Un cóctel de anticuerpos contra el Covid-19 desarrollado por el laboratorio británico-sueco AstraZeneca dio lugar a una "reducción del 67%" de los casos graves o mortales en ensayos clínicos de fase 3, anunció la farmacéutica en un comunicado.

Los ensayos del fármaco AZD7442, consistente en una combinación de anticuerpos, "dieron lugar a una reducción estadísticamente satisfactoria" de los "casos graves de covid-19 o de las muertes por la enfermedad en comparación con un placebo en pacientes no hospitalizados con síntomas leves o moderados", explicó AstraZeneca, según consignó la agencia de noticias AFP.

Los participantes recibieron el tratamiento en los cinco días siguientes a la aparición de los primeros síntomas, y el análisis preliminar de los resultados muestra que el "AZD7442 redujo el riesgo de desarrollar covid-19 grave o mortal en el 67% de los casos en comparación con el placebo", señaló el comunicado.

Un 90% de los participantes pertenecían a categorías de pacientes considerados de alto riesgo de desarrollar formas graves de Covid-19, incluyendo aquellos con comorbilidades.

"Dado que continúan los casos graves de covid-19 en todo el mundo, existe una importante necesidad de nuevas terapias como el AZD7442 para proteger a las poblaciones vulnerables", comentó Hugh Montgomery, profesor de medicina de cuidados intensivos en la University College London y uno de los principales investigadores en este ensayo clínico, en el que participaron 903 personas.

AstraZeneca presentará los datos a las autoridades sanitarias y ya presentó una solicitud a la Administración de Alimentos y Medicamentos estadounidense, la FDA, para que apruebe el fármaco.

El grupo anunció en marzo un acuerdo con Estados Unidos para suministrar hasta 700.000 dosis de este tratamiento con anticuerpos al país este año por un total de 726 millones de dólares.

El expresidente Mauricio Macri fue citado hoy a declaración indagatoria con prohibición de salida del país en la causa que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.

La decisión fue del juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.00, según la resolución a la que tuvo acceso Télam.

"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.

Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.

En el mismo fallo, el juez procesó sin prisión preventiva al extitular de la AFI en el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas, y a la su ex segunda en el organismo, Silvia Majdalani con embargos de 20 millones de pesos para cada uno y a otros imputados.

El espionaje ilegal "se hizo con el objetivo de anticiparle a la máxima autoridad del Estado en ese entonces, cuáles serían los reclamos del colectivo de familiares quienes para ese entonces, eran los protagonistas de uno de los temas de mayor trascendencia nacional", remarcó Bava en su fallo.

"Todo esto es de una gravedad inconmensurable para nuestro país, nuestra democracia y nuestra historia, y como dije, es deber delpoder judicial investigarlo y sancionarlo", agregó.

La "gravedad de los hechos aquí ventilados constituye no solo una conculcación al sistema democrático, sino que vulnera los compromisos asumidos internacionalmente por el Estado Argentino, por inmiscuirse en la vida privada e intimidad de éstas mujeres y de las familias que estaban atravesando uno de los mayores golpes de su vida, como es la desaparición de un ser querido", evaluó.

En el capítulo de la resolución dedicado a la decisión de citar a indagatoria a Macri, el juez sostuvo que, en principio, "determinar la transgresión a la Ley 25520 (ley de Inteligencia) es identificar los límites del poder del Estado para con todos los ciudadanos de la República Argentina".

"Corresponde detallar que se le imputa desde su cargo de Presidente de la Nación, por lo menos en el período comprendido entre el mes de diciembre del año 2017 y finales del año 2018 ha ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", detalló la resolución.

La causa por el espionaje a los familiares de las víctimas del hundimiento del San Juan se inició por una denuncia formulada por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, quien presentó ante la justicia de Mar del Plata elementos que permitían inferir que durante el Gobierno de Macri se los había espiado.

Los elementos que dieron origen a la denuncia fueron hallados en la base Mar del Plata de la AFI tras un requerimiento de información formulado por el juez Ramos Padilla en el marco del caso D'Alessio, más precisamente en el capítulo investigativo dedicado a las denominadas bases AMBA.

En esta causa, un exjefe de la base de la AFI en Mar del Plata presentó un escrito en el que afirmó que esa delegación solía trabajar con la Avanzada Presidencial cuando Macri visitaba alguna localidad dentro de esa jurisdicción, según pudo reconstruir Télam.

En el expediente hay elementos que acreditan que en las base de Mar del Plata se encontraron informes y fotografías que daban cuenta de seguimientos realizados sobre familiares de los tripulantes, producidos sin autorización judicial ni justificación válida alguna, según pudo saber esta agencia.

El número de días de calor extremo por año, cuando las temperaturas alcanzan los 50º C, se han duplicado desde 1980, según un estudio de la BBC publicado este martes en su sitio web.

En tanto, advierten que "estas jornadas ardientes se manifiestan en mayor número de áreas del planeta respecto del pasado, presentando desafíos sin precedentes para la salud humana", precisó la agencia Ansa.

De acuerdo con el estudio, el número total de días por encima de los 50º C se incrementó en cada una de las cuatro décadas pasadas.Entre 1980 y 2009, las temperaturas superaron los 50º C unos 14 días al año en promedio, cifra que aumentó a 26 días entre 2010 y 2019.Asimismo, indicaron que en el mismo período, también en promedio, se registraron dos semanas más al año en que las temperaturas superaron los 45 grados.

Friederike Otto, destacada científica climática, dijo que "el incremento puede ser atribuido 100% al uso de combustibles fósiles". De acuerdo con la investigación publicada, "a medida que todo el planeta se calienta, las temperaturas extremas se vuelven más probables y más intensas".

En otro tramo, el informe señala que las altas temperaturas "pueden ser mortales para los seres humanos y la naturaleza, y causar problemas importantes en los edificios, las carreteras y los sistemas de energía".

Las temperaturas de 50° C ocurren predominantemente en las regiones de Medio Oriente y el Golfo Pérsico pero después de que se registraran temperaturas récord de 48,8° C en Italia y 49,6° C en Canadá este verano, los científicos han advertido que se vivirán temperaturas superiores a 50° C en otros lugares a menos que reduzcamos las emisiones de combustibles fósiles.

Por su parte, la investigadora climática Sihan Li, señaló que "necesitamos actuar con rapidez. Cuanto más rápido reduzcamos nuestras emisiones, mejor estaremos todos", señaló.

