"Para mí es muy emocionante que finalmente una mujer sea secretaria general del gremio, sobre todo porque siempre participamos mucho, pero por distintas razones esta circunstancia no se había dado", expresó. Y agregó: "Interpretamos los resultados de la elección como un respaldo al plan de lucha que venimos sosteniendo desde hace dos años".

Araujo explicó que el trabajo gremial se desarrolla "a voluntad", sin remuneración adicional, lo que hace aún más valiosa la confianza de sus colegas:

"Nuestros afiliados lo saben, pero tal vez la audiencia no: este es un trabajo que hacemos a voluntad. Además de ser docentes universitarios, nos dedicamos a pelear contra la pérdida salarial y el desfinanciamiento, por eso este apoyo es tan importante".

En relación con la actualidad del sector, la dirigente advirtió que la Ley de Financiamiento Universitario, que debía promulgarse en las últimas horas, enfrenta un panorama incierto:

"Nuestras expectativas son negativas. Sabemos que hay leyes aprobadas dos veces por Diputados y dos veces por el Senado, como la de discapacidad, y el presidente dijo que no las iba a cumplir porque no sabía de dónde sacar el financiamiento. Nos preocupa que hoy pase lo mismo con la ley universitaria".

Ante esta situación, ADUM definió una serie de medidas de protesta:

"Vamos a realizar clases públicas en el Complejo Universitario entre las 9 y las 17, y un semaforazo en Independencia y Rodríguez Peña para repartir volantes que inviten a votar el 26 de octubre en defensa de la universidad, la salud y la educación públicas", detalló Araujo.

Si el Ejecutivo impone condicionamientos a la ley, adelantó que el gremio irá a un paro de 24 horas el miércoles.

Por último, la dirigente hizo un llamado a la reflexión de cara a las próximas elecciones:

"Queremos que la gente elija la opción que quiera, pero que lo haga pensando en quiénes van a votar a favor de la universidad pública y en contra de los proyectos que atacan esos espacios. Este es un momento decisivo para el futuro de la educación y la ciencia en la Argentina".

Machado relató que la reunión prevista con el interventor de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) fue suspendida de manera sorpresiva "por motivos de fuerza mayor", sin explicaciones claras. Sin embargo, familias y prestadores se autoconvocaron y decidieron ingresar a la sede para entregar una carta con reclamos urgentes.

"La gente se presentó pacíficamente, solo para entregar una carta explicando la difícil situación del sector. Pero el interventor, Fernando Bilches, dijo que no podía recibirla porque se sentía presionado. Eso fue un acto de falta de respeto total", cuestionó.

La referente afirmó que existe una intencionalidad política detrás de la postergación de la aplicación de la ley:

"Pareciera que quieren trasladar cualquier decisión para después de las elecciones. No es casual. Según el resultado electoral, veremos si nos reciben o no. Eso es gravísimo porque hablamos de derechos adquiridos por ley", sostuvo.

Machado detalló que la resolución 681, vigente actualmente, impide que la ley entre en funcionamiento y provoca un colapso en todo el sistema de atención:

"Los centros terapéuticos están cerrando, los transportes no pueden trabajar y los prestadores migran hacia otras profesiones. Las personas con discapacidad ya no pueden elegir quién las atiende porque el sistema está quebrado", describió.

Además, alertó sobre el impacto humano de esta demora: "Cada día que pasa sin la ley implementada hay chicos que no reciben su tratamiento, familias desesperadas y profesionales que no pueden sostener su labor. Estamos al borde del colapso", remarcó.

Machado anticipó que durante esta semana se realizarán medidas de fuerza a nivel nacional, entre ellas un paro que calificó como "involuntario", ya que responde a las condiciones impuestas por el Estado.

"No queremos parar porque sabemos que detrás de cada prestación hay una persona que necesita atención, pero el Gobierno nos está llevando a eso. Vamos a movilizarnos en Mar del Plata y en todo el país para decir basta", anunció.

La dirigente también recordó la vigilia prevista para este martes a las 17 horas frente a la Municipalidad de Mar del Plata, en apoyo a la marcha nacional que se realizará en Buenos Aires:

"Esto no es solo un reclamo de los prestadores, es una problemática que nos atañe a todos. No se puede esperar ni un día más", concluyó.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Guglielmotti explicó que la propuesta surge de un trabajo conjunto con el Sindicato de Cadetes, Motoristas y Mensajeros (SICAM), recientemente formalizado en Mar del Plata. "Es un sector que ha crecido exponencialmente. Son muchísimos los chicos, chicas y también personas mayores que, por la crisis económica, se dedican a esta tarea bajo condiciones muy precarias", indicó.

