La justicia federal recibió en la última semana los informes sobre las visitas de dos jueces de la Cámara Federal de Casación Penal a Mauricio Macri cuando era Presidente, en el marco de una causa en la que se intentará determinar si hubo injerencia del Poder Ejecutivo en el Poder Judicial durante el gobierno de Cambiemos.

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi había solicitado, a través de dos pedidos distintos que el Gobierno nacional aporte los registros de ingresos y egresos a la Casa Rosada y Olivos del período de Gobierno de la administración de JxC para constatar las fechas en las que ocurrieron las visitas de los jueces Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.

Fuentes judiciales confirmaron que el juzgado recibió el último viernes ese registro que gestiona la Casa Militar, que depende de la Secretaría General de la Presidencia; mientras que ya fue remitida desde el Consejo de la Magistratura de la Nación la información referida a los expedientes abiertos en relación a ambos jueces por los hechos investigados.

Las visitas de estos jueces a Macri salieron a la luz a partir de pedidos de acceso a la información pública realizados por la organización Poder Ciudadano y contestados durante el actual Gobierno: durante la gestión de Macri la Casa Rosada había respondido con listados parciales de los que habían sido quitadas las visitas de los magistrados.

El tema de esas visitas se volvió comentario en los pasillos y despachos de los tribunales federales de Comodoro Py pero, además, ingresó también en algunos expedientes: fue el eje de los pedidos de nulidad para todo lo actuado en la causa en la que se investiga la firma del memorándum de entendimiento entre Argentina e Irán porque Hornos y Borinsky son los jueces que reabrieron ese caso.

Cuando el tema tomó estado público, Hornos dejó trascender que sus incursiones a la Casa Rosada tuvieron que ver con el conocimiento "social" que tenía con el entonces Presidente y que no hablaron de causas en curso, mientras su colega Borinsky comentó en su entorno que había ido a la quinta presidencial de Olivos a jugar al paddle.

Las visitas se judicializaron a partir de las denuncias diputados nacionales del Frente de Todos (FdT) para que se investigue si esos encuentros pudieron haber tenido consecuencias en resoluciones adoptadas por ambos jueces.

La causa fue impulsada por la fiscal Alejandra Magnano que en su requerimiento de instrucción sostuvo que "se deberá establecer si dichos encuentros entre el expresidente de la Nación y el Juez de Cámara fueron la ocasión para una influencia indebida por parte del primero para la resolución de casos judiciales".

Los denunciantes, en tanto, habían remarcado que es necesario "determinar cuál fue el motivo por el cual un Presidente de la Nación en ejercicio se reunía con tanta frecuencia con dos jueces del máximo tribunal penal del país, quienes eran a su vez los encargados de controlar el destino de las causas de mayor relevancia política".

Los denunciantes sostuvieron que "Macri habría influido" sobre ambos jueces "a los fines de direccionar políticamente determinadas causas penales" en las que intervenían como camaristas y señalaron que eso se deduce del "deliberado ocultamiento de las audiencias en el Registro Único de Audiencias del Ministerio del Interior y del análisis de las fechas y horarios en que fueron realizadas".

Los diputados denunciantes enumeraron que Hornos visitó en seis oportunidades a Macri en la Casa Rosada y por lo menos dos veces en la Quinta de Olivos, mientras que Borinsky visitó al expresidente 16 veces en esa residencia y dos en la Casa de Gobierno.

"La falta de registro de las reuniones de Macri con Hornos y con Borinsky en la Casa Rosada y en Olivos no fue un olvido, sino un ocultamiento deliberado con una sola explicación razonable: esos encuentros entre el expresidente y los jueces tenían fines que debían ser ocultados", sostuvieron los denunciantes.

La justicia uruguaya convocó a una audiencia por la solicitud de detención preventiva y extradición del diputado del Parlasur Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, formulada por la jueza federal María Romilda Servini en el marco de la causa en la que se investigan las presiones del gobierno de Cambiemos al Grupo Indalo.

La audiencia fue convocada para hoy a las 14.30 en Montevideo por la jueza letrada especializada en Crimen Organizado de primer turno, Adriana Chamsarian, según informaron a Télam voceros de la justicia uruguaya.

El código procesal penal de ese país establece que a la audiencia de debate "deberán comparecer la persona requerida asistida de defensor, el abogado del Estado requirente y el Ministerio Público".

La jueza informará a las partes sobre el pedido de detención y extradición que pesa sobre Rodríguez Simón y pondrá a su disposición la información incorporada al expediente para que el imputado por la justicia argentina pueda ofrecer su descargo.

"Si la persona requerida manifestara su consentimiento para ser entregada al Estado requirente, lo que podrá hacer en cualquier estado del proceso, el tribunal lo resolverá sin más trámite", reza el código procesal penal uruguayo en relación a este tipo de trámites.

Es de esperar que la defensa de Rodríguez Simón exponga en la audiencia su situación en relación al pedido de ser acogido por Uruguay como refugiado político, trámite que inició ante la CORE (Comisión de Refugiados) que funciona por vía separada del Poder Judicial.

En la resolución, con la que convocó a la audiencia, la jueza Chamsarian dejó asentado que ya recibió las presentaciones de Rodríguez Simón vinculadas con la fijación de su domicilio en ese país y la constancia de la solicitud presentada ante la CORE.

El parlamentario del Mercosur, a quien la justicia investiga por su supuesta participación en la mesa judicial de Cambiemos, había presentado su pedido de ser considerado como refugiado político ante la CORE, presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la justicia luego de que la jueza Servini enviara un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición de Pepín.

La definición le quedó a la justicia, porque el artículo 41 de la Ley de Derecho al Refugio de Uruguay habilita a que "cuando los pedidos de extradición recaigan sobre solicitantes de refugio, será el Juez de la causa quien, en forma excepcional, previo informe de la Comisión de Refugiados, adoptará resolución sobre la solicitud de refugio, antes de resolver sobre la extradición".

La CORE, según pudo saber Télam de fuentes diplomáticas, ya viene trabajando en el planteo formulado por Rodríguez Simón, pero el informe no estará listo para mañana.

La jueza de la extradición, Chamsarian, quedó entonces a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugió para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya.

La CORE está integrada por un representante del Ministerio de Relaciones Exteriores uruguayo, uno de la Dirección Nacional de Migración, uno de una universidad, un legislador, dos de organizaciones no gubernamentales y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados o su representante, que será siempre miembro invitado para las reuniones de la Comisión de Refugiados, con derecho a voz, pero sin voto.

Durante la semana, el Poder Ejecutivo uruguayo emitió algunas señales tendientes a hacer público que no tiene interés en frenar el avance del proceso a través del cual se definirá el futuro de Rodríguez Simón y, sobre todo, si es devuelto a la Argentina donde es investigado por la justicia.