La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico confirmó los procesamientos del presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia; del tesorero Pablo Toviggino; y de la propia entidad en una causa por presunta evasión tributaria y retención indebida de aportes.

Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la investigación involucra una presunta maniobra por más de 19.000 millones de pesos y, tras la resolución del tribunal, el expediente quedó a un paso de ser elevado a juicio oral.

La decisión ratificó los procesamientos dictados en primera instancia y representa un nuevo avance en la causa judicial que investiga presuntas irregularidades fiscales vinculadas a la conducción de la AFA.

La resolución, firmada por los jueces Roberto Hornos y Carolina Robiglio, deja a ambos dirigentes a un paso del juicio oral.

La investigación se originó tras una denuncia presentada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que acusó a la AFA de no transferir dentro del plazo legal impuestos retenidos sobre los salarios de sus empleados y aportes correspondientes al sistema de seguridad social.

Según el juez Diego Amarante, quien dictó los procesamientos en primera instancia, la entidad habría cometido el delito de apropiación indebida de tributos agravado en 34 oportunidades y de recursos de la seguridad social agravado en otras 17.

La Cámara confirmó el procesamiento de Toviggino, junto con el embargo y la prohibición de salida del país pero en el caso de Tapia y de la AFA, los camaristas no analizaron el fondo de las apelaciones y las declararon desiertas porque la defensa solicitó postergar la audiencia una vez vencido el plazo correspondiente, dejando firmes los procesamientos.

Tapia permanece en Estados Unidos encabezando la delegación argentina en el Mundial, ya que viajó con autorización judicial, mientras que Toviggino continúa en el país. El fallo no modifica, por ahora, la situación procesal de ninguno de los dos.

En la misma resolución, la Cámara revocó por prematuros los procesamientos de Cristian Malaspina, Víctor Blanco y Gustavo Lorenzo, y ordenó profundizar la investigación sobre ellos.

Durante la instrucción, una empleada del área contable de la AFA declaró que las decisiones financieras eran tomadas por Toviggino mediante una “orden verbal”: “De la toma de decisiones financieras y contables se encarga el tesorero, que es Pablo Toviggino”, sostuvo.

La AFA argumentó que gran parte de la deuda fue cancelada y aseguró que los pagos se realizaron antes del vencimiento de las obligaciones, por lo que consideró que la postura de ARCA contradice la normativa vigente, sin embargo, la Justicia sostiene que el delito se configura desde el momento en que vence el plazo legal para transferir los fondos retenidos.

Los deudores de cuota alimentaria que figuran en los registros oficiales no podrán ingresar a los estadios del Mundial 2026. El Gobierno nacional envió a Estados Unidos una nómina de 34.000 personas con restricciones para asistir a eventos deportivos, de las cuales unas 13.000 son deudores alimentarios morosos. La medida fue analizada en LU9 por la doctora Patricia Kaufmann Payero, abogada especialista en derechos humanos, que respaldó el fundamento de la sanción pero advirtió sobre la protección de los datos personales.

La decisión combina dos sistemas que hasta hace poco corrían por carriles separados: el programa Tribuna Segura, que impide el ingreso a las canchas de personas con antecedentes de violencia, y los registros provinciales de deudores alimentarios. Kaufmann Payero explicó que ambos padrones se unificaron en mayo, de cara al certamen que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá. La decisión se enmarca en los acuerdos bilaterales de cooperación entre Argentina y Estados Unidos, a través de un Memorando de Entendimiento en el que también participa el Departamento de Justicia de ambos países. 

La abogada repasó el origen de cada herramienta. Recordó que Tribuna Segura nació como un programa de la Ciudad de Buenos Aires —donde se concentran la mayoría de los estadios de Primera— y que luego, por una resolución del Ministerio de Seguridad, se convirtió en un programa nacional. Su objetivo, señaló, fue que las personas que habían generado hechos de violencia en las tribunas no volvieran a ingresar, una respuesta a los incidentes que se multiplicaron en el fútbol argentino.

El funcionamiento es conocido por los hinchas: al entrar a la cancha se escanea el DNI y el sistema verifica si la persona tiene alguna restricción de concurrencia vigente. En paralelo, explicó, la mayoría de las provincias cuenta con registros de deudores alimentarios, cuya inscripción ya acarrea sanciones como la imposibilidad de renovar el registro de conducir o de ingresar a eventos deportivos.

"¿Qué pasó hace un mes?", planteó Kaufmann Payero: el Estado cruzó esos dos datos —Tribuna Segura y el registro de morosos— y los remitió a las autoridades estadounidenses. Según los datos oficiales, el envío incluye a unas 21.000 personas alcanzadas por restricciones previas dentro del sistema Tribuna Segura y a 13.000 deudores alimentarios morosos. La resolución, firmada por la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva, instruye a poner la información a disposición de la Embajada de Estados Unidos en Argentina. 

Aunque consideró que la sanción tiene "una buena base y un buen propósito", la abogada deslizó su principal objeción desde su mirada profesional: el envío de datos personales al exterior. "Ojo con el dato que estamos mandando", advirtió, al cuestionar que se remita a otro Estado un listado con la información personal de 34.000 personas.

Su planteo fue que el celo demostrado hacia afuera se aplique también puertas adentro. "Primero resolvámoslo en casa, después mandémoslo", sintetizó. Para Kaufmann Payero, el camino es "ejecutar antes las deudas alimentarias" y lograr que el registro tenga menos inscriptos, en lugar de exhibir la nómina en el plano internacional.

La abogada enmarcó el debate en una discusión que ya abordó en el programa: la protección de los datos personales. De fondo, remarcó la gravedad del problema que origina la medida: el incumplimiento del compromiso de los adultos de garantizar la manutención de sus hijos.

Vale aclarar que el documento oficial establece que los datos brindados deben utilizarse de manera exclusiva para la seguridad de la Copa del Mundo y prohíbe cualquier uso distinto o ulterior. No es la primera colaboración de este tipo: ya hubo antecedentes en la Copa América 2024 y en el Mundial de Clubes 2025, cuando se cedió un listado de 15.000 personas bajo protocolos de confidencialidad similares. 

Kaufmann Payero aportó un dato que considera central: según indicó, el 98% de las personas inscriptas tanto en Tribuna Segura como en los registros de deudores alimentarios son varones. "Algunas mujeres habemos deudoras también", admitió, aunque insistió en que la enorme mayoría son hombres.

La abogada relativizó, de todos modos, que la cifra refleje la totalidad del problema, porque no todos los deudores están efectivamente inscriptos en los registros. En esa línea recordó un dato que ya trató en LU9: que 8 de cada 10 mujeres no reciben la cuota alimentaria del progenitor que debería abonarla.

Sobre el alcance concreto de la medida, conviene precisar que figurar en la lista no implica un veto automático de ingreso a Estados Unidos, pero sí a los estadios donde se disputa la Copa del Mundo, y la decisión final sobre cada persona depende de las autoridades migratorias norteamericanas.

Consultada sobre los mecanismos de cobro, la abogada destacó el descuento directo de haberes como una de las maneras más prácticas de garantizar el cumplimiento. Contó que, en muchas audiencias, es el propio alimentante quien pide que se libre el oficio a su empleador para que la empresa realice la deducción.

Despejó además un temor frecuente entre los trabajadores registrados: que el descuento figure en el recibo de sueldo y los perjudique al momento de mostrarlo para un alquiler o un crédito. "No es un embargo", aclaró: está determinado que la deducción impacta en el ingreso pero no perjudica al trabajador para la obtención de otros beneficios.

El obstáculo, reconoció, aparece con los trabajadores no registrados, donde no hay un empleador que pueda aplicar el descuento. Allí, dijo, hay que modificar la estrategia, aunque sostuvo que la deducción salarial sigue siendo "la mejor para todos", porque evita situaciones engorrosas y deposita el dinero directamente en la cuenta judicial de los chicos.

Sobre el final, y con una referencia cinematográfica a El secreto de sus ojos, Kaufmann Payero graficó por qué los controles en la puerta de los estadios resultan efectivos: los hinchas pueden cambiar de nombre o de barrio, "pero de lo único que no pueden cambiar es la pasión, y ahí es donde los enganchás en la puerta del estadio".

