Este miércoles, a partir de las 11.00, se lleva a cabo una nueva audiencia en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°29 en el marco del juicio contra Cristian “Pity” Álvarez. La jornada genera gran expectativa ante la posibilidad de que la defensa presente un nuevo pedido para suspender el debate oral.

Según confirmaron fuentes a la agencia Noticias Argentinas, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños solicitarían la interrupción del proceso judicial por el crimen de Cristian Díaz, ocurrido en 2018. El argumento central es que el músico no se encuentra en condiciones de presenciar las audiencias ni de afrontar el juicio, basándose en el dictamen del Juzgado Civil N°4.

Dicho juzgado recibió recientemente un informe del Área de Salud Mental de la Clínica Dharma, tras una evaluación realizada el 23 de septiembre en el Hospital Tornú. El documento señala que el imputado

presenta riesgo cierto e inminente para sí y/o terceros

.

A raíz de este informe, se convalidó la internación forzosa de Cristian Gabriel Álvarez Congiú en el Hospital Tornú por un plazo de 90 días, lo que condiciona el desarrollo del debate judicial en curso.

La Prefectura Naval Argentina continúa con las tareas de búsqueda de Oscar Barbero y Félix Mendieta, los dos kayakistas que permanecen desaparecidos desde hace más de una semana en Santa Teresita, en el Partido de La Costa. A pesar de los intensos rastrillajes realizados por agua, aire y tierra, las autoridades reconocieron que las probabilidades de hallar a los navegantes con vida han disminuido con el paso de los días.

La desaparición fue denunciada el 21 de septiembre, jornada en la que ambos deportistas ingresaron al mar a pesar de registrarse un clima adverso con lluvias y fuertes vientos. Según informaron las autoridades, personal de Prefectura recibió una comunicación telefónica de uno de los kayakistas, quien indicó que se encontraba a más de 3 kilómetros mar adentro con dificultades para regresar a la costa. Desde ese momento, se perdió todo contacto.

Las tareas de búsqueda incluyeron el despliegue del guardacostas GC-26 Thompson y un avión de la Estación Aérea San Fernando. Asimismo, un avión B-200 de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima de la Armada Argentina sobrevoló la zona, mientras que desde la Base Naval Mar del Plata zarpó el patrullero oceánico ARA Storni con personal de Sanidad y de la Agrupación Buzos Tácticos.

Los operativos terrestres se concentran en las playas de Santa Teresita, Mar del Tuyú y Mar de Ajó, además del sector costero y las inmediaciones del arroyo San Clemente. Por su parte, el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo Mar del Plata solicitó la colaboración de los buques pesqueros que navegan en la región. La causa es supervisada por la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFI) Nº 2 de Mar del Tuyú, dependiente del Departamento Judicial Dolores.

El grupo Guerreros Kayak Fishing, al que pertenecían los desaparecidos, expresó su dolor a través de las redes sociales:

En este momento tan doloroso, solo queremos pedir una cosa: respeto por sus familias. No es tiempo de juzgar, sino de acompañar, contener y honrar la memoria de nuestros amigos.

Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todas las personas que brindaron su tiempo, compromiso, solidaridad y ayuda durante la búsqueda de nuestros compañeros Félix y Oscar.

De ahora en más, cada Guerrero que entre al agua no entrará solo. Siempre sentiremos que vamos acompañados por amigos remando junto a nosotros.

A cinco años del asesinato del DJ Leandro “Lele” Gatti, su padre, Miguel Gatti, aseguró que la familia sigue “en dolor y tristeza” y cuestionó con dureza la sentencia del Tribunal Oral que condenó a los tres acusados que llegaron a juicio: “Los premiaron a los asesinos con esa sentencia”, sostuvo en diálogo con LU9.

Familiares y amigos se reunirán este sábado 26 de septiembre a las 18 en el memorial de Playa Grande, en Mar del Plata, en el lugar donde el joven fue asesinado a la salida de su trabajo. La causa todavía tiene un prófugo: Maximiliano Urra Zapata, sobre quien pesa un pedido de captura.

Lele Gatti fue asesinado la madrugada del 26 de septiembre de 2021, cerca de las 6, en el complejo de Playa Grande. Acababa de terminar su trabajo como DJ en el boliche Mr. Jones y se retiraba con sus equipos: la computadora y las consolas.

Dos delincuentes en moto lo abordaron creyendo que llevaba la recaudación de la noche. Según la investigación, el dato había partido del jefe de seguridad del local. Gatti se resistió al robo y recibió un disparo en el pecho que le causó la muerte.

Para su padre, esa madrugada marcó “un antes y un después” en la familia. “Perdió la vida gratuitamente”, lamentó.

En mayo de 2025, el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Mar del Plata condenó a José Maximiliano Vergara a 15 años de prisión como autor del disparo; a Fernando Romito, ex jefe de seguridad del boliche, a 14 años como partícipe necesario, y a Luis Itzcovich, quien conducía la moto, a 13 años y seis meses.

Miguel Gatti recordó que el juicio oral se hizo “el año pasado” y apuntó contra los jueces Juan Manuel Sueyro, Fabián Riquert y Federico Wacker Schroder. Consideró que la sentencia “fue otra afrenta”, en la que “volvieron a matar” a su hijo.

Según su mirada, los magistrados actuaron con “garantismo” después de que los acusados reconocieran los hechos, y “no nos consideraron ni a mi hijo muerto ni a nosotros víctimas de esta tragedia”.

Consultado sobre si la condena les trajo algo de paz, el padre fue contundente: “El dolor es constante para nosotros estos cinco años que han pasado”. Y agregó que “constantemente está la presencia de nuestro hijo y constantemente vivimos en dolor y tristeza”.

También trazó un diagnóstico sobre la inseguridad: “Hoy uno sale de su casa y no sabe si realmente vuelve”. En ese sentido, consideró que “se normalizó tanto el robo” y cuestionó a las autoridades que, según dijo, “miran para otro lado”.

Uno de los reclamos centrales de la familia es la captura de Maximiliano Urra Zapata, señalado en la investigación como integrante de la banda y prófugo desde 2021. Para Miguel Gatti, se trata del “ideólogo del asalto”.

“Siempre hay algún dato de que está en un lugar y nunca lo pueden aprehender”, relató. Y opinó: “Evidentemente hay todo un armado y una protección que no tenemos nosotros los civiles”.

El padre reclamó que las fuerzas de seguridad deben “protegernos a nosotros” y “no a los ladrones”, y llamó a la ciudadanía a involucrarse: “Si los conciudadanos no nos ponemos a reclamar y no nos ponemos firmes”, advirtió, la situación seguirá igual.

A lo largo de estos años, la familia se encontró con un enorme círculo de afecto alrededor de Leandro. “Descubrimos muchos compañeros y muchas amistades que tenía por su trabajo”, contó Miguel.

“Es lamentable haberlos conocido en esta situación, pero nos empujaron y nos siguen empujando para seguir adelante, para seguir pidiendo justicia”, valoró. Además, adelantó que los amigos proyectan un nuevo encuentro en memoria de Leandro para octubre.

La convocatoria será este sábado 26 de septiembre a las 18 en el memorial levantado en Playa Grande, el sector donde Leandro trabajó durante sus últimos años. Su padre lo definió como “un punto de encuentro”, con “muchos recuerdos” y “mucha carga afectiva”.

A diferencia de otros monumentos de la ciudad, el memorial se mantiene en buen estado. Según explicó, la estructura se armó para resistir el vandalismo, y “siempre hay una flor” o alguien que pasa a recordar a Leandro o a rezar por él.

Un hombre de 35 años murió y otro de 33 resultó gravemente herido durante la madrugada de este martes, tras el choque entre un automóvil y una motocicleta en la intersección de avenida Colón y 20 de Septiembre, en Mar del Plata. El siniestro se registró alrededor de la 01:00 y demandó la intervención del SAME, la Policía y personal de Tránsito.

La causa quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 11, que inició actuaciones caratuladas como "homicidio culposo y lesiones culposas agravadas" y ordenó una serie de peritajes para reconstruir cómo se produjo el impacto. La conductora del auto, una mujer de 21 años, dio resultado negativo en el control de alcoholemia y tenía la documentación del rodado en regla.

