La brecha de género y la discriminación se reproducen en el ámbito rural en el control y acceso a los recursos, el capital, la información, las tecnologías y los créditos, dijo la titular del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad (MMGyD), Elizabeth Gómez Alcorta, al lanzar el programa nacional Sembrar Igualdad. Su cartera lanzó este proyecto con el objetivo de garantizar los derechos de las mujeres y personas LGBTIQ+ en ámbitos rurales a través del fortalecimiento de las capacidades productivas y la igualdad en el acceso a los recursos y las tecnologías. El programa, que estimaron que estará en marcha antes de fin de año, fue presentado la tarde del lunes en un acto realizado en la localidad bonaerense de Mercedes por Cecilia Merchán, secretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad del MMGyD; Juan Ignacio Ustarroz, intendente de Mercedes; Diana Guillén, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores; Jorgelina Silva, secretaria de Desarrollo de la Comunidad de Mercedes y la presencia virtual de la ministra Elizabeth Gómez Alcorta, quien permanece en aislamiento preventivo tras retornar del viaje presidencial a Perú.

También participaron distintas organizaciones sociales, como el Movimiento de Trabajadoras y Trabajadores Excluidos (MTE Rural), el Movimiento Nacional Campesino Indígena, Mujeres Rurales Argentinas, Unión de Trabajadorxs de la Tierra (UTT), EPI Kambá y la Corriente Agraria Nacional y Popular. La iniciativa propone el financiamiento a proyectos productivos, capacitaciones, cursos y asistencia técnica y legal a organismos públicos en todos los niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil que trabajan en contextos rurales y mujeres y LGBTI+ de estos ámbitos, y su ejecución será a partir de una labor conjunta con el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y distintas organizaciones de la sociedad civil.

En diálogo con Télam, Gómez Alcorta aseguró que "la brecha de género y la discriminación se reproducen en el ámbito rural en el control y acceso a los recursos, el capital, la información, las tecnologías y los créditos". Estas dificultades limitan "la posibilidad de generar ingresos, perjudica la autonomía económica de las mujeres y LGBT, y eso tiene un impacto en las violencias", prosiguió la ministra. Es por esto que se diseñó el Programa Sembrar Igualdad, que tendrá un alcance nacional, y que forma parte del Plan Nacional Igualdad en la Diversidad 2021-2023, que "busca intervenir de manera estratégica e integral para superar las desigualdades estructurales de género, resultado de un proceso de construcción y coordinación colectiva", a partir de las demandas recolectadas en foros participativos y federales. Ya con numerosas iniciativas en marcha, Sembrar Igualdad tiene como objetivo central "reducir la desigualdad en el acceso y control de los recursos económicos, sociales y culturales, prevenir y abordar las violencias de género en los ámbitos rurales y fomentar políticas de cuidado igualitarias", detalló Gómez Alcorta.

Esta nueva iniciativa surge a partir de registrar que "más del 9% de la población argentina habita en zonas rurales", según el último Censo Nacional. Además, el 50% de las mujeres "representa la fuerza de producción de los alimentos del mundo, es decir, ocupan un lugar muy importante", aseguró la funcionaria. Sin embargo, en América latina solo el 30% de ellas son titulares de las tierras y el 5% tiene acceso a asistencia técnica, "lo que quiere decir que hay un claro problema en la distribución", explicó. Según los relevamientos realizados desde los distintos ministerios, en agricultura familiar, solo el 10% de las jefaturas son mujeres y LGBT. Con el objetivo de revertir estas desigualdades, uno de los ejes está puesto en "algo que visibilizó mucho la pandemia, que es la falta de acceso a las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), que son clave en todos los ámbitos", dijo Gómez Alcorta.

La Municipalidad de General Pueyrredon y el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito IX pondrán en marcha próximamente un Concurso de Ideas y Anteproyectos -en ocasión de celebrarse su 40º Aniversario- para la puesta en valor del Monumento a los Soldados Caídos en Malvinas, así como su entorno circundante.

