En la entrevista, Valdiviezo expresó que el amparo busca declarar la inconstitucionalidad del DNU y evitar que entre en vigencia. El pedido fue presentado en el fuero Contencioso Administrativo Federal y está asignado al juez Esteban Furnari.

El juzgado solicitó a la asociación que acompañe los argumentos del amparo con la documentación pertinente. Debido a la naturaleza de un amparo, se espera una resolución rápida, pero antes de eso, es posible que el juzgado pida a la contraparte que responda a la demanda.

Valdiviezo destacó que, hasta ahora, esta es la primera presentación, pero se espera que haya más, ya que el DNU abarca diversos temas, como reformas laborales, cambios en la ley de alquileres y modificaciones en el código aduanero. Las próximas presentaciones podrían abordar diferentes aspectos, y es probable que se acumulen en el juzgado 2, donde se presentó el primer amparo.

El representante de la asociación enfatizó que este es el momento de decir basta y que temas como el impacto en los precios de las prepagas y los alquileres deben discutirse en el Congreso, en lugar de ser regulados por decreto. La presentación del amparo refleja la preocupación de algunos sectores de la sociedad ante las medidas impulsadas por el gobierno.

Desde la AJB informaron que ante tormentas, deben "abandonar el edificio donde se encuentran emplazados por las falencias estructurales que presenta y el virtual de riesgo de derrumbe".

En diálogo con LU9 Mariano Fernández, Secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense expresó que "venimos de una seguidilla de colapso de crisis estructural, suceden hechos tras hechos con lo cual nosotros venimos pidiendo la construcción de la ciudad judicial. La inundación obligó al corte del suministro de energía eléctrica por riesgo de electrocución y del sistema informático, con la consiguiente suspensión de los términos procesales durante varios días."

Luego, el Secretario general de la Asociación Judicial Bonaerense indicó que "la situación es insostenible, la crisis edilicia que afecta en el primer y segundo piso del edificio sede del Juzgado en lo Civil y Comercial Nro. 15 y de la Asesoría Pericial de nuestro Departamento Judicial de la calle Almirante Brown 1762 tuvimos que correr expedientes de su lugar que se pudren con el paso del tiempo."

"El agua de las precipitaciones se filtra por los cielorrazos y pone en peligro de desmoronamiento con el riesgo para la integridad física de los y las empleadas, funcionarias y peritos judiciales que trabajan y de las personas que acuden a la dependencia." concluyó.

A la espera de la autopsia que este martes se le practicará al cuerpo de Ezequiel Luis Mansilla que confirmará la cantidad y el tipo de heridas recibidas, los investigadores avanzan en la recolección de testimonios para esclarecer el homicidio del joven de 19 años y poder identificar al o los autores.

Ante la falta de cámaras de seguridad tanto en el supuesto lugar de una primera pelea en el barrio Las Heras, en el ataque, en el trayecto y en la zona de Nápoles y Valentini donde el rodado detuvo la marcha, para los investigadores será fundamental la declaración que puedan dar los otros dos ocupantes del Peugeot 307.

"Todo va a depender de la veracidad de esos dichos para confirmar su relación con un conflicto que horas antes hubo en la zona de William Morris al 6100 por la compra de una moto de origen ilícito que la víctima y un amigo mantuvieron con un joven de 20 años", señalaron.

Horas después de esa primera pelea, Mansilla y su amigo de 18 años se dirigieron a una plaza en la zona de Calabria y De los Inmigrantes con la supuesta intención de resolver esas diferencias. "Si bien no dieron muchos detalles aún, una moto Tornado de color rojo y negro con dos sujetos a bordo comenzó a perseguirlos", dijeron fuentes oficiales.

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata revocó una medida cautelar que había dictado el Juzgado Federal N°2, y habilitó las operaciones a más de 300 kilómetros de las costas marplatenses para la exploración petrolera.

En diálogo con LU9 Marcelo Guiscardo presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata expresó que "esto se estaba esperando. Es una corrobación de un proyecto que va a salir adelante. Ahora esta Pampa Azul poniendo a la gente, es una imposición a lo que se dijo. Le pone ruido al proyecto; pero lo más importante es que se contrató el barco de perforación y eso es lo que dar el puntapié inicial. El offshore es lo que más ha crecido en el mundo"

Luego, presidente del Cluster de Energía de Mar del Plata indicó que "yo veo que este fallo de la Cámara no hace más que ayudar que este proyecto siga adelante. Todo este proceso de audiencia públicas que hemos tenido ha dado a la gente una idea más cabal de lo que está pasando."

"La riqueza que vendrá para Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires es importante. Este es un proyecto que le cambia el rumbo al país si sale bien. Las chances son muy buenas si se encuentra petróleo." concluyó

El juicio que se inició este lunes contra el hombre acusado de haber atropellado y matado a Mauro Monsón, de 28 años, en noviembre de 2019 en la avenida Tejedor al 1400 quedó suspendido este martes ya que en el marco de la segunda audiencia la defensa recusó al juez Jorge Rodríguez y, pese al rechazo, insistió en el cuestionamiento a su desempeño.

En diálogo con LU9 el doctor Maximiliano Orsini, abogado de la familia Monsón expresó que "estamos sorprendidos, se presentan dos colegas que habían sido denunciados en otro expediente. El día martes estos colegas plantearon una recusación del juez como no pudieron parar el debate, algo incomprensible. El juicio se suspendió, es algo nunca visto."

Luego el letrado indicó que "asombra que profesionales litiguen de esta forma violentando las instituciones. La cámara se va a expedir el día de mañana o el lunes. Paralizaron el juicio porque no los beneficiaban. Una locura. El colegio de abogado tiene que poner manos en el asunto."