Personal del Comando de Patrullas Norte llegó a la esquina de Colón y 20 de Septiembre después de que se reportara el siniestro. Al arribar, los efectivos encontraron una motocicleta Corven Triax 150 y un automóvil con daños de importancia en la puerta del lado del conductor.

A pocos metros de los vehículos había dos hombres tendidos sobre la calzada. El personal del SAME (Sistema de Atención Médica de Emergencias) constató en el lugar el fallecimiento de uno de ellos, de 35 años.

El segundo hombre, de 33 años, fue trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con fractura en la pierna izquierda y un traumatismo de cráneo que le provocó la pérdida del conocimiento.

La mujer que manejaba el auto, de 21 años, declaró que circulaba junto a otras tres jóvenes, de 19, 20 y 18 años y que cruzaba la avenida "con el semáforo en verde" cuando la motocicleta impactó contra la puerta del lado del conductor.

Personal de Tránsito le realizó el test de alcoholemia, que arrojó un resultado de 0,0 g/l. Además, se constató que la documentación del vehículo estaba en regla.

En el lugar trabajaron efectivos de Policía Científica y personal de Tránsito. Por disposición de los peritos, ambos vehículos fueron secuestrados para las correspondientes pericias mecánicas.

También se ordenó un amplio relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la extracción sanguínea de la conductora, medidas habituales para establecer con precisión las circunstancias del hecho.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.° 11, que dispuso las diligencias periciales y judiciales para determinar responsabilidades. Hasta el momento no hay personas imputadas y rige la presunción de inocencia sobre todos los involucrados.

Desde la Jefatura Departamental informaron que ambos hombres registraban antecedentes en actuaciones policiales previas.

Según esa fuente, el hombre de 33 años contaba con registros vinculados a hechos de robo, hurto y tentativas de robo, además de infracciones al Decreto-Ley 8031/73, tenencia de arma de uso civil, lesiones leves y resistencia a la autoridad, en un período comprendido entre 2010 y 2021.

En tanto, el hombre fallecido, de 35 años, registraba antecedentes por robo de vehículo, resistencia a la autoridad y tentativa de robo en la vía pública, en actuaciones iniciadas entre 2015 y 2018.

En el marco de la audiencia número 43 del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el médico forense Antonio Maya brindó su testimonio ante el Tribunal Oral en lo Criminal N° 7 de San Isidro, integrado por los jueces Alberto Gaig, Alberto Ortolani y Pablo Rolón. El perito, de 81 años, sostuvo que el desenlace fue inesperado y descartó la existencia de signos previos que permitieran anticiparlo.

Maradona murió inesperadamente, de golpe.

La postura de Maya, quien actúa como perito de parte del neurocirujano Leopoldo Luque, contradice las conclusiones de la Junta Médica oficial. Mientras los especialistas oficiales señalaron un edema agudo de pulmón por falla cardíaca, el forense afirmó que Maradona no era un paciente cardíaco y que el peso de sus pulmones era normal. Sobre la espuma detectada, explicó que fue producto de las maniobras de reanimación.

El perito también se refirió a la responsabilidad de los profesionales intervinientes.

No imputo mala acción a nadie, ni la clínica, ni a Medidom, ni a Swiss Medical, ni a Pedro Di Spagna. Cada uno en su sector es responsable

Además, destacó que el paciente ejerció su autonomía al rechazar revisiones médicas tras su externación.

Por su parte, el cardiólogo Ricardo Iglesias, perito de parte de la psiquiatra Agustina Cosachov, coincidió en que el exfutbolista no padecía una patología cardíaca activa en 2020. Iglesias, ex presidente de la Asociación Argentina de Cardiología, sostuvo que el fallecimiento se debió a un evento cardíaco agudo, posiblemente una arritmia, que no presentaba elementos previos que permitieran predecirlo.

Este lunes se realizó en el Complejo Policial "Juan Vucetich" de Mar del Plata una jornada de presentación del Programa Entramados, la iniciativa del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires orientada al abordaje y prevención integral del delito de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley penal o en riesgo de estarlo.

Del panel participaron Enrique Font, integrante del Consejo Directivo de Entramados por el Ministerio de Seguridad bonaerense; José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil del Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia y Agostina Suraniti, quien también integra el Consejo Directivo de Entramados por la Secretaria General del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Los disertantes describieron el modo de implementación que toma este programa especialmente diseñado para interrumpir trayectorias delictivas de adolescentes y jóvenes, atendiendo las particularidades de cada municipio bonaerense.

En la exposición se presentaron también las políticas y los programas provinciales que se articulan con la propuesta de Entramados, lo que permite intervenciones que abordan tanto las causas de fondo como las más inmediatas de cada situación, sin perder de vista lo que sucede después de cometer una trasgresión.

La presentación dio lugar a un intercambio entre los participantes sobre lo impostergable que resulta que las distintas áreas e instituciones trabajen de forma conjunta frente a la complejidad de la problemática.  

Un programa que ya funciona en 38 municipios

Entramados está presente en 38 municipios de la provincia, entre ellos Almirante Brown, Avellaneda, Bahía Blanca, La Plata, Lanús, Lomas de Zamora, Merlo, Moreno, Quilmes, San Isidro y Tigre, con propuestas que se adaptan a las particularidades de cada territorio. Cuatro de esos distritos —Bahía Blanca, General Las Heras, Ramallo y Villa Gesell— comenzaron a implementar el programa este mes, mientras que los 34 restantes ya transitan etapas más avanzadas.

En cada municipio donde se implementa el programa, funciona una Mesa Multiagencial que reúne a áreas de gobierno provinciales y municipales, representantes del Poder Judicial, programas socioeducativos, hospitales, universidades y organizaciones comunitarias para desarrollar una agenda común de trabajo y coordinar la intervención a nivel local.

Entramados, en cada municipio, comienza con la realización de un diagnóstico sobre la situación socio penal y la definición de un plan de acción que incluye, entre otras cosas, acompañamientos individuales y talleres grupales, revinculación educativa, formación laboral y en oficios, actividades deportivas y culturales, atención en salud y salud mental y trabajo con familias y referentes adultos.

Instituciones presentes en el encuentro

De la Jornada participaron representantes de los Juzgados de Garantías del Joven N°1 y 3 de Mar del Plata, los Juzgados de Garantías N°2 y 5, la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N°1, las Defensorías del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N° 1, 2 y 4, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil, la Jefatura Departamental Policial, el Consejo Municipal de Niñez, la Secretaría de Desarrollo Social local, la Jefatura Distrital de Educación y la Dirección de la Región Sur de los Centros de Referencia Territorial. Además, el encuentro contó con el apoyo del Obispo de Mar del Plata, Monseñor Dr. Ernesto Giobando.

Un violento asalto tuvo como víctima al reconocido productor papero y ex campeón de Turismo Carretera Walter Hernández, quien fue sorprendido por un grupo de al menos seis delincuentes armados mientras se encontraba junto a integrantes de su familia en un establecimiento rural de Mar del Plata. Los asaltantes irrumpieron en la vivienda, golpearon al hombre y luego lo secuestraron durante varios kilómetros a bordo de su propia camioneta.

Según informó el diario La Capital, el hecho ocurrió el viernes por la noche en una finca ubicada a unos 12 kilómetros de la Ruta 88, en la zona conocida como La Polola, dentro de la jurisdicción de la comisaría octava. Según las primeras reconstrucciones, los delincuentes tenían los rostros cubiertos y portaban armas de fuego.

La banda redujo a Hernández y a sus familiares y comenzó a exigirles dinero. En ese momento, de acuerdo con la información incorporada a la investigación, los asaltantes hicieron referencia a su actividad productiva. “Danos los dólares que sos papero”, le habrían dicho al productor mientras reclamaban la entrega de dinero en efectivo.

Durante el ataque, Hernández recibió golpes en distintas partes del cuerpo, principalmente en la cabeza y el abdomen. Si bien sufrió lesiones, no fue necesario trasladarlo a un centro asistencial.

Los delincuentes se llevaron un teléfono celular, anillos, una billetera con documentación personal y una suma cercana al millón de pesos. Sin embargo, el episodio no terminó con el robo dentro del establecimiento.

La banda obligó a Hernández a subir a su propia camioneta, una Toyota SW4, y lo mantuvo privado de su libertad mientras se alejaban del campo por los caminos rurales. Después de recorrer varios kilómetros, los asaltantes hicieron descender al productor en plena vía pública y continuaron la fuga a bordo del vehículo.

