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    <title>LU9 Mar del Plata</title>
    <subtitle>Entrevistas exclusivas para informarse minuto a minuto de lo que acontece en Mar del Plata.</subtitle>
    <updated>2026-11-17T19:43:23+00:00</updated>
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            La defensa de Diego Spagnuolo pidió excluir los audios peritados por Gendarmería en la causa ANDIS
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/-jeZ8FPWSPzPWWnb7Yg7h7anQ7c=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/gendarmeria.jpeg" class="type:primaryImage" /></figure><p>La defensa de Diego Spagnuolo, el ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), presentó un pedido formal para que los audios peritados por la Gendarmería Nacional sean excluidos como prueba en la causa que investiga presuntas coimas. La solicitud se fundamenta en el informe de la División Acústica Forense de la fuerza de seguridad, el cual concluyó que los archivos de voz no son auténticos y no pudo atribuir su autoría al ex funcionario.</p><p>El pasado 15 de agosto de 2024, se incorporaron al expediente los resultados de los estudios realizados sobre los archivos entregados por el periodista Mauro Federico. En el escrito de 74 páginas, los peritos oficiales señalaron que</p><p>no fue posible establecer si las señales de habla examinadas corresponden a Diego Orlando Spagnuolo</p><p>El informe técnico detalló que los audios presentaban características compatibles con un proceso de regrabación, incluyendo discontinuidades abruptas y posibles puntos de corte. Si bien los especialistas no lograron determinar el tipo de edición, aclararon que no pudieron establecer si las grabaciones corresponden a emisiones vocales humanas de origen natural o si fueron recreadas digitalmente. No obstante, indicaron que no hallaron irregularidades que sustenten una modificación mediante sistemas de inteligencia artificial.</p><p>La Gendarmería Nacional también puso en duda la integridad de la cadena de custodia de los archivos y manifestó dificultades para realizar el cotejo de voz. Por su parte, la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) cuestionó los resultados presentados y sostuvo que existían otros estudios posibles para determinar la autenticidad de los archivos.</p><p>A pesar de estos cuestionamientos técnicos, desde la fiscalía a cargo de Franco Picardi aseguraron que los audios no tienen relevancia para el proceso, ya que la investigación se sostiene sobre otros elementos de prueba.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/-jeZ8FPWSPzPWWnb7Yg7h7anQ7c=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/gendarmeria.jpeg" class="type:primaryImage" /></figure>La defensa del ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad solicitó que las grabaciones no sean consideradas como prueba tras un informe oficial que cuestionó su autenticidad.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-11-17T19:43:23+00:00</updated>
                <published>2026-11-17T19:42:54+00:00</published>
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            La UIF acusó a Cristina Kirchner de liderar una asociación ilícita y corrupción sin precedentes
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/kBLc-1qtVn9X4VWdLEPBJ_d9OQU=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/zoom_hotesur.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En el Tribunal Oral Federal N°5 comenzó la lectura de la acusación de la Unidad de Información Financiera (UIF) en la causa Hotesur-Los Sauces. La expresidenta Cristina Kirchner y el diputado Máximo Kirchner siguieron el desarrollo del proceso judicial a través de la plataforma zoom.</p><p>La querella sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una asociación ilícita de carácter estable y permanente. El objetivo, según la acusación, fue beneficiar a empresarios amigos con contratos públicos y apoderarse de fondos del Estado mediante mecanismos de lavado de dinero.</p>Así, crearon un sistema para transferir y disimular parte de las ganancias que se encontraban en poder de los empresarios a los propios expresidentes a través de préstamos, compra de propiedades, alquiler de complejos hoteleros, construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades.<p>De acuerdo con la información brindada por NA, la familia Kirchner lograba que, mediante la inmobiliaria Los Sauces, los pagos por la obra pública se incorporaran a su patrimonio con apariencia de origen lícito. En el expediente están imputadas 24 personas, entre ellas los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.</p><p>La UIF señaló que los expresidentes aportaron el poder que la jerarquía y las facultades legales de sus cargos les otorgaban. La maniobra, según la querella, se financió mediante la defraudación con la obra pública en Santa Cruz y el crecimiento exponencial de las empresas del Grupo Indalo.</p><p>El esquema comenzó en 2006 con la conformación de Los Sauces. Posteriormente, se celebraron contratos de locación simulados a precios superiores a los de mercado para justificar las transferencias. Entre 2009 y 2016, la inmobiliaria recibió más de 25 millones de pesos. Tras la lectura, el presidente del tribunal, José Michilini, dispuso un cuarto intermedio hasta el 13 de noviembre.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/kBLc-1qtVn9X4VWdLEPBJ_d9OQU=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/11/zoom_hotesur.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La querella presentó su acusación en el juicio por lavado de dinero, señalando un esquema de corrupción que involucró a los expresidentes y empresarios amigos.]]>
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                                <updated>2026-11-06T22:33:10+00:00</updated>
                <published>2026-11-06T22:32:32+00:00</published>
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            Denegaron la excarcelación de Ariel Vallejo, el empresario vinculado a la AFA
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/5kTJRGaQEpoPJhhvJ4VAe6--d1A=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/ariel_vallejo_y_chiqui_tapia.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El juez federal de Lomas de Zamora, Juan Tomás Rodríguez Ponte, denegó la solicitud presentada por Pablo Parera, abogado defensor del financista Ariel Vallejo. La defensa había apelado la revocación del régimen de libertad con el que contaba el acusado, pero la Justicia decidió mantener su detención al considerar que existe un riesgo concreto de fuga.</p><p>Ariel Vallejo, quien mantiene vínculos con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue detenido el viernes último, jornada en la que también amplió su indagatoria en el marco de la causa que lo investiga por una presunta red de lavado de dinero y evasión fiscal, según informó Noticias Argentinas.</p><p>El arresto se produjo luego de que el financista incumpliera dos requerimientos de su libertad condicional: no se presentó ante el Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, como debía hacerlo mensualmente, y omitió informar su cambio de domicilio. Además, no concretó la entrega de los vehículos que debían quedar a disposición de la Justicia.</p><p>Al respecto, el magistrado Juan Tomás Rodríguez Ponte señaló que las irregularidades no son menores:</p>Las circunstancias mencionadas no constituyen meras irregularidades formales carentes de trascendencia.<p>El juez advirtió además que Ariel Vallejo posee vínculos con sociedades, cuentas y bienes registrados a nombre de terceros, lo que le permitiría valerse de esos recursos para eludir la acción de la justicia.</p><p>Durante su declaración, el empresario explicó que su mudanza a un barrio privado a fines de agosto no fue notificada al juzgado, mientras que sobre su ausencia ante la Policía Federal argumentó haber interpretado erróneamente las condiciones impuestas. Finalmente, justificó la falta de entrega de los vehículos señalando que en la dependencia policial no había personal para recibirlos.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/5kTJRGaQEpoPJhhvJ4VAe6--d1A=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/ariel_vallejo_y_chiqui_tapia.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El juez federal Juan Tomás Rodríguez Ponte rechazó el pedido de libertad del financista al considerar que existe un riesgo concreto de fuga tras el incumplimiento de las condiciones impuestas.]]>
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                                                <category term="policiales" label="Policiales" />
                                <updated>2026-10-26T23:18:57+00:00</updated>
                <published>2026-10-26T23:18:23+00:00</published>
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            Avanzan las indagatorias por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León durante la dictadura
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        <link rel="alternate" href="https://www.lu9mardelplata.com.ar/avanzan-las-indagatorias-por-la-muerte-del-obispo-carlos-horacio-ponce-de-leon-durante-la-dictadura" type="text/html" title="Avanzan las indagatorias por la muerte del obispo Carlos Horacio Ponce de León durante la dictadura" />
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/A2lBsJKY7Tq0swFPyuSppYIDQsc=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_obispo_de_san_nicolas_carlos_horacio_ponce_de_leon.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En el marco de la causa que investiga la muerte por causa dudosa de quien fuera obispo de San Nicolás de los Arroyos, Carlos Horacio Ponce de León, este jueves se llevarán a cabo las declaraciones indagatorias de Luis Antonio Martínez, conductor del vehículo que embistió al prelado, y de Sergio Carlos Bottini, titular registral del rodado. Las audiencias habían sido postergadas hasta el 24 de noviembre por una licencia del juez Carlos Alberto Vera Barros, lo que generó reclamos de organizaciones y referentes de Derechos Humanos.</p><p>Aunque ambos imputados tienen más de 80 años, el Cuerpo Médico Forense de la Justicia Federal determinó que se encuentran aptos para declarar. Según informó el diario El Norte de San Nicolás, la Cámara Federal de Rosario ordenó en 2023 reabrir el caso e investigarlo como un posible asesinato cometido por agentes de inteligencia de la dictadura, luego de que el obispo denunciara en el Vaticano las violaciones a los derechos humanos en Argentina.</p><p>La sentencia que había cerrado el caso el 19 de julio de 1978 fue declarada como cosa juzgada írrita. La investigación, iniciada tras la declaración de Víctor Oscar Martínez ante la Conadep, sostiene que la muerte fue un obrar doloso y no un accidente. Al respecto, el presidente de la Confederación Episcopal Argentina y arzobispo de Mendoza, Marcelo Colombo, expresó en una carta:</p>Ruego a Dios para que la Justicia realice su tarea con honestidad y veracidad y que en atención al tiempo que ha transcurrido y a la urgencia de alcanzar la verdad en el pleno cumplimiento de la ley, no se produzcan dilaciones que alejen el pleno esclarecimiento de lo acontecido.<p>El hecho ocurrió el 11 de julio de 1977 en la ruta nacional N° 9, a la altura del kilómetro 212. El automóvil Renault 4S que conducía Ponce de León impactó contra una camioneta Ford F-100. Un peritaje del ingeniero Jorge Geretto estableció que la camioneta estaba detenida y cruzada en la ruta, y que no estaba tripulada al momento del choque. Además, un examen antropológico realizado en 2009 desmintió las lesiones craneales descriptas en el informe policial de 1977, reforzando la hipótesis de un atentado contra el obispo, quien era considerado una amenaza para la estructura represiva del Área Militar 132.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/A2lBsJKY7Tq0swFPyuSppYIDQsc=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/el_obispo_de_san_nicolas_carlos_horacio_ponce_de_leon.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Tras años de dilaciones, la Justicia Federal tomará declaración a los imputados por el fallecimiento del prelado, investigado ahora como un homicidio premeditado.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-10-26T23:13:47+00:00</updated>