Para terminar Maximiliano Orsini dijo que "el juicio se paralizó por estos dos personajes"

La Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata realizará este mediodía la audiencia para tratar la segunda recusación planteada por el expresidente Mauricio Macri contra el juez de Dolores Martín Bava, quien lo citó a indagatoria en la causa en que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan.

La audiencia, que será presencial, esta prevista que comience a partir de las 12.30 y que estén presentes la defensa del expresidente Mauricio Macri, a cargo del abogado Pablo Lanusse, las querellas y a la que podría asistir el magistrado recusado.

De hecho, el juez anunció que viajará este viernes a Mar del Plata para estar presente en la audiencia que la Cámara Federal de Mar del Plata realizará para analizar su continuidad al frente del expediente.

La Cámara Federal de Mar del Plata aceptó a principio de mes realizar la audiencia previa a resolver si acepta o no el planteo de recusación de Macri que hizo contra el juez Bava y, a partir de la audiencia de hoy cuenta con 48 horas hábiles para dar una resolución.

En su momento el camarista Alejandro Tazza solicitó al juzgado federal de Dolores "copia del archivo audiovisual de la audiencia indagatoria celebrada el pasado día 28/10/2021 identificada como archivo 2021-10-28-12.23-11mp4".

En su resolución, el camarista solicitó además "copia del acta de declaración indagatoria del Sr. Mauricio Macri de fecha 28/10/2021, del decreto y oficio librado al Poder Ejecutivo Nacional del mismo día, mes y año, y copia del decreto de fecha 29 de octubre del año 2021 donde el Magistrado a quo fijara nueva audiencia indagatoria para el día 03/11/2021".

La Cámara, tras esta segunda recusación por parte de la defensa del expresidente "razones motivantes de la recusación" de Lanusse y sus "aspectos fácticos y jurídicos", resolvió llevar a cabo la audiencia para resolver la continuidad o no del magistrado al frente de la investigación por presunto espionaje de familiares de víctimas del ARA

La primera recusación de Macri contra el juez federal Martin Bava había sido rechazada sin mayor trámite porque los jueces del tribunal de apelaciones sosteniendo que no había causales evidentes que llevaran a su aparcamiento.

Ayer, en el marco de la causa que se tramita en Dolores, declararon los exjefes de la Casa Militar, José Yofre, y de Custodia presidencial, Alejandro Cecati, quienes ratificaron que las funciones de la llamada "avanzada" eran relevar hospitales, rutas disponibles ante emergencias y otros temas vinculados a seguridad, ante viajes del expresidente Mauricio Macri.

Ambos exfuncionarios declararon como testigos ante el juez federal Bava, en la causa por supuesto espionaje ilegal a familiares de las 44 victimas del hundimiento del submarino ARA San Juan, en la que Macri ya fue indagado.

"Más allá de que los trabajadores tengan una o dos dosis, consideramos que es riesgoso para quienes tienen comorbilidades ya que sería imposible cumplir con las medidas básicas amontonando personas en los edificios del Poder Judicial como están hoy por hoy", indicó a LU9 Alberto Agote, secretario General de la Asociación Judicial Bonaerense seccional Mar del Plata, sobre la decisión de la Corte Bonaerense de habilitar la presencialidad laboral.

Consideran que parte del trabajo remoto se puede seguir manteniendo y que "el proceso de digitalización de la Justicia se venía implementando y con la pandemia todo se facilitó y aceleró. Obviamente la idea es retomar el trabajo presencial lo más posible, pero en las condiciones adecuadas", remarcó e informó que "dentro de lo que resolvió la Corte es que solicitará el informe al Ministerio de Salud para saber qué personal recibió dosis".

Confió que "en la ciudad hubo un porcentaje muy alto de casos. Mar del Plata es la tercera departamental en cantidad de casos luego de Lomas de Zamora y La Plata, y tiene que ver con las precariedades edilicias que arrastra la ciudad".

En este sentido recordó que "hace seis años que no hay avances con respecto a la Ciudad Judicial. Hubo un concurso, un proyecto, se entregó el terreno a la Corte, frente al CEMA, pero no hubo decisión política de los gobiernos provinciales para avanzar y comenzar con la obra".

Por último, con respecto a los salarios, indicó que se aguarda "retomar el diálogo como pasó con otros sectores, a fin de obtener un porcentaje que nos permita no seguir perdiendo poder adquisitivo y recuperar lo perdido entre 2018 y 2020, que sería un 27%".

El Estado nacional presentó un recurso de apelación contra la medida cautelar dictada por el juez federal de Mar del Plata Alfredo López, que suspendió la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en hospitales nacionales, y planteó la recusación del magistrado por su falta de imparcialidad, informaron fuentes judiciales.

A través de un escrito de 188 páginas, al que tuvo acceso Télam, el Estado pidió que se deje sin efecto la resolución dictada el pasado 7 de junio por López, titular del Juzgado Federal 4 de la localidad balnearia, que ordenaba la suspensión de la aplicación de la Ley 27.610, sancionada por el Congreso Nacional el 30 de diciembre de 2020 y promulgada el 14 de enero de 2021, y también del Protocolo para la atención integral de personas con derecho a la interrupción legal del embarazo.

El magistrado consideró en su resolución que estas normas violan la protección integral de la vida desde la concepción, a partir de una presentación realizada por Héctor Adolfo Seri, un abogado jubilado de la ciudad, para que se dictara su inconstitucionalidad.

El recurso por parte del Estado fue presentado por la abogada Mariana Muriel Brun, delegada del Cuerpo de Abogados del Estado en Mar del Plata.

Por un lado, planteó la recusación de López por considerar que se comprobaron "graves circunstancias que ponen seriamente en duda" su actuación "como juez imparcial en esta causa".

A su vez, en la apelación de la medida cautelar dictada, también solicitó que "se conceda el recurso con efecto suspensivo y, oportunamente, se revoque la resolución" del magistrado "en tanto causa gravamen irreparable".