"Con las emisiones continuas y la falta de acción, estos eventos de calor extremo no solo se volverán más severos y frecuentes, sino que la respuesta de emergencia y la recuperación serán más exigentes", añadió Li.

El abogado Alejandro Sánchez Kalbermatten amplió la denuncia contra la exdiputada Elisa Carrió por haber festejado su cumpleaños con unas 70 personas en diciembre pasado y pidió que sean identificados los mariachis que habrían animado el evento y se los cite a prestar declaración testimonial.

El letrado reclamó que la investigación también se dirija contra otros dirigentes políticos que, según las crónicas que dieron cuenta del evento, participaron de la fiesta celebrada el 26 de diciembre del 2020 en la casa de la fundadora de la Coalición Cívica-ARI y cofundadora de Juntos por el Cambio en el partido bonaerense de Exaltación de la Cruz.

Entre los dirigentes políticos enumerados en la denuncia aparecen el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta; el diputado nacional Mario Negri (UCR) y el primer precandidato a diputado nacional bonaerense de la alianza Juntos, Diego Santilli.

El abogado denunciante también reclamó que sea llamado a prestar testimonio el intendente de Exaltación de la Cruz, Diego Nanni, quien en los últimos días declaró en los medios que no autorizó la fiesta que Carrió realizó en plena pandemia de coronavirus en diciembre pasado.

Nanni tuvo que salir al cruce de las declaraciones de la propia Carrió, quien había asegurado que previo a la realización de la celebración había mantenido un diálogo con el intendente y había dejado a entrever que de allí surgía que el evento estaba formalmente habilitado.

"No es procedente el argumento del llamado telefónico porque no hubo más que eso. Un llamado telefónico en el que (Carrió) me manifestó que era un evento de su círculo íntimo, con los más allegados", dijo Nanni en declaraciones televisivas sobre la conversación que mantuvo con la exlegisladora.

En la misma serie de entrevistas que concedió, Nanni afirmó que cuando se llevó a cabo la fiesta en Exaltación de la Cruz regía la "fase 4, donde las reuniones se autorizaban al aire libre con un máximo de 20 personas" y no de 70, como relatan las crónicas periodísticas sobre el festejo.

La ampliación de la acusación fue presentada por correo electrónico ante el juzgado federal de Sebastián Casanello, quien deberá correr vista al fiscal Ramiro González, el acusador que debe definir si impulsa o no la acción penal o si manda la denuncia a sorteo.

En declaraciones a Télam, Sánchez Kalbermatten sostuvo que la ampliación de la denuncia alcanza a "Horacio Rodríguez Larreta, Maximiliano Ferraro, Elisa Carca, Juan Manuel López, Lucila Lehmann, Diego Santilli, Agustín Forchieri, Carmen Polledo, Mario Negri, Atilio Benedetti, Mario Barletta, Adrián Pérez, Alfonso Prat-Gay, Daniel Salvador, Pablo Torello y Pedro Lacoste".

También, dijo, fueron denunciados "Fernando Sánchez, Mario Quintana, Héctor 'Toty' Flores, Paula Oliveto, Mariana Zuvic, Mónica Frade, Marcela Campagnoli, Lucila Lehmann, Mariana Stilman" y "toda otra persona cuya presencia en la mencionada fiesta surja de la presente investigación".

El abogado señaló que concretó la ampliación porque "pude conocer la cantidad invitados que estaban ese día en la fiesta y entonces se amplió la denuncia, para que sean imputadas todas esas personas".

"Son casi todos políticos y también hay algunos empresarios que en redes sociales reconocieron haber estado en la fiesta", manifestó.

En ese sentido, el letrado sostuvo que, además, "hemos postulado algunas pruebas, como el hisopado, queremos saber si lo tenían".

"Al mismo tiempo, si fueron facturados los servicios de mariachis y catering y, en ese caso, Elisa Carrió de acuerdo a resoluciones generales vigentes en la AFIP", señaló.

Sánchez Kalbermatten dijo que "estamos tratando de verificar que la denuncia y sus extremos están debidamente fundados".

El Gobierno nacional amplió este jueves la denuncia por el supuesto "envío ilegal de material represivo a las fuerzas golpistas de Bolivia" en noviembre de 2019 y consideró probado que el expresidente Mauricio Macri "ordenó y organizó en forma directa" la maniobra de contrabando. "Los documentos oficiales encontrados en las últimas semanas dan cuenta de hechos que refuerzan lo oportunamente denunciado: fue Mauricio Macri, el expresidente de la Nación, quien ordenó y organizó en forma directa la maniobra de contrabando", sostuvo el escrito firmado por la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic; la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y el Ministro de Justicia, Martín Soria, según el texto al que tuvo acceso Télam.

Además, los denunciantes sostuvieron que, a las iniciales imputaciones en la causa, "se agregan tres funcionarios cuya situación se agrava a partir de la nueva información aquí aportada: el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña; el excanciller Jorge Faurie; y el ex secretario de Asuntos Estratégicos de la Nación, Fulvio Pompeo". La ampliación de la denuncia se presentó ante el juez en lo penal económico Alejandro Catania.

"Lo que hasta hoy eran inferencias prácticamente irrefutables, ahora se confirma con pruebas directas: el contrabando de armas a Bolivia fue decidido y coordinado por Mauricio Macri, quien utilizó la Casa Rosada para organizar esta maniobra en apoyo al golpe de estado en Bolivia", agregó la presentación. Los denunciantes aseguraron que, con las nuevas pruebas entregadas a la Justicia, "se profundiza el caudal probatorio que pesa sobre Patricia Bullrich, Oscar Aguad y Gerardo Otero", ya imputados en el expediente, al igual que Macri. "A partir de hoy, podemos saber casi al detalle cómo fue el paso a paso de la decisión y los trámites que derivaron en el envío de material represivo a las fuerzas golpistas de un país hermano", se sostuvo. En el escrito se acompañó un detalle cronológico de los hechos y se pidieron nuevas medidas de prueba.