                <published>2026-10-26T23:13:11+00:00</published>
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            Jueces piden prudencia ante posibles cambios en el sistema de las PASO
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        <link rel="alternate" href="https://www.lu9mardelplata.com.ar/jueces-piden-prudencia-ante-posibles-cambios-en-el-sistema-de-las-paso" type="text/html" title="Jueces piden prudencia ante posibles cambios en el sistema de las PASO" />
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/c1jFtUOdoDY8tD_Q66iLxtzUkGg=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/la_ii_jornada_latinoamericana_de_justicia_electoral_y_democracia.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El presidente de la Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires y ministro de la Suprema Corte de Justicia, Sergio Torres, junto al juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla, solicitaron prudencia ante la posibilidad de implementar modificaciones en el sistema de las PASO. Ambos magistrados destacaron, además, el éxito de las elecciones desdobladas realizadas el año pasado.</p><p>Durante la apertura de la II Jornada Latinoamericana de Justicia Electoral y Democracia, llevada a cabo en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la UNLP, en La Plata, los funcionarios coincidieron en que los cambios en las reglas electorales requieren de un proceso de planificación gradual y transparente.</p>Los organismos electorales deben actuar con especial prudencia frente a cualquier reforma en el sistema. Los cambios en materia electoral son muchas veces necesarios, pero deben ser cuidadosamente planificados, suficientemente explicados y gradualmente implementados.<p>Sergio Torres advirtió que las reformas apresuradas, especialmente aquellas que se aplican inmediatamente después de ser sancionadas, pueden generar incertidumbre y dificultar la capacitación ciudadana. Según el integrante del máximo tribunal bonaerense, estas acciones ponen en riesgo la confianza de la ciudadanía y la integridad del proceso, un activo que se ha construido desde la recuperación democrática de 1983.</p><p>Por su parte, Alejo Ramos Padilla calificó como un éxito los comicios desdoblados del año pasado, a pesar de los pronósticos negativos que se habían anticipado. El magistrado reiteró su postura histórica de que cualquier modificación al sistema debe realizarse en años en los que la ciudadanía no concurra a las urnas. Asimismo, reclamó mayores recursos para la Justicia electoral.</p><p>Respecto al debate sobre la continuidad de las PASO y su costo, impulsado por la administración libertaria, Alejo Ramos Padilla sostuvo que estas primarias funcionan como un ordenador de la oferta política nacional, permitiendo que a las elecciones generales accedan únicamente aquellos partidos que superan el 1,5% de los votos.</p><p>El evento inaugural contó también con la participación de Valeria Moreno, decana de la unidad académica anfitriona, y Gabriela Alejandra Vázquez, consejera electa del Consejo de la Magistratura de la Nación. Los especialistas debatieron sobre los desafíos actuales de la democracia, la confianza ciudadana y la protección de los derechos humanos.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/c1jFtUOdoDY8tD_Q66iLxtzUkGg=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/la_ii_jornada_latinoamericana_de_justicia_electoral_y_democracia.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El presidente de la Junta Electoral bonaerense, Sergio Torres, y el juez federal Alejo Ramos Padilla advirtieron sobre la necesidad de planificar cualquier reforma electoral con tiempo y previsibilidad.]]>
                </summary>
                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-10-26T19:08:46+00:00</updated>
                <published>2026-10-26T19:06:37+00:00</published>
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            Causa Hotesur y Los Sauces: la fiscalía detalla la matriz de corrupción de los Kirchner
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/_GREa2YTtVxgEi1Hg9SM2-zAxk0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/la_fiscalia_prosiguio_con_las_acusaciones_en_las_causas_hotesur_y_las_sauces.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En una nueva audiencia del juicio por las causas Hotesur y Los Sauces, el fiscal Diego Velasco expuso los detalles de una supuesta maniobra delictiva vinculada a la familia Kirchner. Según informó Noticias Argentinas, el funcionario judicial sostuvo que los expresidentes Néstor y Cristina Kirchner montaron una matriz de corrupción para beneficiar a los empresarios Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabián De Sousa.</p><p>El fiscal Velasco afirmó que para sostener esta estructura durante más de 12 años fue necesaria la intervención de funcionarios, empresarios y familiares. En este sentido, señaló que la firma Los Sauces, creada en 2006, fue utilizada como una pantalla para canalizar fondos. </p>Los fondos que ingresaban a la empresa o bien provenían de la defraudación al Estado a través de la asignación irregular de obra pública vial en Santa Cruz a Lázaro Báez, o bien ingresaban con motivo del ofrecimiento y admisión de dádivas por los distintos contratos, concesiones, licencias y beneficios impositivos otorgados a Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa.<p>La acusación detalla que Máximo Kirchner, quien presidió la firma hasta 2015, y otros integrantes del entorno familiar, como Romina Mercado, habrían facilitado el lavado de activos. El fiscal destacó que la mayor parte de la facturación de la sociedad, que alcanzó los 25.968.042,30 pesos, provenía del Grupo Indalo y del Grupo Báez.</p><p>Además, el informe judicial subraya que la inmobiliaria no contaba con sede social ni empleados, salvo casos excepcionales. Sobre la gestión de los inmuebles, el fiscal remarcó que no existieron procesos de aprobación para los arrendamientos, los cuales eran entregados directamente a empresarios vinculados al poder. La lectura de la acusación continuará el 2 de noviembre, dando paso posteriormente al análisis de la causa Hotesur.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/_GREa2YTtVxgEi1Hg9SM2-zAxk0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/la_fiscalia_prosiguio_con_las_acusaciones_en_las_causas_hotesur_y_las_sauces.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El Tribunal Oral Federal N°5 continuó con la lectura de las acusaciones contra Cristina Kirchner y Máximo Kirchner por maniobras de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito junto a empresarios.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-10-26T19:03:39+00:00</updated>
                <published>2026-10-26T19:02:01+00:00</published>
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        <title>
            Avanza la denuncia penal contra Hernán Casciari por el financiamiento de Orsai
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/rHEWGEBFtPuQCkzKRWD54DOUIZM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/casciari.png" class="type:primaryImage" /></figure><p>La denuncia penal contra el escritor Hernán Casciari por el manejo del dinero recaudado para proyectos audiovisuales de Orsai continúa sumando instancias. En este marco, Nicolás Expósito, uno de los productores que impulsaron la acción judicial, brindó precisiones sobre los reclamos durante su participación en el programa Entrometidos en la tele.</p><p>El conflicto se centra en las dudas sobre la gestión de los recursos financieros destinados a las producciones. La situación pone el foco en los procesos de transparencia y administración de los fondos que fueron aportados para los distintos proyectos impulsados por el autor.</p><p>Por otro lado, el contexto mediático en el que se desarrollan estas actividades involucra a NET TV, una asociación entre Perfil Network S.A. y Kuarzo Entertainment Group. Cabe recordar que Perfil Network es la división audiovisual de Perfil, encargada de publicar medios como Noticias, Caras y el diario Perfil, mientras que Kuarzo Entertainment Group es la continuadora de Endemol Argentina, productora de diversos programas en canales como Telefe, ElTrece, América TV y Canal 9.</p><p>En los acuerdos de participación para este tipo de producciones televisivas, las empresas suelen establecer cláusulas estrictas de confidencialidad. Los contratos incluyen autorizaciones irrevocables para el uso de la imagen, voz y grabaciones de los participantes en cualquier medio de comunicación, incluyendo streaming, podcasting y servicios móviles, sin que esto implique compensaciones adicionales para los involucrados.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/rHEWGEBFtPuQCkzKRWD54DOUIZM=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/casciari.png" class="type:primaryImage" /></figure>La causa judicial contra el escritor suma nuevos testimonios tras las acusaciones de un productor sobre el manejo de fondos destinados a proyectos audiovisuales.]]>
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                                                <category term="espectaculos" label="Espectáculos" />
                                <updated>2026-10-16T20:16:42+00:00</updated>
                <published>2026-10-16T20:16:24+00:00</published>
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        <title>
            Avanza el traslado de presos de Devoto al complejo de Marcos Paz
