Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados analizará este martes un proyecto de ley que crea la Comisión Bicameral de Seguimiento, Control de la Licitación y Funcionamiento de la Hidrovía Paraguay-Paraná y del sistema de navegación troncal con jurisdicción en la República Argentina. La iniciativa de la senadora del Frente de Todos María de los Ángeles Sacnun fue aprobada el pasado 13 de mayo en la Cámara alta y será analizada ahora por un plenario de las comisiones de Peticiones Poderes y Reglamento y de Presupuesto y Hacienda, que conducen los oficialistas Mayda Cresto y Carlos Heller, respectivamente en Diputados. Fuentes parlamentarias señalaron que, si hay acuerdo entre las fuerzas políticas, se podría avanzar en la redacción de un despacho de comisión. De acuerdo con ese proyecto, la comisión tendrá por objetivo el estudio, conocimiento, seguimiento, monitoreo, auditoría y contralor del proceso licitatorio de la hidrovía, del sistema de navegación troncal, de las inversiones necesarias para el desarrollo integral de las regiones, la integración, el crecimiento económico y el desarrollo productivo. La Bicameral estará integrada por seis senadores y otros seis de Diputados que serán designados de acuerdo con el Reglamento de cada Cámara. La Comisión podrá solicitar todo tipo de documentación e información relacionada con la hidrovía, tanto del sector privado como del sector público, y de organismos locales como internacionales. También se podrá citar a funcionarios nacionales, provinciales, municipales y comunales a prestar informes y a representantes de los organismos que manejan, controlan, ejecutan y desarrollan la licitación de ese curso fluvial. Los legisladores están facultados a solicitar informes a las universidades, entidades empresariales, industriales, del comercio, de la producción agropecuaria y de los trabajadores. Además, los integrantes de esta comisión podrán hacer informes con propuestas concretas y asesorar sobre su avance "haciendo especial énfasis en el desarrollo armónico de la Nación, el respeto al federalismo, el desarrollo de las economías regionales y el cuidado del medio ambiente". Otra de las potestades que tendrá la Bicameral será "auditar las inversiones, costos y gastos que se desprendan de la licitación de la hidrovía" así como "ejercer el contralor del proceso licitatorio". Finalmente, los legisladores deberán elaborar un informe anual que será remitido a ambas Cámaras del Congreso para su publicación, con copia al Poder Ejecutivo Nacional.

El oficialismo de la Cámara de Diputados consiguió este miércoles dictamen de mayoría en el plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Justicia para el proyecto de ley del Ejecutivo que propone la modificación del Ministerio Público Fiscal, iniciativa que quedó habilitada para su tratamiento en el recinto. El proyecto limita a cinco años el período de ejercicio en el cargo del Procurador General de la Nación -jefe de los fiscales- y modifica las mayorías necesarias para su designación, una propuesta rechazada desde Juntos por el Cambio. Tras más de cinco horas de debate, el Frente de Todos se alzó con el dictamen de mayoría con las 33 firmas propias y la del mendocino José Ramón (Unidad para el Desarrollo), en tanto que Juntos por el Cambio rubricó un dictamen de minoría con 30 avales mientras que la diputada Graciela Camaño (Consenso Federal-Buenos Aires) presentó un tercer texto. En el inicio de la reunión el interbloque Juntos por el Cambio, a través del diputado Ezequiel Fernández Langan (PRO-Buenos Aires), cuestionó el quórum de la reunión y la metodología de trabajo -con algunos legisladores conectados por la plataforma zoom-, a lo que el oficialista Rodolfo Tailhade (FdT-Buenos Aires) respondió que la reunión era válida porque "así lo establece el reglamento". La ronda de exposiciones comenzó con la diputada Vanesa Siley (FdT-Buenos Aires), quien señaló que el dictamen "está atravesado por un fuerte contenido en materia de perspectiva de género, fruto de la reunión que muchas fiscalas tuvieron con el ministro (de Justicia, Martín) Soria".

"La cuestión sobre la designación y las mayorías, a los efectos del nombramiento del Procurador, de pasar de los dos tercios a la mayoría absoluta, se liga con el hecho de que la permanencia en su cargo ya no será más vitalicia, y por eso no se requieren esas mayorías, dispuestas en su momento por ley y no por la Constitución", detalló Siley. Por Juntos por el Cambio, el vicepresidente de la comisión de Asuntos Constitucionales, Gustavo Menna (UCR-Chubut), fijó la postura de ese espacio: "Vamos a rechazar absolutamente este proyecto que viene del Senado porque lo consideramos abiertamente contrario a la Constitución".