La madre, el tío y el padrastro de Santiago "Chano" Carpentier declararán este jueves ante el fiscal que investiga las circunstancias en las que el músico fue baleado en el abdomen por un policía al que presuntamente intentó apuñalar mientras estaba bajo un aparente brote psicótico en su casa de Exaltación de la Cruz, informaron fuentes judiciales. La declaración testimonial de Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de "Chano" (39), y del esposo de la mujer, Oscar José Ottonello, se llevará a cabo este mediodía, de manera presencial, frente al fiscal Martín Zocca, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana. Según expresaron las fuentes a Télam, las testimoniales se tomarán en la sede judicial de los tribunales de Campana, ubicada en la calle Boulevard Sarmiento al 400. Será la primera vez que la madre del exlíder de Tan Biónica declare ante el fiscal de la causa, con quien "mantuvo diálogo fluido" desde que comenzó a trabajar en el caso el martes de la semana pasada, dijeron los voceros. En tanto, Ottonello ampliará ante Zocca el testimonio que brindó el día del hecho -ocurrido el 25 de julio- ante efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA). Una fuente con acceso a la causa aclaró que es la única diligencia que tiene prevista el fiscal Zocca para la jornada de hoy en la causa que investigan las circunstancias en la que "Chano" recibió un disparo en el abdomen por un policía al que presuntamente intentó apuñalar mientras estaba bajo un aparente brote psicótico. Hasta el momento el fiscal le tomó declaración testimonial al médico psiquiatra, uno de los médicos de la obra social del músico, y a los dos policías compañeros de Facundo Nahuel Amendolara (27), quien está imputado e investigado por ser quien efectuó el disparo. En tanto, un investigador informó que las prendas que vestía el músico al momento de ser baleado y el arma reglamentaria de Amendolara ya fueron enviadas a la sede de la Procuración Bonaerense de Lomas de Zamora para ser peritadas con el fin de establecer la distancia del disparo que recibió el músico.

Pericia clave

Allí también será peritado el proyectil encontrado entre las ropas de "Chano" y la vaina calibre 9 milímetros hallada en la escena del hecho, aunque para los investigadores "no hay dudas" de que el policía Amendolara fue quien disparó. Zocca buscará establecer principalmente mediante diversas pruebas si Amendolara tiró hacia el músico en una situación donde realmente su vida corría peligro o no. "Se va a intentar que la pericia sea sobre la misma ropa utilizada (por "Chano") en el hecho, en una zona que no sea de importancia pericial. Luego se hará una pericia microscópica electrónica para tener más detalles", detalló el mismo investigador. "Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", aclaró. Fuentes judiciales confirmaron este jueves que las pericias aún no tienen la fecha establecida para su realización.

El hecho

El episodio en el que el músico fue baleado ocurrió la noche del 25 de julio último en el barrio privado Parque La Verdad, ubicado en la localidad bonaerense de Exaltación de la Cruz, cuando, a pedido de su madre, llegó un equipo médico con intenciones de internar a "Chano", quien estaba bajo un cuadro de exaltación. Ante esta situación, de acuerdo con los testigos, el exlíder de la banda Tan Biónica se violentó, primero atacó a su madre y presuntamente quiso apuñalar con un cuchillo aserrado de cortar pan a Amendolara, quien le disparó. El artista, que por el balazo resultó afectado en uno de sus riñones, el páncreas y el bazo, está internado hace 10 días en el sanatorio Otamendi del barrio porteño de Recoleta. Por el hecho está imputado el oficial Amendolara del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", delito que prevé una pena de hasta 15 años de prisión.

La pericia balística que iba realizarse este martes sobre la vaina, el proyectil y el arma reglamentaria del policía que le disparó a Santiago "Chano" Moreno Charpentier en su casa de Exaltación de la Cruz cuando presuntamente quiso atacarlo con un cuchillo fue suspendida y se realizará más adelante junto con otro peritaje, mientras que se aguarda que durante esta semana declare la mamá del músico. Fuentes judiciales informaron a Télam que la diligencia prevista para este martes en la sede de la Unidad Balística de la Policía Federal Argentina (PFA) quedó suspendida, ya que el fiscal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 de Zárate-Campana, Martín Zocca, prefiere realizarla junto a la de las ropas de "Chano" (39) en la sede de la Procuración General de la Suprema Corte Bonaerense de Lomas de Zamora. Es que la pericia sobre el proyectil hallado entre las ropas del músico y la vaina servida encontrada en la escena del hecho y disparada por del arma reglamentaria 9 milímetros del policía Facundo Nahuel Amendolara (27) no es para los investigadores algo urgente ni determinante, ya que "no hay dudas de quien disparó", dijeron las fuentes. En cambio, el fiscal solicitó que ese estudio criminalístico se realice junto el de las prendas utilizadas por el músico al momento del hecho,con el fin de intentar determinar la distancia de disparo y la ubicación del policía al momento de emplear su arma. "Se va a intentar que la pericia sea sobre la misma ropa utilizada (por "Chano") en el hecho, en una zona que no sea de importancia pericial. Luego se hará una pericia microscópica electrónica para tener más detalles", detalló un investigador. "Es una prueba objetiva fundamental que vale más que cualquier declaración de testigos, que pueden ser difusas. Se busca evaluar si el disparo fue o no justificado", aclaró el mismo investigador. Fernando Soto, abogado de la Fundación Chocobar y defensor de Amendolara, aseguró este martes a Télam que la pericia suspendida "no era de mucha importancia" ya que está constatado que el oficial disparó de su arma reglamentaria "luego de dar la voz de 'alto policía'". "Estamos esperando la pericia de microscopia electrónica sobre las prendas que tenía 'Chano'. Vamos a ver si hay restos de deflagración del disparo en las prendas aunque pasaron muchos días sin custodia", aseguró el letrado. "Los testigos dicen que (Amendolara) estaba a menos de dos metros. La pericia puede determinar si el disparo fue a más o menos de un metro, es decir, a corta distancia", agregó Soto. En tanto, para la jornada de este martes no está previsto por el momento que Zocca tome declaraciones testimoniales, luego de que el lunes escuchara al médico psiquiatra que atendió a "Chano" durante la noche del domingo y a los dos policías compañeros de Amendolara. Según indicó una persona con acceso al expediente, las declaraciones de los policías Mariano Andrés Giacco y Vanesa Jeanette Flores, compañeros del imputado, "fueron similares a las realizadas el día del hecho" ante la Policía Federal. Lo que sí aguarda el fiscal es que esta semana declaren Marina y Esteban Charpentier, madre y tío de "Chano", respectivamente, quienes serán convocados por la fiscalía. "Ellos están dispuestos a prestar declaración", aseguró un vocero judicial.

