La definición sobre el futuro de la Hidrovía Paraguay-Paraná, la principal vía de salida de las exportaciones argentinas, finalmente llegó. El Gobierno Nacional, a través de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN), adjudicó la concesión de la Vía Navegable Troncal a la unión conformada por la empresa belga Jan de Nul y la firma argentina Servimagnus, poniendo punto final a un proceso licitatorio que se extendió durante más de un año y estuvo marcado por debates técnicos, reclamos empresariales e impugnaciones administrativas.

La Agencia DIB accedió a la resolución oficial que aprobó la tercera etapa de la Licitación Pública Nacional e Internacional N.º 1/2025 y determinó que la propuesta presentada por Jan de Nul-Servimagnus resultó la más conveniente desde el punto de vista técnico y económico.

La concesión comprende la modernización, ampliación, operación y mantenimiento del sistema de señalización y de las tareas de dragado y redragado de la Vía Navegable Troncal, que se extiende desde la Confluencia del río Paraná hasta la zona de aguas profundas del Río de la Plata. Se trata del corredor por donde circula aproximadamente el 80% de las exportaciones argentinas y que conecta a cerca de 60 terminales portuarias distribuidas a lo largo de su recorrido.

La importancia estratégica de la hidrovía explica la magnitud de la licitación. El Gobierno impulsó un proceso que incluyó mesas de diálogo con provincias, cámaras empresarias, sindicatos, universidades y organismos internacionales. Incluso contó con la participación de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD), que elaboró recomendaciones técnicas y de buenas prácticas para fortalecer la transparencia y la competitividad del procedimiento.

Durante la licitación se realizaron audiencias públicas, etapas de observación de pliegos y numerosas instancias de consulta. Según la documentación oficial, se respondieron más de 200 consultas formuladas por los interesados y se emitieron diversas circulares aclaratorias para perfeccionar el proceso.

Sin embargo, la compulsa estuvo lejos de transcurrir sin conflictos. DEME presentó recursos administrativos e impugnaciones cuestionando aspectos de la evaluación técnica y el criterio utilizado para valorar antecedentes. Tanto la Agencia Nacional de Puertos y Navegación como posteriormente el Ministerio de Economía rechazaron esos planteos.

La Procuración del Tesoro de la Nación también intervino en el expediente y respaldó la actuación del organismo licitante. Entre sus argumentos sostuvo que los oferentes aceptaron las condiciones de los pliegos al momento de presentar sus propuestas y que no correspondía cuestionarlas una vez avanzada la evaluación.

La decisión oficial llegó además después de una fuerte presión de los principales actores del comercio exterior. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) habían reclamado al ministro de Economía, Luis Caputo, y al titular de la ANPyN, Iñaki Arreseygor, que aceleraran la adjudicación definitiva para dejar atrás el esquema transitorio vigente.

Las entidades consideraban que la demora generaba incertidumbre regulatoria y afectaba la previsibilidad necesaria para las inversiones vinculadas a la logística exportadora. En una nota enviada a las autoridades nacionales, definieron la resolución de la licitación como una cuestión “prioritaria y definitiva” para el funcionamiento del sistema.

Además de respaldar la adjudicación, los exportadores aprovecharon para insistir con un viejo reclamo tributario relacionado con el IVA aplicado a los servicios de dragado y balizamiento. Según sostienen, la actual estructura impositiva encarece innecesariamente los costos operativos y termina impactando sobre las tarifas que pagan los usuarios de la vía navegable.

Con la adjudicación ya formalizada, el Gobierno busca dar previsibilidad a una infraestructura considerada clave para la competitividad argentina. La Hidrovía Paraguay-Paraná constituye el principal corredor logístico del país y una pieza central para el ingreso de divisas provenientes del complejo agroexportador. Por esa razón, la decisión representa mucho más que la definición de un contrato: marca el inicio de una nueva etapa para uno de los activos estratégicos más importantes de la economía nacional.

Tras el pedido que se inició hace más de cinco meses para lograr la prioridad de vacunación para el personal embarcado, las organizaciones sindicales del sector que llevaron a cabo dos jornadas de paro de 48 horas la semana pasada y este martes y miércoles, informaron que recibieron una nota suscript-externoa por representantes de los Ministerios de Trabajo, Transporte, Agricultura y Salud "en la que se reconoce al Personal Embarcado como población que debe incluirse como prioritaria en el Plan Estratégico de Vacunación, inmediatamente después que las poblaciones establecidas inicialmente".

Fueron 18 horas de extrema tensión entre el Gobierno y los gremios marítimos las que mediaron entre el inicio de una nueva andanada de medidas de acción directa y el acuerdo que finalmente se dio tras una reunión por zoom ayer por la tarde.

"Nuestros/as representados/as configuran el primer conjunto de trabajadores/as esenciales de la actividad comercial privada que por sus características específicas adquieren la prioridad de vacunación", indicaron en un comunicado tras levantar anoche la medida de fuerza.

Los firmantes y convocantes a las medidas fueron Centro de Capitanes de Ultramar y Oficiales de la Marina Mercante, Sindicato de Obreros Marítimos Unidos, Centro de Patrones y Oficiales Fluviales, de Pesca y de Cabotaje Marítimo, Centro de Jefes y Oficiales Maquinistas Navales,

Asociación Profesional Capitanes y Baqueanos Fluviales, Asociación Argentina de Capitanes Pilotos y Patrones de Pesca, Asociación de Buzos Profesionales, Sindicato de Conductores Navales de la República Argentina, Sindicato de Electricistas y Electronicistas Navales, Sindicatos Unidos Petroleros e Hidrocarburiferos, Centro de Comisarios Navales y Centro de Jefes y Oficiales Navales de Radiocomunicaciones.

Ante una noticia que considera "se ha demorado cuatro años, tras simulaciones que fueron casi insignificantes e intrascendentes por parte de un gobierno de corte neoliberal", analiza que "lo que gastó Argentina desde los 90 hasta ahora en alquileres, que son miles de millones de dólares girados al exterior -lo cual nos hace un país esclavo- decididamente podríamos haber construido 10 flotas necesarias para el dragado de nuestras vías navegables"

"Es tiste que un país con tanta tecnología e industria como el nuestro no tenga su propia flota de dragado. Fuimos una potencia en ese sentido hasta antes del '90"recordó y exigió "coraje" al Presidente Alberto Fernández para que "se ponga de pie y pongamos a nuestros ríos a hacer dragados con dragas argentinas. No parece justo seguir girando divisas al exterior. Mar del Plata también es víctima de estas políticas".

Por último, indicó que en los últimos 30 años el dragado "se entregó a multinacionales y lamentablemente este gobierno, en vez de reformular la cuestión, tiene más una tendencia a consolidar la década del '90 que a mejorar. Hay mucho en riesgo, inclusive la soberanía, si vamos a tener a nuestras vías navegables dependientes de dragas extranjeras. Resignamos algo muy importante. El gobierno de Macri dejó pendiente la construcción de una flota muy importante de dragas entre Argentina y China con financiamiento externo que nos hubiera permitido tener autonomía y la creación de una empresa de dragado, porque no puede ser que perdamos millones anuales para traer dragas de afuera".