"Este es un debate que viene desde el inicio de la Nación misma, que es si ubicar al Ministerio Público en la órbita del Poder Judicial o del Poder Ejecutivo, que se disipó en la Reforma Constitucional de 1994 ubicándolo como un órgano con independencia y autonomía, que son las características que desconoce este proyecto", añadió. El presidente de la bancada de la Coalición Cívica, Juan Lopez (CC-CABA), también criticó al oficialismo. "No sé si tienen los votos y no sé si los van a tener, pero si los llegan a tener van a tener que romper muchas cosas, desde el punto de vista institucional, por ejemplo. Los invito a que sigamos con una legislación de consenso y que pongan a consideración el pliego de (Daniel) Rafecas para la procuración", señaló López.

El mendocino José Luis Ramón (Unidad y Equidad Federal) salió al cruce de los cuestionamientos por su apoyo a la reforma. "Estamos muy lejos de hacer un cambio por alguna cosa menor. ¿Qué es ser 'traidor a la Patria'? ¿Estudiar qué modificaciones puede tener un proyecto que va a mejorar la vida de millones de argentinos? ¿Queremos que pase algo o que todo continúe como está?", se preguntó. En defensa de su dictamen, Camaño planteó que "no es el momento oportuno para resolver el tema del Ministerio Público Fiscal, y si el Procurador interino (por Eduardo Casal) ha cometido alguna falta existen los mecanismos para reemplazarlo a partir del trabajo de la Comisión Bicameral". "No es modificando la ley para una coyuntura como vamos a resolver al tema. Desde el oficialismo terminaron diciendo que Cambiemos quería cambiar a (la ex procuradora, Alejandra) Gils Carbó y ahora dicen que el proyecto es el mismo", advirtió. Pese a no formar parte de ninguna de las dos comisiones, el diputado de la izquierda Nicolás del Caño (PTS en el FIT-Buenos Aires) expresó: "Esta propuesta que trae el oficialismo tiene el objetivo muy claro de aumentar el control del gobierno de turno hacia el Procurador General y la Justicia, más teniendo en cuenta que se va a implementar el sistema acusatorio". Los encendidos discursos del oficialista Leopoldo Moreau (FdT-Buenos Aires) y de la republicana Silvia Lospenatto (PRO-Buenos Aires) marcaron los minutos más intensos de la reunión, que se vio marcada por comentarios de otros diputados que hablaban fuera de micrófono mientras exponían sus pares, entre los que se hacían notar el oficialista Nicolás Rodríguez Saá (FdT-Buenos Aires) y el macrista Fernando Iglesias (PRO-CABA).

La mayoría de los discursos se realizaron con comentarios de otros legisladores que hablaban fuera de micrófono, entre los que se destacaban los del macrista Fernando Iglesias. Como titular de la comisión de Justicia, Tailhade le tuvo que llamar la atención al macrista Iglesias porque Moreau, mientras hacía su discurso, dijo "me olvidé algo", a lo que el diputado del PRO le acotó "la pastilla", intervención que valió el repudio de la mayoría de los legisladores presentes. El despacho aprobado en comisión modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir al Procurador, que fueron propuestas por el ministro Soria. Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto presentado originalmente y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador, ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría. Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (uno por la mayoría y uno por la minoría), un representante del Consejo Interuniversitario Nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer). En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán cinco votos -que implica los dos tercios- y cuatro votos para el resto de las decisiones.

El ministro de Justicia, Martin Soria, aseguró que es necesario avanzar con el proyecto de reforma del Ministerio Público sancionado por el Senado y dijo que con esa iniciativa se busca "rescatar" al organismo de "la crisis de legitimidad" en la que ha caído.

Lo dijo al presentar ante un plenario de comisiones de Diputados una serie de propuestas de modificación al texto aprobado por la Cámara alta, en procura de alcanzar consensos sobre el tema.

Al hablar ante un plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, Soria dijo que aprobar esa iniciativa "es fundamental para el restablecimiento del Estado de Derecho, que tanto daño ha sufrido en los últimos años".