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/w38bk_lto7zdr4BDiIBAYx0rI98=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/con_los_traslados_a_marcos_paz_queda_apenas_un_centenar_de_detenidos_en_la_carcel_de_villa_devoto.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>En el marco del quinto día de la mudanza de la histórica cárcel de Villa Devoto, las autoridades confirmaron el traslado de otros 207 internos hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz, ubicado a 60 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.</p><p>La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, brindó detalles sobre el operativo a través de sus redes sociales. Según informó la funcionaria, el proceso alcanzó a 1.400 personas privadas de su libertad, lo que representa más del 93% de la población total del penal.</p><p>Ya son 1.400 los presos trasladados desde Devoto, más del 93% de la población carcelaria. En menos de una semana, con nuestras cinco Fuerzas Federales trabajando juntas bajo un Comando Unificado y con el máximo control.</p><p>El operativo, que se desarrolla bajo un Comando Unificado, también registró el traslado de 209 internos durante la jornada previa. La nueva unidad penitenciaria fue construida sobre un terreno de 80 hectáreas y cuenta con cuatro unidades de alojamiento de máxima seguridad, con una capacidad total para 2.232 personas.</p><p>Una vez finalizado el traslado de la población de Devoto, el plan contempla el ingreso de otros 350 internos que actualmente se encuentran alojados en comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/w38bk_lto7zdr4BDiIBAYx0rI98=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/con_los_traslados_a_marcos_paz_queda_apenas_un_centenar_de_detenidos_en_la_carcel_de_villa_devoto.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, confirmó que ya se completó el traslado de más del 93% de la población carcelaria de la cárcel de Villa Devoto hacia el nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII.]]>
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                                <updated>2026-10-16T18:58:57+00:00</updated>
                <published>2026-10-16T18:58:13+00:00</published>
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        <title>
            Ley penal juvenil: capacitan a directivos de Mar del Plata sobre &quot;dónde termina la burla y dónde comienza el delito&quot;
        </title>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/DBsNF8vAJu5_46Zb9mbmWDvtq8Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/ley_penal_juvenil.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Directivos de escuelas de gestión pública y privada de Mar del Plata recibirán el 14 de octubre una capacitación sobre la nueva ley de Responsabilidad Penal Juvenil, que bajó la edad de imputabilidad a los 14 años y comenzó a regir en septiembre. El encuentro reunirá a fiscales, magistrados y especialistas en un formato de panel con debate abierto.</p><p>La propuesta es coordinada por la abogada Samantha Fernández Mesías, asesora del Consejo de la Magistratura de la Nación y referente en prevención de la violencia escolar. En diálogo con LU9, explicó que detectaron "una situación muy concreta y muy real" de "desconocimiento de quienes tienen a cargo los menores en los establecimientos educativos de esta nueva ley".</p>Quiénes integran el panel<p>Entre los participantes estará el fiscal Walter Martínez Soto, del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata. También integrarán el panel María Laura Altamira, jueza penal, y una psicopedagoga.</p><p>Fernández Mesías aclaró que no será disertante, sino que coordinará todo el panel. Contó que encabeza un equipo interdisciplinario integrado por jueces, fiscales, psiquiatras, psicopedagogas, abogados y médicos legistas, que se arma según las inquietudes de cada comunidad que los convoca.</p><p>La convocatoria la realiza la Región Educativa 19 e incluye a escuelas de gestión privada, entre ellas establecimientos confesionales. La actividad cuenta con el acompañamiento de la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina. La coordinadora aclaró que eso "no quiere decir que vamos a hacer una misa", sino que el encuentro tiene "una mirada de prevención".</p>Un formato con debate abierto<p>La especialista explicó que no se tratará de una exposición estática. Primero habrá un intercambio entre ella y los panelistas, y luego un debate con micrófono abierto para que los directivos puedan preguntar y sacarse dudas.</p><p>"Ir a un debate, un panel, escuchar y salir sin entender nada", según sostuvo, no tiene sentido. El objetivo, agregó, es que las escuelas comprendan "dónde empieza y dónde termina la función de cada uno", ya que hoy deben compartir algunas responsabilidades con la Justicia.</p>De la sanción escolar a la Justicia<p>Uno de los ejes centrales será explicar qué cambió para los estudiantes. Fernández Mesías señaló que hechos como "rayar un banco, romper un banco, pelearse, agarrarse a trompadas" antes se resolvían dentro del establecimiento educativo y hoy pueden tener relación con la Justicia, "porque la edad de imputabilidad bajó".</p><p>Aun así, advirtió que no todo lo que ocurre en el colegio debe judicializarse. "Tenemos que empezar a usar el criterio jurídico, porque si no terminamos criminalizando todo", remarcó.</p><p>Repasó que el artículo 12 de la ley enumera distintas sanciones: desde la amonestación hasta la prohibición de contacto o de acercarse a la víctima, la prohibición de conducir vehículos o de concurrir a determinados lugares y el monitoreo electrónico. También contempla penas privativas de la libertad para adolescentes desde los 14 años.</p>"El trabajo se hace en el territorio"<p>La abogada sostuvo que los debates parlamentarios son necesarios, pero insuficientes. "Si vos no le explicás a un joven, a un niño de 14 años, dónde termina la burla y dónde comienza el delito, el debate parlamentario no tiene mucho sentido", afirmó.</p><p>Por eso consideró que los directivos deben explicarles la ley a los estudiantes, para que "no sea un tema solamente de adultos". Según indicó, en las capacitaciones los magistrados darán pautas concretas, ya que "el acta es fundamental en el ámbito educativo".</p><p>Puso como ejemplo el trabajo de los fiscales en Quilmes, donde se desempeña, que visitan escuelas para hablar con los adolescentes. Contó que los chicos "se sorprenden" al descubrir que ciertas conductas son delito. También mencionó que Martínez Soto ya mantuvo reuniones con escuelas de Mar del Plata.</p>Críticas a la falta de debate previo<p>Fernández Mesías aclaró que hablaba como "abogada que hace territorio" y no como asesora del Consejo de la Magistratura. Desde ese lugar, dijo percibir una sociedad con sed de "ojo por ojo, diente por diente, si las hizo que las pague".</p><p>Consideró que el debate previo a la ley no se dio de manera acabada y que "no se consideraron algunas situaciones", como si existen establecimientos adaptados para adolescentes de 14 años.</p><p>Describió además una cadena de responsabilidades: "la familia pasa a la escuela, de la escuela pasa a la justicia". Y agregó que cuando se aplica la sanción que establece la ley "es porque ya llegaste tarde".</p><p>También subrayó que no se busca justificar delitos: "Acá también hay víctimas del otro lado", aclaró, y señaló que a veces son menores y a veces no.</p>La finalidad de la ley<p>Para cerrar, recordó que el régimen busca fomentar en el adolescente imputado un sentido de responsabilidad legal, pero también lograr "la educación, la resocialización y la integración social". "Tenemos que pensar si tenemos todos estos elementos para lograrlo", planteó.</p><p>Por último, aclaró que el trabajo del equipo es "ad honorem", académico y sin fines políticos, y que sus integrantes viajan a donde los convoquen con gastos a su cargo.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/DBsNF8vAJu5_46Zb9mbmWDvtq8Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/10/ley_penal_juvenil.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Este 14 de octubre, directivos de escuelas públicas y privadas participarán de un panel con fiscales, magistrados y especialistas sobre la nueva ley. La coordinadora, Samantha Fernández Mesías, advirtió que muchas instituciones desconocen la norma que rige desde septiembre.]]>
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                                <updated>2026-10-06T12:50:34+00:00</updated>
                <published>2026-10-06T12:48:01+00:00</published>
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            Revocan fallo que declaraba inconstitucional la baja de la edad de punibilidad y apartan a la jueza
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/EaLoDzGACgUp7juS_oujaw-uvi8=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/la_jueza_de_marinis.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires revocó este viernes el fallo de la jueza Laura De Marinis. La magistrada había declarado inconstitucional, para un caso concreto, la aplicación del artículo 1° del nuevo Régimen Penal Juvenil y sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo.</p><p>El tribunal, integrado por los jueces Ignacio Mahiques, Jorge Atilio Franza y Patricia Ana Larocca, también resolvió apartar a De Marinis del expediente y dispuso el sorteo de un nuevo magistrado para que continúe con la causa. La decisión de primera instancia había sido dictada el 21 de septiembre.</p><p>De Marinis, titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Penal Juvenil N° 3, había hecho lugar a un planteo de la Defensa Oficial, al que adhirió la Asesoría Tutelar. La jueza sostuvo que la aplicación de la nueva norma implicaba una regresión en materia de derechos, basándose en el principio del interés superior del niño y las recomendaciones del Comité de los Derechos del Niño.</p><p>Al analizar el caso, la Cámara recordó que la declaración de inconstitucionalidad es una medida excepcional. En ese sentido, el juez Mahiques sostuvo que el Congreso tiene atribuciones para definir los presupuestos generales de la responsabilidad penal y que ese control no permite sustituir la decisión legislativa por otra simplemente porque resulte más conveniente desde determinada concepción de política criminal.</p><p>El tribunal también cuestionó el modo en que la sentencia de primera instancia combinó argumentos generales sobre la reducción de la edad de punibilidad con circunstancias particulares del adolescente. Según el fallo, si la norma es constitucional en abstracto, las circunstancias personales pueden justificar una salida alternativa, pero no necesariamente convertir en inconstitucional la regla para una persona determinada.</p><p>Finalmente, sobre el apartamiento de la jueza, la Cámara consideró que De Marinis había realizado valoraciones sobre la entidad del hecho y su grado de ejecución que implicaban un adelanto de opinión. Por este motivo, la resolución fue respaldada por los tres integrantes de la Sala III, dejando sin efecto el sobreseimiento y ordenando la continuidad del proceso con un nuevo magistrado.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/EaLoDzGACgUp7juS_oujaw-uvi8=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/la_jueza_de_marinis.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La Sala III de la Cámara de Casación y Apelaciones revocó la decisión de la magistrada Laura De Marinis, quien había sobreseído a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo, y ordenó el sorteo de un nuevo juez para la causa.]]>
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                                <updated>2026-09-25T19:41:34+00:00</updated>
