podríamos haber construido 10 flotas necesarias para el dragado de nuestras vías navegables"

"Es tiste que un país con tanta tecnología e industria como el nuestro no tenga su propia flota de dragado. Fuimos una potencia en ese sentido hasta antes del '90"recordó y exigió "coraje" al Presidente Alberto Fernández para que "se ponga de pie y pongamos a nuestros ríos a hacer dragados con dragas argentinas. No parece justo seguir girando divisas al exterior. Mar del Plata también es víctima de estas políticas".

Por último, indicó que en los últimos 30 años el dragado "se entregó a multinacionales y lamentablemente este gobierno, en vez de reformular la cuestión, tiene más una tendencia a consolidar la década del '90 que a mejorar. Hay mucho en riesgo, inclusive la soberanía, si vamos a tener a nuestras vías navegables dependientes de dragas extranjeras. Resignamos algo muy importante. El gobierno de Macri dejó pendiente la construcción de una flota muy importante de dragas entre Argentina y China con financiamiento externo que nos hubiera permitido tener autonomía y la creación de una empresa de dragado, porque no puede ser que perdamos millones anuales para traer dragas de afuera".