El concurso cuenta con la colaboración del Centro de Ex Combatientes en Malvinas de Mar del Plata", otorgará premios a los tres proyectos más relevantes y lleva el nombre del ex combatiente y empleado municipal *"Arquitecto Gustavo Benzoni".

Cabe destacar que el concurso estará bajo la evaluación de un jurado conformado por autoridades del Colegio de Arquitectos (CAPBA DIX), de la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano de la comuna y de la Federación Argentina de Entidades de Arquitectos (FADEA).

Fernando Behohats comenzó una iniciativa donde reparte un vaso de te y café a las personas en situación de calle, además está realizando una colecta para colaborar con está gente y poder continuar ayudando.

En este contexto, Fernando dialogó con LU9 sobre la iniciativa y comentó que "esta iniciativa empezó hace muy poco, llegó el frío y yo pasé frío en mi casa y pensé como no iba a tener frío la gente que está en la calle". Y agregó que "así que cargue las cosas y comencé con esto, incluso a algunos a los que pude ayudar me han contado cosas muy profundas de su vida, y he podido charlar con ellos"

"Publique en redes sociales lo que estoy necesitando, pero no tengo muchos seguidores. Pido que colaboren con lo que pueda, que abrigue, como medias, camperas, gorros, bufandas, mantas.", comentó.

Quienes se quieran contactar para ayudar, pueden buscarlo en redes sociales como "Fernando Behohats" o comunicarse a través de WhatsApp al 2236363855.

El Gobierno aclaró que la eventual conformación de una comisión bicameral parlamentaria para "analizar el funcionamiento" de la Justicia "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes", mientras la Asociación de Magistrados y dirigentes opositores como Horacio Rodríguez Larreta criticaron la iniciativa oficial.

La ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, indicó que la eventual conformación de una comisión en ese sentido "no va a arrogarse atribuciones de otros poderes, como las cuestiones disciplinarias", por lo que "no podrá sancionar" a los magistrados, ya que esa acción "no es constitucional".

De esta manera, la funcionaria salió al cruce de las críticas opositoras y de parte de la corporación judicial a la idea de conformar una comisión bicameral que ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial, un pedido que hizo el presidente Alberto Fernández en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el lunes pasado, al dejar inaugurado el 139 período de sesiones ordinarias.

"Lo que hará la bicameral será estudiar el funcionamiento del Poder Judicial, hacer propuestas y citar a audiencias públicas", precisó la ministra Losardo en diálogo con El Destape Radio.

Además, sostuvo que lo que el presidente Alberto Fernández planteó en su discurso ante la Asamblea Legislativa del último lunes fue que "el Congreso asuma el rol cruzado de control del Poder Judicial que prevé la Constitución", es decir, "que el Congreso cumpla con un rol que ya tiene".

"La bicameral será un órgano de asesoramiento no permanente para un asunto determinado" detalló la funcionaria

El lunes pasado, Fernández le reclamó al Congreso que asuma un rol activo, después de repasar una serie de casos emblemáticos que, según su criterio, evidencian la utilización de la justicia para perseguir opositores durante el Gobierno de Cambiemos y la protección de quienes fueron los encargados de ejercer esa persecución.

En ese contexto, aludió sin nombrarlo, al fiscal federal Carlos Stornelli, procesado en una causa en la que se investiga una organización de espionaje ilegal con terminales en el Estado.

"Viendo todo esto, y con el solo propósito de mejorar la calidad institucional de la República, quiero pedirle al Congreso con muchísimo respeto que asuma su rol de control cruzado sobre el Poder Judicial. Así lo prevé nuestra Constitución Nacional. Institucionalmente, alguien debe ocuparse de ver lo que ha ocurrido y ver lo que está ocurriendo en la administración de justicia de nuestra república. No para interferir en sus decisiones, si no para que sirva cumpliendo el rol que el Estado de Derecho le ha asignado", dijo el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias.