El fiscal de Delitos Informáticos de Mar del Plata, Javier Pizzo, advirtió que los fraudes y las estafas digitales no paran de aumentar y dejó un mensaje central para los vecinos: la mayoría de las maniobras se frena con una sola conducta, no entregar datos personales ni claves de seguridad. "Si telefónicamente o por escrito no brindamos ningún tipo de clave ni de dato, los delincuentes no tienen forma de acceder", resumió en diálogo con LU9 Radio Mar del Plata.

El funcionario explicó que detrás de cada caso hay organizaciones que trabajan con "ingeniería social": contactan a las víctimas —casi siempre por WhatsApp—, les ofrecen descuentos o beneficios y, de esa manera, obtienen los datos que después usan para suplantar su identidad ante el homebanking, pedir préstamos o vaciar cuentas. "Todos los años vemos un incremento en todo lo vinculado a fraudes informáticos y estafas digitales", señaló.

Fraude y estafa: dos delitos distintos

Pizzo aclaró que, aunque suenen parecidos, no son lo mismo. En la estafa, "la persona es quien genera la disposición patrimonial", es decir, transfiere el dinero engañada. En el fraude, en cambio, "no sabe lo que está haciendo, pero está entregando datos", precisó. Esos datos son los que después permiten a los delincuentes hacerse pasar por la víctima frente a los sistemas informáticos y operar a su nombre.

Cómo operan: WhatsApp, descuentos y hasta validación con el rostro

El fiscal detalló que las bandas aprovechan que las personas navegan mucho en internet y "no siempre se toman los recaudos debidos". Un clic donde no corresponde, una publicidad o una falsa oferta alcanzan para que llegue el contacto, que suele darse por WhatsApp con promesas de descuentos o beneficios, "especialmente para jubilados".

En esos casos, alertó, la víctima no solo aporta datos: muchas veces también entrega su imagen. "Les hacen girar el teléfono, mostrar el rostro", describió Pizzo, y explicó que con esa validación de identidad —el mismo paso que se usa para abrir una billetera virtual— más los datos entregados, los delincuentes pueden abrir cuentas en otras entidades y desplegar las maniobras que terminan en un perjuicio económico.

El rastro del dinero: más de 20 cuentas para despistar a la Justicia

Pizzo remarcó que el seguimiento del dinero es complejo porque las bandas operan amparadas en el anonimato y desde otras jurisdicciones. Una vez concretada la transferencia, el destino del dinero "puede diversificarse en más de 20 billeteras o cuentas bancarias", lo que vuelve "bastante complejo" rastrear adónde fue a parar.

A la par del phishing y la ingeniería social —las modalidades más frecuentes en la ciudad—, el fiscal mencionó el uso de malware: un archivo troyano que se instala en el dispositivo, por ejemplo a través de un correo electrónico, y habilita el ingreso de terceros. Aclaró que en Mar del Plata son los casos de menor cantidad y que aparecen, sobre todo, en ataques a computadoras de empresas por sumas importantes.

Atención a las falsas plataformas de inversión

El fiscal pidió especial prudencia con las propuestas de inversión que circulan por redes y aplicaciones. Contó que crece la cantidad de denuncias por dinero colocado en plataformas "de dudosa legalidad", a las que la gente accede al navegar o tras ser contactada por WhatsApp o Facebook. En esos esquemas, advirtió, suelen entregar un adelanto de ganancias para que la víctima siga invirtiendo, pero los montos son elevados y "normalmente son estafados". Estos casos, precisó, se canalizan en la Fiscalía N° 10, especializada en estafas.

Navegar con la misma prudencia que en la vida real

Para graficar el riesgo, Pizzo recurrió al sentido literal del phishing —"pesca", en inglés—: al abrir un dispositivo y entrar a internet, dijo, "estamos navegando en un mar en el cual hay muchas posibilidades de que nos pesquen", con múltiples ataques simultáneos buscando datos personales.

La recomendación final apuntó a trasladar al mundo digital los mismos cuidados que se tienen en la vida cotidiana. Así como en lo presencial "cerramos con llave la puerta de casa y ponemos la alarma", planteó, en el entorno cibernético hay que extremar la prudencia: no entregar datos, no completar formularios y no compartir claves, "por más que quien los pida sea alguien conocido".

El abogado y futbolero detrás del fiscal

Antes de la toga, Pizzo fue una promesa del fútbol marplatense: jugaba de lateral izquierdo en Alvarado y su rendimiento empezaba a ser seguido por clubes de Primera. Todo se truncó el 14 de agosto de 1994, en un clásico ante Aldosivi disputado en el ya inexistente estadio General San Martín, cuando un planchazo del tandilense Mauro Camoranesi —que años más tarde sería campeón del mundo con Italia— le destrozó la rodilla izquierda. El parte médico fue demoledor: rotura de los ligamentos cruzados, los meniscos, la cápsula, un tendón y varios nervios, con la arteria femoral a punto de ser seccionada. "Es una lesión que produce una luxación, o sea, una rotura total de la rodilla", recordó el propio Pizzo, que tras dos o tres años de fisioterapia y rehabilitación supo que no volvería a jugar de manera profesional: "Tenía todas las posibilidades de avanzar, pero la vida continuaba". Lejos de quedarse en la frustración, canalizó su pasión hacia otras disciplinas —bicicleta, natación— y, sobre todo, hacia el estudio: ese giro lo terminaría llevando al Derecho y, con el tiempo, a la conducción de la Fiscalía de Delitos Informáticos.

El mobbing, o acoso laboral, es una forma de violencia psicológica extrema, sistemática y ejercida en el lugar de trabajo, que busca dañar la autoestima de la víctima y, en muchos casos, empujarla a renunciar. Así lo explicó la abogada y columnista Patricia Kaufmann Payero en LU9 Radio Mar del Plata, donde detalló el alcance del fenómeno y sus consecuencias legales.

La especialista advirtió que esa renuncia muchas veces "no es por voluntad de la víctima, sino por la situación de acoso que está viviendo en su trabajo". Y subrayó que la ley nacional es taxativa: define la violencia laboral como una conducta o una omisión, basada en una relación de poder, que afecta la dignidad, la integridad psicofísica o la seguridad personal de la persona afectada.

Kaufmann Payero ubicó el tema dentro de una agenda más amplia sobre violencia. "Es una de las cosas que nos pide la ley", señaló, en referencia a la normativa nacional contra la violencia de género y la violencia en general. El objetivo del acoso, describió, es hostigar, ofender o excluir a un trabajador de forma repetida hasta forzar su salida.

Un punto central de su explicación fue que el encuadre no depende del tipo de empresa. "No importa si la empresa es grande o pequeña, si vas a recibir un sueldo o si sos monotributista", planteó la columnista, e incluyó también a quienes trabajan en cooperativas, bajo contratos de colaboración o sin estar sindicalizados.

Lo determinante, insistió, es el tipo de vínculo y de tareas: lo que importa es si se cumplen o no tareas laborales dentro de ese grupo de personas. En esos casos, agregó, los tribunales recurren al concepto de micromachismo para identificar comportamientos sutiles de discriminación y hostigamiento por motivos de género.

Para ilustrar, la abogada repasó jurisprudencia reciente de Córdoba. En un caso, la Cámara de Familia confirmó una sentencia que declaró víctima de violencia psicológica a una empleada cuyo jefe le repetía que "no le daba la cabeza" y la trataba de "tontita". "Al principio parecía un chiste, pero son situaciones de violencia laboral", remarcó.

Otro fallo, también cordobés, destacó la obligación de la empresa de no avalar sistemas estructurales de discriminación: la Justicia obligó a la firma a presentar protocolos de valoración del clima laboral y de capacitación sobre violencia de género. Un tercer caso ordenó cambios estructurales y condenó a una empresa a pagar multas por violencia psicológica y sexual.

Entre las consecuencias posibles, enumeró condenas por daño moral, indemnizaciones por despido indirecto y la obligación empresarial de implementar protocolos de prevención y capacitación.

La columnista recordó que estas situaciones tienen respaldo normativo. Mencionó el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), al que Argentina adhirió, que fija pautas específicas para eliminar la violencia y el acoso por razones de género en el mundo del trabajo.

También citó la Ley Integral 26.485, que permite encuadrar las conductas hostiles como violencia psicológica, institucional o laboral contra las mujeres. De todos modos, aclaró que la violencia laboral también puede tener como víctima a un varón, aunque reconoció que resulta "mucho más fácil identificar cuando es por cuestiones de género".