Horas más tarde, efectivos policiales localizaron la camioneta en el barrio Las Heras. El vehículo había sido incendiado, aparentemente con la intención de eliminar posibles rastros que pudieran conducir a la identificación de los autores.

Tras recibir el alerta, personal policial y del Comando de Patrullas Rural inició las primeras diligencias para reconstruir el recorrido realizado por los delincuentes y buscar elementos que permitan establecer cómo ingresaron y escaparon del establecimiento. También intervino personal de la Delegación Departamental de Investigaciones.

Hasta el momento no se informaron detenciones y la causa continúa bajo intervención de la Justicia. Una de las principales líneas de investigación apunta a determinar si la banda actuó al azar o si contaba con información previa sobre Hernández, su familia y el movimiento de dinero vinculado con la producción.

Hernández es una figura reconocida tanto en el ámbito agropecuario como en el automovilismo. Fue campeón de Turismo Carretera y actualmente está al frente de El Parque Papas SRL, empresa dedicada a la producción de papa para diferentes mercados, entre ellos consumo fresco, bastón, chips y semilla.

El comerciante imputado por la muerte de un joven de 16 años en Villa La Palangana está acusado del delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, mientras su defensa trabaja para acreditar que se trató de un caso de legítima defensa. Así lo confirmó a LU9 el Dr. Gonzalo Lamenza, abogado que representa al comerciante detenido.

El letrado explicó que su asistido no pudo prestar declaración ayer, cuando fue conducido a tribunales para presentarse ante la fiscal, debido a su estado psíquico y emocional. Por ese motivo, la defensa solicitó dejar sin efecto la audiencia y pidió que se le brinde asistencia psicológica en el lugar donde cumple la detención, con el objetivo de retomar la diligencia apenas esté en condiciones.

Según relató Lamenza, el episodio estuvo precedido por un primer robo sufrido por el comerciante en la misma propiedad. El día anterior al hecho, le habían barreteado la puerta del local, rompieron el acceso y se apoderaron de sus bienes, lo que le impidió cerrar correctamente el comercio.

Esa circunstancia, indicó el abogado, fue la que motivó que el hombre permaneciera esa noche en el lugar para resguardar su propiedad. Fue durante esa vigilia que sufrió un segundo hecho delictivo, esta vez un intento de robo de su vehículo, frente al cual —sostuvo la defensa— se vio obligado a utilizar su arma de fuego.

Lamenza confirmó que la primera intención de la defensa era que su asistido brindara su versión de los hechos apenas fuera convocado por la fiscalía. Sin embargo, el estado psíquico emocional del comerciante impidió avanzar con la audiencia de ayer.

Frente a esa situación, el abogado pidió que se suspenda la declaración y que se le garantice asistencia psicológica en el lugar de detención. La idea, explicó, es que una vez que el hombre esté "compensado emocionalmente" pueda ser conducido nuevamente a tribunales a la mayor brevedad posible para prestar su versión de los hechos.

Mientras se aguarda la evolución emocional del imputado, la defensa avanza con la recopilación probatoria por otra vía. Uno de los puntos centrales es incorporar las imágenes de los comercios de la zona, una diligencia que aún no pudo concretarse.

Lamenza explicó que esa demora se debe a que los hechos ocurrieron durante el último fin de semana largo, en una zona donde prácticamente no hay viviendas sino locales comerciales e industriales, que recién reabrieron sus puertas hoy. Personal policial está abocado a la recolección de ese material.

La defensa también busca incorporar el registro de los llamados al sistema de emergencias 911, con el objetivo de acreditar que fue el propio comerciante quien, tras el hecho, llamó desde su teléfono celular para pedir la presencia policial y una ambulancia. Según Lamenza, esa gestión apunta a demostrar que el hombre actuó "como lo manda la ley" y que no tuvo otra alternativa que defenderse frente al robo violento que sufrió.

Consultado sobre el estado anímico de su defendido, Lamenza lo describió como una situación que no fue buscada por el comerciante en lo más mínimo y remarcó que los hechos se precipitaron de esa manera. El abogado insistió en que se trata de "una desgracia" que puede alcanzar a cualquier persona.

Consultado sobre los disturbios registrados anoche en Villa La Palangana y sobre las declaraciones del padre del joven fallecido —quien pidió despegar a la familia de esos hechos y despedir a su hijo en paz—, Lamenza aclaró que se trata de una cuestión ajena a la causa en la que ejerce la defensa. Dijo haber tomado conocimiento de esos episodios solo a través de los medios periodísticos, con la misma información o menos que la que maneja la prensa.

El abogado agregó que, hasta el momento, ni su asistido ni su familia sufrieron represalias vinculadas a los disturbios.

Sobre los tiempos que podría demandar una nueva convocatoria a declarar, Lamenza evitó dar precisiones y señaló que se trata de una cuestión subjetiva, ligada a la evolución del imputado y a la asistencia que reciba. La defensa, aseguró, solicitará la audiencia de manera automática apenas el comerciante esté en condiciones mínimas de comparecer ante la fiscalía para dar su versión de los hechos.

El padre del joven baleado por un comerciante en Villa La Palangana pidió públicamente que se despegue a su familia de los disturbios registrados anoche en el barrio y remarcó que lo único que desea es poder despedir a su hijo en paz. En diálogo con LU9, sostuvo que los episodios de violencia "no tienen nada que ver" con la muerte de su hijo y responsabilizó a terceros ajenos al grupo familiar.

El hombre, identificado como Sebastián, contó además que todavía no fue convocado por la Justicia, aunque adelantó que su abogado se ocupará hoy mismo de las gestiones legales correspondientes. Sobre una eventual denuncia, dijo que evaluará los pasos a seguir "en lo judicial" en los próximos días.

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Consultado sobre los disturbios que se vivieron anoche en Villa La Palangana —con piedrazos, robos y un auto incendiado—, el padre fue categórico al desvincular a su familia de esos hechos. Sostuvo que se trata de versiones instaladas por terceros y pidió que no se mezcle a su hijo con lo ocurrido: "los gilones me han hecho, la familia no tiene nada que ver", señaló, y agregó que lo único que pretenden es "despedirlo en paz".

El hombre también se refirió a los antecedentes de conflictividad de la zona. Admitió tener familiares viviendo en la villa, pero negó cualquier involucramiento familiar en los desmanes: "nada que ver con el tema de mi hijo", repitió, y atribuyó las versiones que circulan al boca en boca del barrio: "la gente habla porque la gente tiene boca nada más", dijo, en referencia también a los conflictos previos registrados en la zona de Villa Juan B. Justo.

El padre relató cómo vivió los minutos posteriores al ataque contra su hijo. Contó que le avisaron lo sucedido y que llegó rápido hasta la zona, guiándose por las sirenas de los patrulleros: le indicaron que el hecho había ocurrido por la zona de Champagnat y desde ahí se dirigió cruzando calles hasta dar con el lugar.

Al llegar, encontró la camioneta del presunto agresor estacionada en una esquina y a su hijo tendido en otra. Ese detalle es el que más lo interpela: remarcó que, con un disparo en el pecho, es imposible recorrer la distancia de una cuadra a otra, por lo que dijo no entender la dinámica de lo sucedido esa noche.

El hombre señaló que en el momento no pudo acceder a información sobre quién efectuó el disparo. Explicó que cuando llegó al lugar el operativo policial ya estaba desplegado y que los efectivos no lo dejaban pasar ni confirmarle si la persona tendida era efectivamente su hijo. Finalmente lo reconoció por la ropa que vestía.

Respecto de los amigos que acompañaban a su hijo esa noche, indicó que tampoco pudieron aportarle precisiones: solo sabían que se encontraba en la zona de Champagnat, sin más datos sobre su ubicación exacta.

Sobre los pasos a seguir, el padre confirmó que la familia aún no fue citada por la Justicia, pero remarcó que su abogado se hará cargo desde hoy de las gestiones necesarias. Dijo que definirá más adelante si avanza con una denuncia judicial, mientras la familia se concentra en organizar la despedida de su hijo.