El edil detalló que el registro estará bajo la órbita de la Secretaría de Producción municipal y buscará articular con las áreas de Seguridad y Protección Ciudadana, ante el aumento de los hechos delictivos que afectan a los repartidores. "Sufren robos permanentemente, tanto cuando están trabajando como cuando descansan. En un año, los hechos de inseguridad se triplicaron", denunció.

Además, explicó que se trabaja en la posibilidad de incorporar GPS a las motos y bicicletas para facilitar su localización en caso de robo, y de habilitar espacios seguros de descanso con servicios básicos. "No tienen baños, techos ni protección. Están a la intemperie, y eso también debe ser atendido por el municipio", enfatizó.

Guglielmotti fue contundente al describir la situación laboral del sector:

"Algunos dicen que son trabajadores libres, pero en realidad son trabajadores sin derechos. Si tienen un accidente, no tienen cobertura, no tienen licencia, no tienen aportes. Es una precariedad total".

El dirigente también se refirió a la discusión nacional sobre una eventual reforma laboral, tema central del reciente Coloquio de IDEA. "No me sorprende que los empresarios pidan una reforma laboral, lo hacen todos los años. Pero desde el movimiento obrero estamos dispuestos a discutir una reforma progresiva, no una regresiva que quite derechos", sostuvo.

Y agregó: "En América Latina, las reformas laborales solo trajeron más desocupación y menos seguridad social. Si queremos modernizar el trabajo, hagámoslo al estilo europeo, reduciendo jornadas o adaptando la tecnología, pero no destruyendo derechos".

Por último, remarcó que la iniciativa busca dar respuestas desde el ámbito local a un problema global: "Las plataformas generan precariedad en todo el mundo, pero mientras se discuten cambios estructurales, tenemos que garantizar al menos la seguridad y el reconocimiento de quienes trabajan en las calles de Mar del Plata todos los días".

El abogado y padre de uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, Luis Tagliapietra, volvió a reclamar que el juicio por la tragedia se realice en Mar del Plata, donde tenía asiento operativo la nave y donde viven la mayoría de las familias de las víctimas.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Tagliapietra explicó los fundamentos del recurso extraordinario presentado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, tras la decisión de la Cámara de Casación Penal de mantener la competencia del Tribunal Oral Federal de Río Gallegos.

"El submarino tenía su base natural en Mar del Plata, zarpó de aquí y hacia aquí debía regresar. Tanto la desaparición como el hallazgo ocurrieron fuera del área territorial de Santa Cruz, por lo que el juicio debe hacerse en esta ciudad", sostuvo.

El abogado recordó que desde 2019 viene insistiendo con el reclamo de competencia territorial. "La Armada Argentina incurrió en algo prohibido por ley, lo que se llama forum shopping, al denunciar la desaparición en coordenadas que no correspondían. Eso desvió la causa hacia la jurisdicción de Santa Cruz, cuando en realidad los hechos se produjeron fuera de su área de intervención", explicó.

Tagliapietra señaló que la investigación en Caleta Olivia no avanzó como correspondía. "En casi siete años no se hicieron las pericias sobre las imágenes del hallazgo ni se investigaron las responsabilidades políticas y militares. Cerraron la causa parcialmente y la elevaron a juicio solo contra cuatro oficiales de la Armada, pero todavía no sabemos exactamente qué pasó", afirmó.

Entre sus argumentos, destacó que el traslado del proceso a Mar del Plata no solo responde a razones jurídicas, sino también a un principio de igualdad ante la ley y acceso a la justicia. "Nos quieren obligar a viajar más de dos mil kilómetros cada semana durante dos años, algo imposible para la mayoría de las familias que son humildes y no pueden afrontar esos costos", advirtió.

Además, remarcó que celebrar el juicio en Río Gallegos implicaría "una nueva forma de invisibilización" del caso.

"Pretenden que el juicio se haga lejos, fuera de la mirada de la gente y de los medios. Que pase desapercibido. Pero nosotros seguimos luchando para que haya verdad y justicia", dijo.