Consultada sobre si pedir disculpas funciona como atenuante, Kaufmann Payero fue clara: el pedido es válido, pero "nunca va a sustituir ni anular un proceso de investigación o de sanciones dentro del espacio laboral".

Para que una disculpa sea genuina, explicó, debe ser voluntaria, reconocer el daño y apuntar a reparar el vínculo. No alcanzan las fórmulas impersonales del tipo "lamento si te sentiste mal" o "disculpá si se malinterpretó". En cambio, requiere un reconocimiento específico del hecho: admitir "cometí un error, te maltraté", asumir que esa actitud causó ansiedad o afectó la tranquilidad de la otra persona y comprometerse a no repetirlo. "Esta es la verdadera disculpa", definió, y aclaró que después hay que cumplirla.

La abogada señaló que muchos lugares de trabajo no cuentan con un protocolo ni con un área de Recursos Humanos. En esos casos, propuso que los propios trabajadores organicen una jornada de reflexión y establezcan pautas de actuación frente a la violencia.

El riesgo de que todo quede en el pedido de disculpas, advirtió, es que el agresor asuma la conducta como permitida y la repita. "Después te vas enterando por radiopasillo", graficó, en alusión a otras víctimas que aparecen más tarde. Por eso los protocolos buscan fijar una categoría de sanciones. Y recordó que la violencia laboral no se limita a un grito o un maltrato verbal: en sus formas más graves puede incluir hostigamiento y acoso sexual.

En el cierre, Kaufmann Payero llamó a tomar conciencia sobre el modo en que las personas se tratan en los espacios de trabajo, donde se pasan entre 8 y 12 horas diarias. Enmarcó el problema en una sociedad atravesada por distintas formas de violencia —de género, laboral, en las redes— potenciadas por la hiperconectividad. "Mantener un buen clima laboral nos hace bien a todos", concluyó.

En diálogo con LU9 Simón Isach Presidente del Colegio de Magistrados dijo que "fue una decisión de la corte, tiene varias aristas. Son dos inmuebles de otra época que están bastante bien. Están ubicadas en la calle Buenos Aires al Nº 2285 y Nº 2247, que serán acondicionadas y adecuadas para funcionar como sede de tribunales, bibliotecas y espacios de capacitación vinculados a la labor judicial."

"Desde la Suprema Corte de Justicia y el municipio acordaron suscribir un convenio de trabajo conjunto para desarrollar actividades culturales, de interés general y vinculadas a la historia y la preservación del patrimonio en ambas fincas."

"No tendrá afluencia de público, esta oportunidad surge en medio de la búsqueda de espacios que puedan dar respuesta a la necesidad que tiene el servicio de justicia bonaerense en esta ciudad, con espacios acotados y saturados."

En el marco del segundo operativo territorial se realizó una jornada de asesoramiento en la Defensoría del Pueblo ubicada en Belgrano 2740, sobre el incumplimiento de la cuota alimentaria en la provincia de Buenos Aires, el Doctor Maximiliano Álvarez coordinador del centro de acceso a la justicia de Mar del Plata expresó que "son jornadas especiales, operativos de asesoramiento, acompañamiento y promoción de los procesos en los cuales hay cuota alimentaria incumplida por parte de uno de los progenitores".

"Hay un 70% aproximadamente en la provincia de incumplimiento de la cuota alimentaria. Estos operativos vienen por un lado a generar una promoción y una difusión en cuanto a que las mamás en su mayoría puedan acceder a recursos legales, administrativos para el cumplimiento y también para una invitación a aquellos papás que quieran cumplir con sus responsabilidades en un ambiente en el cual se promueva el diálogo entre partes",

"Por lo general, en su mayoría son las mamás las que tienen a cargo la crianza, los cuidados de hijos e hijas en la mayoría del tiempo pero no son todos los casos. Hay muchas familias que se rompen y que comparten esa crianza de una manera equitativa, que pueden llegar a acuerdos, que eso sería un universo ideal" concluyó

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue sobreseída por inexistencia de delito junto a los demás acusados en la causa por la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA, en un fallo unánime del tribunal que preparaba el juicio oral.

Los jueces María Gabriela López Iñiguez, Daniel Obligado y José Michilini sobreseyeron a la expresidenta y actual Vicepresidenta de la Nación y titular del Senado; al procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini; al senador Oscar Parrilli; al viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque, entre otros, según un fallo de 387 carillas al que tuvo acceso Télam.

Los magistrados del Tribunal Oral Federal 8 hicieron extensiva la resolución al fallecido excanciller Héctor Timerman al concluir que "los hechos por los que fueran requeridos no constituyen delito" y dejaron sentado que "el presente proceso no afecta el buen nombre y honor" de quienes estuvieron imputados.

El Tribunal cerró así por inexistencia de delito la denuncia del fallecido fiscal Alberto Nisman por la firma del Memorándum, una decisión que podrá ser revisada en la sala I de la Cámara Federal de Casación Penal si es apelada por la fiscalía o las querellas de DAIA y Familiares de Víctimas del atentado.

Por lo pronto, el TOF 8 sobreseyó a todos los imputados y dio por concluidos los preparativos que se realizaban para un juicio oral.

El listado de sobreseídos incluyó también al actual embajador en Rusia Eduardo Zuain, a la ex Procuradora del Tesoro Angelina Abbona, a los dirigentes sociales Luis D'Elía, y Fernando Esteche, a Jorge Khalil y al exagente Héctor Bogado.

"El Memorándum de Entendimiento con Irán, más allá de que se lo considere un acierto o desacierto político, no constituyó un delito", concluyeron los jueces del TOF8 en una sentencia firmada tras escuchar a todas las parte en audiencia pública durante más de un mes.

Los jueces advirtieron que los integrantes de la Cámara Federal de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos estuvieron "afectados" en su imparcialidad "e independencia" por sus visitas al expresidente Mauricio Macri antes de reabrir el caso en 2016.

Pero, sin embargo, aclararon que los motivos del cierre del caso apuntaron a los planteos "de fondo" vinculados a inexistencia de delito.

El Tribunal concluyó que las alertas rojas de captura internacional de ciudadanos iraníes por el atentado del 18 de julio de 1994 en la sede de la AMIA "siempre estuvieron vigentes y aún continúan estándolo".

Al presentar su denuncia en 2015, Nisman sostuvo que el objetivo de la firma del Memorándum fue hacer caer estos pedidos de captura internacional.

"El Memorándum de Entendimiento no logró cumplir sus requisitos de validez antes de convertirse en tratado internacional vinculante para las partes, por lo que no ha existido acto jurídico como tal desde el punto de vista del derecho internacional", agregaron los jueces del TOF.

Por ello "no hay ningún elemento directo que de manera contundente nos haga pensar que tal temperamento fue más allá de una decisión política para convertirse en un acto de encubrimiento", enfatizaron.

Agregaron que "para la eliminación de leyes inconvenientes, las apelaciones no deben dirigirse a los tribunales sino al voto y al proceso democrático de gobierno".

"Desde que el Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán no entró en vigencia y desde que nunca existió entre la República Argentina y la República Islámica de Irán un estado de guerra, es posible deducir que ninguna de las conductas aquí enrostradas son susceptibles de encuadrarse en las figuras de traición", concluyó el Tribunal sobre el delito de "traición a la Patria" que también se barajó en el caso y quedó descartado.

El ministro de la Corte Suprema de Justicia Horacio Rosatti es el nuevo presidente del alto tribunal, luego de ser propuesto por Juan Carlos Maqueda y apoyado por el actual presidente, Carlos Rosenkrantz, que queda como vicepresidente.

Fuentes cercanas al alto tribunal relataron que el ministro Juan Carlos Maqueda propuso a Rosatti como presidente y a Rosenkrantz como vice, una fórmula que resultó consagrada por el apoyo de esos tres mismos jueces.

Ricardo Lorenzetti no participó del encuentro y se excusó ante sus pares con el argumento de que estaba asistiendo "a las reuniones del Unidroit" (por sus siglas en inglés, Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado), donde actúa "en calidad de miembro del Governing Council".

Por tal motivo, Elena Higton solicitó una prórroga del acuerdo, que no fue concedida por haberse alcanzado de todos modos la mayoría de tres votos -Maqueda, Rosenkrantz y el propio Rosatti- para elegir el nuevo titular del máximo tribunal.

"En virtud de que la ausencia de alguno de los ministros no constituye un impedimento legal para la celebración del acuerdo convocado, será celebrado", respondió Rosenkrantz al pedido de Higton.