Una noche de piedrazos, robos y un auto incendiado mantuvo en vilo a los vecinos de Villa La Palangana, en el barrio Las Américas de Mar del Plata. Los disturbios se desencadenaron luego de que trascendiera la muerte de un joven del barrio, baleado por un comerciante durante el fin de semana en Champagne y Saavedra, y se extendieron hasta pasada la medianoche con al menos 15 patrulleros desplegados en la zona.

Clarisa, vecina de Las Américas desde hace 47 años, contó a LU9 que todo comenzó de manera pacífica, con un pedido de colaboración para el velatorio del joven, y derivó en pocas horas en una serie de hechos violentos que, según su testimonio, no tienen antecedentes en la zona.

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Según relató Clarisa, el joven fallecido era pariente de la familia Pacheco García, una familia numerosa y muy conocida de Villa La Palangana. Por la tarde, un grupo repartía volantes y pedía donaciones con la foto del chico para poder costear el velatorio, en la esquina de Grecia y Juan B. Justo, cerca de la calle 168.

La vecina explicó que, al volver de un trayecto en colectivo, se encontró con un escenario completamente distinto al que había dejado horas antes: "empezaron a tirar piedras, a robarle al que podían, robaron bicicletas y motos", describió, y remarcó que se trataba del mismo grupo que horas antes pedía ayuda para el sepelio. Clarisa asegura contar con videos que permiten reconocer a las mismas personas en ambas situaciones.

La vecina relató además que, mientras esperaba el colectivo, escuchó estampidos que no supo identificar con precisión: "no sé si eran cohetes o disparos", dijo, y contó que decidió alejarse de la parada por precaución.

Ya entrada la noche, la situación escaló. Según pudo reconstruir Clarisa a través de testimonios de otros vecinos, un grupo robó un automóvil, lo llevó hasta el interior del barrio y le prendió fuego. La explosión, ocurrida cerca de la medianoche, generó pánico entre los vecinos. La vecina indicó que existe un video que muestra el momento previo a que el vehículo fuera incendiado.

Para Clarisa, la magnitud de lo ocurrido no tiene precedentes en el barrio: "nunca ha pasado algo así, de cortar calles, no dejar pasar a nadie, tirar piedras e intentar hacer daño de esta manera", aseguró. Aunque reconoció que los piedrazos y los robos a quienes circulan de noche por Juan B. Justo son un hecho habitual, remarcó que el nivel de violencia y organización de tipo "pandilla" registrado esta vez es inédito.

Los disturbios se dieron en el marco de un fin de semana particularmente violento para la zona. Además de la muerte del joven a manos del comerciante en Champagne y Saavedra, la semana anterior había sido asesinado en la misma zona un conductor de Uber, Alberto Rodríguez.

A esos hechos se sumaron, según el relato de Clarisa, otros episodios delictivos: el robo con violencia a una mujer a la que le sustrajeron todas sus pertenencias, el hallazgo de documentación y una licencia de conducir a nombre de un hombre que la vecina presume corresponde a un remisero o conductor de aplicaciones también asaltado, el robo total de una vivienda —cuyo autor fue posteriormente encontrado, golpeado por vecinos y trasladado por la policía— y el robo a la capilla del barrio, a la que le arrancaron la reja de entrada y causaron destrozos.

Más allá del episodio puntual de los disturbios, Clarisa describió una convivencia diaria marcada por el miedo. La vecina contó que hoy es habitual encerrarse a partir de las 17:30 o 18, colocar rejas en puertas y ventanas que antes no las tenían, instalar cámaras de seguridad y salir a la calle con elementos de defensa personal, como gas pimienta o una navaja.

Según su testimonio, circular a pie por el barrio de noche dejó de ser una opción: quienes deben trasladarse en ese horario recurren a remises o aplicaciones como Uber y Didi, a los que se les indica previamente por qué calles no conviene circular y a los que se paga con el dinero ya preparado para minimizar el tiempo de espera en la parada.

Clarisa también confirmó que en el barrio circulan armas, tanto entre quienes delinquen como entre los propios vecinos que decidieron armarse ante la inseguridad. Las excepciones, señaló, son las personas en situación de calle, que según su relato no portan armas. La vecina definió la situación actual del barrio como "un Farwest", una expresión que resume, dijo, la sensación de desprotección que atraviesan a diario.

Consultada sobre qué cambió en el barrio con el paso de los años, Clarisa apuntó a la educación y a la ausencia de presencia estatal. Recordó que en otras épocas, si un chico dejaba de ir a la escuela, un asistente social se acercaba a la familia para interiorizarse de la situación; hoy, señaló, muchos chicos no llegan a terminar la primaria y esa contención ya no existe.

La vecina afirmó también que las fuerzas de seguridad evitan ingresar al barrio salvo en situaciones excepcionales, como ocurrió anoche, porque los patrulleros son recibidos a piedrazos. Según su relato, cuando un vecino recupera por sus propios medios la ubicación de un objeto robado, la respuesta policial habitual es que vaya a buscarlo por su cuenta y llame si surge algún problema.

Clarisa vinculó buena parte de la conflictividad del barrio con la venta de droga, que according to su testimonio domina la dinámica local y explica tanto los robos —motivados por la necesidad de dinero para comprar— como la imprevisibilidad de algunos vecinos jóvenes, a quienes conoce desde chicos y cuya reacción, dijo, varía según el consumo del momento.

Para hoy estaba previsto el sepelio del joven fallecido, con una ceremonia en Falucho y 180 y una caravana que recorrería Juan B. Justo hasta el Cementerio Parque. Clarisa expresó preocupación por la posibilidad de que se repitan hechos de violencia durante el recorrido y pidió a quienes no tengan necesidad de circular por la zona que eviten pasar por Villa La Palangana durante la mañana.

La vecina remarcó que, tras la visibilidad que tomó lo ocurrido, es probable que se refuerce la presencia policial en el barrio durante los próximos días, aunque expresó escepticismo sobre la continuidad de esas medidas en el tiempo.

Un siniestro vial ocurrido en la madrugada de este sábado en el barrio Las Avenidas dejó un muerto y cuatro heridos, y destrozó el frente de un almacén sobre la calle Cerrito. La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Vandecaveye, un correntino de 36 años que, según trascendió, había llegado a Mar del Plata para trabajar en la pesca.

El hecho se produjo cerca de las 2.36 en Cerrito, entre Magallanes y 12 de Octubre, cuando —por causas que aún se investigan— colisionaron una Toyota RAV4 y un Volkswagen Gol Trend, ambos al mando de conductores de 21 años. Tras el impacto, la camioneta perdió estabilidad, volcó, salió despedida hacia la vereda y terminó incrustada contra un comercio, donde había varias personas.

Según las primeras actuaciones, el Gol Trend habría impactado contra la parte trasera de la RAV4, que circulaba a alta velocidad. A partir de ese roce, la camioneta perdió la trayectoria, se subió a la vereda y volcó sobre uno de sus laterales.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad del propio almacén, ubicado en Cerrito al 400. En las imágenes se observa cómo el vehículo se aproxima a gran velocidad e impacta de lleno contra el frente del local, sin dar tiempo de reacción a quienes estaban en el lugar.

El operativo posterior se montó con efectivos del Comando de Patrullas, personal de la Comisaría Tercera, Policía Científica, Bomberos y agentes de Tránsito Municipal. Los dos conductores fueron sometidos a controles de alcoholemia y, según trascendió, ambos dieron resultado negativo.

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La víctima fatal fue identificada como Maximiliano Vandecaveye, de 36 años. Era oriundo de Corrientes y, de acuerdo con lo que se supo, habría llegado a Mar del Plata tiempo atrás para conseguir trabajo en la actividad pesquera.

Al momento del choque, esperaba ser atendido en el almacén junto a un amigo, Héctor Fernández, de 38 años. La autopsia, realizada por la Policía Científica, determinó que Vandecaveye sufrió una hemorragia interna por aplastamiento y lesiones graves en los riñones, tras quedar aprisionado contra una reja del comercio.

Además de la víctima fatal, resultaron heridas otras cuatro personas que estaban sobre la vereda: el amigo de la víctima, de 38 años; un adolescente de 17; y dos jóvenes de 18. Todos fueron trasladados al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con traumatismos y fracturas de distinta gravedad.

Según fuentes del nosocomio, tres de los heridos ya recibieron el alta, mientras que otro permanecía internado para ser intervenido quirúrgicamente por una fractura de cadera.