Tagliapietra cuestionó la lentitud del proceso judicial y pidió celeridad a la Corte Suprema. "Llevamos casi ocho años discutiendo qué tribunal debe intervenir. Es absurdo. Todo el expediente está digitalizado, solo hay que apretar un botón para que se remita a Mar del Plata", sostuvo.

Finalmente, fue contundente al describir el objetivo que persigue junto a otras familias de las víctimas:

"Queremos honrar a nuestros chicos con la verdad. No nos conformamos con cuatro culpables, queremos que se investigue todo, desde el mantenimiento que no se hizo durante el gobierno de Macri hasta las fallas en la reparación bajo la gestión de Cristina Kirchner. Solo con la verdad vamos a evitar que esto vuelva a ocurrir".

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Maraude expresó:

"Siempre preferí mantener un perfil bajo y dedicarme a la gestión, pero cuando uno escucha agravios y mentiras, tiene que salir a responder. Nosotros trabajamos todos los días para mejorar Mogotes y lo hacemos desde acá, no desde La Plata".

El funcionario recordó que el complejo se administra a través de un Consejo de Administración compuesto en un 70% por la provincia y un 30% por el municipio, y que todos sus integrantes son marplatenses. "Yo nací, viví y voy a seguir viviendo en Mar del Plata. No entiendo que se hable de una supuesta administración desde La Plata cuando todos los que trabajamos en Mogotes somos de acá", afirmó.

Maraude señaló que la discusión sobre una posible "municipalización" del complejo suele reaparecer con fines electorales.

"No es casual que se hable de esto cuando se acerca una elección. Hace más de un año y medio venimos escuchando los mismos agravios. Pero nunca presentaron un proyecto. Dicen 'municipalicemos Mogotes', pero no explican cómo, ni con qué recursos ni con qué plan", remarcó.

Respecto al futuro del predio, anticipó que se está planificando la renovación de los 24 balnearios, cuyas concesiones finalizan al término de la próxima temporada:

"Ya presentamos un master plan con el aporte del Consejo Federal de Inversiones, y estamos por firmar un convenio con el Ministerio de Producción de la Provincia y el Colegio de Arquitectos para llamar a un concurso de ideas. Queremos que distintos sectores aporten su mirada sobre el futuro de Mogotes", explicó.

Maraude también destacó las obras realizadas en el espacio público, como la instalación de duchas en los pasillos más concurridos, mejoras en los baños y la consolidación de los dos kilómetros y medio de playa pública.

"Mogotes no son solo los balnearios. También es espacio público, es disfrute para quienes no pueden pagar una carpa. Queremos que todos los marplatenses y turistas tengan un lugar digno donde pasar el día", enfatizó.

Por último, el administrador se mostró optimista de cara a la temporada que se aproxima:

"Estamos trabajando con los empresarios para garantizar un mantenimiento adecuado y que todo esté en condiciones. Mogotes tiene un público fiel que lo elige todos los años, y nuestro objetivo es que cada temporada sea mejor que la anterior".

"Los consumos problemáticos aparecen en cada barrio, en las escuelas, en las instituciones. La comunidad lo identifica, pero no sabe qué hacer y el Estado no ofrece dispositivos de acompañamiento sostenido", señaló Ayala.

La iniciativa propone la creación de Centros Barriales de Cuidado y Prevención, donde se concentren recursos de atención en salud mental, actividades culturales y deportivas, y acompañamiento comunitario. "El problema es que hoy las respuestas están aisladas, sin continuidad, sin un verdadero seguimiento. Queremos un abordaje integral y territorial, en el mismo lugar donde surge la problemática", remarcó.

Ayala advirtió que sostener un tratamiento en salud mental en Mar del Plata es actualmente muy difícil: "Implica acompañamiento familiar y recursos económicos que muchas familias no tienen. Cuando el Estado no está presente, esas trayectorias no encuentran salida".

Además, vinculó la falta de políticas activas con problemáticas sociales más amplias: "La Organización Mundial de la Salud ya advirtió que el acceso a la salud mental es mínimo en contextos de violencia y vulnerabilidad, y eso se traduce en más conflictividad social. Este es un problema grande que necesita miradas innovadoras y distintas".

El proyecto fue elevado al Concejo Deliberante con la idea de articular esfuerzos del Estado municipal, las organizaciones sociales y los efectores privados. "Integrar lo que tenemos en la ciudad con experiencias que ya demostraron resultados en otras partes del mundo es el camino para lograr una respuesta real y sostenida en el tiempo", afirmó.