                <published>2026-09-25T19:40:31+00:00</published>
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            Colegio de Magistrados alertó por ataques a jueces en redes: &quot;rozan o incurren directamente en amenazas&quot;
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/4fbpdGHf0V9rSu08pNhM-4dNCe0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/juan_manuel_sueyro.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial Mar del Plata, Juan Manuel Sueyro, expresó su preocupación por el crecimiento de los ataques a jueces y funcionarios en redes sociales cuando una resolución no conforma a alguna de las partes. En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, sostuvo que muchas de esas publicaciones “rozan o incurren directamente en amenazas” y que quienes las realizan deben responder por los hechos ilícitos que cometen.</p><p>El magistrado recordó que la ley ya prevé una vía para cuestionar un fallo: el recurso ante un tribunal superior. “Es algo humano equivocarse”, admitió, y explicó que “hay tribunales superiores que se van a encargar de revisar la decisión que toman los inferiores”. “Ese es el camino”, remarcó.</p>El recurso, la vía que prevé la ley<p>Sueyro explicó que, ante un conflicto entre dos partes o frente a un delito, los tribunales dictan una resolución que reconoce “cuál de las dos partes tiene derecho”.</p><p>Por eso, señaló que tras un fallo “hay una parte que no está contenta en la mayoría de los casos”, y que esa parte tiene la posibilidad de interponer un recurso.</p><p>El problema, según describió, es que en muchos casos quien no resulta beneficiado, “más allá de interponer recurso, va a las redes sociales” y consigue una repercusión “que no es la que corresponde para atacar la decisión”.</p><p>Esa exposición, advirtió, termina afectando “la imparcialidad del juzgador” y la forma en que debe funcionar la institución.</p>Menores, familia y penal, los fueros más expuestos<p>El titular del Colegio indicó que en Mar del Plata esta situación se dio sobre todo con resoluciones en materia de menores, de familia y también en el fuero penal.</p><p>Según detalló, quienes participan en esas redes “con mucha irresponsabilidad” emiten opiniones que llegan a configurar amenazas y “delitos contra el orden público”. En esos casos, sostuvo, “corresponde que respondan por los hechos ilícitos que cometen”.</p>El anonimato y la sensación de impunidad<p>Para Sueyro, uno de los factores que agrava el fenómeno es que las redes sociales dan a quienes opinan la idea de hacerlo “en un marco de impunidad”, producto de no revelar sus identidades.</p>Imágenes falsas creadas con inteligencia artificial<p>Como ejemplo reciente, el magistrado mencionó que la semana anterior, a partir de resoluciones de un juez de familia, circularon publicaciones con imágenes creadas con herramientas de inteligencia artificial.</p><p>Según precisó, eran imágenes acompañadas de “afirmaciones que no eran verdaderas”. “Es sumamente grave la publicación en estas circunstancias”, advirtió.</p>Amenazas de juicio político<p>Sueyro también apuntó contra sectores de la clase política. Aseguró que el fenómeno se registra “no solamente en Mar del Plata, sino en diferentes lugares del país”, donde se amenaza con el juicio político a magistrados por el contenido de sus fallos.</p><p>En ese sentido, aclaró que el juicio político “no es la herramienta como para modificar una resolución”, sino que para eso existe la vía recursiva.</p>Error, aviso y rectificación<p>Durante la entrevista se planteó la diferencia entre las publicaciones anónimas y los medios identificados, donde existe el derecho a réplica. Sueyro coincidió en que ese ida y vuelta es habitual: “tanto unos como otros nos podemos equivocar”, reconoció.</p><p>“Cuando hay una equivocación, el aviso muchas veces soluciona las cosas”, explicó, y agregó que esas situaciones suelen terminar “con un aviso y una rectificación”.</p>“Si la gente no las entiende, piensa mal”<p>El presidente del Colegio de Magistrados destacó la importancia de que las decisiones judiciales se comprendan. “Cuando se dictan resoluciones, si la gente no las entiende automáticamente piensa mal”, sostuvo.</p><p>Describió que ante lo que no se entiende aparece una reacción “casi automática” de sospecha: la idea de que “acá hay algo raro, hay un contubernio”.</p><p>“Nosotros estamos interesados en comunicar, que la comunicación sea efectiva”, afirmó. Y valoró el trabajo de los medios para lograr “que la resolución llegue tal cual es y no deformada por alguna interpretación que se le pueda dar en el camino”.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/4fbpdGHf0V9rSu08pNhM-4dNCe0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/juan_manuel_sueyro.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Mar del Plata, Juan Manuel Sueyro, advirtió que cada vez más fallos son atacados en redes sociales desde el anonimato. Cuestionó la difusión de imágenes falsas creadas con inteligencia artificial y las amenazas de juicio político como respuesta a resoluciones judiciales.]]>
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                <published>2026-09-25T17:13:00+00:00</published>
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            La Libertad Avanza pidió el juicio político contra la jueza que suspendió la Ley Penal Juvenil
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/-72-NYWEARvXmKZJfdtVb9W85gs=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/la_jueza_pascual.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El bloque de La Libertad Avanza presentó formalmente un pedido de enjuiciamiento contra Marta Elba Pascual, titular del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora. La medida responde a la decisión de la magistrada de suspender, días atrás, la aplicación de la Ley nacional 27.801 en todo el territorio bonaerense.</p><p>La presentación fue realizada por Alejandro Carrancio, diputado nacional y vicepresidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. En el escrito, se sostiene que la jueza excedió los límites de su función al dejar sin efecto una norma sancionada por el Congreso y avanzar sobre competencias del poder legislativo mediante una medida de alcance general.</p><p>La magistrada había dictado una cautelar por 60 días tras un pedido de la ONG Federación Familia Grande Hogar de Cristo, vinculada al padre José María “Pepe” Di Paola. Sin embargo, los jueces Miguel Navascués y Miguel Alberdi, integrantes de la Cámara de Lomas de Zamora, revocaron posteriormente dicho fallo.</p><p>Para La Libertad Avanza, el episodio excede la discusión jurídica puntual y pone en cuestión un principio básico del sistema republicano: los jueces deben aplicar y controlar las leyes dentro de sus competencias, no sustituir al Congreso ni bloquear de manera general una decisión legislativa nacional.</p><p>El pedido de Alejandro Carrancio solicita la suspensión preventiva de la jueza mientras se sustancia el juicio político. Esta decisión recae en la Corte Suprema de Justicia de la provincia, aunque previamente la Secretaría Permanente de Juicio Político deberá determinar la admisibilidad de la denuncia.</p><p>Cabe recordar que la Ley Penal Juvenil, sancionada en febrero, aún no está en vigencia. Además del caso bonaerense, la jueza porteña Laura Beatriz De Marinis, del Juzgado en lo Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas Nro. 3, declaró la inconstitucionalidad de la norma este lunes. Ante esto, Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, evalúa presentar un pedido de juicio político similar.</p><p>La nueva legislación busca bajar la edad de punibilidad de 16 a 14 años, limita a 15 años la pena máxima de prisión efectiva, reduce las escalas penales y prioriza alternativas a la cárcel. Por su parte, la jueza Marta Elba Pascual, aunque manifestó estar de acuerdo con la baja de la edad de punibilidad, argumentó que el sistema institucional no se encuentra preparado para su aplicación.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/-72-NYWEARvXmKZJfdtVb9W85gs=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/la_jueza_pascual.webp" class="type:primaryImage" /></figure>El diputado nacional Alejandro Carrancio presentó el pedido de enjuiciamiento contra la magistrada Marta Elba Pascual, quien había frenado la aplicación de la norma en la provincia de Buenos Aires.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-09-22T19:45:52+00:00</updated>
                <published>2026-09-22T19:44:38+00:00</published>
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            El Poder Judicial lleva el juicio por jurados a las escuelas: buscan formar &quot;una primera camada con cultura juradista&quot;
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/OYf4Grcjq5ejsFm-_AgJ9POeXs0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/jurados.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>Un grupo de alrededor de 30 magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial de Mar del Plata puso en marcha una iniciativa para acercar el juicio por jurados a las aulas de los colegios secundarios. El objetivo es que los estudiantes conozcan de qué se trata esta modalidad, vigente en la provincia de Buenos Aires para los delitos más graves y que puedan replicar esa información en sus familias y entornos.</p><p>La propuesta se estrena este martes con la visita a la Escuela Secundaria N° 35 y, según adelantaron sus impulsores, buscará abarcar entre 15 y 20 establecimientos en lo que resta del semestre, con la intención de llegar el año próximo a todas las escuelas secundarias de la ciudad.</p>De los tribunales al aula<p>La iniciativa surgió a partir de una inquietud compartida entre los jueces Federico Cecchi, Federico Wacker y Paula Soulé. Cecchi explicó que la idea nació al advertir que muchas de las personas convocadas para integrar un jurado llegaban con poca información sobre el proceso. Contó que, de manera recurrente, quienes eran citados se presentaban sin saber de qué se trataba ni qué función venían a cumplir.</p><p>Por eso, señaló, decidieron "salir un poco de tribunales" y llevar la información a la comunidad, empezando por los colegios secundarios. Aclaró que se trata de una modalidad que "no es nueva", pero que de a poco se va incorporando en la sociedad, sobre todo dentro del sistema procesal bonaerense para juzgar los delitos de mayor gravedad.</p>Un derecho y un deber ciudadano<p>La jueza Paula Soulé detalló que el grupo está integrado por cerca de 30 personas —magistrados, magistradas, funcionarios y empleados del Poder Judicial— y lo describió como un equipo "bastante heterogéneo" que tuvo una gran aceptación desde que se lanzó la propuesta.</p><p>Soulé remarcó la importancia de que la comunidad conozca las leyes que la rigen y, en particular, la vigencia del juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires. Puntualizó que las personas de entre 21 y 75 años tienen la posibilidad cierta de ser convocadas en un caso penal de gravedad para administrar justicia junto a los jueces técnicos, algo que, advirtió, todavía genera cierto grado de desconocimiento.