El Tesoro Nacional comenzó a distribuir los $145.000 millones generados hasta este lunes por el Aporte Solidario y Extraordinario para hacer frente a las urgencias sanitarias y económicas que impone la pandemia del COVID-19, informaron fuentes oficiales. Los fondos del Aporte fueron destinados a la compra de vacunas, medicamentos e insumos sanitarios, asistencia a las PyMEs y los trabajadores, inversión en educación, mejoras habitacionales en barrios populares y el fomento de la inversión en el sector gasífero. La primera distribución de fondos, cobrados al 27 de mayo a contribuyentes con patrimonios superiores a los $200 millones, ya se asignaron a políticas previstas en la Ley 27.605, que establece el destino de los recursos extraordinarios. Esos fondos deben destinarse a financiar la política sanitaria (20%); subsidiar a las PYMES para sostener los puestos de trabajo (20%); inyectar más recursos en las becas Progresar (20%), mejorar condiciones habitacionales de los barrios populares (15%) y apuntalar la inversión en el sector gasífero (25%). "Cada paso que damos lo hacemos con el objetivo de tranquilizar la economía, buscando sentar condiciones que favorezcan el desarrollo humano, la inclusión, la inversión y la generación de empleo. Es un camino en el que el Gobierno y el Congreso de la Nación trabajan de la mano", dijo el ministro de Economía, Martín Guzmán, en su cuenta de Twitter. "El Aporte Solidario y Extraordinario tiene un gran valor para lidiar con los complejísimos desafíos que trae la pandemia. Nos ayuda a financiar políticas esenciales para sostener a nuestra sociedad de pie, de una forma progresiva y que ayuda a la estabilidad macroeconómica", agregó.

De esta manera, $29.000 millones fueron destinados al Ministerio de Salud para la compra de vacunas, medicamentos y elementos de protección. También se prevé la adquisición de insumos críticos para la prevención y la compra y/o elaboración de equipamiento médico. Además, con el objetivo de sostener el empleo y las remuneraciones de los trabajadores de las micro, pequeñas y medianas empresas en el marco del programa de Recuperación productiva (Repro II), se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Trabajo. Asimismo, $22.000 millones se dirigieron al Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) para mejorar la salud y las condiciones habitacionales de los habitantes de los barrios populares. En tanto, se destinaron $29.000 millones al Ministerio de Educación para reforzar el plan Progresar, que acompaña a las y los estudiantes con un incentivo económico y un importante estímulo personal en todos los niveles de formación durante su trayectoria educativa y/o académica. En relación a la política energética, se destinaron $36.000 millones a la Secretaría de Energía para programas y proyectos de exploración, desarrollo y producción de gas natural, actividad que resulta de interés público nacional, a través de Integración Energética Argentina S.A. La firma viabilizará dichos proyectos proponiendo y acordando con YPF, en forma exclusiva, las distintas modalidades de ejecución de los proyectos. Dicha distribución es compatible con la distribución total prevista del Aporte (esto incluye lo recaudado a la fecha y, a su vez, las cuotas pendientes de pago asociadas al Régimen de Facilidades de pago estipulado por la AFIP - RG N° 4942/21) que se refleja en la Decisión Administrativa de fines de may-21 (alrededor de $225.000 millones).

A fines del mes pasado, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) habilitó la posibilidad de realizar ejecuciones fiscales y solicitar medidas cautelares sobre las personas alcanzadas por el Aporte Solidario y Extraordinario que no cumplieron con sus obligaciones. A través de la resolución general 4996/2021 publicada el 26 de mayo en el Boletín Oficial, el organismo dispuso asimismo que, aquellos contribuyentes con patrimonios superiores a los $ 200 millones que adeuden el pago, podrán regularizar su situación a través de planes de pagos que estarán vigentes hasta el 30 de setiembre. El organismo que encabeza Mercedes Marcó del Pont inició más de 2.500 fiscalizaciones a contribuyentes que no cumplieron con sus obligaciones respecto del Aporte Solidario y Extraordinario. A comienzos de febrero, la AFIP reglamentó la Ley y precisó que la fecha a considerar para la valuación de los bienes es la de entrada en vigencia de la norma, el 18 de diciembre de 2020.