Con el acuerdo de este jueves, Rosatti estará al frente de la Corte desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre de 2024, secundado por Rosenkrantz como vicepresidente, en reemplazo de Highton (quien ocupaba ese cargo desde la presidencia de Lorenzetti).

Lorenzetti había dejado trascender su decisión de volver a encabezar la Corte luego de sostener ese cargo durante casi doce años, pero su iniciativa se vio debilitada por la idea de Maqueda de "renovar" la conducción de la Corte y de Rosatti de aspirar a la mayor responsabilidad en el sistema judicial argentino.

El mandato de Rosatti, exintendente de Santa Fe y exministro de Justicia de Néstor Kirchner, se prolongará por un período de tres años como fija el Reglamento de la Justicia Nacional.

El fiscal del fuero Penal Económico Claudio Navas Rial imputó este lunes a los exfuncionarios del gobierno de Cambiemos Marcos Peña (jefe de Gabinete) y Jorge Faurie (Canciller) en la causa en la que se investiga el supuesto contrabando de material represivo de Argentina a Bolivia, en 2019, cuando se produjo el Golpe de Estado contra Evo Morales, informaron fuentes judiciales.

El fiscal también imputó al exsecretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo, al impulsar la ampliación de la denuncia original presentada la semana pasada por funcionarios del gobierno nacional que encontraron elementos que vincularían a los denunciados con las maniobras investigadas.

"Los elementos arrimados por los denunciantes en esta oportunidad permiten robustecer preliminarmente la hipótesis del caso originalmente trazada, a la vez que justifican dirigir la atención de la pesquisa a la conducta atribuida a los entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña; al canciller, Jorge Faurie; y al secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo; en cuanto a una supuesta participación", en los hechos; según surge de la imputación fiscal a la que accedió Télam.

Del dictamen, que Navas Rial le presentó al juez Javier López Biscayar, surge que los imputados habrían participado de la "organización y desarrollo de las condiciones necesarias para el envío de los gendarmes y del material armamentístico al Estado Plurinacional de Bolivia vulnerando el adecuado ejercicio de control del servicio aduanero".

En la ampliación de la denuncia, el gobierno nacional consideró probada la participación del expresidente Mauricio Macri en el golpe de Estado cometido contra Evo Morales en Bolivia en 2019.

Los ministros Martin Soria (Justicia), Sabina Frederic (Seguridad) y la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont, habían incluido en la ampliación de la denuncia una serie de documentos y registros oficiales sobre reuniones mantenidas en la Casa Rosada por funcionarios de Cambiemos en los días que se gestionó el traslado ilegal de armamento al país vecino, atravesado por una forzada crisis institucional.

"Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvieron en aquel escrito al que accedió esta agencia.

El escrito da cuenta, en alusión a Peña y Pompeo, que "el ministro coordinador y su secretario de confianza, especialista en política internacional, no solo participaron en reuniones que evidencian su rol central en la organización del contrabando, sino que también intervinieron directamente en el trámite mediante el cual se gestionó el traslado de los gendarmes a Bolivia, ocultando la verdadera finalidad de ese viaje".

"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación.

Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri.

"No solo no condenó, fue parte"

El jefe de Gabinete de la Nación, Santiago Cafiero, dijo este lunes por C5N que el Gobierno de Macri "no solo no condenó el golpe de Estado sino que terminó siendo parte del contrabando de municiones a Bolivia, a quienes estaban reprimiendo a los que querían sostener la democracia en el país". Y pidió "que haya justicia", porque "hubo un hecho totalmente condenable".

Añadió que Fernández, "antes de asumir, ya le estaba tendiendo una mano al pueblo boliviano, a Evo Morales en ese momento" y que el exmandatario le dijo "vos me salvaste la vida". Cafiero instó a "volver a hermanarnos" con el pueblo boliviano y opinó que "la dirigencia lo sabe".

"El actual presidente (Luis) Arce lo sabe, siempre tiene palabras de mucho reconocimiento hacia la tarea de Alberto", añadió.

También destacó que "está muy avanzada la investigación en Bolivia y queremos que así contribuya a que se sepa quiénes fueron los responsables".

La jueza María Servini procesó este lunes al exsubdirector de Recaudación de la AFIP entre 2016 y 2019, Sebastián Paladino, y citó al presidente de la Corte Suprema de Justicia Carlos Rosenkrantz a declarar como testigo en la causa en la que se investigan las presiones al Grupo Indalo por parte del gobierno del expresidente Mauricio Macri, informaron fuentes judiciales. El presidente del máximo tribunal fue citado a dar testimonio el 26 de agosto a las 14 y su convocatoria puede tener relación con llamados telefónicos que intercambió con el diputado del Parlasur y asesor judicial de Macri, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, quien se encuentra en "rebeldía" en este expediente por no haberse presentado a prestar declaración indagatoria, dijeron los informantes. En una resolución de 88 páginas, la magistrada procesó por "abuso de autoridad" y embargó por dos millones de pesos a Paladino, a quien le atribuyó el haber ordenado que se creara una herramienta informática con poder de control sobre todos los contribuyentes que formaran parte del Grupo Indalo, del que participan los empresarios Fabián de Sousa y Cristóbal López. "La conducta de Paladino, lejos está de ser considerada un acto 'neutral', sino que implicó llanamente un abuso de poder, aprovechándose de las facultades del organismo público, en desmedro de un grupo de contribuyentes", sostuvo la jueza Servini. "Para nada se está reprochando las facultades que la Administración Federal de Ingresos Públicos tiene para fiscalizar a los contribuyentes, sino por el contrario, que su accionar esté basado en la legalidad y no la discrecionalidad y arbitrariedad de sus funcionarios", aclaró la magistrada que instruye el expediente en el que interviene como fiscal Guillermo Marijuán. En esta causa se investigan "diferentes actos llevados a cabo por funcionarios públicos desde las altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional o a instancias de aquellos, que mediante hostigamiento y ahogo financiero para con las empresas del Grupo Indalo, habrían importado casos de corrupción", según surge del expediente.

Las supuestas presiones y la asfixia financiera sobre el Grupo Indalo tuvieron como consecuencia "perjuicios económicos al mencionado grupo y al patrimonio nacional", según indicó la jueza. "Esos actos habrían sido contra los bienes del Grupo Indalo, como así también personales contra sus accionistas: Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián de Sousa, y habrían tenido inicio en el mes de octubre de 2015 (acentuándose a partir de marzo de 2016)", remarcó la magistrada. De acuerdo con la investigación judicial, las presiones comenzaron después de una reunión que el entonces candidato a presidente Macri tuvo con el empresario López, el 25 de octubre de 2015, "donde este último se habría negado a poner a disposición de Macri los medios periodísticos de Indalo en contra del Gobierno que encabezara Cristina Fernández de Kirchner". "Una de las conductas imputadas a Sebastián Omar Antonio Paladino fue que, en su carácter de Subdirector de Recaudación de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), ordenó en una fecha no precisada exactamente pero que sería entre mediados y fines de marzo de 2016, la creación de una herramienta informática de consulta que permitía a las áreas operativas correspondientes de la AFIP conocer en forma simultánea y homogénea los incumplimientos de pago (líquidos y exigibles según el Sistema de Consultas Tributarias) y las cuotas impagas provenientes de planes de facilidades de pago vigentes de las empresas que conformaban el denominado conglomerado económico 'Grupo Indalo'", sostuvo la jueza. La inclusión de las empresas o contribuyentes en una herramienta semejante "no habría obedecido a un criterio objetivo, ni una especie, característica o circunstancia que hubiere permitido englobarlas bajo el sistema de consulta descrito, sino que se basó únicamente en su pertenencia al grupo económico indicado", señaló. La creación de la herramienta informática "habría surgido luego de una reunión que Juan Carlos Cheli - director de Procesos de Recaudación de AFIP - tuvo con sus superiores y su objetivo era poner información a disposición de todas las agencias en forma simultánea y al mismo tiempo para todos", según detalló la jueza en su fallo de este lunes. En esta causa ya fue indagado también, entre otros, el extitular de la AFIP, Alberto Abad, cuya situación procesal aún no fue definida por la jueza Servini. La magistrada citó además como testigos al administrador Gubernamental de Ingresos Públicos, Andrés Ballota; a Dolores Pujol, integrante del directorio de Lotería de la Ciudad de Buenos Aires; y a Jorge Sánchez Cordova y su hijo Juan Manuel Sánchez Cordova, accionistas minoritarios del Banco Finansur.