El escrito consideró que "en un fallo sin precedentes", el juez "deliberadamente abandona su condición de imparcial y decide tomar las riendas del proceso contra la ley 27.610", sancionada por el Congreso Nación el 30 de diciembre de 2020 y promulgada por el Poder Ejecutivo el 14 de enero de 2021.

En esa línea, indicó que "la suspensión de la vigencia" de la norma "afecta gravemente el interés público en tanto el aborto es un problema de salud pública por varios factores, entre ellos: la cantidad de mujeres, adolescentes y niñas a las que afecta, por la permanencia de este problema en el tiempo, y por los riesgos que tienen en la salud sexual y reproductiva de miles de mujeres y personas con capacidad de gestar".

Respecto a la "verosimilitud del derecho invocado" en el fallo, destacó que "invoca el derecho a la vida, pero su interpretación es sesgada exclusivamente para la vida intrauterina".

"Pretende con su pluma desarticular una política pública estatal, que fue decidida a instancias y con la participación del pueblo argentino, representado por distintos sectores de la sociedad civil en uno de los debates más amplios y democráticos que se desarrollaron en la República Argentina", señaló el recurso.

El planteo del Estado indicó que "existen en el presente caso motivos de público conocimiento que impiden" a López "continuar interviniendo", "sin que ello implique una vulneración del debido proceso legal".

En ese sentido, se destacaron "distintas expresiones vertidas" por el juez públicamente, que "pueden ser consideradas como adelanto de opinión, en tanto guardan directa relación con el asunto de fondo a decidir en esta causa".

El escrito incluyó la reproducción de declaraciones públicas y periodísticas brindadas por el magistrado sobre el caso y sobre el aborto, así como posteos en sus cuentas de la red social Twitter, en las que se refirió -por ejemplo- a "las verdes femibolches, idiotas útiles de la oligarquía globalista".

"En el caso bajo análisis, no nos encontramos frente a una opinión emitida en abstracto en torno a un posible caso hipotético, sino referido a una cuestión estrictamente ligada con una causa en trámite ante el Juzgado a su cargo y respecto de la cual debe decidir", señaló la presentación estatal.

Fuentes judiciales indicaron que en caso de que el juez rechace el pedido de recusación, deberá tomar intervención la Cámara Federal de Apelaciones marplatense.

Los argumentos

En cuanto a la apelación de la resolución del juez, el Estado cuestionó también "la improcedencia de la vía legal utilizada para la acción de amparo", y destacó que "el ciudadano accionante no cuenta con legitimación activa en tanto no encuadra en ninguno de los tres supuestos habilitados por la norma constitucional: el afectado, el defensor del pueblo y las asociaciones que propendan a esos fines, registradas conforme a la ley".

Mientras tanto, y a una semana de conocerse su resolución para suspender la IVE, López intervino este lunes en una concentración junto a manifestantes en contra del aborto frente a la sede de su juzgado, donde se vivieron algunos momentos de tensión, ya que en el mismo lugar fue convocada previamente una marcha de militantes a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y en repudio a este fallo.

Tras la intervención de un cordón policial para evitar incidentes, el magistrado señaló: "Están acá para recusarme, para alejarme de la causa".

"Durante esta semana seguiremos con trabajo remoto, combinado con alguna presencialidad ya que no todos los tramites se pueden hacer de manera remota. Esta manera de trabajar la estamos llevando adelante como sindicato, ya que la corte suprema no ha tomado medidas que creemos necesarias para prevenir los contagios de Covid-19 en las oficinas del poder judicial que en los últimos tiempos se ha disparado" indicó el secretario de la AJB

"La última estadística que tenemos es del 21 del mes pasado y hasta esa fecha ya se habían contagiado casi el 16% de la totalidad de la planta en el poder judicial de Mar del Plata, alrededor de unas 275 personas. En el 2021 se acelero la cifra de contagios" manifestó Agote

"Los problemas edilicios históricos que tenemos, en la pandemia quedaron mas expuestos" y agregó "La situacion de pandemia acelero el proceso de digitalización, que seguramente iba a llegar en varios años"

"Se están realizando todos los tramites y todas las gestiones. La demora tiene que ver con la falta de presupuesto que se le destina al poder judicial. En Mar del Plata hay 5 dependencias que fueron creadas por ley, que no funcionan por falta de presupuesto" aseguró Alberto Agote

Al ser consultado por el proyecto del complejo judicial Agote indicó que: "Este proyecto esta congelado hace 5 años, si bien la corte lo incluye dentro del presupuesto año tras año, no se avanzo nada en 5 años. Creemos que es sumamente necesario no solo para el marplatense sino también para la economía de la ciudad, el rubro de la construcción y creemos necesario que se retome este proyecto"

Por último Agote se manifestó sobre el acuerdo salarial del sector: "Las paritarias para este año se cerraron con un acuerdo 34% de reconstrucción salarial en 3 tramos, con el compromiso de retomar la negociación salarial en el ultimo trimestre del año" y agregó "Consideramos que los jueces no tienen que tener privilegios con respecto a los ciudadanos y no vemos con buenos ojos que no paguen ingresos brutos"

La abogada Valeria Carreras amplió la imputación contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y pidió su indagatoria porque, según la letrada, insiste con su "propagación irresponsable en continuar con la presencialidad escolar", tras el dictado del nuevo decreto presidencial del 30 de abril de 2021.

La letrada pidió la declaración testimonial de Claudio Bellocopit, Presidente de la Unión Argentina de Entidades de Salud, para que informe el estado de ocupación de los centros de salud privados de la ciudad de Bs As desde el 1-04-2021 a la fecha y su evolución.