González relató que la federación presentó una acción judicial para que se haga cumplir la ordenanza vigente que impide la circulación de vehículos de aplicaciones sin habilitación, pero la causa quedó trabada por declaraciones de incompetencia de distintos juzgados. "Presentamos la cautelar, el juzgado reconoció que teníamos razón, pero se declaró incompetente. Luego otro también se declaró incompetente. Ahora la Suprema Corte le ordenó al juzgado de trabajo número 4 que se expida y tome una determinación", explicó.

El dirigente sostuvo que la falta de controles municipales generó una competencia desleal que desplomó el trabajo de los taxis: "Nuestro trabajo ha caído un 70%. Tenemos muchas obligaciones porque somos un transporte habilitado, pero con estas tarifas y esta caída no sabemos cómo vamos a seguir. En marzo vencen 450 coches y no sabemos cómo renovarlos", señaló.

Además, advirtió sobre el riesgo para los pasajeros que utilizan plataformas: "No tienen seguro de pasajeros transportados. El día que haya un accidente, el municipio será solidariamente responsable".

Sobre la situación actual del sector, describió un panorama crítico: "Hoy no estamos los 2.147 taxis en la calle porque no pueden renovar los coches. Un auto nuevo sale más de 30 millones de pesos, más habilitación y todos los costos. Hay más de 400 licencias que están paradas".

González reclamó que el municipio ejerza el poder de policía y haga cumplir la ordenanza: "Si tenemos obligaciones, también tenemos derechos. Lo único que pedimos es control, que se cumpla la ley. Si hay una ley, queremos que se cumpla".

Finalmente, planteó que una medida posible sería asignar esas licencias paradas a choferes que hoy trabajan en plataformas, para que lo hagan en forma habilitada y regulada, garantizando la seguridad y formalidad del servicio.

"La verdad que la situación entendemos que es muy compleja, que tiene una difícil solución", señaló Rey. Y remarcó: "El resultado de las urnas fue muy claro: lo que se está diciendo es que no quieren que siga esta política, que lo único que garantiza es el quite de derechos y no garantiza los presupuestos para que los organismos puedan funcionar".

La dirigente advirtió que el panorama es especialmente crítico en sectores como el Hospital Garrahan, las universidades nacionales, el Conicet, el INAREPS, Sanidad de Frontera y el INE, todos organismos que sufren el impacto directo del ajuste. "Un país que no apuesta al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología es evidente que no piensa en el futuro, en un país independiente con autonomía", expresó.

Rey anticipó que ATE participará activamente en las próximas movilizaciones en defensa de la salud y la educación públicas: "Estaremos participando de la marcha universitaria y de jornadas de lucha, aunando esas dos luchas que hoy tenemos en carpeta: defender la salud y la educación".

Además, reveló una situación alarmante que afecta directamente a cientos de trabajadores estatales: "Hoy 15 de septiembre es la fecha en la que están terminando lo que es la situación de disponibilidad de 800 trabajadoras y trabajadores del Estado en todo el país que no han logrado la reinserción en otro organismo del Estado", explicó.

"Esperamos que la justicia pueda fallar a favor como lo viene haciendo de los trabajadores", concluyó Rey, dejando en claro que el conflicto está lejos de resolverse y que los estatales seguirán en estado de alerta.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, el director del hospital, Dr. Matías Tártara, confirmó que se realizó una denuncia penal por venta de turnos, tras detectar maniobras irregulares dentro del sistema de asignación. "Esto comenzó a partir de denuncias internas apenas asumimos la dirección. Se hizo una auditoría y a principios de año presentamos la denuncia penal porque, como bien decís, la salud pública es gratuita y no vamos a permitir que nadie lucre con eso", afirmó.

Tártara explicó que la alta demanda de turnos también genera un terreno propicio para estas prácticas ilegales: "Hay muchísima demanda, mucho más que hace un año y medio. Mucha gente que antes podía tener otra salida para atender su salud ha volcado sus expectativas en la salud pública". Recordó que el hospital tiene un carácter interzonal y atiende a pacientes de 18 regiones además de la propia, lo que agrava la situación.