El policía Facundo Nahuel Amendolara, investigado por haberle disparado en el abdomen a Santiago "Chano" Moreno Charpentier cuando intentó atacarlo con una cuchilla en medio de un presunto brote psicótico, fue imputado del delito de "lesiones gravísimas agravadas por el uso de arma de fuego y por ser funcionario policial", que tiene una pena entre 3 y 15 años de prisión, informaron este viernes fuentes judiciales. El fiscal Martín Zocca, a cargo de la UFI 1 de Delitos Complejos de Zárate-Campana, notificó formalmente al policía Amendolara (27) y a su defensa de la imputación por ese delito contemplado en el artículo 92 del Código Penal, confirmaron voceros judiciales. Por su parte, Fernando Soto, abogado de la Fundación Chocobar, que representa al policía Amendolara (27), confirmó a Télam que su defendido "quiere declarar" aunque no está en condiciones porque aún no tomaron contacto con el expediente. "Él (por Amendolara) quiere declarar. Si el fiscal no lo llama a indagatoria, vamos a presentar una declaración espontánea. Su relato es similar al de los testigos", señaló el letrado.

"La única persona que quedó de frente y observó la situación fue la oficial (Vanesa) Flores, ya que la madre del músico, el padrastro y la psiquiatra estaban de espalda corriendo para salvar su integridad ante la amenaza", aseguró. El abogado expresó que Flores "vio cómo quedó acorralado Amenadolara cuando empezó a correrlo 'Chano', que estaba fuera de sí". Soto resaltó que la conducta del músico "no es reprochable", pero que Amendolara le disparó "como último recurso para evitar que lo maten". El letrado indicó que era la primera vez que su defendido iba a la casa del músico y que su labor en el lugar era "de apoyo" a sus compañeros ante la situación. 'Chano' fue a atacar al jefe pero, cuando se dio cuenta que Amendolara estaba más cerca, fue hacia él", relató.

Soto afirmó que "hay muchas medidas para pedir", luego de tomar contacto con la causa. "Vamos a designar un perito de parte para las pericias a las vestimentas y balísticas. Nos da cierta preocupación que no se haya realizado el protocolo de preservación de prueba y de la mejor buena fe se pueden haber perdido rastros", indicó Soto. Télam se comunicó telefónicamente con el policía pero éste evitó dar declaraciones.

Otro informe judicial incorporado a la causa penal en la que se investigan supuestas irregularidades en el marco del concurso del ya quebrado Correo Argentino S.A. determinó que el acuerdo aceptado en su momento por el gobierno de Mauricio Macri era ruinoso para las arcas del Estado. Se trata de un segundo informe elaborado por la Dirección de Asistencia a la Justicia en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), que depende de la Corte Suprema, y fue incorporado a la causa que tramita en el juzgado a cargo de Ariel Lijo. Este informe es explicativo de uno anterior, responde a los cuestionamientos que habían formulado las partes en relación al primer estudio técnico contable, y concluye que la propuesta de pago realizada por Correo Argentino S.A. implicaba "una quita superior al 90%, tal como fuera indicado en el Informe Técnico presentado" en primera instancia. Esta respuesta elaborada por la Dajudeco a los cuestionamientos de las defensas de los imputados deja a los acusados al borde del procesamiento porque revela que los cuestionamientos sobre el informe técnico contable no tenían rigor científico y consistían solo en disconformidades con los resultados a los que había llegado la investigación. "El estudio económico y financiero aportado por la DA.Ju.De.CO implicó considerar, en función de lo requerido por V.S., los términos reales de la propuesta formulada por Correo Argentino SA en función de la realidad económica y el concepto de variación del valor del dinero en el tiempo", se indicó en el informe al que accedió Télam.

"Ahora bien, en lo que refiere a las restantes formulaciones que introduce la Defensa, y como bien se ha desarrollado a lo largo del presente, cabe concluir que todas ellas presentan un denominador común, su metodología de cálculo se circunscribe al plano nominal de los valores adeudados y no considera en ninguno de los casos, el valor actual y real de los compromisos de pago futuros", se indica en el informe. Allí se revela además que "de acuerdo con los términos de la Séptima Propuesta" los compromisos de pago futuro "no sólo difieren su pago a lo largo de 16 años, sino que además introducen variaciones en el porcentaje de capital a pagar en cada cuota y estipulan el pago total de los intereses para luego de la cuota n°15". El informe reivindica desde sus resultados, una vez más, el papel de la fiscala ante la Cámara Comercial Gabriela Boquín, quien en 2016 se opuso a la homologación del acuerdo alcanzado entre la empresa de la familia Macri y el gobierno del propio Mauricio Macri tras considerar que se trataba de un acuerdo ruinoso para las arcas del Estado. Por este caso ya fueron indagados el exministro de Comunicaciones del gobierno de Cambiemos, Oscar Aguad; el encargado del área de jurídicos de esa cartera, Juan Manuel Mocoroa, el presidente del directorio de Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, y el abogado de la firma Jaime Kleidermacher. La semana pasada, el juez Lijo incorporó al expediente la grabación del programa televisivo Minuto 1, de la señal de noticias C5N, donde se revelaron presuntas reuniones ocurridas en Casa Rosada entre directivos del Correo y funcionarios del gobierno de Mauricio Macri, quien está imputado aunque aún la investigación no avanzó en esa dirección.

El camarista Roberto Boico fue apartado de la causa que investiga la llamada "mesa judicial" macrista por decisión de otro juez de ese Tribunal de Apelaciones, Leopoldo Bruglia, y a pedido de la defensa del imputado exministro de Justicia, Germán Garavano. "Resulta razonable y fundado el temor de parcialidad invocado por el imputado, pues observado desde su óptica, se enfrenta a un proceso en el cual uno de los jueces intervinientes ha formulado imputaciones en su contra en un contexto lingüístico íntimamente relacionado con el plexo fáctico investigado en autos", argumentó Bruglia en la resolución a la que tuvo acceso Télam. Bruglia integra como subrogante la Sala I de la Cámara, y resolvió un pedido de recusación que presentó la defensa de Garavano, basado en declaraciones de Boico sobre su persona, durante una entrevista radial en 2019, antes de jurar como camarista y cuando ejercía como abogado. A raíz de esta decisión, deberá integrarse con otros tres jueces la Salaque revisará las decisiones tomadas en el caso porque ya se apartaron sus otros dos integrantes, Eduardo Farah y Martín Irurzun. Garavano pidió apartar a Boico ante "temor fundado de parcialidad por los dichos efectuados" en esa entrevista radial en los que el camarista se refirió a su persona en "relación al cargo público que ostentaba". Esa entrevista fue el 10 de junio de 2019, cuando el ahora juez ejercía como abogado "Es insostenible", respondió en ese momento Boico sobre la situación de Garavano, en relación a las acusaciones en su contra por supuestas presiones a jueces y su rol como ministro de Justicia de la Nación.