El llamado a que el Poder Legislativo asuma un papel activo frente al Poder Judicial se combinó con un reclamo por el fallido tratamiento en la Cámara de Diputados de la reforma judicial y la ley de Ministerio Público, ambas con media sanción del Senado.

Las críticas de la oposición

Con todo, desde la oposición de Juntos por el Cambio salieron a cuestionar, está y otras iniciativas oficiales en materia judicial.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, señaló en un tuit que "la idea de crear una comisión legislativa ad hoc para 'controlar' a los jueces es abiertamente inconstitucional y me opongo con firmeza".

"La Argentina es una democracia constitucional, republicana y federal, y es esencial que exista una clara división de poderes en un sistema republicano", añadió el titular del Ejecutivo porteño.

Argumentó que "la Constitución ya establece el sistema de frenos y contrapesos entre los poderes justamente para evitar que un poder político que deviene de mayorías circunstanciales pueda entrometerse en otro poder que debe ser independiente".

"Si permitimos que se busque condicionar a la Justicia, primero nos quedaremos sin república; y, luego, sin democracia", concluyó Rodríguez Larreta, uno de los dirigentes macristas que fue víctima del espionaje durante la gestión de Mauricio Macri.

Las críticas del Presidente al funcionamiento de algunos jueces y fiscales prendió luces de alarma en la corporación judicial, fundamentalmente, en aquellos que, como Stornelli o el juez Gustavo Hornos (sobre quien pesa un pedido para que renuncie a la presidencia de la Cámara Federal de Casación, el máximo tribunal penal del país) son sospechados de vínculos con el macrismo.

Aludido por Fernández en su discurso, Stornelli, en las últimas horas salió en su defensa, al afirmar que, en su mensaje ante la Asamblea Legislativa, el Presidente introdujo "cuestiones que son falsas" y dejó un mensaje que en los Pasillos de Comodoro Py, fue leído como una velada advertencia.

"Cuando él deje de ser Presidente, algún día vamos a tener una charla de hombre a hombre, para hablar todas estas cuestiones, y reflexionar sobre la República y la división de poderes", lanzó Stornelli en una entrevista con A24.

En tanto, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, afirmó que "la independencia del Poder Judicial es un eje central del sistema de frenos y contrapesos que constituye un Estado democrático" y rechazó la idea de que el Congreso ejerza un "control cruzado" sobre el Poder Judicial.

"La Asociación se encuentra en el triste deber de tener que señalar que no es la generalización de casos particulares, ni la destrucción de los sistemas de Justicia con motivo de sentencias que degraden a sectores políticos concretos, el camino para lograr el equilibrio de poderes en un Estado Social de Derecho, que todos debemos construir", señalaron.

En un comunicado firmado por las autoridades del organismo, encabezado por su titular, Marcelo Gallo Tagle, la asociación aseveró también que "sin la independencia del Poder Judicial no hay República".

Por otra parte, el camarista de San Martín y vicepresidente del Consejo de la Magistratura, Alberto Lugones, se manifestó "de acuerdo" con aumentar la cantidad de miembros del Consejo de la Magistratura para lograr un órgano "mejor y más ágil".

En una entrevista con El Destape Radio, Lugones consideró, además, que en el Consejo "hoy están muy divididas las aguas", situación que hace el trabajo "más difícil" por lo que consideró que "se puede lograr un Consejo mejor que llegue a consensos".

Consultado sobre el pedido del Presidente para que el Congreso haga un "control cruzado", Lugones pidió "primero ver el proyecto de la bicameral de monitoreo del Poder Judicial" y añadió que "el Poder Legislativo no se puede meter ni en las sentencias ni en las sanciones, ya que para las sanciones está el Consejo de la Magistratura".

El Gobierno comenzó a activar los mecanismos para llevar a la práctica los anuncios de reforma de distintos estamentos del Poder Judicial realizados por el presidente Alberto Fernández ante la Asamblea Legislativa, informaron fuentes oficiales.