</p><p>La magistrada explicó que se apunta a los estudiantes de los últimos años del secundario para que actúen como "una suerte de agentes replicadores" en sus familias y grupos de amigos, y así extender el conocimiento de estas leyes a otros ámbitos de la sociedad.</p>Quince escuelas este semestre y todas en 2027<p>El juez Federico Wacker destacó que la actividad comienza este martes con la primera escuela, aunque el proyecto se viene trabajando "hace mucho tiempo". Reconoció que hay "mucho trabajo por delante" por la cantidad de secundarios que hay en Mar del Plata.</p><p>Wacker precisó que la idea es abarcar unas 15 o 20 escuelas en lo que queda del semestre, como primera etapa para poner a prueba el material diseñado, y llegar el año que viene a todos los colegios secundarios de la ciudad. Admitió que es un objetivo "ambicioso" y "complejo", pero se mostró confiado en lograrlo por tratarse de un grupo "muy comprometido".</p><p>El magistrado sostuvo que con esta recorrida buscan generar "una primera camada marplatense con cultura juradista", que comprenda tanto el derecho como el deber de la ciudadanía de participar en el servicio de administración de justicia. Consideró que el jurado popular "modifica mucho" la relación con la comunidad respecto del anterior sistema de juicio técnico único, ya que permite que los vecinos participen y cumplan con la facultad que les confiere la Constitución.</p><p>Por último, Wacker valoró que la experiencia también transforma la percepción sobre el trabajo del Poder Judicial, "muchas veces cuestionado o distorsionado", y genera "un vínculo muy positivo" con la sociedad.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/OYf4Grcjq5ejsFm-_AgJ9POeXs0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/jurados.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Un grupo de unos 30 jueces, funcionarios y empleados de los tribunales marplatenses arrancó una recorrida por los colegios secundarios para explicar cómo funciona el juicio por jurados. La primera visita es este martes a la Escuela Secundaria N° 35.]]>
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                                <updated>2026-09-16T14:05:53+00:00</updated>
                <published>2026-09-16T13:54:55+00:00</published>
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            Régimen penal juvenil: Martínez Soto aclaró que &#039;nunca se ha suspendido&#039; y alertó por la compra de armas
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/w929PGeSUQGBBGP4WwDl9tbvt-Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/08/fiscal_walter_martinez_soto.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El fiscal del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Mar del Plata, Walter Martínez Soto, salió a despejar la confusión que rodea al nuevo régimen penal juvenil: la ley rige desde el 5 de septiembre y, aseguró, "nunca se ha suspendido". La resolución de la jueza del Departamento Judicial de Lomas de Zamora que había frenado su aplicación —ya revocada por la Cámara— "adolecía de jurisdicción" para suspender una ley del Congreso, planteó en diálogo con LU9.</p><p>En la misma entrevista, el fiscal corrió el eje del debate político hacia dos preocupaciones concretas del fuero: la creciente facilidad para comprar armas de fuego, que —advirtió— acerca a la sociedad a "la justicia por mano propia", y la aparición de bandas que reclutan a chicos de 14 y 15 años sin antecedentes y los preparan para entrar a robar a domicilios.</p>        Ver esta publicación en Instagram            <p>Una publicación compartida por LU9 Radio Mar Del Plata (@lu9mardelplata_)</p>
"Nunca se dejó de aplicar"<p>Consultado sobre la incertidumbre que se instaló en las últimas semanas, si el régimen se aplica, si estuvo suspendido, si volvió a regir, Martínez Soto fue categórico: el nuevo régimen penal juvenil "entró en vigencia el 5 de septiembre del corriente año y nunca dejó de tener vigencia".</p><p>El fiscal explicó que la resolución que días después dio a conocer la jueza de Lomas de Zamora "adolecía de jurisdicción" para suspender una norma sancionada por el Congreso. Recordó que la ley cumplió con "el proceso de sanción" y fue promulgada, publicada y puesta en vigencia, y que cuando un juez decide no aplicar una norma "lo es respecto de un caso muy en particular y bajo determinadas circunstancias", sin que esa decisión tenga efecto sobre el resto del país.</p><p>Según su lectura, avanzar de otro modo implica "avanzar sobre los otros poderes". Advirtió que en la Argentina "no ha habido ni un golpe de Estado" y que, sin embargo, la resolución "invita a una revolución jurídica" y a "romper estructuras que son parte de nuestra Constitución".</p>Una resolución que "puso a la sociedad en jaque"<p>Martínez Soto cuestionó el aprovechamiento de la desinformación en torno al tema. Sostuvo que este tipo de confusiones "se aprovechan de la ignorancia que se ha ido construyendo en la sociedad" en cuanto al conocimiento cívico que cada ciudadano debería tener, y afirmó que con un poco más de formación cívica una resolución "de esta magnitud" habría sido criticada "holgadamente" porque, a su entender, "violaba la Constitución" al arrogarse facultades "puras y exclusivas del Congreso".</p><p>El fiscal subrayó que los jueces "no tienen la facultad de crear derecho": aplican la ley, pero no pueden sostener una interpretación que "vaya en contra de un sistema republicano y democrático". Señaló que la medida generó "incertidumbre" en la sociedad y que quienes se dedican al derecho la observaron con reparos. La resolución, apuntó, terminó revocada por la Cámara correspondiente.</p>"Comprar un arma parece hoy comprar caramelos"<p>Al ser consultado por la manipulación de armas por parte de menores, Martínez Soto aclaró que "no es lo habitual", pero admitió que "es lo que aparece y marca tendencia". Describió que en algunas armerías de Mar del Plata "hacen hasta cola para ir a comprar armas", con trámites más ágiles que antes.</p><p>El fiscal advirtió que la combinación de discursos que instalan un clima "casi anárquico" con la facilidad para comprar un arma "con tarjeta de crédito, en cuotas" empuja a la sociedad hacia "la justicia por mano propia". "Comprar un arma parece ser como comprar caramelos hoy por hoy", graficó, y remarcó que eso "no es lo que pretendemos en un Estado moderno".</p><p>En esa línea, defendió que la violencia debe ser "el último recurso" y que lo primero que debe transmitir un adulto es "la palabra, el diálogo" y la convivencia "en armonía". Recordó, además, que en los estados "del primer mundo" el uso de armas no está extendido, y se preguntó por qué en la Argentina existe "un discurso a favor" de armarse.</p>Bandas que reclutan a menores sin antecedentes<p>Uno de los datos más relevantes que aportó el fiscal es el patrón que observa en las últimas detenciones. Contó que, en su último turno, todos los hechos por los que solicitó detenciones fueron "casi calcados", graves y "constitutivos de bandas", con adolescentes de 14 y 15 años que "recién arranca con el delito" y que, sin embargo, no tienen antecedentes.</p><p>"Hay alguien que los regentea", advirtió, y explicó que esos jóvenes aparecen asociados a personas "muy mayores de edad". Aunque reconoció que existen bandas preexistentes, "las clásicas", de las que “siempre uno de sus integrantes termina detenido”, alertó sobre la formación de grupos nuevos que actúan de manera profesionalizada: van "encapuchados", "con guantes" y "con herramientas" para forzar rejas y romper puertas. "No es que van a robar sin más: van preparados para ingresar a los domicilios", describió.</p><p>Como ejemplo de la gravedad de la situación, mencionó el caso de una persona anciana que en una sola semana sufrió tres intentos de robo. Los últimos hechos, precisó, fueron cometidos "en poblado y en banda", con integrantes "iniciados recién en el delito, pero profesionalizados" en el reparto de tareas y en el modo de ingresar.</p>El agravante por el uso de armas<p>El fiscal se detuvo en un aspecto técnico que, sostuvo, condiciona la conducta delictiva. Explicó que, tras la reforma conocida como "ley Blumberg", el robo cometido con un arma apta para el disparo tiene "la máxima calificación", mientras que si el arma "no es apta" o es "de utilería" la pena es "sustancialmente distinta".</p><p>Esa diferencia, planteó, tiene consecuencias tanto para la víctima como para el delincuente. Ante un asalto, señaló, la víctima no se detiene a comprobar si el arma funciona y entrega todo "con mayor facilidad". Pero, del otro lado, el ladrón hace su propia "lectura jurídica": sabe que si lo detienen la pena "es sustancialmente distinta". En su ejemplo, la escala puede pasar de "6 años y 8 meses de prisión" a "3 años" según el tipo de arma utilizada.</p>Cómo y dónde denunciar<p>Frente al problema social que describió, Martínez Soto insistió en la importancia de la participación ciudadana. Invitó a los vecinos a acercarse “a la fiscalía más cercana al domicilio”, el Ministerio Público Fiscal está distribuido por toda la ciudad, para aportar información, en especial sobre quienes trafican armas.</p><p>Aclaró que la denuncia "no es necesario que sea con nombre y apellido" y que el sistema judicial ofrece el anonimato a quien pueda brindar información "de semejante envergadura", para garantizar una mejor protección. Recordó, por último, que el funcionario que recibe ese tipo de datos tiene "la obligación de actuar", de tomar la denuncia y de derivarla y acompañar a la persona ante el fiscal que corresponda.</p>El caso que encendió la alarma<p>La entrevista se dio en medio de la conmoción por el caso de una adolescente de 13 años que permanece internada en terapia intensiva, con pronóstico reservado, tras recibir un disparo en la cabeza en el barrio Fortunato de la Plaza de Mar del Plata. Según la investigación, ambos menores manipulaban un arma cuando se produjo el disparo, y hasta el momento no se pudo determinar si fue accidental o si hubo intención; la Justicia investiga a su presunto novio, de 16 años. Consultado sobre ese hecho, Martínez Soto aclaró que no se referiría a esa causa en particular, aunque sí abordó el problema de fondo del acceso a las armas y la participación de menores en delitos.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/w929PGeSUQGBBGP4WwDl9tbvt-Q=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/08/fiscal_walter_martinez_soto.webp" class="type:primaryImage" /></figure>En diálogo con "Ecos de Mañana", programa que se transmite de 7.30 a 9.30 horas por LU9 Mar del Plata, el fiscal del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, Walter Martínez Soto, analizó estas casi dos semanas de ya aplicado el nuevo régimen penal juvenil, además del conflicto judicial con un fallo que suspendía el mismo en el territorio bonaerense.]]>
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                                <updated>2026-09-16T14:41:23+00:00</updated>
                <published>2026-09-16T13:37:23+00:00</published>