En las primeras horas circuló extraoficialmente que las personas atropelladas habían sido seis. Esa cifra, según se aclaró después, respondió a una confusión en la guardia: uno de los ingresos correspondía a un choque en motocicleta ocurrido en paralelo y ajeno a este siniestro.

La causa quedó caratulada como homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas por conducción imprudente de vehículo con motor, y está a cargo del fiscal Germán Vera Tapia, de la fiscalía de Delitos Culposos.

La investigación deberá ahora determinar la responsabilidad de los dos conductores y reconstruir la mecánica exacta del hecho. Para eso resultan clave las pericias de la Policía Científica y el análisis de los videos de seguridad, en los que se advierte el recorrido de ambos vehículos hasta la intersección donde se inició la secuencia fatal.

El surfista marplatense Gonzalo “Che” Balado (40) falleció en la chilena Isla de Pascua, donde vivía, luego de sufrir una emergencia mientras practicaba el deporte que amaba.

La emergencia, según cuenta La Capital, se produjo alrededor de las 16.30 del martes pasado, cuando el hombre se encontraba en el mar acompañado por otras dos personas.

De acuerdo con la información difundida por autoridades marítimas chilenas, el hombre tuvo un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando los surfistas se disponían a finalizar la actividad.

El aviso llegó a través del número de emergencias marítimas 137, luego de que desde el hospital local se comunicara que un adulto se estaba ahogando. La Armada despachó entonces una patrulla de Policía Marítima y una moto de agua hacia el lugar.

Sin embargo, cuando los efectivos llegaron, Balado ya había sido rescatado del agua por sus propios compañeros. El surfista fue trasladado en una ambulancia hacia el Hospital de Rapa Nui, donde los médicos intentaron reanimarlo durante aproximadamente 40 minutos.

Finalmente, pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su muerte. De manera preliminar, la autoridad marítima señaló que la causa habría sido una asfixia por sumersión.

Balado llevaba un par de años radicado en Rapa Nui (nombre del territorio en lenguaje nativo), según explicó el delegado presidencial provincial de la Isla de Pascua, Mai Teao. En ese tiempo se convirtió en un integrante conocido de la comunidad vinculada al surf.

“Le decíamos ‘Che’, un surfista de grandes olas. Es un enamorado del surf acá”, señaló Teao al describir al marplatense.

El funcionario explicó que Balado trabajaba en la cocina de un pequeño restaurante que tenía junto a su pareja y que aprovechaba sus tardes y fines de semana libres para dedicarse al surf.

Mientras tanto, desde la Gobernación Marítima de Hanga Roa señalaron que al momento de la emergencia no existían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas o mal tiempo.

Tras conocerse el fallecimiento, las autoridades de Rapa Nui se comunicaron con la madre de Balado, quien reside en Argentina y tiene previsto viajar a la isla para reunirse con los allegados de su hijo y realizar los trámites correspondientes.

La familia deberá definir ahora si el funeral se realizará en Rapa Nui, donde el marplatense había construido su vida durante los últimos años, o si sus restos serán trasladados a Argentina.

El especialista en seguridad Marcelo Saín cuestionó en LU9 el refuerzo policial que la Provincia dispuso para Mar del Plata y lo definió como una medida de coyuntura que no ataca el fondo del problema: "te meto un helicóptero", graficó, para describir un dispositivo que —según sostuvo— funciona como "un ansiolítico para que estén todos tranquilos", pero que en pocos días "vuelve a los lugares de origen" y "la cosa continúa igual".

Para el criminólogo, doctor en Ciencias Sociales y ex diputado provincial bonaerense, la única salida de fondo es descentralizar el sistema de seguridad de la provincia de Buenos Aires y crear policías municipales de verdad, con conducción política en cada distrito. En ese marco, afirmó que Mar del Plata "es un gran retroceso": dijo que la ciudad había sido pionera y que "hizo los deberes", pero que luego volvió al esquema más fácil, delegando todo en la Policía Bonaerense.

La entrevista se dio mientras la Provincia despliega en la ciudad un refuerzo de 170 efectivos, 50 patrulleros, 36 motos y apoyo aéreo con un helicóptero (el móvil "H"), presentado por el Ministerio de Seguridad bonaerense como un "despliegue integral y coordinado". La medida llegó tras una seguidilla de hechos de alto impacto —entre ellos los homicidios de Ricardo Ruiz (48) y Alberto Rodríguez (68) y el femicidio de Johana Mailén Antonich (24), ocurridos en un mismo fin de semana— que derivaron en marchas de vecinos frente al Palacio Municipal y a la Jefatura Departamental. Según el registro de la prensa local, la ciudad acumula 27 homicidios en lo que va del año.

Saín reconoció que apagar el incendio "es razonable" en lo inmediato, pero advirtió que ahí termina el alcance de este tipo de operativos. Describió una secuencia conocida: llegan gendarmes, más policías y patrulleros, se ven las luces y las sirenas por la noche y, pasadas dos o tres semanas, cuando otro tema ocupa la tapa de los diarios, los refuerzos se retiran y el problema queda intacto.

En esa línea, fue categórico sobre el sentido del anuncio: consideró que se está "inflando algo que sabemos que no funciona" y poniendo más recursos sobre un esquema que "está comprobado que no funciona". Para el especialista, esa clase de respuesta pertenece a la coyuntura y no se resuelve "de una semana para la otra", sino con un acuerdo político y un diseño institucional de más largo plazo.

El eje del planteo de Saín fue el modelo institucional. Recordó que, durante la gestión de Gustavo Pulti, Mar del Plata construyó una estructura de conducción política de la seguridad —una Secretaría específica y un gerenciamiento de la problemática del delito— que permitió desplegar a la policía de manera focalizada, allí donde estaban los problemas criminales, y no según demandas puntuales.

Ese esquema, señaló, se sostenía en un acuerdo político y no en una ley, por lo que resultó fácil de revertir. Atribuyó ese giro a la gestión de Guillermo Montenegro: sostuvo que "barrió con todo" y volvió al modelo más sencillo, en el que la decisión queda en manos de la propia fuerza. "La actual es los patrulleros van a la calle al tuntún, nadie controla nada, nada dirige nada", cuestionó, y comparó la lógica policial vigente con la de hace un siglo y medio: "tenemos una policía de 150 años con la misma visión".

Saín ofreció dos razones para explicar por qué el sistema bonaerense permanece hipercentralizado. La primera, una resistencia "desde abajo": los intendentes no son proclives a asumir la responsabilidad de la seguridad porque implica un riesgo político alto. La segunda, una resistencia "desde arriba", que definió con una palabra: "es la caja". Según su lectura, la unificación del mando responde a la recaudación ilegal que "sube" hacia el poder central.

Sobre ese punto, describió la fórmula que —dijo— comparten dirigentes de todos los signos: el municipio pone plata, patrulleros y personal, pero cuando "la cosa se incendia" la responsabilidad se traslada al gobernador. Así, consideró, muchos intendentes terminan haciendo "gestión de opinión pública" en lugar de "gestión del crimen".

Como antecedente, mencionó que en la provincia de Buenos Aires se aprobó un proyecto integral de municipalización policial que luego quedó trunco en el Senado. Se trata de un relato personal del entrevistado sobre aquel proceso legislativo, que se consigna como su testimonio.

La tesis central de Saín es que la prevención del delito es, por definición, una tarea local, y que por eso debe quedar en manos del gobierno de cada distrito. "Para que haya un circuito de prevención local, eso tiene que estar en manos del gobernante local", planteó, y sostuvo que quien aspire a conducir una gran ciudad debe hacerse cargo también de la policía.

El especialista aclaró que su crítica es al esquema institucional y no a una figura en particular. "No le echemos la culpa al intendente", pidió más de una vez, al remarcar que el problema excede a cualquier gestión y debe debatirse "en el Parlamento bonaerense". Como referencia internacional, citó la reforma de "tolerancia cero" de Rudolph Giuliani en Nueva York como ejemplo de transformación policial impulsada desde el poder político local, más allá del signo ideológico.

En el tramo final, Saín vinculó la crisis de seguridad con la exclusión social. Advirtió que problemas como la pobreza, la indigencia y la gente que duerme en la calle no se resuelven con la policía, y describió a buena parte de la fuerza como integrada por personas que están ellas mismas "en el límite de la exclusión social".