"Solamente puede ser pensado a partir de la lógica con la cual se administra justicia o, por lo menos, se administra el Poder Judicial, en este momento o este período histórico. Es insostenible que una persona que ha sido denunciada de semejante tropelía y semejante barbaridad institucional permanezca en el cargo", agregó. "Ninguna duda tengo respecto a la objetividad, idoneidad, honorabilidad y honestidad con la cual el Dr. Boico pueda ejercer su judicatura en estas actuaciones", sostuvo Bruglia al resolver apartarlo. Sin embargo, argumentó, "el marco señalado, impone un análisis de la cuestión desde el prisma del imputado", pues "la imparcialidad es una garantía del justiciable y sólo a favor de éste se puede esgrimir el temor de parcialidad". Bruglia recordó que la investigación a cargo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti tiene como hipótesis la existencia de jueces "presionados por el Poder Ejecutivo" durante el Gobierno de Macri y esa es "por el momento la principal sustancia criminal aquí investigada y de allí la incidencia directa de lo manifestado". "Todo lo expuesto, lleva al apartamiento del magistrado, en el entendimiento que ello resulta ser la única opción posible en el caso, para preservar las garantías del imputado y la objetividad del mismo en cuanto al debido respeto de sus derechos en el marco del proceso penal", concluyó. La Cámara Federal porteña actúa como instancia de revisión de las decisiones tomadas en el caso y tiene a estudio un planteo contra una medida de prueba pedida por el fiscal del caso, Franco Picardi, vinculada a la obtención de los listados de ingresos y egresos a la Casa Rosada y quinta de Olivos durante 2018 En la causa están imputados Macri, Garavano, el ex jefe de asesores José Torello, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, Daniel Angelici y el exjefe de la AFI Gustavo Arribas, entre otros.

Dos comisiones de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe citaron a una reunión de trabajo prevista para este miércoles a los dos máximos funcionarios de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios para analizar la fuga de ocho presos del penal de Piñero, ocurrida el domingo por la tarde, informaron fuentes de la Legislatura local. El secretario de Asuntos Penitenciarios, Walter Gálvez, y el subsecretario del área, Jorge Bortolozzi, fueron citados para el miércoles a las 13:00 a una reunión con los integrantes de las comisiones de Seguridad y de Derechos y Garantías de la Cámara baja santafesina. El presidente de la Comisión de Seguridad, Juan Cruz Cándido (UCR), señaló que "la situación que se generó con el ataque a balazos y la posterior fuga de ocho presos es de una gravedad extrema".

"Es la segunda fuga en un mes, por eso queremos trabajar en conjunto con el secretario Gálvez y el subsecretario Bortolozzi", añadió el funcionario tras conocerse la convocatoria.

Para el legislador, la "situación inédita" lleva a "pensar que hubo un trabajo de inteligencia previa que no fue advertido por las autoridades". Los legisladores se reunieron de manera virtual este lunes por la tarde para analizar el caso, que causó preocupación por sus características y por la fuga de un preso considerado de "alto perfil" como Claudio "Morocho" Mansilla, quien estaba siendo juzgado por un doble homicidio.

En el encuentro, los diputados elaboraron también un pedido de informes que requiere una serie de respuestas a hechos relacionados con la fuga. De la reunión participaron, además de Cándido, los diputados Gabriel Chumpitaz, Lionella Cattalini, Sergio Basile, Amalia Granata, Pablo Pinotti y Lucila De Ponti.

La médica de la empresa de medicina prepaga que coordinaba la internación domiciliaria de Diego Maradona en la casa del barrio privado de Tigre donde el exfutbolista falleció hace casi siete meses declarará este lunes como imputada ante los fiscales que investigan la muerte del astro futbolístico, informaron fuentes judiciales. Se trata de Nancy Edith Forlini (52), quien era la médica a cargo de la Gerencia de Cuidados Domiciliarios de la empresa Swiss Medical y fue la coordinadora de la internación domiciliaria de Maradona. La profesional de la salud será la cuarta indagada en el marco de la causa y fue citada para hoy a las 11 en la Fiscalía General de San Isidro, en Acassuso 476, donde asistirá con su abogado defensor Nicolás D'Albora. Al igual que el resto de los imputados, Forlini será indagada por "homicidio simple con dolo eventual", un delito que prevé una pena de entre 8 y 25 años de cárcel, y que podría haber llevado a los fiscales a pedir sus detenciones, algo que no sucedió porque se conformaron con que se les prohíba su salida del país. Esa figura penal fue elegida por los fiscales Patricio Ferrari, Cosme Iribarren y Laura Capra tras seis meses de investigación, en los que concluyeron que el equipo médico de Maradona no solo fue deficiente, sino que sabía que el "10" podía morirse y no hizo nada para evitarlo. Los fiscales consideraron que Forlini "omitió cumplir con los deberes mínimos a su cargo, entre los que se encontraba, de conformidad al cuadro del paciente, dotar al lugar, del personal de enfermería especializada en salud mental, acompañamiento terapéutico, nutricionista, y de la aparatología adecuada para RCP avanzada, estudios de laboratorio y electrocardiograma -entre otros- nada de lo cual suministró".

Además, señalan que Forlini "omitió analizar si la vivienda cumplía con las condiciones mínimas para un paciente con las limitaciones físicas de Maradona". "En pleno conocimiento del deficitario servicio de enfermería (...) omitió tomar medida alguna, siendo de ese modo funcional a las conductas que ejecutaban los restantes imputados, fruto de lo cual se produjo el resultado fatídico antes mencionado, que ineludiblemente debió representarse por la condición que detentaba", agregaron los fiscales. En el marco de la causa ya declararon los enfermeros Ricardo Omar Almirón (38) y Dahiana Gisela Madrid (36), y su jefe, el coordinador Mariano Ariel Perroni (40). En tanto, para el próximo miércoles está prevista la indagatoria del psicólogo Carlos Ángel "Charly" Díaz (29), para el viernes la psiquiatra Agustina Cosachov (36) y, finalmente, para el lunes 28 el neurocirujano Leopoldo Luque (39).