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            Sueños Compartidos: la Justicia absolvió a De Vido y condenó a López y a los Schoklender
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/FWTeOtMp3IgM7cK4l_nQ3cCMGKo=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/lopez_de_vido.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El Tribunal Oral Criminal (TOC) N°5 absolvió hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio de Vido en la causa Sueños Compartidos, y condenó a los ex funcionarios kirchneristas José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender a penas de menos de tres años por el desvío de fondos públicos.</p><p>También fueron absueltos Carlos Castellano, ex funcionario del Ministerio de Planificación; Daniel Freidin, ex asesor de Fatala; y Daniel Nasif y Karina Nasif, ex funcionarios provinciales de Santiago del Estero.</p><p>El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales de Comodoro Py 2002, un día antes de que prescribiera la acción penal según el plazo considerado por la Fiscalía.</p><p>López, exsecretario de Obras Públicas, y Fatala, ex subsecretario de Obras Públicas, fueron sentenciados a 2 años y 9 meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua como coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.</p><p>Sergio y Pablo Schoklender, exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, recibieron condenas a 2 años y 8 meses y 2 años 4 meses de prisión condicional, respectivamente, como partícipes necesarios.</p><p>De esta forma, el tribunal adoptó penas menores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido penas de 6 años para De Vido, López, Fatala y los Schoklender y de 4 años para el resto de los imputados.</p><p>Al comienzo de la audiencia, los magistrados rechazaron los planteos de las defensas por insubsistencia de la acción penal por vulneración del plazo razonable, prescripción de la acción penal y nulidad de los alegatos de los acusadores.</p><p>Por otro lado, por mayoría el tribunal dispuso el decomiso de los bienes cautelados por una suma de $206.438.454,05, el cual se determinó como el monto desviado de los fondos públicos destinados a la construcción de viviendas sociales. El mismo deberá ser ajustado al momento en el que la sentencia adquiera firmeza”.</p><p>La jueza Palliotti también anunció que se fijó una audiencia para el 13 de noviembre a las 17 en la que se leerán los fundamentos de las condenas y absoluciones.</p><p>El juicio había comenzado en marzo pasado sobre la causa que involucraba a la fundación ‘Sueños Compartidos’, que investigó el desvío de fondos públicos, estimados en más de $206 millones de pesos, que el Estado Nacional había destinado a la Fundación Madres de Plaza de Mayo.</p><p>Fue para la construcción de viviendas sociales, pero el programa funcionó con serias irregularidades entre los años 2005 y 2011, con la realización de obras públicas con sobreprecios e, incluso, sin licitación.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/FWTeOtMp3IgM7cK4l_nQ3cCMGKo=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/lopez_de_vido.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Deberan cumplir penas de menos de tres años por el desvío de fondos públicos.]]>
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                                <updated>2026-09-14T21:10:27+00:00</updated>
                <published>2026-09-14T21:09:10+00:00</published>
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            Imputaron por enriquecimiento ilícito a &quot;Chiqui&quot; Tapia a raiz de su rol al frente de la CEAMSE
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/3LydFp2LO7dDMT0RczoVOxhgCzk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/claudio_chiqui_tapia_presidente_de_la_afa_y_la_ceamse.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, fue imputado en una causa en la que se investiga su cometió el delito de enriquecimiento ilícito pero no en su rol de dirigente del fútbol sino a raíz de su actuación en el directorio de la Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado (CEAMSE), la empresa encargada de la gestión de los residuos en el área metropolitana de Buenos Aires.</p><p>La causa quedó en manos del juez federal Ariel Lijo luego de que la Cámara Federal resolviera una disputa de competencia entre la Justicia porteña y los tribunales federales. El expediente había sido iniciado en abril de este año a partir de una denuncia presentada por el empresario Guillermo Tofoni, que enfrenta también a Tapia en otro frente judicial, este sí vinculado al fútbol luego de ser desplazado de la gestión de contratos publicitarios de la selección nacional.</p><p>El eje de la investigación sobre está puesto en la evolución patrimonial de Tapia durante los años en los que ocupó distintos cargos dentro de la CEAMSE. Según la denuncia, el dirigente habría registrado un incremento de su liquidez cercano al 1.000% entre 2017 y 2024, un crecimiento que, de acuerdo con el planteo presentado ante la Justicia, no tendría correlación con los ingresos declarados durante ese período.</p><p>La presentación judicial toma como referencia las declaraciones juradas patrimoniales del dirigente. Según los datos incorporados a la denuncia, en 2017 Tapia había declarado cuatro propiedades, un vehículo y alrededor de $1,5 millones en activos líquidos. En la declaración correspondiente a 2024 aparecen depósitos bancarios por más de $1.000 millones, además de efectivo y fondos en moneda extranjera.</p><p>Tapia se desempeña como presidente de la CEAMSE tras ser designado allí por impulso del gobernador Axel Kicillof -la Provincia, por tradición designa al titular dado su peso específico- en diciembre de 2024, pero antes había ocupado la silla de vicepresidente, entre 2015 y 2024, con apoyo de Horacio Rodríguez Larreta, cuando el entonces jefe de Gobierno porteño no había roto con el presidente Mauricio Macri, de vínculo con Tapia por su rol como dirigente del fútbol</p>¿Qué es la CEAMSE?<p>La CEAMSE es una sociedad estatal integrada por la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires y tiene a su cargo la gestión de los residuos generados en el Área Metropolitana. Precisamente su carácter interjurisdiccional fue uno de los puntos centrales de la discusión que se produjo entre los distintos fueros judiciales para determinar dónde debía tramitar la denuncia.</p><p>En una primera instancia, el expediente había quedado radicado en la Justicia porteña. Sin embargo, ese fuero se declaró incompetente y la causa pasó a la Justicia Federal. Luego se produjo una disputa entre ambas jurisdicciones, que finalmente fue resuelta por la Cámara Federal de Comodoro Py, que confirmó que el expediente debía continuar bajo la órbita del juez Lijo.</p><p>El hecho de que la investigación se concentre en CEAMSE resulta determinante para el expediente. El delito de enriquecimiento ilícito es una figura que puede atribuirse a funcionarios públicos, por lo que la causa no está vinculada directamente con la presidencia de la AFA, sino con las funciones que Tapia desempeñó dentro del organismo estatal.</p><p>La denuncia fue realizada por Guillermo Tofoni, empresario del ámbito deportivo que mantiene un enfrentamiento judicial con Tapia. Tofoni es titular de World Eleven, empresa que tuvo a su cargo la organización y comercialización de partidos amistosos de la Selección argentina y cuyo vínculo con la AFA terminó durante la gestión de Tapia.</p><p>Desde el entorno de Tapia rechazaron las acusaciones y sostuvieron que los planteos incluidos en la denuncia son falsos. Además, anticiparon la posibilidad de avanzar con acciones judiciales contra Tofoni por considerar que la presentación afecta el honor del dirigente.</p><p>Por el momento, la investigación se encuentra en una etapa inicial y no implica una condena ni determina que haya existido un delito. La Justicia deberá analizar la documentación patrimonial y financiera y establecer si la evolución de los bienes y fondos declarados por Tapia puede ser explicada legalmente o si existen elementos que permitan avanzar con una imputación por enriquecimiento ilícito.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/3LydFp2LO7dDMT0RczoVOxhgCzk=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/claudio_chiqui_tapia_presidente_de_la_afa_y_la_ceamse.webp" class="type:primaryImage" /></figure>La causa se abrió por una presentación que realizó Guillermo Tofoni, Tapia luego de ser desplazado de la gestion de la publicidad de la selección nacional.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-09-11T20:21:14+00:00</updated>
                <published>2026-09-11T20:20:16+00:00</published>
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            La Corte Suprema le marcó la cancha a los intendentes por el cobro de tasas municipales
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/pNia-caXHUVwLj-xY8M-p3Z44Pg=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/rosenkrantz_rosatti_y_lorenzetti_los_tres_ministros_de_la_corte.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>La Corte Suprema de Justicia de la Nación revocó este jueves una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba que había considerado válida una tasa cobrada por la Municipalidad de la capital provincial al Banco Galicia. Este fallo sienta jurisprudencia sobre esta herramienta a la que acuden intendentes para elevar su recaudación.</p><p>Por unanimidad, el máximo tribunal concluyó que la normativa local no identificaba con suficiente precisión los servicios que justificaban el tributo y cuestionó que se hubiera colocado sobre el contribuyente la carga de demostrar que esas prestaciones no habían sido realizadas.</p><p>La decisión clave por la disputa que encaró el Gobierno nacional contra los intendentes peronistas del conurbano bonaerense, que cargan las facturas de la luz, el gas y los precios de los combustibles con tasas municipales para tener fondos en medio del ajuste fiscal encarado por Javier Milei.</p><p>Los jueces hicieron lugar a una queja del Banco Galicia contra la municipalidad de Córdoba, declararon procedente su recurso extraordinario y revocaron la sentencia apelada del Tribunal Superior de Justicia de la provincia cordobesa.</p>Tasas municipales, el origen del reclamo<p>El caso se originó en 2008, hace 18 años, cuando la intendencia de Córdoba le determinó un ajuste fiscal al Banco Galicia por la “Contribución que incide sobre la actividad Comercial, Industrial y de Servicios”, prevista en el artículo 231 del Código Tributario Municipal, para los períodos desde diciembre de 2001 hasta octubre 2005, más intereses y una multa.</p><p>La contribuyente recurrió al tribunal de justicia provincial, que validó la tasa, y acudió en queja ante la Corte Suprema, al entender que se estaba desconociendo las características básicas de un tributo para ser considerado una tasa, ya que no se corresponde con la prestación de un servicio concreto (no diluido en la masa de administrados), efectivo (no formulado en modo potencial) e individualizado (prestado en forma individual a cada uno de los contribuyentes).</p><p>El fallo del Máximo Tribunal llevó la firma de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. Rosatti expuso sus fundamentos en un voto propio, mientras que Rosenkrantz y Lorenzetti suscribieron una posición conjunta. Los tres coincidieron en revocar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Córdoba.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/pNia-caXHUVwLj-xY8M-p3Z44Pg=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/rosenkrantz_rosatti_y_lorenzetti_los_tres_ministros_de_la_corte.webp" class="type:primaryImage" /></figure>Los jueces resolvieron a favor del Banco Galicia contra la municipalidad de Córdoba, en un caso originado en 2008. El cobro tiene que estar justificado.]]>
