El Doctor en Ciencias Sociales, Politólogo y Docente de la UNMdP, Amílcar Salas Oroño, dialogó con LU9 Radio Mar del Plata, respecto del golpe de estado en Sudán.

"Para contextualizar hay que decir que Sudán está justo enfrente del Mar Rojo y de Arabia Saudita, que es un lugar de transito muy importante para el comercio internacional", comentó.

Por otro lado, indicó que "además la mayoría de los ciudadanos de Sudán son musulmanes más allá que es una nación árabe, y es un país geopolíticamente muy importante. Sudán terminó siendo un lugar de intereses geopolíticos chinos, estadounidenses y rusos".

"Este Gobierno de coalición y de transición se torna muy difícil. Es un país donde los intereses extranjeros están puestos hace mucho tiempo,institucionalmente no está fortalecido, y la pandemia ha empeorado todo esto también", explicó.

La investigación por el contrabando a Bolivia de material represivo sumó un nuevo documento que podría constituirse como prueba en la causa judicial, al conocerse una declaración firmada por un oficial de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) en la que reconoce que el 13 de noviembre de 2019 se le ordenó "recoger" 40.000 municiones antitumulto que habían llegado desde Argentina. El documento, difundido por Página/12 y al que también accedió Télam,está firmado por el jefe de subsección de Almacén Central Material Bélico de El Alto de la FAB, Wilfredo Chura Condori, y detalla que ese día se recogieron de un hangar del aeropuerto de El Alto "40.000 municiones antitumulto calibre 12/70, 50 granadas de gas de tipo CN, 19 granadas de gas CS, 52 granadas de gas HC, como también 18 sprays lacrimógenos MK9 y 5 sprays MK4". El informe rubricado por Chura Condori está dirigido a un coronel de la misma FAB, se confeccionó hace exactamente un mes -el 15 de julio pasado- en razón de la investigación que se lleva a cabo tanto en Bolivia como en Argentina, y en su primer párrafo identifica al cargamento mencionado como "material antidisturbios procedente de la República Federal (sic) de Argentina". En otro apartado del texto, el oficial de la FAB relata que se constituyó para "el recojo del material antidisturbios" por indicación de dos superiores, el subjefe del Departamento IV-Logística del Estado Mayor General de la FAB, coronel Oscar Gutiérrez, y del jefe de la sección de Material Bélico Mario Suárez Melgar. El cargamento, sigue Chura Condori, "se trasladó al Almacén Central de Material Bélico con la presencia del subjefe del Departamento IV-Logística EMGFAB" (por el coronel Gutiérrez), y allí "se procedió a levantar un registro del material antidisturbio" que había llegado desde Argentina y que provenía de unas partidas producidas por la empresa estatal Fabricaciones Militares. Esta revelación suma otra prueba que demuestra que en la madrugada del 13 de noviembre de 2019 fuerzas armadas y de seguridad de Bolivia recibieron pertrechos represivos procedentes de la Argentina en el aeropuerto militar de El Alto, un cargamento que había llegado hasta allí en el avión Hércules C-130 que trasladó a La Paz a un contingente de once efectivos del grupo Alacrán de Gendarmería.

Ese avión transportó 70.000 municiones antitumulto, junto a las granadas de gases lacrimógenos y los sprays de gas pimienta, y para justificar tal cantidad de munición el jefe del grupo Alacrán comunicó que era lo que necesitarían para custodiar la embajada argentina en La Paz y la residencia del embajador en la misma ciudad, lo que no suena creíble. De esas 70.000 balas antidisturbio calibre 12/70 que llegaron en el Hércules, 40.000 quedaron de este modo en manos de la FAB mientras que otras 26.900 fueron recibidas por la Policía boliviana, por lo que aún resta saber qué ocurrió con los 3100 cartuchos restantes, datos que surgen de la investigación administrativa que viene realizando el actual gobierno de Bolivia, a cargo de Luis Arce. Otro documento incriminatorio que apuntaló la denuncia del contrabando es la carta que el entonces comandante de la FAB, Jorge Gonzalo Terceros Lara, envió ese mismo 13 de noviembre de 2019 a quien revestía como embajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, para "agradecerle por la colaboración prestada a esta institución armada en el marco del apoyo internacional entre nuestros países debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". El informe conocido este domingo, en el que el oficial de la FAB Chura Condori consigna que recibió órdenes de trasladar los pertrechos represivos a un almacén de la fuerza, reafirma la hipótesis de que los pertrechos de Gendarmería fueron utilizados en la represión contra los manifestantes que denunciaban un golpe de Estado. Mientras se difundía este documento, la investigación judicial por el presunto contrabando agravado se encuentra temporalmente sin juez ya que los tres magistrados que intervinieron hasta ahora -Javier López Biscayart, Alejandro Catania y Rafael Caputo, los tres del fuero Penal Económico- se excusaron y plantearon que todas las actuaciones referidas a estos hechos deben acumularse en una única causa.