La autopsia

La autopsia determinó que Maradona murió a los 60 años el 25 de noviembre del año pasado a raíz de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada" y descubrieron en su corazón una "miocardiopatía dilatada". Una junta médica concluyó que era un paciente con pluripatologías que agonizó 12 horas antes de su muerte, que lo de la casa del country San Andrés no era una internación domiciliaria y que pudo haber tenido "más chances de sobrevida" si hubiera estado en una clínica. Además, calificaron al equipo médico tratante como "deficiente", "temerario" e "indiferente" ante la posibilidad cierta de su muerte y que lo abandonaron "a la suerte".

Tras la denuncia de la directora ejecutiva del PAMI, Luana Volnovich, sobre presuntas irregularidades en la asignación de turnos de vacunación por parte del Gobierno porteño, el Cuerpo de Investigadores Judiciales realiza este viernes un operativo en el Ministerio de Salud de la Ciudad y el PAMI.

Según informó C5N, los investigadores busca de documentación sobre los procesos de asignación de turnos y distribución de vacunas. Se trataba de "ordenes de presentación" para que los dos organismos públicos entreguen los datos sobre los listados de personas a vacunarse. El procedimiento lo hacía el Cuerpo de Investigaciones Judiciales.

La orden la dio el fiscal general de la Ciudad Juan Bautista Mahiques que resolvió iniciar una investigación de oficio y este viernes, se iniciaron los procesos a partir de un pedido de informes del fiscal Maximiliano Vence, quien citó como testigo a Volnovich.

La titular del PAMI denunció ayer que el gobierno porteño gestionó mal la asignación de turnos para la vacunación de adultos mayores. "No puedo creer lo que ven mis ojos. En la Ciudad de Buenos Aires tenemos las heladeras llenas de vacunas contra el COVID; pero los puntos de vacunación, vacíos. Vine personalmente a ver qué estaba pasando", publicó en las redes sociales.

Según detalló Volnovich, el lunes se abrieron en la ciudad de Buenos Aires tres vacunatorios de PAMI con capacidad para inmunizar a 1.200 adultos mayores por día. Sin embargo, se encontraron con que sólo el 30% de las personas con turno asignado se presentaban. Además aseguró que, ante esta situación, desde PAMI comenzaron a llamar a quienes figuraban en la lista de turnos y encontraron "personas que nunca se habían inscript-externoo, personas fallecidas, personas que no sabían que tenían turno asignado y personas ya vacunadas.

Tras compartir imágenes de los vacunatorios del PAMI con salas de espera casi vacías, y de las heladeras con las cajas de dosis sin utilizar, la funcionaria escribió: "Esto me hace dudar de toda la campaña de vacunación en CABA: ¿Cómo asignan las prioridades? ¿Cómo distribuyen turnos y vacunas? ¿Por qué hay personas mayores que esperan hace dos meses y otros se vacunan en 48 horas? y ¿Por qué no asignan más turnos a los vacunatorios de PAMI? ¿Qué está pasando en la Ciudad?", cuestionó.

Con esa información, el fiscal Mahiques decidió de oficio abrir una investigación para saber si existió alguna irregularidad y/o delito. Por eso, lo primero que se dispuso fue conseguir la información básica. Al mismo tiempo, Volnovich fue citada a declarar como testigo para el próximo lunes ya que hasta ahora solo se tiene lo que publicó en su red social.

El proyecto "Mejoramiento de las condiciones de vida de comunidades vulnerables del Partido de General Pueyrredon en el contexto de pandemia y pos-pandemia desde un enfoque transdisciplinar" fue una de las cinco iniciativas elegidas por la Fundación Bunge y Born en su convocatoria "COVID-19 y vulnerabilidad social".

La propuesta marplatense seleccionada reúne a más de 75 investigadores y profesionales de distintos organismos y tiene como objetivo generar información sobre la emergencia sanitaria, su evolución, impacto social y psicológico en comunidades y población vulnerable del Municipio de General Pueyrredon (MGP), que permitirá detectar alertas sociales, implementar y buscar soluciones a partir de la integración de saberes académicos y populares.

La iniciativa busca generar acciones concretas, conjuntas, sostenidas y articuladas con diferentes actores sociales como organizaciones no gubernamentales (ONG), organismos del estado y referentes de la comunidad que sean el pilar de políticas públicas destinadas a solucionar problemas asociados a la pandemia de COVID 19 o bien generados a partir de la irrupción de ella.

Este proyecto es dirigido por la investigadora principal del CONICET, Vera Álvarez, Subsecretaria de Transferencia y Vinculación Tecnológica de la UNMDP y vicedirectora del INTEMA (CONICET, UNMDP). El mismo reúne los resultados obtenidos de cinco proyectos financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación en la Convocatoria COVID-19, en los que participaron especialistas de diferentes unidades la Escuela Superior de Medicina, Facultad de Humanidades, Facultad de Ingeniería, Facultad de Psicología e institutos de investigación de doble dependencia del CONICET y la UNMDP como el Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales (INHUS-CONICET,UNMDP), Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA-CONICET,UNMDP) e Instituto de Psicología Básica, Aplicada y Tecnología (IPSIBAT-CONICET,UNMDP).

Las iniciativas previas pusieron de manifiesto que la pandemia profundizó problemas estructurales en el Municipio como falta de trabajo, emergencia alimentaria, acceso deficiente a los servicios públicos y urbanos, problemas habitacionales extremos, diversas formas de violencia y un impacto general sobre la salud mental. Pero además la emergencia sanitaria sumó problemas nuevos: dificultad para contar con elementos de higiene personal, limpieza y prevención, insuficiencia en el acceso al sistema de atención médica o de contención psicosocial e inequidad en la conectividad que impacta en la educación de los sectores populares.

En este contexto, cobraron relevancia actores territoriales como 35 Comités Barriales de Emergencia (CBE), articulados a partir de un entramado de asociaciones preexistentes de diversa índole (sociedades de fomento, clubes, iglesias, organizaciones sociales, entre otras) y los comedores barriales. Ambos colectivos nutren una red de solución de problemas, en relación con instituciones estatales (municipal, provincial y nacional), el CONICET, la UNMDP y otros actores socio-políticos que enfrentan la crisis.