El médico sostuvo que estas irregularidades son solo "la punta del iceberg" de un problema mayor: "No es que por una venta de turno solamente vamos a solucionar el problema, pero es parte de un cuadro más grave". A su vez, señaló que parte de la sobrecarga responde a que el hospital de tercer nivel está recibiendo muchos casos que deberían resolverse en el primer nivel de atención, donde hay carencias de personal y recursos.

Para evitar nuevas estafas, Tártara adelantó que se implementará un nuevo sistema digital de turnos con identificación biométrica, similar al que se usó para asignar turnos de vacunación en pandemia: "La idea es que cada persona pueda sacar turnos con sus datos dentro de la aplicación Mi Argentina y vea la disponibilidad real. Eso va a dar seguridad a la gente". También recordó que el hospital ya habilitó la solicitud de turnos vía WhatsApp y eliminó las filas presenciales: "No queremos que la gente tenga que venir a esperar durante horas a la intemperie".

Finalmente, fue categórico: "No cobramos, no hay intermediarios del hospital. No paguen por un turno y si alguien se los exige, denúncienlo. La salud pública es un derecho".

"Hoy produce el vóley, y qué linda palabra: producir. Es hermoso y reconfortante ver cómo los chicos y sus familias se unen en un esfuerzo común", destacaron desde la institución, subrayando el compromiso y la participación de toda la comunidad deportiva.

La iniciativa no solo permite solventar necesidades económicas, sino que también fortalece los lazos entre los integrantes del club. Cada jornada de trabajo se convierte en un espacio de encuentro, colaboración y orgullo compartido.

Once Unidos, reconocido por su rol en la formación de deportistas y su fuerte identidad barrial, suma así un nuevo capítulo a su historia de compromiso colectivo, demostrando que detrás de cada equipo en la cancha hay una comunidad que acompaña y trabaja unida.

Nacido en Igea, España, el 26 de agosto de 1935, Toledo llegó a Mar del Plata durante su adolescencia. Sus primeros empleos fueron humildes: lavacopas en un restaurante, vendedor de verduras en bicicleta y luego en carro. "Sabía que el esfuerzo y el sacrificio eran la manera de progresar", recordaba en entrevistas posteriores.

Con ese espíritu, fundó su primer local en la esquina de Colón y Sarmiento, combinando carnicería, verdulería, frutería y almacén. Era el año 1966 cuando nacía el primer supermercado Toledo, pionero en incorporar el sistema de código de barras en Sudamérica, lo que marcó un hito tecnológico en el sector.

La cadena Toledo creció sostenidamente: hoy cuenta con cerca de 40 sucursales -entre supermercados, hipermercados y mayoristas- presentes en Mar del Plata, Miramar, Necochea, Balcarce, Pinamar y Tres Arroyos. Emplea a más de 2.000 personas y posee industrias propias dedicadas a aves, cerdos, panificados y chacinados, además de su línea de productos alimenticios marca propia.

Durante su extensa trayectoria, Toledo fue distinguido por su aporte al empresariado local y nacional. En 2016 recibió el premio Retailer del Año por sus cinco décadas en el sector.

Su historia representa el sueño de muchos inmigrantes que llegaron con pocas pertenencias y construyeron un futuro a fuerza de esfuerzo, visión y humildad.

Desde LU9 Radio Mar del Plata y FM Universo queremos expresar nuestro profundo pesar por la pérdida de Antonio Toledo. Acompañamos en este momento de dolor a su familia, colegas y a toda la comunidad que lo respetaba y admiraba. Nuestro saludo más sincero y respetuoso en este obituario.

El dirigente detalló que la modalidad de protesta será sostenida en el tiempo:

"Vamos a continuar con acciones, que en este caso son módulos de 48 horas rotativos todas las semanas, con la intención de mantener este clima de reclamo".

En ese marco, explicó que la expectativa está puesta en el avance de la ley de financiamiento universitario, que ya cuenta con media sanción de Diputados y obtuvo dictamen favorable en comisiones del Senado.

"Podría tratarse este jueves o viernes en el recinto y convertirse en ley. Entonces eso genera la expectativa de si la van a vetar o no", advirtió.

Sanllorenti recordó la reciente experiencia en el Congreso con la ley de discapacidad:

"Fue emocionante ver cómo se rechazó el veto presidencial. Las familias lloraban de alegría. Eso nos da esperanza de que, en caso de un veto, también el Congreso pueda ratificar esta ley tan necesaria".