De ahí que, para el criminólogo, la policía termine ejerciendo un "control poblacional" antes que un control efectivo del delito. Su conclusión fue que se necesita una fuerza distinta a la actual, con planificación, evaluación y una conducción política que sostenga el cambio en el tiempo.

En casos de violencia de género, la línea nacional 144 brinda atención, contención y asesoramiento las 24 horas, todos los días del año.

Un nuevo siniestro vial se registró este domingo por la tarde en la ruta 88, cuando tres vehículos colisionaron por causas que son materia de investigación. Producto del choque, dos personas de 50 años —un hombre y una mujer— resultaron con politraumatismos y fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanecen en el shock room.

El episodio ocurrió pasadas las 18 en la curva de El Boquerón, a la altura del kilómetro 17. Según fuentes hospitalarias, el estado de uno de los heridos sería «de mayor gravedad». En el lugar trabajaron dos ambulancias del SAME, personal policial y una dotación de Bomberos, y el tránsito se vio parcialmente interrumpido.

El operativo de rescate

De acuerdo con el parte, en la colisión participaron una camioneta Chevrolet S10 y un taxi Fiat Cronos —este último, de Tres Arroyos—, además de un tercer vehículo. Las causas del choque todavía no fueron establecidas y son investigadas por las autoridades.

El conductor del taxi quedó atrapado dentro del habitáculo y debió ser rescatado por Bomberos, con la colaboración del personal de salud. Presentaba politraumatismos y fue derivado al HIGA. El conductor de la camioneta, que en un primer momento no presentaba lesiones visibles, también fue trasladado al nosocomio para realizarle controles médicos.

Dos heridos internados en el shock room

Las víctimas, ambas de 50 años, fueron llevadas de urgencia al HIGA, donde quedaron internadas en el sector de shock room. Según trascendió de fuentes del hospital, uno de los pacientes evolucionaba con un cuadro más comprometido que el otro.

Hasta el cierre de esta nota no se habían difundido las identidades de los involucrados ni el resultado de las primeras pericias sobre la mecánica del hecho.

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La ruta 88, otra vez en el centro de la escena

El nuevo choque volvió a poner el foco sobre la ruta 88, el corredor que une Mar del Plata con Necochea y por el que vecinos de la región reclaman desde hace más de dos décadas su conversión en autovía.

El pedido se intensificó tras la tragedia del domingo 12 de julio, cuando en el kilómetro 55 murieron la voleibolista de 15 años Ana Peralta Rondanina —oriunda de Necochea y jugadora de Once Unidos— y el remisero Santiago Juan Manuel Irigoyen, de 58 años, luego de que el Fiat Siena en el que viajaban impactara de frente contra un camión. A partir de ese hecho, la familia de la adolescente lanzó una campaña de firmas bajo la consigna «Por Anita. Por todos. Autovía 88 para la vida» y logró que el ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, se comprometiera a impulsar el proyecto técnico de la obra.

Según consignó La Nación, ese corredor acumula más de 120 víctimas fatales a lo largo de los años, un dato que sostiene el reclamo histórico de la comunidad por mayores condiciones de seguridad en la traza.

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich avanza bajo secreto de sumario, con la novedad de que la familia de la joven cuenta con nuevo representante legal. El abogado Wenceslao Méndez dijo que la causa tiene “muchísima prueba”, no descartó que haya más involucrados además de las dos personas que están detenidas, y expresó que en 30 días podría haber avances clave.

Según el portal 0223, Méndez explicó que, si bien la investigación es compleja, existe una importante cantidad de evidencia ya reunida. "Hay muchísimas horas de grabación, sobre todo de las cámaras del Hotel Sasso, que es un sistema de cámaras de última generación y que han tomado absolutamente todo", señaló el abogado.

El abogado remarcó que el período previo a la audiencia de prisión preventiva de los acusados será determinante para la investigación. "Yo calculo que en el plazo de 30 días, que es lo que la ley manda para el dictado de la prisión preventiva, la causa tendrá avances significativos. Vamos a poder determinar quiénes fueron los intervinientes, cuántos fueron y qué tipo de responsabilidad tienen", precisó.

Acerca del móvil del homicidio, retomó la hipótesis de la emboscada, que toca al entorno familiar de la víctima. El abogado deslizó que "podrían existir responsabilidades indirectas" y citó los allanamientos realizados a la exsuegra de la joven.

"Lo cierto y lo concreto es que acá hay un crimen brutal, pocas veces visto en nuestra ciudad, que tenemos dos personas imputadas en principio, y una familia totalmente destrozada", expresó. Y agregó: "Son hechos que no pueden seguir ocurriendo y donde la Justicia claramente le tiene que dar una respuesta tanto a la familia de Mailén como a la sociedad".

Desde la fiscalía al portal Mi 8, las cámaras de seguridad del hotel Sasso, ubicado justo en frente del balneario Punta Cantera donde se produjo el asesinato captaron la secuencia del homicidio "como si se hubiese filmado el hecho en vivo".

El Uthgra Sasso Hotel está ubicado en avenida de Los Trabajadores al 3500 y cuenta con una gran cantidad de cámaras de seguridad que cubren una amplia zona teniendo en cuenta que a pocos metros se encuentra el casino del hotel.

Las imágenes captadas por las cámaras del hotel se suman a los registros delas cámaras del propio balneario que habían sido aportadas días atrás por unos de los propietarios del lugar. Más allá de poder reconstruir los hechos, las imágenes podrían mostrar si hubo otros participantes directos del crimen.

Hasta el momento los únicos dos detenidos son José Luis Aquino y Agustín Díaz Bartolomé, ambos fueron apresados en el lugar de los hechos casi en simultaneo con el hallazgo del cuerpo de Mailén. Ambos tenían lesiones en el rostro y brazos compatibles con un forcejeo, lo que hace pensar a los investigadores que fueron lastimados por la víctima en un intento de defenderse.

Los dos imputados por el delito de homicidio agravado por femicidio se negaron a declarar ante el fiscal Carlos Russo y continúan detenidos en la Unidad Penal 44 de Batán.

Un automovilista de 48 años protagonizó un fuerte choque en la madrugada de este martes sobre la Avenida de los Trabajadores, a la altura de la calle Serrano, cuando perdió el control de su Volkswagen Bora e impactó contra los pilotes de contención. Pese a la violencia del golpe, resultó ileso y manifestó que no necesitaba asistencia médica.

El conductor circulaba desde la zona del Faro hacia el centro cuando, por causas que se investigan, perdió el dominio del vehículo, según indicó a la Policía. El rodado terminó impactando contra los pilotes de contención ubicados sobre la avenida.

La escena se produjo en plena madrugada, con escaso tránsito en la arteria que bordea la costa en el sur de la ciudad.

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Cuando llegó la Policía, el hombre se encontraba consciente y sin lesiones de gravedad. Según consta en las actuaciones, manifestó que no necesitaba asistencia médica.

En el lugar también trabajaron inspectores de Tránsito, que realizaron las tareas correspondientes. Los efectivos constataron que el conductor no registraba alcohol en sangre.

Pese a la fuerza del impacto, el Volkswagen Bora quedó destruido y ni siquiera se activó el airbag. Aun así, no se registraron heridos de gravedad.

Las circunstancias que provocaron la pérdida de control del vehículo permanecen bajo investigación.

Camila Incarnato, de 29 años, apareció con vida en Mar del Plata luego de dos semanas sin dar señales a su familia. Fue encontrada en el barrio Nuevo Golf, gracias a la difusión en redes sociales y a datos que aportaron vecinos. Su mamá, Martina, relató en LU9 el "calvario" que atravesó para que la Policía le tomara la denuncia: dice que la derivaron de una dependencia a otra por cuestiones de jurisdicción, en un caso marcado por la violencia de género.

La familia de Camila pasó quince días sin lograr comunicarse con ella. Para su entorno era una señal de alarma: según contó su mamá, la joven siempre mantenía contacto y su silencio resultaba "raro". Ante la ausencia, la familia decidió salir a buscarla y difundir su fotografía.

Martina explicó que la angustia crecía con las horas porque manejaba un dato concreto: sospechaba que su hija había sido agredida por su pareja. "Tengo datos de que ha sido golpeada", relató sobre lo que intentó transmitirle, sin éxito, al personal policial.