Vera Alvarez se muestra muy motivada y lo deja ver en sus concluyentes palabras: "A nivel personal es la posibilidad concreta de incidir en la realidad de nuestra ciudad, que tan castigada está, en donde el índice de desocupación es tan alto, con elevados niveles la pobreza y con una Universidad e institutos que pueden mostrar lo que hacemos, estudiamos y por lo cual la gente con sus impuestos nos paga el sueldo todos los meses, está en diálogo con lo que hacen, saben y aportan los actores del territorio y que puede servir para poder vivir mejor".

La justicia comenzó a echar luz sobre el entramado societario detrás de la operación de compra y venta de Parques Eólicos que es investigada por un cúmulo de irregularidades que tuvieron por detrás a empresas ligadas a la familia Macri que actuaron como intermediarias en la maniobra y obtuvieron un retorno millonario en dólares. Con un expediente abierto en Comodoro Py, el caso tiene todos los ingredientes: adquisición de estratégicos desarrollos para energías renovables sin licitación, empresas creadas a días de que Mauricio Macri asumiera la presidencia, un préstamo de u$s 5 millones al hermano del exmandatario Gianfranco Macri, quien según su otro hermano, Mariano, habría actuado como su testaferro, y aportes de futbolistas para financiar la operatoria que terminó por constituir un negocio sin riesgos.

Puntualmente, el juez Marcelo Martínez de Giorgi investiga si Macri utilizó diversas estructuras societarias para lograr la adquisición del paquete accionario de la totalidad de las empresas adjudicatarias de los proyectos licitados (Parques Eólicos Loma Blanca I, II, III y IV y Parque Eólico Loma Banca VI y Miramar) para luego transferirlo por sumas considerablemente mayores a empresas chinas. Pero Ámbito revela que de la maniobra participaron 31 sociedades nacionales y extranjeras y unas 46 personas.

El Grupo Macri, a través de la conformación de estructuras societarias, adquirió acciones de la empresa "Isolux" -adjudicataria de los proyectos Loma Blanca I, II y III y IV- con un capital inicial de $50.000 que luego vendió a empresas chinas Goldwin (I, II y III) por U$S 33.000.000 (U$S 11.000.000 cada una) y a Genneia SA por U$ 40.000.000. Las empresas a través de las cuales se encargó el negocio fueron Sidsel S.A. y Sideli S.A. En septiembre de 2016, Sidsel y Sideli fueron constituidas por Víctor Payaslián (contador del Grupo Macri) y su mujer Lorena Fuchs. Un mes más tarde, ofertaron a Isolux para adquirir el paquete accionario vinculado a los parques eólicos identificados como Loma Blanca I, II, III y IV.

En octubre de 2016, para adquirir Loma Blanco IV se constituyó el Fideicomiso de Garantía por Sideco (del clan Macri), Helios y Nación Fideicomisos. En este fideicomiso el futbolista Carlos Tévez y el director técnico Guillermo Barros Schelotto aportaron u$s 17.000.000 y u$s 800.000, respectivamente.

En enero de 2017 se llevó a cabo la venta de acciones. Sidsel compró por u$s 500.000 el paquete accionario de Loma Blanca I,II y III. Sideli compró Loma Blanca IV por u$s 24.500.000. En mayo de ese año, Sidsel y Sideli vendieron la concesión de los parques eólicos (I, II y II) a la empresa china Goldwin por u$s 33.000.000 (U$S 11.000.000 cada una). En noviembre de 2017, según ha determinado la justicia, la restante concesión le fue vendida a la empresa Geneia por u$s 40.000.000 que la adquirió a los valores de mercado siendo una de las empresas líderes en renovables.

Loma Blanca VI y Miramar S.A.

Casualmente, Payaslian y María Lorena Fuchs constituyeron la sociedad "Parques Eolicos Miramar SA en marzo de 2016 con un capital social de tan solo $100.0000 pesos. Pero un mes más tarde, el matrimonio Payaslian y Fuchs transfirieron el 100% de las acciones a SIDECO AMERICANA SA y SOCMA AMERICANA SA, las dos empresas holding del clan Macri. En noviembre, la empresa presentó su oferta para el procedimiento Ronda 1.5 e informó su conformación por: Isolux Ingeniera SA (socio estratégico conforme pliego) y Selena Partners SA. Para entonces, Isolux se estaba retirando del negocio de la energía eólica en Argentina: quería desprenderse de los otros 4 parques y arrastraba deudas. En diciembre de 2016, se informó ante la AFIP que el 90% del capital social pertenecía a Isolux Ingeniera SA-IECSA SA UTE (90%), entonces en manos de Ángelo Calcaterra. Finalmente, la composición accionaria se modificó por: Selena Partners SA (10%) y Sideco Americana SA (90%). Todo en manos de la familia del expresidente.

En septiembre de 2017, el paquete accionario se transfirió a "Goldwind International Holdings (HK) Limited" y "Goldwind International Janshan Limited", por u$s 10.800.000. La operatoria con Loma Blanca VI fue similar y su venta se produjo por u$s 9.000.000 dólares.

El estadio José Amalfitani fue allanado en búsqueda de documentación, luego de que Vélez Sarsfield y sus autoridades quedaran en el centro de la polémica por una fiesta clandestina que se realizó en la noche del miércoles en el Polideportivo de la entidad de Liniers.

El evento, que fue organizado presumiblemente por un grupo de la barra brava velezana, se dio en simultáneo con el partido que el equipo del DT Mauricio Pellegrino disputó y perdió con Banfield (2-3) en San Juan, por un lugar en la edición 2022 de la Copa Sudamericana.

De acuerdo a los testimonios de testigos y allegados a la institución cerca de "mil personas" habrían participado de este festejo en el que se incumplieron "los protocolos sanitarios" en el marco de la pandemia del coronavirus Covid-19.

Según revelaron fuentes policiales a la agencia Télam, la fiscal Celsa Ramírez imputó al presidente de la entidad, Sergio Rapisarda, y al jefe de seguridad, Eduardo Capuchetti, por distintas contravenciones.

A los directivos se los responsabiliza por no haber acatado los artículos 129 (desvirtuación del rubro), 205 (propagación de pandemia) y 239 (desobediencia) del Código Contravencional.

Por el desarrollo de la fiesta, el club recibiría la clausura del Polideportivo, aunque no del estadio José Amalfitani, que quedará habilitado para albergar normalmente el partido que Vélez sostendrá este domingo, a las 18.30, con Unión de Santa Fe, por la fecha 8, zona B, de la Copa de la Liga Profesional (LPF) de fútbol.