La abogada Valeria Carreras amplió la imputación contra el jefe de gobierno porteño Horacio Rodriguez Larreta y pidió su indagatoria porque, según la letrada, insiste con su "propagación irresponsable en continuar con la presencialidad escolar", tras el dictado del nuevo decreto presidencial del 30 de abril de 2021.

También la del médico Oscar Trotta, miembro directivo del Hospital Garrahan para que informe la cantidad de contagios y niños internados desde el inicio de clases, y en el lapso del mes de abril 2021.

En un nuevo escrito que amplia una anterior denuncia, la abogada pidió que se impute a Larreta por "atentar contra la salud pública al propagar la epidemia mediante a las medidas contrarias a los decretos DNU 241-21 Y 287-21 y se lo cite a indagatoria".

A la denuncia de Carreras de días atrás se sumaron varias presentaciones que fueron radicadas en los tribunales de Comodoro Py.

En su nueva presentación, Carreras aportó los reportes diarios del Gobierno de la Ciudad donde se verifica el aumento de contagios y el porcentaje de camas ocupadas del sistema público que al 25 de abril, según los informes de letrada ascendería al 83,5 por ciento.

Para Carreras, Larreta, "como Jefe de Gobierno de la Ciudad no solo no acata la orden emanada en EMERGENCIA SANITARIA, y como una de las atribuciones del Presidente de la Nación, mediante el DNU 241-21 y ahora ha anunciado que tampoco cumplirá el DECRETO 287-21 respecto a la presencialidad escolar en CABA para nivel inicial y primaria".

La presidenta del PRO Patricia Bullrich fue denunciada ante la justicia por sus polémicos dichos este martes en el canal de cable La Nación+ sobre las cláusulas que solicitó la empresa farmacéutica Pfizer para abastecer al país, cuando manifestó que "les podríamos haber dado las Malvinas".

La denuncia fue interpuesta este miércoles en los tribunales de Comodoro Py por la abogada Valeria Carreras por "haber incurrido en la ofensa a un símbolo patrio", cuya figura delictiva se deberá determinar en la causa. Tras el sorteo, la denuncia recayó en el juzgado a cargo de Julián Ercolini.

Durante un reportaje en el programa de Jonathan Viale, Bullrich manifestó en relación a las garantías requeridas por el laboratorio Pfizer, que el mismo no había solicitado en garantía ni los glaciares, ni nada, en tal caso "las Islas Malvinas se las podríamos haber dado".

Para la abogada nuevamente la denunciada incurre en "un tono irrespetuoso, que denota el desdén y la falta de respeto a mucho más que dos Islas, sino que es una indiscutida bandera de la Patria".

"Al referirse de esa forma a NUESTRAS ISLAS MALVINAS, a la fecha usurpadas, está faltando gravemente el respeto a los Argentinos que dejaron su vida allí luchando por recuperarlas. Referirse de modo irrespetuoso, e incluso con desprecio evidente, lesiona la política exterior en materia de SOBERANIA SOBRE NUESTRAS ISLAS MALVINAS", dice la presentación.

Carreras dejó a criterio del juez del Juez y Fiscal instruir las medidas de instrucción pertinentes a fin de dar con el tipo penal adecuado a semejante ofensa a la Nación, "ofensa a los que fueron a la Guerra por Malvinas en 1982, y a los que día a día sentimos la PATRIA en cada acto y cada gesto, por lo cual nos ha mancillado a todos, lo cual no puede quedar impune".

"La gravedad de sus dichos no solo pasa por el contenido, sino por haber sido proferidas por la titular del partido político más importante de la oposición y por liderar la coalición que representa Juntos por el Cambio, siendo entonces más grave aún cada una de sus palabras", concluyó la letrada.

El exsecretario de Finanzas Santiago Bausili, integrante del gobierno de Cambiemos, fue procesado hoy por "negociaciones incompatibles con la función pública" por participar de la contratación del Deustche Bank como intermediario en la colocación de deuda pública pese a que había trabajado en esa entidad bancaria hasta poco antes de asumir en la función estatal.

El procesamiento, sin prisión preventiva, fue dictado por el juez federal Sebastián Casanello, quien además ordenó trabarle un embargo hasta cubrir la suma de 10 millones de pesos, según surge del fallo al que accedió Télam.

El exsecretario de Finanzas "prestó conformidad para que, entre otras cosas, el Deutsche Bank, entidad de la cual él tenía acciones y otras por recibir, fuese designado como banco colocador y reciba, por ello, un 0,12% del monto colocado, recuérdese nuevamente las cifras: 7 mil millones de dólares", dijo Casanello.

"El rol ocupado por Bausili excedía el marco formal -al momento de tomar decisiones- de nexo administrativo entre el órgano coordinador y el rector, tal como fuera deslizado por la defensa. En efecto, el nombrado comentó que tenía reuniones constantemente con (Luis) Caputo y que allí debatían las condiciones que debían presentar los bancos para ser elegidos", repasó el magistrado.

Del expediente judicial surge que Bausili se desvinculó del Deustche Bank en 2016 y lo sobrevivió, hasta 2018, un plan de pagos acordado entre el encartado y el banco por su desempeño en años anteriores a su despido.

"Al considerar la relación laboral y que el Deutsche Bank tuvo obligaciones pecuniarias con Bausili que finalizaron dos años después de su nombramiento en la función pública -conforme lo establece la ley de ética pública-, éste debió abstenerse de intervenir en todos los asuntos que tuvieran vinculación con esa empresa por al menos tres años", remarcó Casanello.

En ese sentido, y tal como había señalado el fiscal Federico Delgado al requerir la indagatoria del exfuncionario, el juez sostuvo que "se vislumbra, con meridiana claridad, que Bausili no podía intervenir en ningún asunto relacionado o vinculado a su ex empleador hasta septiembre de 2021", por lo que remató: "En otras palabras, todas las acciones llevadas a cabo por el nombrado, en ese período, se encontraban prohibidas por ley".