El juez en lo Penal Económico Javier López Biscayart ya tiene en su poder documentos oficiales que acreditarían que en la supuesta maniobra de contrabando ilegal de armamento a Bolivia en 2019 estuvieron involucrados funcionarios de la más alta jerarquía del Gobierno de Cambiemos, como los exministros Oscar Aguad (Defensa) y Patricia Bullrich (Seguridad), informaron fuentes con acceso a esa documentación. El escenario probatorio se completa, al menos hasta acá, con las investigaciones administrativas realizadas hacia el interior de los ministerios que habrían estado involucrados en la maniobra; lo que incluye las declaraciones de los gendarmes del comando Alacrán que viajaron a Bolivia y los altos mandos de la fuerza aérea que estuvieron al tanto de cómo se cargó el avión Hércules C-130 donde se presume que se trasladó el armamento. Por otra parte, fuentes judiciales indicaron que "fue aceptada como querellante en la causa" la Aduana, que tiene un rol fundamental en la investigación para determinar el derrotero del material que según las denuncias fue enviado a Bolivia.

Detalles de los documentos

Entre los documentos presentados a la justicia se encuentra el manifiesto de carga del Hércules que partió desde Buenos Aires durante la noche del 12 de noviembre de 2019 y aterrizó en Bolivia en la madrugada del 13. Ese documento, aportado por el Ministerio de Defensa, especifica que a bordo del Hércules iban los pertrechos habituales con los que se manejan los Alacranes, pero nada decía de las 70 mil municiones adicionales que se agregaron, sin incorporarse al manifiesto.

Una nota del mismo 12 de noviembre firmada por el entonces jefe de las fuerzas especiales "Alacrán", el comandante mayor Fabián Salas, y dirigida al comandante de adiestramiento y alistamiento de la Fuerza Aérea Argentina, confirma que se habrían incorporado al vuelo las municiones y gases que "son utilizados habitualmente por Gendarmería Nacional Argentina para las operaciones ante casos de alteración del orden público". Esa nota en la que se indica que, por fuera del manifiesto de carga, se incluirían en el vuelo las 70 municiones antitumulto, 100 spray de Gas Lacrimójeno y casi 600 granadas de gas dejaría en situación comprometida a Aguad y Bullrich.

Declaraciones del Ministerio de Defensa

En declaraciones radiales, el ministro de Defensa Agustín Rossi señaló este viernes que fue aportada a la justicia "toda la documentación del vuelo Hércules C-130 y las comunicaciones que existen de la Misión Naval de Argentina en Bolivia". "Allí se confirma que las armas enviadas fueron hechas en Fabricaciones Militares para la Gendarmería Nacional. Esto confirma que hubo contrabando agravado", señaló Rossi al hablar con Radio el Destape y confirmó además que hubo "un pedido verbal" de su antecesor, Aguad, para que se cargara el material represivo en el Hércules C-130. "Se pidió la custodia y se embarcaron en el mismo Hércules los 70.000 cartuchos antidisturbios y las granadas. Una parte fue a la Fuerza Aérea Boliviana y otra a la Policía Boliviana", reveló el ministro. Esa información surgió de la declaración de una autoridad castrense en el marco de una reconstrucción interna realizada por la cartera de Defensa, según pudo reconstruir Télam. El Gobierno nacional avanza además en la reconstrucción, a través de investigaciones internas, del recorrido completo que habrían seguido los elementos represivos que, según fuera denunciado, el gobierno de Mauricio Macri puso a disposición de las fuerzas de seguridad bolivianas que enfrentaron las protestas sociales desatadas tras el golpe de estado al gobierno de Evo Morales.