En el marco del Día Mundial del Agua, Manuel Irigoitia, doctor en biología e integrante de Grupo Aguas de la facultad de ciencias exactas y naturales, dialogó con LU9 sobre algunas investigaciones que vienen realizando con determinado grupo.

Sobre la función del grupo remarcó que "a lo que nos dedicamos es hacer relevamientos de pozos de agua en la ciudad, primero empezamos con la calidad microbiológica. Todo lo que es la periferia se abastecen de agua a través de perforaciones domiciliarias, donde cada vecino hace su pozo, depende de la calidad del pozo puede abastecer de peor o mejor calidad el agua. Lo que venimos viendo es que la calidad de los pozos es deficientes"

"En muchos pozos encontramos presencia de agroquímicos. Además nosotros como decía anteriormente estamos trabajando en otros parámetros que son los microbiológicos y nos encontramos en situaciones donde el agua no es apta para el consumo humano", expresó

Además comentó que "en el día de hoy estamos en el monumento a San Martin, realizando una movilización mostrando un poco a los vecinos cual es la problemática para poder generar una toma de conciencia".

Por último resaltó que "cuando encontramos microbiológicos junto con otros contaminantes la situación es aun peor, creo que tenemos que buscar una situación a largo plazo para esta problemática".

Matías Morla reapareció este viernes luego de varios meses de silencio en medio de las acusaciones cruzadas por la muerte de Diego Armando Maradona.

"A tres meses y medio de la muerte de mi amigo, existen estos escenarios: Un abogado como loco filtrando información falsa a la prensa y sus consecuencias: periodistas serios chequean la data y no publican. Periodistas vagos, publican sin chequear", comenzó su descargo en Twitter.

Y continuó: "También están aquellas dominadas por el dinero, desquiciadas y desunidas, que nunca trabajaron. Con batallas personales y judiciales, con nuestro amado Diego en vida. Quedan al margen las hermanas que son Don Diego y Doña Tota. Gente de bien, Diego en estado puro".

"Lo cómico de esta historia es el abogado televisivo hablando de mi patrimonio (lícito) que está imputado por la Justicia en una causa por enriquecimiento ilícito por corrupción. Dejemos actuar a la Justicia y que Diego Maradona descanse en paz. Por favor".

Minutos después, el abogado publicó una selfie que se tomó en el ascensor y escribió: "Último día de la semana. Llegó el viernes al fin. Mientras otros hablan yo sigo trabajando como lo hice todos los días de mi vida. Buen fin de semana para todos".

Tras la muerte de Maradona, Morla había optado por el bajo perfil, pero en los últimos días, reapareció en medio del escándalo: primero se reunió el viernes pasado en Puerto Madero con su colega Mauricio D'Alessandro para que lo defendiera en los medios y días después se anunció su casamiento.

La noticia se filtró en un momento en el que el abogado se encuentra en el ojo de la tormenta de buena parte del universo maradoniano, apuntado especialmente por Dalma y Gianinna, las hijas del astro con Claudia Villafañe.

Luego de un informe que se difundió por como se configura la alimentación y el consumo de frutas, verduras y lácteos en los distintos barrios populares de Mar del Plata, Rodrigo Blanco referente del Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana dialogó con LU9 e indicó que "esto es una iniciativa que hemos llevado adelante enmarcada dentro de la idea del Gobierno "+Argentina contra el hambre". Hemos hecho una encuesta a nivel nacional, en el caso de las ciudad encuestamos a 490 familias".

Además agregó que "las familias que encuestamos planteaban que su ingreso estaba por debajo del costo que requiere una canasta familiar básica"

"La otra cuestión es que la tarjeta alimentar tiene una política acertada, porque le ha mejorado a los usuarios la situación en cuanto a los alimentos, pero la consideramos también insuficiente. En los beneficiarios hemos visto que gran parte han comprado más alimentos una vez que la tenían que antes de acceder a ella", remarcó. Y agregó que "un 61% de los hogares viendo reducidos sus ingresos a partir de la pandemia y esto afecto a la compra de alimentos".

Por último indicó que "esto es una iniciativa que llevamos adelante desde nuestro instituto. Hemos sido convocados por el Ministerio para colaborar dentro de esto. Sentimos muchísima preocupación en todos los ámbitos, primero por la reducción de ingreso, por todos aquellos que se encuentran en situación de trabajo informal, y además las situaciones de imposibilidad de acceder a un alquiler, a una vivienda digna. Ha sido un año muy pero muy difícil".

Este lunes cerca de las 9 de la mañana hubo un choque entre dos camionetas en la capital de Corrientes, en una de las cuales viajaba el ministro de Salud de la provincia, Ricardo Cardozo, donde se transportaban dosis de la vacuna contra el coronavirus sin los debidos protocolo y ni logística sanitaria.

Cardozo quedó internado en el Instituto de Cardiología de Corrientes y, de acuerdo con lo que trascendió, se encuentra fuera de peligro. Mientras, los médicos le realizan estudios para determinar si sufrió o no algún episodio cardíaco.

El accidente tuvo lugar sobre Avenida Maipú al 5000 y el ministro "estaba yendo a Goya en misión oficial", de acuerdo con lo que declaró el gobernador Gustavo Valdés luego conocerse la noticia al término de un acto oficial por el Día de la Mujer realizado en la Gobernación.

Ahora el Ministerio de Salud de Corrientes deberá explicar de dónde se sacó dicho lote con dosis de la vacuna contra el coronavirus que, se supone, tenían como destino la ciudad de Goya que está en Fase 3 en pleno brote de Covid-19.

La provincia de Corrientes contrató en diciembre a una droguería privada para el acopio y distribución de las vacunas contra el coronavirus Covid-19. La empresa posee un depósito a las afueras de la ciudad de Corrientes. "Por eso llama la atención la forma en que el ministro de Salud llevaba las vacunas en el asiento de atrás de la camioneta", apuntaron desde corrienteshoy.

Por otro parte en Goya dirigentes del PRO denunciaron la semana pasada irregularidades en la aplicación de las vacunas contra el Coronavirus, en dicha ciudad. Algo que fue desmentido por el director del Hospital local: "En Goya no hay vacunados VIP", dijo Carlos Martínez, titular del centro asistencial.