Soria expuso ante esas comisiones, que conducen Rodolfo Tahilade y Hernán Pérez Araujo, respectivamente, donde no estuvo el bloque de Juntos por el Cambio, que rechaza el proyecto votado por el Senado Nacional y que el domingo por la noche anticipó su concretada ausencia al zoom.

El proyecto del oficialismo contempla la elección del jefe de los fiscales por mayoría absoluta del Senado, en vez de los dos tercios de los presentes, y pone un plazo a la vigencia del mandato del Procurador General de la Nación.

El titular interino de la Procuración General de la Nación (jefatura de los fiscales) es Eduardo Casal, quien ocupa ese cargo desde hace más de tres años, tras la renuncia de Alejandra Gils Carbó.

Precisamente, Casal fue ratificado en el puesto en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri.

En una exposición de más de una hora y media, el ministro aseguró que "la falta de un procurador legitimado por elección del Presidente con acuerdo del Senado dejó al Ministerio Público Fiscal virtualmente acéfalo", condición que, juzgó, "no puede prolongarse más tiempo si queremos seguir implementando el sistema acusatorio en Argentina".

Agregó que el proyecto "no tiene nombres propios sino que debe resolver un interinato y una vacancia que se prolongó ya tres años". .

"No se trata de resolver una situación actual dentro del Ministerio Público Fiscal o el Ministerio Público de la Defensa, no se trata de simples parches. Queremos y debemos sentar las bases de la institucionalidad sólida y perdurable", agregó.

A lo largo de su exposición, cuestionó la ausencia de los diputados de Juntos por el Cambio y recordó que el macrismo presentó en 2016 y en 2017 proyectos para acotar el mandato del procurador.

"Lamento la ausencia del bloque de Juntos por el Cambio, porque en cuanto a la duración del mandato del Procurador General hasta el macrismo presentó en 2016 sendos proyectos para terminar con el mandato vitalicio", remarcó el ex diputado nacional.

Al defender que se pueda aprobar la designación del Procurador con mayoría absoluta del Senado, Soria dijo que "la Ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997. Esa Ley debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante".

Soria afirmó que "no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia".

"Ahora va a ser la Cámara de Diputados la que tiene la tarea de dejar de lado intereses mezquinos, tenemos que lograr una ley que sea producto del diálogo con todos los sectores, incluso aquellos que no piensan como nosotros", expresó el funcionario al pedir el acompañamiento de otras bancadas a la iniciativa.

A la hora de las consultas, el presidente del interbloque Unidad Federal, José Luis Ramón, expresó: "Proponemos que fiscales y jueces sean elegidos por voluntad popular. Pero en relación a este proyecto, ¿por qué no hay una procuraduría especializada en derechos del consumo? Este es uno de los temas centrales, evidenciado por la pandemia".

Por el oficialismo, la diputada Vanesa Siley apuntó: "La perspectiva de género no es una cuestión menor, es muy serio, y hablar de esto en el Ministerio Público Fiscal es una necesidad que nos demanda no solamente las mujeres de nuestro país, los hijos, sus familiares. Es angustiante".

El ministro destacó los dichos de la legisladora y dijo que en el nuevo texto "se contemplan varias cuestiones relacionadas con la perspectiva de género".

El misionero Diego Sartori, del Frente de la Concordia, le consultó al ministro sobre "cómo asegurar la independencia del Ministerio Público Fiscal y evitar que quede 'preso' de la política".

"La independencia y la autonomía para nosotros es lo principal; y lo primero que tenemos que hacer es devolverle el presupuesto a través de la autarquía financiera a ambos organismos. Porque el financiamiento fue lo primero que le borraron los autoproclamados republicanos allá por diciembre de 2015", manifestó el ministro

Tras agradecer el respaldo de sus recientes compañeros de bloque, el santiagueño Ricardo Daives y la entrerriana Carolina Gaillard, Soria insistió en su cuestionamiento a Juntos por el Cambio: "Sin siquiera conocer todos los cambios, las propuestas que hemos estado recogiendo en estas últimas semanas adelanten su rechazo, su oposición por la oposición misma, como siempre. Me tocó verlo ahí desde donde están ustedes ahora en el Congreso, hoy volvemos a verlo pero ya desde otro rol, lamentablemente".

En el cierre de la reunión, Tahilade anticipó que en las próximas semanas se invitará a representantes de asociaciones de fiscales, de magistrados y a doctrinarios, entre otros, para que fijen sus posiciones sobre el proyecto.