La Justicia volvió a rechazar un intento del expresidente Mauricio Macri por frenar la investigación interna que lleva adelante la Gendarmería y que busca determinar qué fue lo que ocurrió con los elementos represivos enviados por el Gobierno de Cambiemos a las fuerzas de seguridad de Bolivia en noviembre de 2019, en los días en los que se llevó a cabo el golpe de Estado en ese país contra el entonces presidente Evo Morales. El magistrado rechazó la apelación presentada por Pablo Lanusse, abogado de Macri, tras considerar que la resolución atacada "no resulta ser una decisión de las comprendidas entre las expresamente susceptibles de apelación, además de no causar gravamen irreparable alguno". Macri buscaba frenar el avance del sumario interno a través del cual el Ministerio de Seguridad avanza con la recolección de información vinculada al supuesto contrabando, y que luego será puesto a disposición de la Justicia para que evalúe su importancia y decida de qué forma lo incorpora.

De esa investigación interna surgieron los primeros elementos de trascendencia, como las declaraciones de algunos integrantes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y que aseguraron que la municiones antitumulto enviadas a ese país no se utilizaron para proteger la Embajada argentina, ni se consumieron en ejercicios de práctica, lo que echó por tierra las primeras excusas deslizadas por los acusados en declaraciones mediáticas. En ese contexto, el ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este miércoles que "todos los días avanza un poquito más" la causa judicial en la que se investiga el presunto contrabando de armamento a Bolivia por parte del Gobierno de Macri. Al hablar por Radio 10, Soria también fue consultado sobre la prórroga de las autorizaciones del material bélico enviado a Bolivia durante la gestión de Alberto Fernández.

"Si la única defensa que tienen son las notas que muestran cómo intentaron encubrir más tarde el envío de armas, deberían buscarse un abogado, porque sin dudas están hasta las manos", respondió. Soria insistió en que los involucrados en esta denuncia de contrabando "están complicados" y, al referirse a Macri, señaló que "hizo la gran 'Pepín' Simón y se quedó del otro lado del charco", al aludir al exasesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, quien busca ser refugiado político en Uruguay mientras es reclamado por la Justicia argentina. "Saben que es grave lo que hicieron. De Macri no podíamos esperar otra cosa, porque ya contrabandeaba autopartes a Uruguay en 2001. Ahora, también hubo intervención de Defensa con (Oscar) Aguad, de Gendarmería y Seguridad con (Patricia) Bullrich y también el excanciller (Jorge) Faurie está complicado", acotó. En la misma línea que Soria, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró que "documentalmente está probado" el contrabando de armas a Bolivia y sostuvo que es "increíble" que el expresidente y Bullrich no "hayan podido ensayar una respuesta" luego de que pasaran 20 días de haber sido denunciados. "Creo que Macri y Bullrich están complicados para defenderse. Tienen que decir quién fue el que tomó la decisión de contrabandear armas. Documentalmente, el hecho está probado. Sólo falta saber quiénes fueron todos los responsables", afirmó este miércoles Mena en diálogo con El Destape Radio. Y en ese sentido agregó que "nadie puede creer" que esa decisión fuese tomada "por un grupito de gendarmes" porque hay pruebas que involucran a Bullrich y Aguad con esa decisión. Además de Macri, Bullrich y Aguad, en la causa están imputados el exembajador en Bolivia Normando Álvarez García; el exdirector general de la Gendarmería Gerardo Otero y los entonces directores de Logística y Operaciones de esa fuerza, Rubén Carlos Yavorski y Carlos Miguel Recalde, respectivamente. El Gobierno nacional denunció el 12 de julio a Macri y a una decena de funcionarios de su Gobierno por el envío de "material represivo" a Bolivia en noviembre de 2019, después de que la actual administración de ese país, a cargo de Luis Arce, acusara a la gestión de Cambiemos de haber tenido "participación" en el golpe de Estado que permitió instalar a Jeanine Añez en el poder.

El golfista Ángel "Pato" Cabrera fue condenado este miércoles a dos años de prisión efectiva al ser encontrado responsable de cometer "lesiones agravadas y hurto simple" contra su expareja, Cecilia Torres Mana. De esta manera, se cumplió el pedido que hizo la fiscal Laura Batistelli, quien en su alegato además había remarcado la importancia de que la prisión sea "efectiva". La explicación de la fiscal se fundamentó en que considera que Cabrera debe cumplir "intramuros" los tratamientos que "nunca cumplió" cuando estuvo en libertad para procurar su rehabilitación. Antes de conocerse el veredicto, además, el fiscal del 3° Turno de Violencia Familiar y de Género, Cristian Griffi, había dictado la prisión preventiva a Cabrera por otra causa, también con la denunciante Torres Mana, en la que se lo acusa de amenazas y desobediencia a la autoridad. En el inicio del juicio, la semana pasada, cuando tuvo la palabra Cabrera negó ser violento, aunque en esa oportunidad admitió que la insultó (a Torres Mana) y tiró su celular, pero jamás contra su cuerpo. Tras conocerse la sentencia, la fiscal Batistelli, afirmó a los medios que el tribunal "cumplió el pedido de la fiscalía, con dos años de prisión en forma efectiva. Y lo más importante, que acogió en la calificación legal la cuestión de género. Ese es el gran paso que dio el Ministerio Público Fiscal (MPF)". "Todo eso que se veía respecto a la cuestión de género, se visualiza ahora en la sentencia, y la sentencia marca la realidad de los dos hechos", puntualizó la funcionaria judicial, a la vez que elogió la instrucción de la causa desarrollada por su colega Griffi. Por su parte, el abogado defensor de Cabrera, Carlos Hairabedian, sostuvo: "Estoy en desacuerdo con que sea efectiva la sanción. Nosotros vamos a recurrir hasta la Corte Suprema de Justicia, porque los hechos por los que fue condenado se encuentran prescript-externoos (son de 2016 y 2018). "De todas maneras, los que estaban en la acusación pensaban que iba a caer una sanción mucho más alta, y se han equivocado, Por otra parte, dentro de dos meses Cabrera cumple los ocho meses de encierro, lo que le permite recuperar la libertad condicional", sostuvo el defensor del golfista. Ambas denuncias fueron realizadas por Torres Mana, y en la primera audiencia del juicio Hairabedian había solicitado la unificación de las causas, pero la fiscal Batistelli no accedió. Cabrera, ganador del US Open 2007 y del Masters de Augusta en 2009, el 20 de julio del año pasado viajó sin autorización judicial desde su domicilio en la localidad cordobesa de Villa Allende hacia los Estados Unidos para participar de un torneo de golf. La Justicia advirtió la ausencia dos semanas después, a poco de establecer la fecha para el juicio y a escasos días de nuevas denuncias presentadas por su expareja, lo que motivó que se pidiera su captura internacional, que se pudo concretar el 14 de enero en Río de Janeiro (Brasil). El pasado 12 de junio Cabrera llegó extraditado a Córdoba, se le dictó la prisión preventiva y fue alojado en calidad de detenido en el penal de Bouwer.

Desde el Consejo Local de Niñez de Gral. Pueyrredón -por decisión unánime de sus miembros en la asamblea ordinaria de junio, tomando la iniciativa que presentó el Colegio de Trabajadorxs Sociales-, manifestó su nuestra preocupación por los reiterados pronunciamientos del Ministro de Seguridad de la Prov. de Buenos Aires, Sergio Berni, en cuanto propone bajar la edad de punibilidad en el marco de la necesaria reforma a la Ley Penal Juvenil, sancionada por la última dictadura cívico-militar.

"Consideramos que viola un derecho constitucional que es el de la no regresividad y en segundo término no aborda las situaciones y las complejidades de la materia en todos sus aspectos. Lo reduce a lo punitivista y no piensa en complejizar la trama de acompañar a los jóvenes en la restitución de derechos a partir del abordaje en los tres estamentos del Estado, nacional, provincial y municipal", expresó Esteban Alzueta, integrante de la Comisión contra la violencia institucional del Consejo Local de Promoción y Protección de los Derechos de les Niñes y Adolescentes del Partido de General Pueyrredón.