La madre contó que el primer intento fue en la Comisaría de la Mujer, un día miércoles, cerca de las 11 de la mañana, con su beba de un año en brazos, bajo frío y llovizna. Allí, asegura, no le tomaron la denuncia por búsqueda de paradero: le dijeron que "correspondía" hacerla en la jurisdicción donde vive y que a Camila la habían visto en la zona del puerto.

Desde esa dependencia la derivaron a llamar al 911. Por esa vía tomaron sus datos por teléfono, enviaron un móvil a su domicilio, le pidieron fotos de la joven y la orientaron hacia la Comisaría Tercera, ya que a Camila la habrían visto en la zona de Edison y Mario Bravo.

El circuito continuó en la Comisaría Quinta, cerca de las 20, cuando ya era de noche. También allí, dice Martina, se negaron a recibir la denuncia y la mandaron a la comisaría del lugar donde vivía su hija. "Me sentí desamparada", resumió, y remarcó que "todos los ciudadanos tenemos derecho".

Según relató la madre, la pareja de Camila arrastra varias denuncias por violencia de género. En su testimonio sostuvo que, años atrás y durante un embarazo, su hija había llegado a un hospital de la ciudad con lesiones, y afirmó que su beba nació con hematomas producto de las agresiones. Son datos aportados por la familia, que forman parte de la causa y deberán ser corroborados en la investigación.

En medio de esas gestiones, Martina contó que recibió un audio estremecedor: que a su hija la habían rociado con nafta y le habían prendido fuego. Según su relato, hizo escuchar ese material al personal policial para dar cuenta de la urgencia del caso.

Camila fue finalmente localizada en el barrio Nuevo Golf, donde permanecía escondida. La familia pudo dar con ella tras la viralización de su foto y la colaboración de vecinos que aportaron información sobre su paradero.

De acuerdo con lo que difundió la propia familia, la joven había sido agredida por su pareja —que la golpeó en la cabeza con un fierro— y quedó desorientada durante varios días. Por eso, contó su mamá, no recordaba su número de teléfono y tampoco quería regresar en ese estado para no preocuparla. El reencuentro se destrabó cuando Camila llamó desde el celular de un vecino, mientras la denuncia se radicaba en relación con la Comisaría 11.

Ya con su hija a resguardo, Martina insistió en que su testimonio sirva a otras familias. Reclamó que, cuando un familiar se presenta a denunciar la desaparición de un ser querido, la denuncia se reciba "de manera inmediata" y se active todo el sistema de búsqueda.

Su pedido apuntó a un punto concreto: que las dependencias no manden a las personas "a dar vueltas". "Si no es la jurisdicción, encárguense de avisarle a la jurisdicción que corresponda", planteó, y agradeció especialmente a las redes sociales y a los vecinos que colaboraron con datos para encontrar a su hija.

El testimonio se conoce en una ciudad conmocionada por el femicidio de Juana Mailén Antonich, la joven hallada asesinada días atrás en la zona de Punta Cantera. En ese caso, la familia también denunció públicamente que había ido varias veces a la comisaría y que nunca le tomaron la denuncia por averiguación de paradero. Dos coincidencias —la demora en recibir la denuncia y la búsqueda impulsada por los propios familiares— vuelven a poner en discusión cómo responde el sistema ante la desaparición de una persona.

El fiscal general de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, reconoció que la ciudad atraviesa un momento de preocupación por la coincidencia de hechos graves de inseguridad y sostuvo que detrás de buena parte de la violencia hay "un gran telón de fondo que es el consumo de sustancias tóxicas". En diálogo con LU9, distinguió entre distintos tipos de delito —homicidios, robos en domicilio y robo automotor—, advirtió que el homicidio "es uno de los hechos menos prevenibles que hay" y planteó la necesidad de corregir el régimen penal que, dijo, alimenta la sensación de "puerta giratoria".

Fernández Garello coincidió con el diagnóstico de preocupación social, pero pidió prudencia al hablar de estos temas. Explicó que evita "hacer el manual del buen delincuente públicamente" y que hay información que prefiere reservar para no exponer las debilidades del sistema, sobre todo de las fuerzas de seguridad.

El fiscal aprovechó para defender la autonomía y la inamovilidad de los cargos en el Poder Judicial. Señaló que esa garantía le permite hablar "con libertad" porque, a diferencia de otros ámbitos del Estado, a él "nadie lo va a trasladar" por lo que diga.

Sobre los crímenes más violentos, Fernández Garello fue categórico: el homicidio es, dijo, "uno de los hechos menos prevenibles que hay". Graficó que, frente a alguien decidido a matar dentro de un domicilio, "por más que pongas un patrullero en la esquina" el hecho difícilmente pueda evitarse.

El fiscal aportó cifras que, aclaró, a él mismo le resultan difíciles de explicar. Según su lectura, hasta 2015 Mar del Plata tenía una tasa de 80 a 90 homicidios por año, equivalente —remarcó— a la de toda la provincia de Córdoba. Esa cifra, precisó, luego "bajó a la mitad" y se estabilizó en torno a 30 o 40 casos anuales.

En ese marco relativizó el impacto estadístico de la última semana: recordó que semanas con tres o cuatro homicidios "ya ocurrieron hace 10 y hace 15 años". De todos modos, aclaró que cada caso "es una familia que está sufriendo".

Para el fiscal, el hilo que atraviesa gran parte de la violencia es el consumo. Habló de "un alto consumo de tóxicos" en el perfil de los detenidos y sostuvo que ese factor explica conductas que escapan a la lógica del ciudadano común. "Hay que estar muy taimado de la cabeza para llegar a una situación de esta naturaleza", dijo sobre los crímenes más crueles.

Fernández Garello trasladó el problema a su origen. Planteó que si el país "no se sienta a hablar con Bolivia" para frenar la producción, la ciudad seguirá "atajando en el territorio" una oferta permanente de estupefacientes. Ubicó los cultivos y las cocinas "en la selva boliviana y en la selva peruana" y sostuvo que el combate debe darse de país a país.

El fiscal general destacó dos cambios recientes en la investigación del crimen organizado. Por un lado, la instalación en la ciudad de un nuevo organismo policial de investigaciones complejas, con el que la Fiscalía de drogas ya realizó procedimientos en Villa Gascón, en el barrio Coronel Dorrego, uno de los puntos más calientes del narcomenudeo local.

Por otro, la incorporación de tecnología que —explicó— cambia la forma de trabajar. Subrayó que hoy la clave es investigar "el rastro digital": el que queda en los teléfonos, en los chats y en los dispositivos secuestrados. Comparó ese avance con las herramientas de extracción de evidencia móvil que, dijo, la Fiscalía usa desde hace más de una década.

Fernández Garello anticipó novedades en materia de robo automotor, un delito que —reconoció— creció con fuerza. Adelantó que hay una investigación en curso cuyos resultados serán "sorprendentes", aunque evitó dar detalles.

Sí explicó cómo mutó el delito para esquivar los lectores de patentes: las bandas "roban primero la chapa patente" de un vehículo y luego roban otro idéntico, de modo que el auto sustraído circula con una patente cuyo robo no fue denunciado. También cuestionó fallas del propio Estado en la identificación vehicular.

Consultado por los femicidios, el fiscal marcó una diferencia: sostuvo que, a diferencia de otros delitos, el autor de un femicidio "en general no es un reincidente", aunque pueda registrar denuncias previas por violencia de género. Aclaró que la figura del delincuente de "puerta giratoria" corresponde más a otros rubros del delito.

Y ahí apuntó al corazón de su reclamo. Explicó que en los casos de flagrancia las penas previstas por el Código Penal se reducen "de un tercio a la mitad", lo que —dijo— hace que los detenidos recuperen rápido la libertad y vuelvan a delinquir. "La cárcel está llena de reincidentes cumpliendo penas cortas", graficó, y pidió una visión del derecho "más instrumental y menos académica".

El fiscal insistió en que la salida no es solo policial ni judicial. Reclamó trabajar "fuerte en educación, en los barrios, en las adicciones" y lamentó que muchos jóvenes elijan la venta de droga en el barrio antes que un oficio, pese a la oferta de formación —citó la Escuela Municipal de Artes y Oficios y las escuelas de los gremios—.