El ministro de Justicia, Martín Soria, expondrá este lunes en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, cuyo puntos centrales son la elección del jefe de los fiscales para que se designe por mayoría absoluta de la Cámara alta, en vez de por los dos tercios de los presentes y poner un plazo a la vigencia del mandato del Procurador.

Será la primera visita que hará Soria al Congreso luego que asumió el Ministerio de Justicia el pasado 29 de marzo, en reemplazo de Marcela Losardo.

El exdiputado expondrá desde las 18 a través del sistema de videoconferencia ante el plenario de las comisiones de Justicia y de Asuntos Constitucionales -que conducen los diputados del Frente de Todos Rodolfo Tailhade y Hernán Perez Araujo- sobre la reforma del Ministerio Público.

Si bien en la convocatoria efectuada a Soria se incluye solo el proyecto sobre la elección del jefe de los fiscales y el plazo de duración de su mandato aprobado por el Senado no se descarta que se refiera a la reforma judicial que también sancionó la Cámara alta.

El pedido del Presidente

El viernes último, desde Rosario, el presidente Alberto Fernández le pidió a la Cámara de Diputados de la Nación que avance en el tratamiento del proyecto de ley que él mismo envió para la reforma del fuero federal para así poder "dar pelea" al narcotráfico y a los restantes delitos complejos.

Las negociaciones

En el Senado, la reforma judicial se sancionó el 28 de agosto del año pasado mientras que la reforma de la ley del Ministerio Público se aprobó el 27 de noviembre, pero el oficialismo de la Cámara baja no había abierto el debate debido a las dificultades de juntar los 129 votos para poder sancionar esos proyectos.

Fuentes del oficialismo confían en que buscarán los acuerdos con los bloques provinciales para tratar de aprobar en primer término los cambios en la ley que regula la actividad de los fiscales, ya que es esa iniciativa es central para avanzar con la elección de un nuevo Procurador.

Los cambios que propone la reforma

El procurador Eduardo Casal está ejerciendo su cargo en forma interina desde la renuncia de Alejandra Gils Carbo en noviembre del 2017.

La principal reforma a la Ley del Ministerio Público modifica las mayorías para designar al jefe de los fiscales.

En la actualidad, se concreta con el voto de los dos tercios de los presentes en la Cámara alta, mientras que con el cambio que deberá ahora debatir Diputados se necesita sólo mayoría absoluta.

El proyecto aprobado también establece que la postulación y designación del candidato no podrá realizarse durante el año electoral en el cual se elija presidente de la Nación.

Asimismo, se establece que el procurador dure en sus funciones cinco años, pudiendo ser nuevamente designado en forma consecutiva por un único período a propuesta del Poder Ejecutivo Nacional y con nuevo acuerdo del Senado.

Por otro lado, el Procurador General de la Nación al momento de su designación no podrá superar los 75 años de edad.

El proyecto también dispone que el procurador sólo puede ser removido por razones de mal desempeño, crímenes comunes o delito en el ejercicio de sus funciones.

En ese caso, para la acusación ante el Senado de la Nación, se requerirá la aprobación de la mayoría absoluta de los miembros de la Cámara, en tanto que para la remoción se necesitan los votos de los dos tercios.

No obstante, el Senado podrá suspender al procurador, mientras dure el proceso de remoción, por el voto de la mayoría absoluta de sus miembros.

Los puntos centrales de la reforma judicial

En tanto, la reforma judicial aprobada por el Senado -que aún se encuentra pendiente de tratamiento en la Cámara baja- propone la unificación de los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46 y se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.

Además se crean cinco Tribunales Orales en lo Penal Federal con asiento en CABA, que serán integrados por tres miembros y una secretaría cada uno.

Además la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal y la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico de la Capital Federal pasarán a formar una única Cámara denominada Cámara de Apelaciones en lo Penal Federal con asiento en CABA.

Respecto al sistema de subrogancias, uno de los puntos cuestionados por la oposición, se establece en el artículo 16 que la Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional dentro del plazo de diez de la entrada en vigencia de la presente ley, elaborará y remitirá al Consejo de la Magistratura una lista con todos los magistrados del fuero criminal y correccional nacional que manifiesten su voluntad de subrogar los Juzgados del 24 a 46 del nuevo Fuero Penal Federal.