"Es imprescindible una discusión amplia y seria, donde se conozcan las diversas propuestas que den respuestas humanizadas a este problema social. Y dicha reforma debe sobre todo garantizar el acceso a los derechos a la alimentación, la vivienda digna, la educación, la salud, la cultura, ponderando la vida en comunidad, donde la solidaridad y la otredad guíen nuestras acciones", añadieron.

El fiscal federal Ramiro González imputó este lunes al expresidente Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación -un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito-, en el marco de la denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA). El representante del Ministerio Público Fiscal, que tiene delegada la investigación, dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron a Télam fuentes judiciales. La Oficina Anticorrupción, en su denuncia, había acusado al expresidente de protagonizar movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar "apariencia" de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria. La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertaba además sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La maniobra denunciada por la OA, que encabeza Felix Crous, incluía movimientos accionarios que involucran a las sociedades AGRO G S.A., Latin Bio y hasta al Fideicomiso Ciego de Administración, que Macri suscribió con la firma Seguridad Fiduciaria S.A. cuando asumió la Presidencia con el fin de desentenderse del manejo de parte de su propio patrimonio. En ese sentido, el fiscal González consideró pertinente solicitarle a la Inspección General de Justicia la copia de distintos documentos relativos a la firma Agro G (Agropecuaria del Guayquiraró), como así también requerirle a la OA que facilite la declaración Jurada Patrimonial Integral de Macri correspondiente a los años 2015 y 2016. Según surge de la denuncia, Macri mintió cuando declaró poseer el 14 por ciento de las acciones de AGRO G, cuando en realidad tenía el 20 por ciento, y omitió además haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma, hecho que quedó en evidencia cuando, sin haber declarado previamente su titularidad, las transfirió al fideicomiso ciego. "Corresponde imputarle a Mauricio Macri la transferencia de al menos $ 5.064.938 provenientes de un ilícito penal, con los que adquirió la titularidad de 5.064.938 de acciones preferidas de la firma Agro G S.A., la que se habría concretado entre el 02/09/13 y el 12/04/16, con la doble finalidad de otorgarle apariencia de licitud al dinero espurio invertido, y que éste genere futuros dividendos también aparentemente lícitos", se indicó en la denuncia.

Las maniobras "consistieron en omitir deliberadamente la comunicación a la IGJ del aumento de capital social resuelto el 02/09/13, y de asentar en los libros de acciones la titularidad de las 5.064.938 acciones preferidas, se conjugan con la conducta concretada por el propio Mauricio Macri, consistente en omitir maliciosamente la declaración de su real tenencia accionaria en dicha sociedad en la Declaración Jurada Patrimonial correspondiente al año 2015, presentada ante esta Oficina Anticorrupción", se relató. Macri se alzó -según surge del texto de la denuncia- con la suma de 54.286.824 pesos "resultando el único socio de Agro G S.A. que retiró dividendos en los últimos 10 años, mientras el resto de los accionistas consentían dicha situación, que ocurría tanto cuando los resultados de los ejercicios anuales arrojaban ganancias, como cuando representaban quebrantos". "No puede soslayarse que los $ 54.286.824 fueron transferidos en concepto de dividendos por la firma Latin Bio S.A., cuyos accionistas mayoritarios son Agro G S.A., titular del 29,75% del capital social, y Juliana Awada, cónyuge de Mauricio Macri, quien resulta titular del 20,25% de dicho capital", según se indicó en la denuncia. Además, se informó que, entre quienes conformaron el directorio de Latin Bio S.A, se encuentran el exsecretario de Legal y Técnica de la presidencia de Macri, Pablo Clusellas; y Alejandro Jaime Braun Peña y Luz Braun Peña, primos segundos del exJefe de Gabinete Marcos Peña, según se denunció. De la lectura completa de la denuncia, que cayó en manos de la jueza María Servini, se desprende que Macri se habría transferido a sí mismo más de 50 millones de pesos entre 2017 y 2020, "lo que constituye otra clara maniobra de lavado de activos nacida de la compra con dinero espurio de las acciones preferidas de Agro G.S.A".

El primer juicio oral al detenido Marcelo D'Alessio por intento de extorsión a un empresario para no involucrarlo en una causa judicial entró en la etapa final de alegatos, tras un debate en el cual los otros acusados derivaron toda la responsabilidad sobre el falso abogado. El Tribunal Oral Federal 2 escuchará los alegatos finales, primero de la querella de la víctima, el empresario aduanero Gabriel Traficante, y luego del fiscal Diego Luciani. El juicio oral al detenido falso abogado Marcelo D'Alessio y otros procesados por intento de extorsión a Gabriel Traficante se reanudó esta mañana de manera virtual ante el Tribunal Oral Federal 2 ,con el inicio de la etapa de alegatos finales y en primer lugar expondrá el abogado del empresario querellante, Luis Charro. El abogado de Traficante, Luis Charro, podrá argumentar pero no pedir monto de penas, algo que estará a cargo de la fiscalía. Además de D'Alessio, son juzgados el suspendido fiscal de Delitos Complejos de Mercedes, Juan Ignacio Bidone, y los exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Rolando Barreiro y Claudio Alvarez El juicio por el intento de extorsión a Traficante, a quien según la acusación le reclamaron un pago en dólares para evitar quedar involucrado en una causa conocida como la "mafia de los contenedores", comenzó el 8 de marzo y se realiza de manera virtual. D'Alessio tiene prisión preventiva, está detenido en la cárcel de Ezeiza y enfrenta una acusación como autor del delito en tanto que Barreiro y Álvarez son considerados partícipes necesarios del intento de extorsión. El fiscal Bidone, por su parte, está procesado por intento de extorsión y abuso de autoridad, ya que según la acusación, usó su cargo para conseguir información sobre Traficante -registros de sus llamados y movimientos en Migraciones- que luego entregó a D'Alessio y fueron usados para intentar extorsionar al empresario. Los jueces del TOF2 Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Enrique Signori prevén escuchar los alegatos de querella, fiscalía y las cuatro defensas desde fines de junio y durante julio, ya que el juicio se realiza una vez por semana. Luego será el momento de las últimas palabras y veredicto. A lo largo del juicio, en sus indagatorias, los acusados apuntaron a D'Alessio, como fue el caso del fiscal Bidone, quien admitió que se dejó llevar por la personalidad y los dichos del falso abogado y atribuyó lo ocurrido a su modo de trabajar y su carácter "confianzudo." Bidone tuvo a su cargo la investigación del llamado "triple crimen" de General Rodríguez, el caso de tres jóvenes empresarios asesinados en un hecho que se vinculó al tráfico de efedrina, y en ese marco conoció a D'Alessio y comenzó a intercambiar información. "Se hicieron con la información que yo contaba con la excusa de que la analizarían, tomaron todo lo que le facilité y desaparecieron", dijo en el juicio y sostuvo que D'Alessio "abusó" y usó esos datos con otros fines. También contó que había sido convocado a la sede de la Agencia Federal de Inteligencia por sus entonces titulares Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, quienes le hicieron saber que "recibiría colaboración" en la causa en la que estaba prófugo Ibar Pérez Corradi. "Consideré en este contexto la llegada de Rolando Barreiro, la persona que luego me presenta a Marcelo D'Alessio y a Claudio Alvarez", dijo también. Para obtener la información que después le dio al falso abogado usó claves de acceso de sus empleados de la fiscalía, según declararon sus subordinados como testigos en el juicio. Bidone dijo que los teléfonos de Traficante fueron una línea más entre muchas en su "afán de investigar" las causas del Triple Crimen de General Rodríguez, tráfico de efedrina, mafia de los contenedores, entre otras. El ex espía Barreiro, por su parte, dijo a los jueces que nunca tuvo la "exposición mediática" del abogado preso que solía ser invitado a programas televisivos para hablar de casos resonantes en su rol de experto en narcotráfico. D'Alessio habló en el juicio para denunciar que se manipuló su teléfono celular y se insertaron mensajes que nunca envió ni recibió. El falso abogado está procesado también como presunto jefe de asociación ilícita en la causa que investiga espionaje ilegal en la justicia federal de Dolores.

"Hay denuncias hacia jueces por acoso. es un escándalo que quien toma decisiones sea una persona que dentro de su organismo ejerce violencia y acoso. Entonces, ¿quién juzga a los que juzgan?", se pregunta en diálogo con LU9 Carolina Lospennato, trabajadora judicial, secretaria de Asuntos Legislativos y Relaciones Institucionales y referente de la Mesa de Mujeres de la UEJN nacional, cuya Regional 4 que mañana llevará a cabo el conversatorio virtual "Una mirada de género hacia el interior de la Justicia", que se realizará a las 17.