La prueba reunida en el expediente "demuestra el desapego por parte de Bausili de los altos estándares de ética y transparencia que su rol le exigía. El caso bajo análisis excede un mero conflicto de interés. El nombrado conocía desde su ingreso a la función pública que tenía vedada la intervención en actos vinculados con el Deutsche Bank", añadió el juez.

En concreto, se le endilgó al exfuncionario "haberse interesado, en miras a la obtención de un beneficio propio y de terceros, mientras se desempeñaba, en primer lugar, como Subsecretario de la Secretaria de Finanzas del Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas de la Nación, y luego como Secretario de Finanzas del Ministerio de Finanzas Públicas de la Nación (posteriormente la secretaría quedó bajo la órbita del Ministerio de Hacienda de la Nación), en los procesos administrativos de designación y pago de los bancos que intervinieron en la colocación de los títulos de deuda pública".

Esos títulos, recordó, fueron "emitidos por el Estado argentino (en el marco de la reestructuración de la deuda pública -ley 27.249-), entre los cuales se encontraba postulado el Deutsche Bank".

El actuar interesado del imputado, dijo, "nace a partir del estrecho vínculo que lo unía a esa firma": fue director del área Latin American DCM en Treasury Solutions de ese banco (entre los años 2007 y 2016) y tenía acciones de dicha compañía. El 31 de enero de 2016, al desvincularse del Deutsche Bank, recibió en cuotas un total de 13.025 acciones de la entidad, con un valor nominal en la bolsa de Nueva York de U$S 13.80 cada una, que terminó de cobrar en el mes de septiembre del año 2018.

El Deutsche Bank fue elegido de manera directa para intervenir en los pagos acordados en el llamado "Megacanje II", según había definido el fiscal Delgado al referirse a la colocación de deuda pública para pagar a los fondos buitre durante el gobierno de Macri.

La jueza federal de San Martín Martina Forns remarcó este miércoles que durante la gestión del expresidente Mauricio Macri "han violado todos los principios que deben regir en un estado de derecho". Lo hizo al referirse a las visitas de jueces y fiscales a la residencia presidencial de Olivos durante la administración de Cambiemos.

En declaraciones a Radio 10, la jueza agregó que durante la gestión del expresidente Macri, observó "un plan sistemático" de "torcer la voluntad de jueces, patoteando y apretando", reflejado en "una cantidad de conductas por parte de un Poder Ejecutivo muy violento".

"Vi durante la era Macri un plan sistemático que violaba todos los principios que deben regir en un estado de derecho, mandando a patotear jueces, a apretarnos, a tratar de torcer nuestra voluntad", aseveró.

La jueza añadió que "la ruptura grosera de la independencia de poderes que hubo" era "una sospecha en ese momento" cuando un grupo de magistrados observaba conductas como "violentarle un Facebook a un juez para saber cómo pensaba".

"Estos actos los hemos denunciado", puntualizó Forns, y recordó que es testigo en la causa que investiga la existencia de una mesa judicial.

La jueza, que en agosto del 2016 fue noticia por su fallo en contra del aumento de tarifas eléctricas aprobada por el entonces gobierno, calificó también de "inédito" que en aquel momento la Corte Suprema de Justicia se hubiera opuesto a su resolución al decir que ella "estaba desprestigiando al Poder Judicial".

"La Corte me dejó absolutamente indefensa en ese sentido", dijo la magistrada tras remarcar que "esa actitud no fue aislada, porque cuando se investiga la mesa judicial, ahí se incluyen miembros de la Corte, así como periodistas que sabían las sentencias antes de que fueran emitidas".

"Es muy revelador que ahora todo esto se sepa", dijo en referencia a las visitas de jueces y fiscales a Olivos, entre las que figuran los camaristas Gustavo Hornos, Mariano Borinsky, Mariano Llorens; y el fiscal de Casación Raúl Pleé, de acuerdo con los registros oficiales, revelados por el portal de noticias El Destape a partir de un pedido de acceso a la información pública.

También, destacó que "el Gobierno anterior falseó la información sobre los ingresos a la residencia presidencial" al ser requerida por la Fundación Poder Ciudadano, que debió recurrir a la apertura de una causa para obtener los datos fehacientes.

En tanto, este martes la Asociación Nacional de Jueces y Juezas del Trabajo (Anjut) señaló que la mayoría de quienes se desempeñan como magistrados son personas "honestas, probas y dedicadas".

"La conducta que se ha denunciado mediante fuertes evidencias respecto de un reducido y localizado grupo de jueces y miembros del Ministerio Público del fuero federal de la Nación, no refleja en modo alguno la labor cotidiana de juezas, jueces, fiscalas, fiscales y demás funcionaras y funcionarios de nuestro país, que se ajusta a la Constitución y a los tratados internacionales de Derechos Humanos que nos rigen", señalaron los miembros de Anjut.

El Consejo de la Magistratura recibió este lunes una denuncia contra el camarista Mariano Borinsky por haber actuado con "venalidad" y faltado a un "sinnúmero de obligaciones", como derivación de sus entrevistas con el entonces presidente Mauricio Macri.

La denuncia fue presentada por el abogado Marcelo Hertzriken Velasco, en la convicción de que Macri tenía "interés en asuntos que tramitaba el magistrado, con coincidencia temporal con la adopción de temperamentos procesales gravosos en perjuicio de líderes de la oposición política".

Según denunció el portal de noticias El Destape en base a datos recabados a partir de un pedido de acceso a la información pública, Borinsky ingresó a la Casa Rosada y a Olivos quince veces, durante la presidencia de Mauricio Macri y en días previos a decisiones jurídicas relevantes contra miembros de la oposición.