Respecto de las actividades inmediatas, puntualizó:

"Hoy tenemos paro y mañana vamos a hacer un semaforazo en Independencia y Peña. Es una modalidad que a la gente en general le gusta porque no interrumpe el tránsito, nos ven y ven nuestras consignas. Además, ya programamos una pequeña marcha para el 2 de septiembre".

Finalmente, el dirigente universitario planteó que, si el Ejecutivo veta la norma, no dudarán en profundizar la lucha:

"Vamos camino a una tercera marcha universitaria nacional para reclamar del Congreso la ratificación de la ley. La única lucha que se pierde es la que se abandona".

Si bien el fallo aplica únicamente a ese caso, Machado advirtió sobre las expectativas que puede generar:

"Queremos ser muy prudentes. Esta noticia se conoció dos días antes de que la ley vuelva a tratarse en el Congreso. Es positivo, puede sentar un precedente, pero no queremos que genere una esperanza masiva porque hoy solo es aplicable a esas dos personas con discapacidad".

La dirigente denunció además intentos del Gobierno por frenar la aprobación legislativa:

"Sabemos que durante estas semanas hubo múltiples intentos de convencer a diputados de votar en contra de la ley de emergencia. Incluso se ofrecieron otros tipos de ayudas a cambio de no acompañarla".

En ese contexto, convocó a una nueva movilización:

"Mañana nos reuniremos en todo el país; en Mar del Plata será frente a la municipalidad, junto a otras organizaciones de personas con discapacidad, transportistas y centros educativos terapéuticos. Pedimos a los legisladores que no primen las banderas políticas y que no se vea la discapacidad como un número".

Machado remarcó que la demora en la sanción de la norma afecta gravemente la vida de miles de personas:

"Hay gente que ya no recibe los tratamientos que necesita, personas que se quedaron sin transporte, centros educativos que cerraron. El tiempo que se pierde en estos meses es tiempo irrecuperable, tiempo que afecta la calidad de vida de cada persona".

Finalmente, subrayó el sentido de la ley:

"La ley de emergencia no es una ayuda, sino el cumplimiento de derechos adquiridos".

Según García, en diciembre de 2023 la garrafa costaba alrededor de $2.357, mientras que hoy puede encontrarse entre $17.000 y $21.000, dependiendo del punto de venta. "Hay lugares de la ciudad a los que directamente no llega la red de gas, y hace muchos años que no se amplía. Esto afecta sobre todo a los barrios más fríos y vulnerables", explicó.

El edil también remarcó el impacto económico para las familias: "Una familia consume como mínimo dos garrafas al mes, pero en invierno el gasto puede llegar a cinco. Comparado con una boleta de gas de red, el costo es un 30% más alto".

García criticó la falta de planificación del municipio y del Estado Nacional en materia de infraestructura: "Cuando se proyecta un barrio nuevo, se debe garantizar desde el inicio el acceso a los servicios básicos. El gas de red es más barato, más seguro y fundamental para el desarrollo de los comercios".

Asimismo, cuestionó que el beneficio de la tarifa de zona fría no contemple una compensación especial para los usuarios de garrafa. "Es una paradoja: hay personas con departamentos de alto valor en la zona céntrica que reciben el beneficio, mientras que familias humildes que usan garrafa no tienen ese descuento", advirtió.

Finalmente, recordó que años atrás existía un subsidio estatal que cubría parte del costo de la garrafa para beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo. "Eso se dio de baja y hoy estamos luchando para que Mar del Plata no pierda la zona fría, que es vital para miles de familias", concluyó.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Martín sostuvo que "nunca hubo afectación ambiental" en las playas donde se desarrolla la competencia. Explicó que "son playas artificiales creadas por el hombre" a partir de obras de escollerado y refulado, y que el trabajo realizado para el circuito es "absolutamente reversible".

"Con el Enduro se mueve la arena y se diseña el trazado, pero al finalizar todo se restablece incluso mejor de lo que estaba. No se afecta la línea de ribera", afirmó.

Martín apuntó directamente contra el denunciante, el geólogo Federico Isla, cuestionando la solidez de su presentación:

"La denuncia tiene dos líneas y tres artículos de portales de poco valor periodístico. Con eso quieren frenar un evento que forma parte de un calendario internacional y que disfrutan más de 300.000 personas".