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                                                <category term="nacionales" label="Nacionales" />
                                <updated>2026-09-11T18:59:41+00:00</updated>
                <published>2026-09-11T18:58:51+00:00</published>
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            Nuevo Régimen Penal Juvenil: &quot;El Gobierno Nacional debería haber articulado con las Provincias&quot;
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HFPR7AQ2Phylkj5BLcchizfX53M=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/jose_luis_zerillo.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El nuevo Régimen Penal Juvenil empezó a regir el sábado, bajó de 16 a 14 años la edad a partir de la cual los adolescentes pueden ser punibles y ya tuvo su primer freno judicial. En medio de ese ir y venir, se aplica, se suspende, se apela, el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil de la provincia de Buenos Aires, José Luis Zerillo, pasó por LU9 y marcó distancia del clima celebratorio: para la Provincia, dijo, el problema no es cumplir la ley sino “en qué condiciones” se la cumple.</p><p>Zerillo, dirigente de larga trayectoria política en Mar del Plata, planteó que nada de lo que hoy preocupa a la sociedad mejora si un chico de 14 años ingresa a un dispositivo sobrepoblado. En esos lugares, sostuvo, el adolescente “va a salir con más prácticas violentas y criminales que las que tenía al entrar”. Por eso insistió en que la discusión de fondo es el tiempo de tránsito y las condiciones antes de que esos jóvenes recuperen la libertad.</p>Una ley votada “en tiempo récord”<p>El funcionario dijo que vivió “con sorpresa” la sanción de la norma. Cuestionó que la discusión se llevara adelante “en tiempo récord”, en sesiones extraordinarias y “en pleno verano”, restringiendo, según su mirada, la palabra de los especialistas.</p><p>Zerillo señaló que el Gobierno nacional estableció “como una ficción” que todo el sistema de responsabilidad penal juvenil iba a duplicar su población en apenas 180 días, al sumar a los adolescentes de 14 y 15 años a los de 16 y 17 que ya estaban alcanzados. “Nos pareció un dislate”, resumió. Más allá de lo que definió como errores de técnica legislativa y una “invasión sobre las competencias provinciales”, apuntó a lo que consideró una “pérdida de oportunidad”: la falta de “diálogo institucional” entre la Nación y las provincias, que son las que deben aplicar la ley.</p>La provincia que concentra el 63% de los menores privados de libertad<p>El subsecretario remarcó el peso específico bonaerense: la Provincia no solo es la más poblada del país, sino que engloba el 63 % de las personas menores de 18 años privadas de su libertad en todo el territorio nacional. Según un informe de la Comisión Provincial por la Memoria citado en la entrevista, hoy hay más de 1.500 jóvenes en esa situación en territorio bonaerense.</p><p>Para atenderlos, detalló, el organismo cuenta con 37 centros socioeducativos de distinto nivel: dispositivos de recepción, la primera etapa de ingreso, centros de privación total de la libertad y esquemas de restricción o “semiabiertos”, donde el joven va solo a la escuela pero regresa al mismo lugar, en lo que describió como un proceso de adaptación que define el Poder Judicial.</p><p>Zerillo subrayó la diferencia con el sistema penitenciario de adultos: “nosotros no es una cárcel”, dijo, y explicó que se trata de medidas socioeducativas que obligan a garantizar “otro tipo de condiciones” para que los adolescentes puedan cumplirlas.</p>Un plan de obras “sin un centavo” de la Nación<p>El funcionario aseguró que la Provincia viene trabajando “fuertemente” previendo la aplicación de la norma, con planes de obra, logística propia, incorporación de personal y ampliación de los espacios educativos. Aun así, remarcó que encaran el desafío “mal, sin planificación, sin diálogo institucional, absolutamente sin ninguna línea presupuestaria” del Estado nacional para la infraestructura necesaria. “Lo estamos afrontando con la responsabilidad de la conducción del Estado”, afirmó.</p><p>Entre las obras mencionó lo que definió como el plan más grande en la historia del sistema de responsabilidad penal juvenil bonaerense: un predio de seis módulos, cinco de alojamiento y uno de enfermería, con una escuela y una cancha multipropósito, cuyos primeros dos módulos ya fueron inaugurados por el gobernador. A eso sumó la recuperación integral de dos establecimientos históricos, previstos para enero y febrero, y una ampliación en Virrey del Pino, en La Matanza, sobre un predio que ya pertenecía al organismo y que están adaptando para habilitar.</p>“Cumplir la ley, pero no resignar en qué condiciones”<p>Zerillo planteó que el objetivo es cumplir la ley, pero que no se resigna respecto de cómo debe cumplirse. De ahí su crítica central al Gobierno nacional: haber tomado “una medida efectista”, con fuerte apoyo mediático y popular, pero que, insistió, “no resuelve qué vamos a hacer con esos jóvenes”.</p><p>Frente a quienes reclaman que los adolescentes “entren a la cárcel a sufrir”, el funcionario respondió desde una lógica que llamó “utilitarista”: aun mirando solo la seguridad, conviene que ese joven se reincorpore a la sociedad con el secundario terminado, con formación en oficios y habiendo podido salir de una situación de consumo. “Si como sociedad pensamos que no somos capaces de cambiar el rumbo hacia donde se dirigía ese joven a los 14 años, entonces perdamos toda fe en la humanidad”, sostuvo.</p><p>El subsecretario cerró con la idea que atraviesa su postura: garantizar condiciones adecuadas para “devolver a la sociedad a una persona con más herramientas y mejores condiciones” que las que tenía al ingresar.</p>El freno judicial: suspensión por 60 días<p>La entrevista se dio en un escenario judicial en movimiento. La jueza Marta Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal N° 2 de Lomas de Zamora, suspendió por 60 días la aplicación de la baja de la edad de imputabilidad, al considerar que los dispositivos de privación de la libertad de la Provincia no están hoy en condiciones de recibir a más adolescentes sin afectar derechos fundamentales. La medida, resuelta a partir de un hábeas corpus, abrió un debate sobre su alcance, si rige en todo el territorio bonaerense o solo en ese departamento judicial y ya fue apelada por un fiscal.</p>]]>
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/HFPR7AQ2Phylkj5BLcchizfX53M=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/09/jose_luis_zerillo.webp" class="type:primaryImage" /></figure>En diálogo con "Ecos de Mañana", por LU9 Mar del Plata, José Luis Zerillo, subsecretario de Responsabilidad Juvenil bonaerense, brindó un análisis del Régimen Penal Juvenil que empezó a regir el sábado 5 de septiembre en todo el país.]]>
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                                <updated>2026-09-10T14:56:21+00:00</updated>
                <published>2026-09-10T14:48:34+00:00</published>
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            Piden la nulidad del juicio por el ARA San Juan
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        <link rel="alternate" href="https://www.lu9mardelplata.com.ar/piden-la-nulidad-del-juicio-por-el-ara-san-juan" type="text/html" title="Piden la nulidad del juicio por el ARA San Juan" />
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/5d8QDlm-WQW0POaKl55QLFUvbS0=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/contenido/noticias/original/1760636579.jpeg" class="type:primaryImage" /></figure><p>Luis Tagliapietra, abogado querellante y padre de Alejandro, uno de los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, presentó un recurso ante la Cámara Federal de Casación Penal para pedir la nulidad del juicio realizado en Río Gallegos y reclamar que se ordene un nuevo debate ante el Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. En diálogo con LU9, sostuvo que el proceso estuvo viciado desde el inicio y apuntó al corazón de su planteo: la ciudad, asiento natural del submarino, debería haber sido la sede del juicio.</p><p>El recurso apunta contra la sentencia del Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, que condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Villamide a tres años de prisión en suspenso y absolvió a los otros tres acusados: Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Alonso y Hugo Miguel Correa. Se trata de uno de los dos planteos que llegaron a Casación: otra querella, que representa a un grupo mayor de familiares, apeló para agravar las penas y revisar las absoluciones, mientras que Tagliapietra fue directo a pedir la anulación de todo lo actuado.</p>El juez natural y la milla 200: el argumento de competencia<p>Para el letrado, no se trata solo de un reclamo lógico, sino sobre todo legal. Recordó que la Constitución nacional garantiza en su artículo 18 el principio del "juez natural": el magistrado que interviene en una investigación tiene que estar predeterminado por ley, tanto en razón del territorio como de la materia. Al tratarse de un submarino de guerra, explicó, la causa es de competencia federal, y la discusión pasa entonces por qué juzgado corresponde según el lugar del hecho.</p><p>Ahí ubicó el punto que considera clave. Según su relato, la Armada envió a su abogado general, con 25 años de experiencia, al Juzgado Federal de Caleta Olivia a denunciar la desaparición del submarino, afirmando que había ocurrido en aguas territoriales frente a esa ciudad. Para Tagliapietra, esa denuncia fue falsa: sostuvo que la última posición conocida ubicaba a la nave a unas 300 millas de la costa.</p><p>El dato, dijo, es decisivo por cómo la propia ley reparte la competencia hacia el mar. Explicó que la jurisdicción llega hasta la milla 200, dentro de la zona económica exclusiva, y que más allá de ese límite son "plenas aguas internacionales", donde "ningún juez de nuestro país ni del mundo puede intervenir". Si el hundimiento ocurrió fuera de esas 200 millas, señaló, no puede quedar bajo la órbita de un juzgado patagónico.</p>"Los delitos se cometieron en Mar del Plata"<p>De esa lectura se desprende, para el abogado, cuál debería ser el fuero natural: el del último puerto desde el que la nave zarpó formalmente, que es Mar del Plata, base del submarino. Ese planteo, recordó, la querella lo hizo antes del juicio y por eso se opuso a la elevación de la causa a Río Gallegos.