"Por esa sola circunstancia de amistad y contertulias (entre Borinsky y Macri) le hubiera requerido (al juez) se apartarse de conocer en aquellos asuntos", que vinculaban a dirigentes de la oposición, razonó el abogado.

Hertzriken Velasco pidió al Consejo que "eche al magistrado mediante juicio político", al tiempo consideró pertinente que se traslade su presentación al fiscal federal de turno para que investigue los delitos de "prevaricato" y "abuso de autoridad".

Para el denunciante, el fiscal que intervenga debería "secuestrar evidencia de forma inmediata" como los expedientes en los que intervino Borinsky, como así también su teléfono celular.

Borinsky comenzó su carrera judicial en 1994, dos años antes de recibirse de abogado, se desempeñó durante varios años como fiscal del fuero Penal Económico y en 2014 llegó a presidir la Cámara Federal de Casación Penal, el tribunal más importante del sistema judicial en materia penal.

La Cámara Federal de Casación Penal hizo lugar este martes a un recurso interpuesto por la defensa del ex vicepresidente de la Nación Amado Boudou para que se resuelva si puede continuar en detención domiciliaria. Todo indica que el funcionario podrá seguir bajo esa modalidad.

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Mariano Borinsky, Javier Carbajo y Ángel Ester Ledesma resolvió hacer lugar al recurso de Casación interpuesto por la defensa de Boudou.

La decisión fue adoptada por unanimidad. Los jueces entendieron que correspondía hacer lugar al recurso y reenviar las actuaciones al tribunal para que dicte una nueva resolución, con la debida intervención de todas las partes en una audiencia oral.

La resolución se dictó en el marco de la causa conocida como "Ciccone" por la que Boudou fue condenado a la pena de 5 años y 10 meses de prisión como coautor de los delitos de cohecho pasivo en concurso ideal con el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.

El 6 de abril de 2020, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nro. 4 de Capital Federal otorgó a Boudou su detención domiciliaria porque, en ese entonces, su condena no había adquirido firmeza. También tuvo en cuenta el contexto de emergencia a raíz de la pandemia de coronavirus Covid-19 y las singularidades del caso en relación con su núcleo familiar conviviente.

Luego de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación dejara firme la condena, el Tribunal Oral revocó la detención domiciliaria de Boudou y dispuso su alojamiento en un Complejo Penitenciario Federal.

Sin embargo, Boudou continuó detenido en su domicilio (por el efecto suspensivo de los recursos) en tanto su defensa interpuso un recurso de casación.

En la resolución del Máximo Tribunal Penal del país, la jueza Ledesma sostuvo que en el caso se vulneró el derecho de defensa de Amado Boudou en tanto el tribunal no garantizó una adecuada contradicción entre las partes, privando a la defensa de la oportunidad de contradecir los argumentos expuestos por los Fiscales vinculados con que el nombrado vuelva a ser alojado en un establecimiento penitenciario.

Su colega Carbajo adhirió al voto de la doctora Ledesma y, al igual que su colega, destacó la importancia de que la decisión se tome luego de llevarse a cabo una audiencia contradictoria con la intervención de todas las partes involucradas.

El juez Borinsky en su voto recordó que, al concedérsele la detención domiciliaria a Boudou, el Fiscal General ante casación, doctor Javier De Luca, desistió del recurso interpuesto por el Fiscal de la instancia previa, lo que implicó que el nombrado continúe en su domicilio.

El magistrado también tuvo en cuenta que en la resolución del juez de ejecución no surgían cuáles habían sido los motivos legales por los que se revocó la detención domiciliaria de Boudou.

Borinsky resaltó además que Boudou se encontraría próximo a cumplir el requisito temporal para la libertad condicional en virtud de que el juez de ejecución redujo en 10 meses los plazos para que el nombrado acceda a los distintos institutos de libertad anticipada (pronunciamiento que se encuentra firme ya que no fue impugnado por ninguna de las partes).

En virtud de lo resuelto por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, el Tribunal Oral deberá decidir, luego de dar intervención a todas las partes en el marco de una audiencia, si Boudou continuará cumpliendo pena en su domicilio o en un establecimiento penitenciario

La fiscal que interviene en la causa por la captura de una nena de 7 años que estuvo retenida tres días por un hombre que la llevó desde el barrio porteño de Villa Lugano hasta el municipio bonaerense de Luján, aguardaba los resultados de diversos estudios médicos y pericias para definir la imputación por la que indagará al detenido, probablemente mañana.

Si bien ayer, mediante el sitio institucional Fiscales. gob.ar, el Ministerio Público informó que el detenido Carlos Savanz (39) está imputado por "sustracción, retención y ocultamiento de un menor de 10 años", aclaró que se trataba de una imputación "provisoria", ya que "está siendo evaluado el encuadre legal a partir de lo que surja de los estudios periciales respecto de la niña".

El delito que provisoriamente se le imputa al detenido está contemplado en el artículo 145 del Código Penal, prevé una pena de entre 5 y 15 años de prisión.

Savanz pasó la noche aislado en una celda de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal Argentina (PFA), situada en Villa Lugano, hasta donde fue trasladado ayer tras su arresto, bajo un fuerte operativo de seguridad.

Fuentes policiales informaron a Télam que durante las últimas horas el acusado recibió la visita de un abogado particular y que por el momento la Justicia no solicitó su traslado a los tribunales para la indagatoria.

Savanz se encuentra detenido a disposición de la fiscal Laura Belloqui, interinamente a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional 54; y del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57, de Fabiana Galetti.

Ambas esperan ahora los resultados de los estudios a los que fue y será sometida la niña, quien, junto a su familia, es asistida por personal de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) de la Procuración General de la Nación, por una profesional del Programa de Niñez de ese organismo.