En lo particular, junto a Eleonora Slavin , jueza del Tribunal de Trabajo N°2 del Departamento Judicial de Mar del Plata y docente en la Facultad de Derecho UNMdP, dialogarán sobre dónde pone la lupa el convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, que fue ratificado recientemente por el país y entrará en vigencia en 2022.

"La necesidad de ciertas reformas sobre la Justicia se da en el marco de algunos fallos que suceden, muchas veces aberrantes, que dan inicio a situaciones dramáticas como sucede con los femicidios. Buscamos reflexionar sobre el rol de la Justicia en situaciones donde tiene que deconstruirse y ser más igualitaria", indicó la referente, al tiempo que denunció "ciertos pactos de impunidad" entre miembros del mencionado poder: "En estos momentos en el Consejo de la Magistratura hay una denuncia contra un juez de la Cámara de Casación Federal, que en 2019 mandó a detener en calabozo a una empleada por no cumplir una orden administrativa que ella entendió que era ilegitima. En ese caso, al juez solo se le redujo su sueldo como reprimenda. Y aparte fue reincidente en actitudes. También hay fiscales, como Castro, que había ejercido acoso y violencia de género con varias empleadas, que lo habían denunciado".

"Por eso -informó- este convenio con la OIT lo que busca es que con una sola conducta de violencia o acoso la persona pueda ser juzgada. Parte de eliminar la violencia hacia adentro es que las mujeres puedan crecer en su carrera, porque muchas veces quien denuncia es tildada de loca, es trasladada a otra jurisdicción, de la aísla, entonces el Poder Judicial tiene que tener mecanismo adecuados para que se puedan denunciar estas situaciones en relación a personas muy poderosas, denuncias que reserven identidad, reparación de la víctima, etc".

Con respecto a la Reforma Judicial que se trata en Diputados, indicó que "es de tipo organizativa y estructural", pero no se enfoca en la mirada de género como si lo hizo su propuesta, recientemente aprobada por la Suprema Corte, de crear un registro para aspirantes que sean del colectivo trans/travesti: "Es un grandísimo avance que la corte provincial tome una decisión como esa. Nos gustaría que se traslade hacia el resto de los poderes judiciales a nivel federal. Nuestro mundo no es binario, hay otras diversidades y es una gran posibilidad para este grupo vulnerado".

Quienes quieran participar de la charla en la cual también disertará Paula Muniagurría , defensora oficial, docente y directora del Observatorio de Género de la Facultad de Derecho de la UNMdP, deben enviar un correo electrónico a mujeresregional4@gmail.com, desde donde se facilitará la información para la conexión.

Desde INADI Delegación Mar del Plata y la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito que unifica diferentes espacios vinculados con la mujer y las diversidades, expresaron su "profunda preocupación y rechazo" a la resolución del magistrado Alfredo López que hizo lugar a una medida cautelar que pedía que se suspendan los efectos de la Ley 27.610, por considerar que la norma viola la obligación internacional del Estado argentino de proteger la vida desde la concepción.

De esta forma, el magistrado ordenó la suspensión cautelar tanto de la Ley como del "Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo", aprobado a fines de 2019 por el Poder Ejecutivo Nacional.

"Esta judicialización de la soberanía sexual es una reacción claramente antidemocrática y conservadora, que atenta contra los DDHH de las personas gestantes" expresaron el equipo de INADI local conformado por José Soldevia, Cintia Mónaco y Valeria Crespo, y remarcaron "perdida esta disputa democrática que los sectores antiderechos vayan al poder judicial a seguir allí su disputa política y social, es algo muy desalentador para el estado de derecho".

Hasta el momento se presentaron 29 recursos de este tipo en diferentes provincias y fueros (federal y provincial), y 18 ya fueron rechazados.

En tanto, desde la Campaña Nacional Por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito Mar del Plata aclararon que "los abortos se van a seguir realizando dentro y fuera del sistema de salud, porque las mujeres y disidencias con capacidad de gestar tienen derecho a decidir sobre su propio cuerpo, reconocido por ley nacional".

La Campaña sigue trabajando por el acceso a los derechos sexuales y reproductivos en todo el territorio nacional, y cuenta en la ciudad de Mar del Plata con una fuerte participación en el sistema de salud: "Nuestra ciudad tiene un protocolo municipal, y adhesión provincial al protocolo Nacional para garantizar la Interrupción Voluntaria del Embarazo. Tanto el HIGA y HIEMI, y los Centros de Atención Primaria de la Salud cuentan con personal idóneo para brindar información y realizar los abortos de forma segura, libre y gratuita".

Además recuerdan que el Estado Nacional cuenta con una línea, el 0800 222 3444, donde con una llamada gratuita y confidencial cualquier persona puede acceder a información científica y laica sobre sexualidad, métodos anticonceptivos y de prevención de infecciones de transmisión sexual, así como del acceso a la interrupción voluntaria de embarazos no deseados; y donde se realizan derivaciones y recepcionan denuncias sobre la obstrucción en el acceso a estos derechos.

También destacan la labor que desarrolla la Red de Profesionales por el Derecho a decidir, garantizando las prácticas y el trato digno, espacio que cuenta con un recursero actualizado interactivo que permite encontrar el centro de salud que garantice abortos más próximo al domicilio de la persona solicitante http://redsaluddecidir.org/ .

Las supuestas torturas cometidas por exmilitares contra sus propios soldados durante la guerra de Malvinas podrían quedar impunes, si prospera la postura de que esos hechos no constituyen delitos de lesa humanidad, como convalidó esta semana un fallo de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal.

La implicancia de los fallos

Voceros judiciales explicaron a Télam que el tema resulta "medular" en el caso porque, si se determinara que no se trata de delitos imprescript-externoibles, los algo más de 100 exmilitares imputados de estaqueamientos y enterramientos a conscript-externoos de su propia tropadeberían ser sobreseídos en forma definitiva, al no poder ser juzgados por hechos sucedidos hace 39 años. El encuadre jurídico de estos episodios ya generó controversia con anterioridad, cuando la misma cámara casatoria, aunque con otra integración, determinó en 2009 que no podían ser considerados delitos de lesa humanidad ante lo que consideró falta de evidencias de que existió un plan sistemático del Estado contra los combatientes. Ese fallo benefició a Jorge Eduardo Taranto, un exsubteniente del Regimiento 5 de Paso de los Libres, a quien señalaban como partícipe de cinco hechos de torturas a los soldados y que fue finalmente sobreseído en 2010 por prescripción de la acción penal.

En el caso que acaba de resolver Casación, se trató la situación de Jorge Oscar Ferrante, quien en 1982 también era oficial del Regimiento de Infantería 5 y cuya defensa planteó ser alcanzado por el precedente de Taranto. La Cámara no se expidió esta vez sobre el fondo de la cuestión y resolvió por mayoría que el tema de la prescripción era "cosa juzgada" porque ya había sido resuelto en 2009, con lo que reafirmó el criterio anterior. Sin embargo, en el expediente conviven opiniones encontradas sobre el mismo asunto, todas fundadas y apoyadas en antecedentes jurisprudenciales.

Otras voces sobre el tema

Para la jueza Hebe Corchuelo de Huberman, integrante de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, "para que una conducta ilícita individual pueda transformarse en un crimen contra la humanidadtiene que desarrollarse en determinado escenario propiciado por algún sistema de poder y responder a algún objetivo demarcado de algún modo por los perpetradores de tales crímenes, circunstancia que a mi juicio no ha ocurrido en el caso". "Los hechos que forman parte de la causa consisten en la supuesta modalidad vejatoria de las sanciones aplicadas por los oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas a algunos combatientes durante la guerra de Malvinas (...) no surgen constancias que permitan comprobar la pertenencia de dichos actos a algún plan de persecución o aniquilación sistemática", escribió Corchuelo de Huberman. En cambio, la jueza de la Cámara de Casación Penal, Ana María Figueroa, entendió que la causa debería seguir investigándose porque, aunque es prematuro decirlo ahora, "persiste la potencial caracterización de los hechos como delitos de lesa humanidad o graves violaciones a los derechos humanos". En su voto en disidencia, la magistrada entendió que no es razonable separar la investigación sobre las torturas a soldados del contexto del gobierno de la dictadura militar.