</p><p>A la cuestión territorial le sumó un segundo argumento, todavía más concreto. Los cuatro acusados, el comandante de la Fuerza de Submarinos, el jefe del Estado Mayor, el jefe de operaciones y el comandante de adiestramiento y alistamiento, fueron juzgados por acciones y omisiones que, sostuvo, no ocurrieron en alta mar sino en la base naval de Mar del Plata. "Pasaron acá", resumió, para reforzar que el debate debió realizarse en la ciudad.</p><p>Tagliapietra remarcó, además, que persiste una zona sin esclarecer: por qué se hundió el submarino. Denunció una "obsesión" por no realizar pericias y por no avanzar en la averiguación de la verdad, algo que —dijo— alarma a las familias porque, a su entender, "no quisieron salvarlo".</p>Un juicio a 2.500 kilómetros y una sentencia "dos contra uno"<p>El querellante también cuestionó el impacto práctico de haber litigado en Río Gallegos, a unos 2.500 kilómetros de los familiares, los testigos y los medios nacionales. Aseguró que la distancia contribuyó a que la causa quedara, en sus palabras, opacada e invisibilizada.</p><p>Sobre el fallo, recordó que se resolvió por mayoría, "dos contra uno", y que el voto en minoría habría absuelto a los cuatro imputados. De los fundamentos, dijo, no surge "ni siquiera una pauta" de los motivos del hundimiento. En su recurso, calificó al debate como un juicio "escandaloso y mamarrachesco" que, afirmó, se realizó ilegalmente.</p>Denuncias por restricciones durante el debate<p>El planteo de nulidad no se apoya solo en la competencia. Tagliapietra sostuvo que durante el juicio hubo violaciones a garantías constitucionales que afectaron a ambas querellas. Según su testimonio, el propio tribunal limitó de manera ilegal la posibilidad de interrogar a los testigos con amplitud.</p><p>Puso como ejemplo el momento en que interpeló al abogado de la Armada que había radicado la denuncia en Caleta Olivia. Contó que le preguntó si había leído la ley que fijaba la competencia territorial de ese juzgado y que el letrado respondió que no, pese a sus 25 años de experiencia y a haber viajado unos 2.000 kilómetros para presentarse ante un tribunal que "creía" competente. Cuando intentó seguir preguntando, aseguró, se lo impidieron.</p><p>También se quejó del tratamiento de su alegato. Recordó que la valoración de la prueba es libre para cada parte, pero que el tribunal le respondió que no podía interpretarla como quisiera, sino que debía "adherirse a lo que dijo la Fiscalía y nada más".</p>Persecución, responsabilidad política y un vértice que no fue citado<p>Consultado sobre el trasfondo, Tagliapietra vinculó las trabas del proceso con la cadena de responsabilidades políticas. Señaló que, en democracia, el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación, y que por eso le resulta llamativo que ni siquiera se haya citado a declarar a ese nivel de decisión.</p><p>En un tramo más personal, denunció haber sido espiado y perseguido a lo largo de estos años. Afirmó que le "armaron causas" y le hicieron "falsas denuncias", y que la persecución alcanzó a su familia. Aun así, aclaró que no busca ubicarse en un papel de víctima, sino dejar en claro que su pedido "es razonable y es lógico".</p><p>El abogado reconoció que las expectativas son difíciles, en parte porque las querellas y la Fiscalía federal no van en la misma sintonía: la otra representación pidió agravar la condena y una reparación económica, mientras que la Fiscalía se ciñe a lo que ya planteó. "Si fuéramos en la misma línea seríamos muchísimo más fuertes", admitió sobre esa dispersión.</p>Qué resolvió el tribunal y cómo sigue la causa<p>El ARA San Juan desapareció en noviembre de 2017 con sus 44 tripulantes a bordo y fue hallado un año después, hundido en el Atlántico Sur. La causa penal derivó, casi nueve años más tarde, en la única condena conocida hasta hoy: la de Villamide, a tres años en suspenso. La sentencia no está firme.</p><p>Con los dos recursos ya presentados, la Cámara Federal de Casación Penal deberá resolver si revisa las penas y las absoluciones o si, como reclama Tagliapietra, anula el juicio y ordena rehacerlo. En caso de prosperar, el nuevo debate quedaría en manos del Tribunal Oral Federal de Mar del Plata. "Vamos por los nueve años y estamos con las manos vacías", cerró el querellante.</p>]]>
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                                <updated>2026-09-08T13:50:57+00:00</updated>
                <published>2026-09-08T13:47:46+00:00</published>
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            Caso del comerciante que mató a un delincuente: nuevas declaraciones
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                    <![CDATA[<figure><img src="https://cdnartic.ar/v-FppMsGs0YIWj44PITvx-Yocls=/800x0/filters:no_upscale():format(webp):quality(40)/https://lu9mardelplatacdn.eleco.com.ar/media/2026/08/lugar_del_hecho.webp" class="type:primaryImage" /></figure><p>El comerciante Ulises Cristiano, imputado por la muerte de un adolescente de 16 años durante un presunto intento de robo en la zona del Hospital Regional, declaró este lunes durante casi dos horas ante la fiscal Constanza Mandagarán y ratificó que actuó en legítima defensa. Su abogado, Gonzalo Lamenza, aseguró a LU9 que las nuevas cámaras incorporadas al expediente confirman que fueron seis las personas que se abalanzaron sobre su camioneta y que su defendido "no tuvo otra alternativa más que defenderse".</p><p>La definición de fondo, sin embargo, todavía no está. Según explicó el letrado, en los próximos diez días, una vez colectada la totalidad de la prueba, el juzgado de garantías deberá resolver si Cristiano continúa con arresto domiciliario o si recupera la libertad, mientras la calificación de homicidio agravado se mantiene vigente.</p>Dos horas de declaración ante la fiscal Mandagarán<p>Cristiano había sido citado a declarar en instancias anteriores, pero la defensa no había podido concretar la audiencia por el estado anímico del imputado. Lamenza explicó que, apenas se recuperó, pidieron la declaración inmediata y la Justicia la fijó para este lunes.</p><p>El abogado señaló que el comerciante dio "un relato más que extenso", que se puso a disposición de la fiscalía y que respondió "todas y cada una de las preguntas" que le formuló Mandagarán, titular de la Unidad Funcional de Instrucción N°4. Cristiano se retiró de tribunales acompañado por su familia y sin hacer declaraciones a la prensa.</p>La versión de la defensa: un segundo robo y un intercambio de disparos<p>Lamenza reconstruyó la versión que sostiene desde el inicio de la causa. El día anterior al hecho, el local del comerciante, una química de la zona de Champagnat y Saavedra, había sido asaltado: le rompieron la persiana y la puerta de vidrio, por lo que el comercio quedó mal cerrado.</p><p>Ante esa situación, según el letrado, Cristiano decidió permanecer esa noche en el lugar para resguardar su propiedad, dentro de su camioneta. Alrededor de las 5 de la mañana, sostuvo, seis personas se abalanzaron sobre el vehículo, intentaron bajarlo por la fuerza y le apoyaron un arma de fuego del tipo revólver en la cabeza. Fue allí, dijo, cuando se produjo un "intercambio de disparos".</p><p>Para la defensa, ese punto es central: si hubo intercambio de disparos, el caso podría encuadrarse en la legítima defensa. Lamenza afirmó que "no hay duda alguna" de que se trató de "un intento de robo muy violento" y que su asistido actuó para proteger "no solo su patrimonio, sino inclusive su propia vida".</p><p>Esa hipótesis, no obstante, deberá ser contrastada con las pericias que aún restan. Hasta el momento, la camioneta secuestrada no presentaba a simple vista impactos de bala y no se secuestró ningún arma al adolescente fallecido, dos elementos objetivos que la fiscalía todavía debe resolver antes de definir la mecánica del hecho.</p>Nuevas cámaras: el video de un comercio de Saavedra<p>El eje probatorio, según la defensa, está en las imágenes. Lamenza explicó que ninguna cámara muestra la secuencia completa, pero que la recopilación de registros permitió una reconstrucción parcial que hoy da por acreditado que los autores fueron seis, además de la dirección por la que llegaron y la vía de fuga.</p><p>El letrado destacó una cámara de un comercio ubicado sobre la calle Saavedra, a la que definió como la de mayor "caudal probatorio", porque, dijo, muestra el momento en que el grupo se abalanza sobre el vehículo en el que estaba Cristiano y la secuencia de disparos posterior. Para la defensa, ese material será determinante a la hora de resolver la situación procesal del comerciante.</p>Cuatro prófugos y una causa en la justicia de menores<p>De las seis personas que, según la defensa, participaron del episodio, una murió en el lugar y otra, un menor de 15 años, fue trasladada al Hospital Interzonal de Agudos con una herida de bala en una mano. Las otras cuatro permanecen sin identificar y no se presentaron a declarar.</p><p>Consultado sobre esa ausencia, Lamenza sostuvo que "no admite explicación alguna" desde la lógica que esas personas no comparezcan, sobre todo existiendo un video sobre la tentativa de robo. Y deslizó: "a buen entendedor, pocas palabras".</p><p>El abogado aclaró que su tarea se limita a acreditar la legítima defensa y no a identificar a los prófugos, una diligencia que corresponde al Ministerio Público Fiscal. Remarcó, además, que esa parte de la investigación tramita en la justicia de menores, ya que tanto el fallecido como el herido son menores de edad.</p>Qué dijo el menor herido en el hospital<p>Otro de los puntos que aportó la defensa tiene que ver con el testimonio del adolescente herido. Según Lamenza, cuando ingresó al Interzonal para ser atendido, el joven manifestó en un primer momento que había sido víctima de un intento de robo en otro sector de la ciudad.</p><p>Recién más tarde, ya asistido por sus padres, habría aportado una versión más cercana a lo ocurrido: que se encontraban en la zona de Champagnat y Saavedra y que, en un momento, un amigo suyo, el adolescente que resultó muerto, se acercó de manera rápida hacia un vehículo estacionado y fue baleado. Para la defensa, ese relato es coherente con la falta de declaración de los otros cuatro involucrados.</p>Diez días para definir si sigue con arresto domiciliario<p>Cristiano llegó a esta instancia con arresto domiciliario, luego de haber pasado sus primeros días detenido en la Unidad Penal N°44 de Batán. Con la declaración ya prestada, la etapa siguiente será la resolución sobre su situación de libertad.</p><p>Lamenza estimó que, una vez incorporada la totalidad de la prueba, el juzgado de garantías deberá expedirse en un plazo aproximado de diez días. La defensa, insistió, sostiene desde el "día cero" la tesis de la legítima defensa y confía en que las pruebas que se van sumando "ratifican" esa postura.</p>]]>
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                                <updated>2026-09-07T23:22:48+00:00</updated>
                <published>2026-09-07T23:18:48+00:00</published>
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