Como retrato de la crisis, mencionó que en el hospital "no hay noche que no reciba una o dos personas apuñaladas", casos que —sospecha— suelen estar vinculados a disputas por droga y que ni siquiera derivan en denuncia.

Un femicidio conmociona a Mar del Plata. Juana Mailén Antonich (25), madre de dos nenas, fue hallada muerta en un balneario de la zona sur de la ciudad, hasta donde había sido citada con una falsa oferta laboral ofrecida por redes sociales. Por el crimen hay dos serenos detenidos y la causa quedó a cargo del fiscal Carlos Russo.

Según reconstruyeron sus familiares, Mailén estaba buscando trabajo cuando la contactaron por Facebook con una propuesta laboral. Le indicaron que debía presentarse en un supuesto "Balneario Punta Mogotes Cero", un lugar que en realidad no existe, y le pidieron una foto con el argumento de gestionarle un carnet.

La joven salió de su casa el viernes por la tarde. Un remisero pasó a buscarla y la trasladó hasta la zona sur. "La pasó a buscar un remisero y la llevaron engañada. Ahí la estaban esperando tres hombres más", relató su madre, María, ante la prensa.

La mujer remarcó el motivo que había llevado a su hija a aceptar el ofrecimiento: "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso".

Al perder contacto con la joven, sus familiares intentaron radicar una denuncia por averiguación de paradero. Según denunció María, en la Comisaría 16 no les recibieron la presentación y les indicaron que debían esperar: "No nos tomaron declaración, no hicieron nada. Estuvimos tres días esperando", cuestionó.

Ante la falta de respuesta oficial, la propia familia reconstruyó los últimos movimientos de Mailén a partir de la conversación en la red social y de datos aportados por testigos. Fue su hermano quien finalmente localizó el cuerpo en la zona sur: "Debajo de uno de esos contenedores estaba envuelta en una sábana", describió la madre.

Pasada la medianoche, familiares y personal de la Comisaría Quinta llegaron hasta el balneario y advirtieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho. Al ser consultados por la policía, ambos escaparon, aunque fueron detenidos poco después mientras intentaban esconderse debajo de un parador.

Uno de ellos tenía la ropa manchada con sangre y los dos presentaban rasguños en el rostro. En el lugar se secuestró además una moto que sería de uno de los aprehendidos. A pocos metros fue hallado el cuerpo de la víctima, con signos de golpes y heridas de arma blanca.

Los detenidos fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27), quienes se desempeñarían como serenos en el predio.

La investigación quedó a cargo del fiscal de turno, Carlos Russo, quien acusó de manera provisoria a los dos detenidos y trabaja bajo la carátula de homicidio. El funcionario confirmó que se analiza la hipótesis de la falsa entrevista laboral: "Aparentemente, de acuerdo a las primeras testimoniales, ella habría ido a una propuesta laboral donde fue encontrada muerta", señaló.

El fiscal aguarda los resultados de las pericias y nuevas testimoniales para reconstruir las últimas horas de la víctima. La familia, en tanto, reclamó justicia y pidió que el caso sirva para evitar nuevas víctimas.

La secretaria del Instituto de Derecho de la Salud del Colegio de Abogados de Mar del Plata, Claudia Martínez, alertó por la grave situación de los geriátricos que funcionan sin habilitación en la ciudad. En diálogo con LU9, sostuvo que de los cerca de 200 hogares que hay en Mar del Plata solo un tercio está habilitado y responsabilizó tanto a los dueños como a la inacción del Estado. Sus declaraciones llegan después de que se difundiera el video de un empleado maltratando a dos adultas mayores en la residencia David, clausurada de manera preventiva esta semana.

Martínez señaló que la situación "no es la primera" y que, lamentablemente, "ocurre constantemente". Advirtió que el hogar donde se registraron las agresiones tiene la habilitación vencida desde hace varios meses, lo que implica que "no ha tenido controles".

La abogada apuntó que el organismo municipal no puede intervenir con clausuras porque carece del poder de policía necesario, pese a que —según indicó— existen informes sobre numerosos establecimientos de Mar del Plata en condiciones de ser cerrados. Sobre las víctimas, remarcó que se trata de "un grupo muy vulnerable, extremadamente vulnerable", en su mayoría adultos mayores en silla de ruedas y con distintas patologías.

El episodio ocurrió el lunes por la tarde en la Residencia de Adultos Mayores "David", ubicada en Rivadavia al 4000, casi esquina Deán Funes. Las cámaras de seguridad del hogar registraron a un empleado —identificado en la causa como Nicolás Gastón Cichero— mientras insultaba y golpeaba a dos residentes; una de las mujeres sufrió una lesión en la boca. La administración lo denunció, entregó las filmaciones a la Justicia y lo despidió. El Ministerio de Salud bonaerense dispuso la clausura preventiva del establecimiento porque nunca inició el trámite de renovación de su habilitación provincial, pese a haber sido intimado en una inspección previa.

La letrada trazó un panorama preocupante del sector en la ciudad. Afirmó que de los cerca de 200 geriátricos que hay en Mar del Plata solo un tercio cuenta con habilitación vigente. "Hay muchos que están trabajando en la ilegalidad, con empleados que no están capacitados", cuestionó.

Martínez subrayó que Mar del Plata tiene una población de adultos mayores muy grande y en aumento, y que muchas familias no cuentan con los recursos ni las herramientas médicas para cuidarlos en sus hogares, por lo que necesitan una institucionalización que hoy no siempre garantiza condiciones dignas.

Uno de los señalamientos más fuertes apuntó a la obra social de los jubilados. La abogada aseguró que trabaja con un listado de prestadores y que "la mitad de los hogares que PAMI ofrece como prestadores no están habilitados", algo que calificó de "vergonzoso" y "extremadamente preocupante".

En esa línea, planteó que hasta el momento no escuchó ningún informe del organismo sobre lo ocurrido en el hogar David, al que ubicó dentro de la red de prestadores de la obra social.

Martínez rechazó de plano la idea de que las autoridades del hogar no estuvieran al tanto de lo que sucedía. "Ellos también son responsables de esta situación, porque esa persona era empleada del lugar", sostuvo, y remarcó que el trabajador "evidentemente no estaba capacitado" para la tarea.

Insistió en que el cuidado de adultos mayores exige personal con formación —enfermeros y no "simples cuidadores"— y una preparación psicológica importante. "Se requiere de otras cuestiones y de una capacitación psicológica importante", explicó, y advirtió que las cámaras dentro de los hogares "cumplen una función" de control que debe ser supervisada.

La abogada enmarcó el caso en una seguidilla de hechos. "Estamos nuevamente como en el mes de diciembre", dijo, en referencia al incendio del geriátrico Sagrada Familia, en Jujuy al 1100, que en la madrugada del 17 de diciembre de 2025 provocó la muerte de cuatro mujeres mayores. Aquel establecimiento tampoco contaba con habilitación provincial y, a menos de tres meses de la tragedia, volvió a funcionar.

También recordó la reciente detención de la dueña de otro geriátrico marplatense, imputada por maltratos y abandono de persona. Con esos antecedentes, se preguntó qué se está esperando para actuar: "Volvemos a estar en boca de todo el país con situaciones que avergüenzan, pero nadie hace absolutamente nada", lanzó.

Para Martínez, la raíz del problema es que muchos hogares se manejan "como una empresa" y no como un servicio. Cuestionó la proliferación de establecimientos —"hoy ves una casa que se alquila y al rato tenés un geriátrico"— y denunció que algunos "funcionan como depósito", amontonando personas sin actividades ni cuidados adecuados, porque habilitarse exige costos que no todos quieren asumir: personal capacitado, empleados en blanco y adecuaciones edilicias.

A ese cuadro sumó el factor económico de las familias: sostuvo que un hogar habilitado y con todos los servicios puede costar unos 3.000.000 de pesos, una cifra que la jubilación o pensión "en la mayoría de los casos" no alcanza a cubrir, lo que empuja a buscar opciones más baratas.

La abogada cerró con un reclamo directo al Estado. Planteó que, si el municipio no tiene poder de policía por una cuestión legal, hay que sentarse a resolver cómo delegar esa facultad, y advirtió que la provincia no puede supervisar con un solo inspector todos los geriátricos. "Algo hay que hacer", reclamó, porque "mientras tanto, el que padece es el adulto mayor que pone el cuerpo", junto a todo su grupo familiar.