El titular del EMTURYC remarcó que la notificación judicial llegó fuera de tiempo, cuando el evento ya está organizado y con logística en marcha. "Las motos están viajando hacia Mar del Plata, los artistas ya tienen fecha reservada y la fiesta está montada", señaló.

Pese a la polémica, Martín aseguró que el municipio está preparando la respuesta formal a la Fiscalía de Estado para despejar cualquier duda y garantizar la realización del evento. "El Enduro se va a hacer", enfatizó, recordando que el circuito se desarrollará entre La Perla y Constitución.

El Enduro de Invierno, que se corre en Mar del Plata desde 2022, es una de las fechas destacadas del calendario de la Federación Internacional de Motociclismo y convoca a miles de visitantes, generando un fuerte impacto turístico y económico en la ciudad.

La celebración tendrá lugar en la sede ubicada en Hipólito Yrigoyen 2067 y contará con un menú especialmente preparado para la ocasión. Como primer plato, se servirá chorizos con garbanzos; el segundo plato ofrecerá el emblemático botillo con papas y repollo, y como cierre dulce, un almendrado. Las bebidas estarán incluidas y serán libres: vino, agua con y sin gas, y gaseosas.

El botillo es un producto típico de la comarca de El Bierzo, en Castilla y León, elaborado principalmente con costilla y rabo de cerdo, adobado y embutido, que se cocina lentamente hasta lograr un sabor intenso y característico. Es un plato de fuerte arraigo cultural, asociado a las reuniones festivas y a la identidad gastronómica de la región.

Desde la organización invitan a socios, descendientes y vecinos de la ciudad a sumarse a esta tradicional celebración, que promete no solo un almuerzo cargado de sabores auténticos, sino también un espacio para compartir en comunidad y disfrutar de propuestas culturales.

Para más información y reservas, los interesados pueden comunicarse al (0223) 493-9217.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Isla recordó que presentó una denuncia en julio de 2024 solicitando la intervención de la Fiscalía de Estado. "No está previsto que la playa sea utilizada para organizar carreras, según el Código Civil. Queríamos que se definiera quiénes son los responsables en la provincia", afirmó.

El especialista trazó un paralelismo con un antecedente de los años 80, cuando se logró prohibir la extracción de arena en Punta Mogotes por sus efectos negativos sobre el litoral. "En aquel momento, la intervención de la Fiscalía de Estado permitió frenar una actividad que perjudicaba las playas. Este caso es similar: hay que proteger el dominio público", subrayó.

Isla también advirtió sobre el riesgo para la seguridad de participantes y espectadores: "Invito a ver el video del año pasado: cuatro motociclistas sufrieron accidentes, tres terminaron en el hospital. Si hubiera pasado algo más grave, ¿quién era el responsable, la municipalidad o la provincia?".

En cuanto al daño ambiental, el geólogo explicó que el tránsito masivo de vehículos sobre la arena degrada el ecosistema y es difícil de controlar. "Es imposible fiscalizar cuando 200 o 400 vehículos bajan a la playa un fin de semana. Los municipios no están preparados y la provincia se desentiende", advirtió, señalando además problemas sanitarios en las dunas por la falta de instalaciones.

El investigador negó cualquier motivación política detrás de sus acciones: "No tengo interés político, solo me mueve el interés por el dominio público. La playa es de todos y por Constitución es de jurisdicción provincial".

Ahora, el Ente Municipal de Turismo y Cultura deberá responder ante la justicia y presentar documentación que respalde que el evento no ocasiona daños ambientales.

La propuesta, impulsada por el Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURYC), se desarrollará este domingo de 10 a 20 horas en Villa Victoria y Villa Mitre, con entrada libre y gratuita.

"Le tengo un cariño personal a este evento porque soy fanática del café", expresó la vicepresidenta del EMTURYC, Johanna Panebianco, en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata. "Cuando pensamos en cómo generar nuevas oportunidades de encuentro, nos inspiramos en las coffee raves que son furor en el mundo. La primera edición superó nuestras expectativas y esta vez queremos mejorar la experiencia al máximo", agregó.

CAFEST reunirá 38 cafeterías -desde grandes cadenas hasta pequeños locales de especialidad- y contará con actividades para todos los gustos: dos sets de DJs en cada villa, clases de yoga para adultos y niños, feria de artesanos temática, charlas con baristas y talleres para aprender a preparar un buen café en casa.