Además de los análisis de la víctima, las investigadoras judiciales deben disponer peritajes psicológicos y psiquiátricos a Savanz con el objeto de determinar si está orientado en tiempo y espacio y en condiciones de declarar, agregaron los voceros.

La causa se inició el lunes 15 de este mes, cuando la familia de la nena, que vive en situación de calle en Villa Lugano, denunció que había sido llevada por un hombre a quien conocía y que desde hacía unos días se había acercado a ella y ganado su confianza.

A partir de allí se inició una investigación, que incluyó el análisis de decenas de cámaras de seguridad que captaron el trayecto que realizó la niña con su captor a bordo de una bicicleta, a partir de las 8.40 del lunes desde el barrio Cildañez hasta Luján.

Tras evaluar la situación, se resolvió activar el "Alerta Sofía" (un sistema de comunicación de emergencia rápida para el reporte de desapariciones de menores de edad) y se conformó un "comité de crisis" integrado por la fiscal Belloqui, la cotitular de la Protex, el Ministerio de Seguridad de la Nación, de la Ciudad y de la Provincia de Buenos Aires.

Cerca de mil efectivos de tres fuerzas de seguridad con motos, camionetas, helicópteros y perros, centraron la búsqueda en la zona de Luján y General Rodríguez.

Finalmente, ayer a la mañana, tras un llamado de una vecina al 911, efectivos del Comando de Patrullas de Luján lograron dar con Savanz cuando trasladaba a la niña en una caja colocada en la parte trasera de su bicicleta por las calles Las Heras y Gamboa, unas cinco cuadras de la Universidad de dicha ciudad de la provincia de Buenos Aires y a diez de la estación de trenes de esa localidad.

Inmediatamente el hombre fue detenido y la víctima fue puesta a resguardo en una dependencia policial hasta el arribo de su madre y de las autoridades judiciales y policiales intervinientes en la causa.

La Corte Suprema de Justicia desestimó un pedido de la empresa Google en una demanda que interpuso la vicepresidenta Cristina Kirchner porque en el buscador apareció una leyenda ofensiva con el mote de "ladrona de la Nación Argentina".

Google busca impedir que la ex presidenta acceda al servidor de la multinacional al considerar que eso implicaría una violación al secreto comercial. Pero no lo logró.

La ex mandataria ya contaba con fallos a favor de la Sala II de la Cámara de Apelaciones, que consideró que "las resoluciones del juez sobre producción, denegación y sustanciación de las medidas de prueba" son inapelables. La justicia ya había habilitado a Cristina Kirchner a acceder al servidor de Google, al hacer lugar a un pedido de prueba anticipada.

La empresa fue a la Corte Suprema y en el acuerdo celebrado ayer los ministros Carlos Rosenkrantz, Horacio Rosatti, Elena Highton, Ricardo Lorenzetti, y Juan Carlos Maqueda rechazaron el planteo de Google.

El recurso extraordinario cuya denegación motivó esta queja, "no se dirige contra una sentencia definitiva o equiparable a tal", sostuvo la Corte al desestimar el pedido .

La Causa

El pedido de prueba anticipada fue realizado en el fuero civil y comercial federal, tras una publicación del 17 de mayo del año pasado en el diario Clarín, que en una nota digital decía que el buscador había colocado la infamante leyenda en el lugar donde debería figurar el cargo de vicepresidenta.

El motor de búsqueda más usado asoció a la persona de Cristina Kirchner el mote de "ladrona". Así, en una presentación ante la justicia, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, pidió la pericia como "prueba anticipada" contra el buscador Google.

En primera instancia se accedió al pedido, pero luego tuvo que intervenir la Cámara Civil y Comercial Federal ante la apelación de Google.

El tribunal consideró "inapelable" el recurso de Google y lo desestimó, por lo que quedó firme la resolución que hizo lugar al pedido de prueba anticipada realizado por Cristina.

La vicepresidenta podrá entrar a los servidores de Google para garantizar que no se altere ninguna información que se haya elaborado con el único fin de dañarla.

El día 17 de mayo de 2020 a las 00:20, Cristina se enteró, por las fuertes repercusiones en internet, de una nota digital del diario Clarín que manifestaba que el motor de búsqueda más usado a escala internacional asociaba a su persona con el mote de "ladrona".

El título de la nota era "El insólito cargo que devolvió durante varias horas Google al buscar Cristina Kirchner".

El año pasado, la propia Corte por unanimidad, declaró inadmisible el recurso extraordinario por salto de instancia interpuesto por Google LLC.

Dicho recurso fue dirigido contra la resolución de la Sala II de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil y Comercial Federal que declaró inapelable la medida de prueba anticipada requerida por Cristina Fernández de Kirchner contra Google.

Así el caso siguió su curso, y ahora la Corte rechazó nuevamente un recurso de Google.

El campeón sudamericano de box, Lucas Bastida, fue excarcelado este miércoles tras el pedido administrativo realizado por su abogado, en la causa que mantiene su curso en una denuncia que lo vincula por un caso de abuso sexual.

El pedido de excarcelación fue llevado a cabo por el doctor Juan Cruz Martínez al juzgado de Garantías Nº 3 situación que fue concedida, basado en el artículo 169 inciso primero del Código procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. "No estaba en riesgo el entorpecimiento de la investigación y no tenía antecedentes penales, además de tener conformada una familia, temas que consideró la Justicia para dar su libertad", contaron fuentes cercanas a la justicia.

El campeón sudamericano marplatense estuvo una semana alojado en la alcaidía de Batán, luego de presentarse voluntariamente a la fiscalía para aportar datos a la denuncia radicada por una joven en la comisaría de la Mujer de Mar del Plata.

Desde ese momento su esposa, que espera una beba con el deportista, allegados y amigos se manifestaron en favor de la inocencia de Bastida, con posteos realizados en las redes sociales y en una manifestación en las puertas del Palacio de Tribunales, al día siguiente de su detención efectiva.