En tanto, ministros y funcionarios nacionales elogiaron y dieron detalles sobre las iniciativas que ya tienen tratamiento parlamentario -en algunos casos con media sanción del Senado- o que serán presentadas en el corto plazo, como la reglamentación del artículo 280 del Código Procesal o la creación de un Tribunal Federal de Garantías.

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, pidió al Parlamento que debata la reforma del fuero federal y el pliego enviado por el Poder Ejecutivo para que Daniel Rafecas se convierta en el nuevo procurador general de la Nación, en línea con el reclamo planteado el lunes último por el Presidente ante la Asamblea Legislativa.

"Hemos presentado proyectos que se debatieron en el Senado y estamos esperando que los trate Diputados para el mejoramiento de la Justicia", señaló Losardo al hablar por FM Futurock, en referencia a las iniciativas de reforma del fuero federal y de modificación de la forma de elección del Procurador.

Losardo se refirió de esta forma al discurso del Presidente, quien ante la Asamblea Legislativa afirmó que "el sistema judicial de la Nación está en crisis" y ratificó la necesidad de la reforma, al tiempo que propuso un Tribunal Federal de Garantías o la implementación del juicio por jurados para la sanción de delitos graves en el ámbito federal, entre otras iniciativas.

En relación al funcionamiento de la Corte Suprema, Losardo indicó que es necesario "establecer la exacta competencia que le otorga la Constitución", y en este sentido pidió analizar el alcance del "recurso extraordinario federal".

"Los supuestos de los recursos se fueron ampliando y hoy se admiten casos de arbitrariedad que llevan a la discrecionalidad. La ampliación de casos que debe resolver la Corte es materialmente imposible y así es como una causa puede estar años en la Corte", evaluó.

Por su parte, el ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, juzgó que el Poder Judicial "tiene que escuchar" los reclamos de la sociedad, "transformarse" y, en coincidencia con el discurso del Presidente, apuntó contra el fiscal federal Carlos Stornelli, quien -dijo- "está investigado por integrar una banda".

Al igual que Losardo, el viceministro de Justicia, Juan Martín Mena, pidió a la oposición que "se siente a debatir" los proyectos impulsados por el Ejecutivo para la optimización del sistema de Justicia.

En declaraciones a Radio Nacional, Mena juzgó que la oposición no debate "porque esta situación de una Justicia ineficiente y que no convence a nadie le viene muy bien" porque, dijo, "satisface sus intereses y permite impunidad para exfuncionarios del gobierno anterior".

Los fiscales

Por su parte, los fiscales manifestaron su rechazo al paquete de reformas a través del titular de la Asociación de Fiscales nacionales, Carlos Rívolo, quien definió el proyecto de reforma de la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal como un "pelotón de fusilamiento para los fiscales".

Los jueces

Los jueces, por su parte, no habían logrado consensuar una postura: desde la mañana de este martes la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional prometía la difusión de un comunicado que seguía sin emitirse.

Sin embargo, Télam pudo recoger al menos tres tipos de reacciones frente al discurso presidencial: los que hicieron trascender cierto enojo a través de distintos medios, los que no se dieron por aludidos y los que llamaron a sus respectivos interlocutores en el Gobierno para quejarse.

"Al que le quepa el sayo que se lo ponga. No creo que el Presidente hubiera hablado de todos nosotros", le dijo a esta agencia un funcionario judicial con despacho en los tribunales federales de Comodoro Py, donde varios jueces y fiscales se sintieron aludidos por el discurso.

Un comentario extendido entre magistrados fue que ningún integrante del Poder Judicial se manifestó en defensa ni de Stornelli, ni del presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Gustavo Hornos, ni de la jueza de la Corte Elena Highton de Nolasco, los tres aludidos por referencias del discurso presidencial.

Dentro del Gobierno, en tanto, comenzaron a moverse los resortes para llevar a la práctica los anuncios: el mismo lunes, tras el discurso, el Presidente dialogó con Losardo y con otros colaboradores, aunque la letra chica quedará en manos de la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.