Además, habrá espacios infantiles con juegos Montessori y plaza blanda, así como actividades culturales dentro de los museos. "Queremos que la gente conozca y recorra estos lugares históricos. Muchos llegan por el café y vuelven porque se enamoran del espacio", destacó Panebianco.

Uno de los objetivos centrales es visibilizar el trabajo detrás de la industria cafetera local. "Detrás del café hay miles de personas que trabajan, desde el que lo prepara hasta quien lo sirve. Queremos mostrar ese café marplatense que tanto nos enorgullece", remarcó la funcionaria.

El evento se pospuso por el mal tiempo y ahora, con pronóstico favorable, promete superar la exitosa convocatoria del año pasado. "Los veo ahí", invitó Panebianco, entusiasmada.

Casciotti fue categórico al calificar la situación actual como un nuevo golpe a un sector históricamente postergado:

"Somos los grandes generadores de empleo. Más del 75% del trabajo formal lo aportan las pymes. Pero parecería que no somos parte de este país".

El dirigente explicó que la eliminación de la Secretaría PYMES -junto con la disolución de las áreas de Industria y Comercio- profundiza un proceso de desmantelamiento que comenzó en diciembre de 2023 con el DNU 70. Entre las políticas derogadas mencionó la Ley de Góndolas, la Ley de Compre PyME y los programas de asistencia productiva:

"Todo lo poco que quedaba, lo fulminaron. Y como si fuera poco, el Decreto 339 terminó de desguazar los programas de apoyo al sector".

Casciotti también se refirió a los efectos devastadores de estas políticas sobre el entramado productivo nacional:

"Durante 2024 cerraron 13 mil empresas, la gran mayoría pymes. Y si tomamos el período desde noviembre de 2023 a abril de este año, ya desaparecieron más de 15 mil".

Este deterioro tiene consecuencias directas sobre el empleo. Según explicó, se está produciendo una caída por goteo del trabajo registrado, con personas que pasan a la informalidad o directamente al desempleo:

"Cuando una pyme cierra, no solo se pierde una unidad productiva, también se destruye tejido social".

Ante este escenario, APYME presentó un proyecto de Ley de Emergencia MiPyME que ya tiene estado parlamentario. Casciotti sostuvo que la prioridad es "generar conciencia social y músculo político" para frenar la sangría de pequeñas empresas:

"En el devenir de nuestras pymes se juega el quehacer cotidiano de nuestras comunidades. En Mar del Plata, todo el entramado comercial y productivo depende de las pymes".

También alertó sobre la caída del consumo, el aumento de los costos en dólares, los tarifazos y los alquileres que dejan a muchas pymes "al borde de una ecuación de rentabilidad negativa". Y remarcó que la aparente baja de la inflación "no refleja una recuperación, sino el desplome del consumo".

Finalmente, llamó a defender la Argentina productiva:

"La única lucha que se pierde es la que se abandona. Tenemos que seguir batiendo este parche para que no se extinga la voz de quienes generan trabajo, arraigo y desarrollo en cada rincón del país".

Con claridad y firmeza, Casciotti dejó un mensaje que resuena más allá del sector empresario: la defensa de las pymes es también una defensa del país real.

La capacitación, que se dicta en el Centro de Formación Laboral N° 404 (Salta 1852), está dirigida a jóvenes y adultos mayores de 18 años que deseen mejorar sus oportunidades de empleo en la industria alimentaria. Las clases se desarrollan los martes y jueves de 15 a 18 horas, e incluyen tanto formación teórica como práctica.

El curso aborda contenidos claves como bromatología básica, atención al cliente, el circuito productivo de la carne y los fundamentos del campo profesional. Además, se pone especial énfasis en la parte práctica, enseñando técnicas de corte y desposte de carnes vacunas, ovinas, porcinas y aviares, así como la preparación de productos con valor agregado como arrollados, empanados y porciones especiales.

Uno de los aspectos más destacados es que los alumnos realizarán Prácticas Profesionalizantes en el frigorífico El Mercedino, que se sumó a la iniciativa aportando espacio físico y materia prima. Esto permitirá que los participantes apliquen en un entorno real las técnicas aprendidas, bajo normas de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM), fundamentales para garantizar la calidad sanitaria de los productos cárnicos.

Desde las entidades participantes señalaron que esta articulación representa un avance importante en la generación de políticas públicas que promuevan la formación con salida laboral concreta, en un sector clave para la economía local y provincial.