El fiscal federal Franco Picardi solicitó que se incorporen las declaraciones juradas del expresidente Mauricio Macri y de diversos empresarios del sector energético en una causa que investiga si el exmandatario los favoreció al promover los tarifazos en el servicio de gas de 2016, informaron fuentes judiciales.

Se trata de una causa iniciada en 2017 pero que a fines del año pasado el juez federal Sebastián Casanello delegó en el fiscal Picardi, dijeron las fuentes, que recordaron que en el expediente también está imputado el exministro de Energía y exdirectivo de Shell Juan José Aranguren.

Entre los empresarios que habrían sido beneficiados, según la hipótesis de la investigación, se encontrarían Nicolás Caputo y Marcelo Mindlin, de los cuales también se requirió la declaración jurada, y John Lewis.

El fiscal también requirió que se le solicite a la Caja de Valores informes sobre movimientos de personas relacionadas a las empresas Edenor, Pampa Energía, Transportadora de Gas del Norte, Transportadora de Gas del Sur, Central Puerto y Transener, entre otras.

Picardi pidió que la AFIP remita, en soporte digital, un informe de evolución patrimonial y financiera respecto de Aranguren, Mindlin y Caputo y otro de relaciones comerciales de todo tipo relacionadas a las firmas Construcciones Electromecánicas del Oeste S.A y Patagonia Energía S.A.

En este expediente la Procuraduría de Investigaciones administrativas (PIA), a cargo de Sergio Rodríguez, advirtió sobre un posible caso de negociaciones incompatibles con la función pública, administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y cohecho.

La PIA había señalado que el incremento tarifario implicó una mejora para la posición económica de los titulares y accionistas de las empresas del rubro.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti validó las indagatorias de la causa "Peajes" al rechazar las nulidades intentadas por los ex funcionarios del gobierno de Mauricio Macri imputados. Sin embargo, por ahora, no hizo lugar a los pedidos que había hecho la fiscalía de embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los acusados y de las empresas vinculadas al ex presidente que están bajo la lupa.

Tras la anulación dispuesta por la Cámara Federal de los procesamientos que había dictado el ex juez Rodolfo Canicoba Corral antes de jubilarse, la causa sobre el fraude con los peajes y la concesión de autopistas parecía correr riesgo de muerte.

Pero ahora la nueva resolución de la jueza valida las indagatorias que se llevaron a cabo en la causa. Además, en estos días ingresó al juzgado documentación clave de empresas sospechadas que está siendo analizada y que activa la investigación, según confirmaron fuentes judiciales.

En la resolución que fue firmada el miércoles a última hora, Capuchetti rechazó los planteos que habían hecho los acusados, el ex titular de Vialidad, Javier Iguacel; el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich; y el entonces Procurador del Tesoro, Bernardo Saravia Frías, quienes interpusieron nulidades alegando que no habían tenido acceso a toda la documentación y la prueba al momento de prestar indagatoria.

La jueza refutó los argumentos y aseguró que todas las partes tuvieron acceso a la misma, pudieron verla y además se cargó al sistema, por lo que no se ha violado el derecho de defensa.

"No se vislumbra la violación al derecho de defensa alegada por las defensas de los nombrados que conlleve a la declaración de nulidad de sus declaraciones indagatorias, en la medida que las partes actualmente tienen acceso a todas las pruebas, pueden ampliar sus declaraciones indagatorias y presentar los elementos probatorios para rebatir la imputación que se les efectuara tantas veces lo consideren pertinente", concluyó la jueza.

"Se observa entonces que la alegada imposibilidad de contralor efectuada por las defensas sobre la referida documentación (extremo en el que se basó el Superior para anular los procesamientos dictados) no debe extenderse a los actos que precedieron al referido resolutorio. Ello por cuanto en primer lugar, fueron celebrados en cumplimiento de la normativa ritual, y en segundo lugar, debido a que en la actualidad esa imposibilidad ha desaparecido totalmente ya que las partes poseen la posibilidad irrestricta de acceder a las pruebas (ya sea por haber sido incorporadas al Lex 100 o por encontrarse a su disposición en el tribunal para quesean examinadas)", detalló la jueza en la resolución

En cambio, Capuchetti decidió por ahora no hacer lugar al pedido de medidas cautelares de embargos e inhibiciones realizado por el fiscal Carlos Stornelli, y la UIF.

La Unidad de Información Financiera (UIF), que es querellante junto a Vialidad, requirió la inhibición de bienes de Ausol, GCO y Albertis, empresas sospechadas y que estuvieron vinculadas a los Macri.

También el fiscal Carlos Stornelli pidió que se dicten embargos preventivos y la inhibición general de bienes de los ex funcionarios y de las empresas vinculadas al ex presidente. A la vez requirió en un incidente que se investiguen maniobras de lavado de activos de acuerdo a lo denunciado por la Unidad de Información Financiera (UIF).

Stornelli considera que debe dictarse medidas cautelares, esto es el embargo preventivo sobre los imputados y las empresas Autopistas del Sol S.A., Grupo Concesionario del Oeste S.A. y Abertis Infraestructuras S.A, y que "hasta tanto se integre el mismo", proceder a la inhibición general de bienes".

A este pedido la jueza por ahora no hizo lugar, lo que "no impide que a partir del avance de la investigación" sea necesaria la "urgente reevaluación" de la procedencia de las mismas, explicó la jueza en la resolución.

En la causa habían sido procesados -aunque esa medida después fue anulada- el ex titular de Vialidad Javier Iguacel y los ex funcionarios Guillermo Dietrich, Nicolás Dujovne y el ex Procurador del Tesoro Bernardo Saravia Frias, entre otros, los que siguen estando imputados.