"El territorio del país se encontraba bajo la opresión de un gobierno de facto, donde está acreditado el funcionamiento de más de seiscientos centros clandestinos de detención, desapariciones forzadas, ejecuciones sumarias, apropiaciones forzadas de niñas/os, encarcelamientos clandestinos, persecuciones a opositores y líderes políticos, económicos, culturales o sociales, conforme los juicios que se sustanciaron y aún están en trámite en la justicia federal", describió Figueroa. En ese análisis concluyó que "no puede descartarse que en el terreno insular de Malvinas también ese gobierno ilegítimo haya desplegado contra sus soldados las mismas prácticas que fueron común en el territorio". Sobre este punto insiste la mayoría de las posturas de fiscales, jueces y querellantes que avalan la idea de un plan sistemático del que también fueron víctimas los soldados durante la guerra. Por ejemplo, una presentación realizada en el expediente por la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires -querellante en la causa- advierte que la desclasificación de los archivos secretos sobre el conflicto bélico, realizada en 2015 por la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, confirma cómo la dictadura intentó encubrir las torturas hacia los soldados. "El Estado argentino desplegó acciones de inteligencia psicológicos a fin de disuadir a las víctimas contra aquello que habían padecido en las Islas Malvinas (...) los soldados estuvieron sometidos al mismo estado de indefensión y desamparo que, por ejemplo, las víctimas de centros clandestinos de detención", sostiene ese escrito al que accedió Télam. Por su parte, el fiscal ante la Cámara de Casación Penal, Javier De Luca, deslizó en la causa una tercera posición, consistente en que si las torturas a soldados no son calificadas como delitos de lesa humanidad, pueden ser encuadradas como "crímenes de guerra" o "graves violaciones a los derechos humanos" y, por lo tanto, también son imprescript-externoibles. "La prohibición de tortura y tratos inhumanos son de carácter absoluto e inderogable, aun en tiempos de guerra (...) los sucesos investigados no implican meras inconductas, pequeñas faltas o delitos de menor entidad, sino que resultan de suma gravedad por el grado de sufrimiento, humillación y el contexto en el que ocurrieron", afirmó De Luca en su dictamen.

La Corte: la última instancia

La última palabra sobre este debate parece tenerla ahora la Corte Suprema de Justicia, que en el precedente de Taranto no llegó a expedirse porque el fallo de Casación había quedado firme antes de llegar a esos estrados. Cuando la Corte resuelva el incidente de Ferrante se sabrá si lo ocurrido en la guerra de Malvinas con los propios soldados argentinos puede ser juzgado 39 años después, o si quedará impune para siempre.

"Estamos recibiendo más denuncias desde que en junio del 2020 se introdujeron dos artículos nuevos al Código Penal que prevén los delitos informáticos, entre los que están la protección de datos privados como casillas de correo y cuentas de redes sociales", explicó en LU9 el Dr. Rodolfo Moure, a cargo de la Fiscalía de Delitos Culposos, tras lograr cerrar el primer caso de este tipo, en Balcarce, por "vulneración de seguridad de una cuenta de Facebook por la cual un extraño ingresó y puso públicas fotos privadas y las difundió a los contactos. Se inició la investigación en la departamental de Balcarce y se llegó a buen puerto".

"Todos podemos ser víctimas y pueden ser cometidos desde otras jurisdicciones o países, esa es una particularidad", indicó y advirtió que "las denuncias que más tenemos son las de robo de fotos o videos sexuales personales y vulneración de cuentas vinculado a lo económico. Son los principales perjuicios. Toda red social es vulnerable. Por eso hay que tratar de no tener datos sensibles".

¿Cómo se llega a quienes cometen los delitos? "Las personas dejan una huella que es la dirección IP, osea el lugar desde el que partió el delito. Las empresas de redes sociales las poseen, por lo que tenemos que hacer el pedido por canal administrativo a las oficinas que tienen en nuestro país y de ahí se deriva a las casas matrices en el exterior. Son investigaciones que se hacen más largas por todos esos pasos. El personal policial se está capacitando en este tema y contamos común ingeniero en el Ministerio Público Fiscal".

La pena por estos delitos es excarcelable, de hasta 2 años de prisión: "Se lo puede detener algunas horas si se agarra a la persona flagrancia, pero también se prevén allanamientos, clausuras de lugares, multas, inhabilitaciones si son funcionarios públicos. Lo importante es desbaratar estas maniobras".

Aclaró, por último, que "el perfil falso no está previsto como delito sino la vulneración de medidas de seguridad para ingresar a un perfil, o estafas por mail. Los afectados tienen que recurrir a la comisaría de su zona o a cualquiera de las fiscalías locales para que lo asesoren y tomar los pasos convenientes".

El viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, aseguró este lunes que los jueces y fiscales que visitaban la Quinta de Olivos durante la gestión de Mauricio Macri luego "intervinieron para garantizar impunidad" del expresidente.

"Lo que ha tornado irregular esta situación es que estos jueces y fiscales intervinieron para garantizar la impunidad de Macri y son los espadachines de la persecución contra Cristina Kirchner y parte de su Gobierno", evaluó Mena al hablar por radio La Red.

De este modo, Mena se refirió a las visitas de jueces y fiscales -entre ellos los camaristas Mariano Borinsky y Gustavo Hornos- a Olivos durante la presidencia de Macri.

"Nadie cuestiona las relaciones sociales, lo que no se puede hacer es las dos cosas al mismo tiempo. Lo que completa la irregularidad es que al mismo tiempo que se daban estas visitas resolvían casos de enorme trascendencia", indicó el funcionario.

Mena relató en este sentido un caso que lo involucra al recordar que está procesado "por el caso del Memorándum con Irán" y explicó que él era "funcionario del Ministerio de Justicia" y fue al Congreso "a dar las explicaciones".

"Estas mismas personas que confirmaron mi procesamiento, si yo sabía que jugaban con Macri al paddle cada 15 días los hubiera recusado", aseveró.

El viceministro de Justicia consideró que "la presión para estos jueces era muy grande" y "venía del propio Gobierno" de Macri.

Cómo seguirá la investigación

Sobre cómo debe seguir la investigación a partir de la conducta de estos magistrados, indicó que "en parte es la Corte Suprema la que debería intervenir, pero también tendrá que pronunciarse el Consejo de la Magistratura".

Al ser consultado sobre si el Gobierno promoverá el juicio político de los magistrados que visitaban a Macri, Mena señaló: "Todavía no lo hemos analizado, pero lo que sí se van a impulsar son investigaciones administrativas y penales".

"En el caso de Hornos -precisó- ya existe una investigación en curso en el Consejo de la Magistratura".

Al referirse al camarista Borinsky, quien según los registros ingresó 15 veces a la Quinta de Olivos durante la gestión de Cambiemos, indicó que "deberían tramitarse las actuaciones administrativas".

"Hay que recordar que el juicio político es el resultado de una investigación ante el Consejo y lo que yo creo es que tiene que haber una investigación y que tienen que dar explicaciones", completó.

En este sentido, apuntó que "en el teléfono del secretario privado de Macri había una nota que decía `recordar hablar con Borinsky tema denuncia penal y administrativa'".

"Por lo tanto, creo que los partidos de paddle no eran una actividad meramente recreativa. Y sobre eso tendrán que dar explicaciones Borinsky y el propio secretario de Macri", apuntó.

En otro orden, y al ser consultado sobre la situación judicial de Milagro Sala y Luis D'Elía, Mena sostuvo que se ha "denunciado la irregularidad con la que se tramitaron causas en estos últimos cuatro años, en los que se detuvo gente sin justificación legal, dirigentes que no eran del agrado de Macri".

Por último, ante una consulta, descartó que haya habido una suelta masiva de presos durante el año pasado al indicar que "en 2018 egresaron bajo todo concepto 13.200 personas del Servicio Penitenciario Federal".

"Este número fue en 2019 del 15.200 personas, mientras en 2020 egresaron 9.108 personas. No existió ninguna suelta de presos, esa discusión es de una irresponsabilidad absoluta", aseveró.

"Obviamente que hubo jueces que firmaron solturas anticipadas, pero porque correspondían por ley. Y luego podemos analizar casos concretos, pero no existió una política global de suelta de presos, eso es un disparate", afirmó.

Asimismo, indicó que "el Poder Ejecutivo no dispone la libertad ni el apresamiento de nadie".