El Frente de Todos buscará alcanzar acuerdos con los bloques opositores para incorporar en la sesión que se realizará el tratamiento del proyecto de "Emergencia Covid", que establece un marco normativo sobre parámetros de riesgo epidemiológico y sanitario para mitigar el impacto de la segunda ola de coronavirus.

En este marco, un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados fue convocado para a las 10 para emitir dictamen sobre el proyecto de "Emergencia Covid" que contempla medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país hasta fin de este año en el marco de la pandemia.

La intención del oficialismo es convertir en ley este proyecto sancionado por el Senado antes del viernes, día en que vence el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), informaron fuentes parlamentarias.

El DNU vigente estableció nueve días de aislamiento estricto (entre el 22 y el 30 de mayo); luego cinco días con mayores habilitaciones (del 31 de mayo al 4 de junio); el pasado fin de semana (5 y 6), nuevamente con restricciones más duras, y por delante los últimos días de esta etapa (del 7 al 11 de junio) otra vez con medidas más laxas.

Los presidentes de las comisiones de Asuntos Constitucionales, Hernán Pérez Araujo, y de Acción Social y Salud Pública, Pablo Yedlin, enviaron esta la citación a los diputados para realizar una reunión presencial debido a que Juntos por el Cambio no iba a dar aval para emitir dictamen en un encuentro realizado en forma remota.

Por ese motivo, la bancada del Frente de Todos comenzó en las últimas horas negociaciones con los bloques opositores para incluir este tema en la sesión que se reanudará este jueves desde las 13 para convertir en ley el proyecto de Consenso Fiscal.

Además ya hay acuerdo para incorporar el proyecto de Zonas Frías para reducir las tarifas de gas en Mendoza, localidades de Salta, San Luis y municipios de la provincia de Buenos Aires, que beneficiará a más de tres millones de usuarios de los sectores más vulnerables.

Lograr consenso

El oficialismo necesita alcanzar un consenso para incorporar el proyecto Emergencia Covid en la sesión que se reanudará este jueves o llamar a otra sesión especial, situación que también requerirá colaboración de los bloques provinciales para conformar el quórum de 129 legisladores.

El Frente de Todos suma 118 diputados -incluido el presidente de la Cámara de Diputados que vota solo en caso de desempate pero su presencia se suma para conformar el quórum- por lo que necesita 11 diputados para alcanzar el piso de 129 legisladores para abrir la sesión.

Según informaron fuentes parlamentarias, los 6 diputados que integran el bloque Unidad Federal para el Desarrollo, que conduce José Luis Ramón, respaldarán la iniciativa, a partir de los cambios e incorporaciones realizadas en el Senado al proyecto enviado por el Poder Ejecutivo.

En el oficialismo confían en sumar a la mayoría de los diputados que conforman el Interbloque Federal integrado por tres de Consenso Federal, 4 de de Córdoba Federal, 2 socialistas y 2 del bloque Justicialismo, y a los dos diputados de Acción Federal.

La iniciativa

La iniciativa que se busca aprobar reúne los criterios sostenidos en los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.

Entre otras cuestiones, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y "Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria" que se aplicarán en todo el país.

El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y sólo las restringe en aquellas zonas en "situación de alarma".

En las urbanizaciones con "alarma epidemiológica y sanitaria" se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.

También se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

Asimismo, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.

El oficialismo de la Cámara de Diputados buscará avanzar el martes próximo en un plenario de comisiones con el dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal, que elimina el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años. El debate de la iniciativa se realizará el próximo martes a las 19 en un plenario de las comisiones de Justicia, que preside Rodolfo Tailhade (Frente de Todos), y de Asuntos Constitucionales, a cargo de Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos). El oficialismo confía en emitir el dictamen de comisión ese día y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja, según informaron a Télam fuentes parlamentarias.

El despacho modificará el texto votado por el Senado, con lo cual deberá volver a la Cámara alta, ya que cambiará la composición del Jury de Enjuiciamiento para garantizar la paridad de género y las mayorías para poder destituir a un procurador, que fueron propuestas por el ministro de Justicia Martín Soria.

Sobre la composición de ese tribunal, el oficialismo aceptó modificar el proyecto original y agregar un integrante del Ministerio Público Fiscal en reemplazo de un legislador ya que en el proyecto se establecía dos por la mayoría y uno por la minoría. Con esa reforma, el Tribunal de Enjuiciamiento quedaría compuesto por un representante del Poder Ejecutivo, dos representantes de la Comisión Bicameral parlamentaria (1 por la mayoría y 1 por la minoría), un representante del consejo interuniversitario nacional, un abogado y dos fiscales (un varón y una mujer). En cuanto a las mayorías, se establecerá que para destituir al Procurador se requerirán 5 votos -que implica los dos tercios- y 4 votos para el resto de las decisiones. Los diputados avanzarán en la discusión del proyecto luego de que el viernes pasado el plenario retomó la discusión de la iniciativa, sin la presencia de los representantes de Juntos por el Cambio, que optaron por retirarse del plenario por no compartir la metodología adoptadapara el tratamiento de la iniciativa ni la cuestión de fondo.

La oposición delibera

La conducción de Juntos por el Cambio decidió adelantar para este domingo a la noche la reunión de esa fuerza opositora para definir si concurrirán al plenario del próximo martes a pedido del interbloque de Juntos por el Cambio. "Desde la mesa de conducción del Interbloque JxC pedimos que se adelante para este domingo la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio.El kirchnerismo quiere sacar el martes dictamen exprés de la reforma del Ministerio Público Fiscal.¡La Justicia está en peligro!", publicó en Twitter el titular de la bancada de la UCR, Mario Negri.

Si bien Juntos por el Cambio rechazará el proyecto, el oficialismo tiene los votos asegurados para emitir el dictamen de comisión ya que contará con el aval de legisladores de bloques provinciales como el de Unidad Federal para el Desarrollo, que lidera José Luis Ramón. El diputado mendocino, que se reunió días atrás con Soria para analizar proyectos de ley vinculados con la mejora del servicio de justicia y, en particular, del Ministerio Público, consideró que existe una necesidad de resolver la situación irregular de la Procuración General de la Nación. En el plenario del viernes, Ramón propuso incorporar al proyecto la creación de una Procuraduría especializada en Defensa de las y los Consumidores y Usuarios en el ámbito del Ministerio Público Fiscal. En tanto, desde el Frente de Izquierda anticiparon a Télam que aún no definieron la posición que adoptarán en el plenario y en el recinto. Días atrás, el ministro de Justicia, Martín Soria, recordó que "la ley actual fue producto de una decisión coyuntural que se sancionó en el Congreso en 1997", al considerar que "debe ser modificada ante el profundo cambio de paradigma que supone el paso al sistema acusatorio qué estamos llevando adelante". Soria afirmó en ese sentido que "no se han podido lograr los consensos para elegir Procurador (General de la Nación) y por eso seguimos transitando el interinato más largo de la historia". Casal fue ratificado en ese cargo en 2017 por el entonces presidente Mauricio Macri. Otro aspecto relevante de la iniciativa es que el jefe de los fiscales deberá comparecer ante el Congreso una vez al año, en sesión especial, alternando su presentación una vez en cada Cámara, para presentar su informe de gestión, que previamente enviará a la bicameral.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, aseguró que "no hay discusión dentro del Gobierno respecto de cómo encarar el proceso de renegociación de la deuda" con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"El Gobierno tiene una posición unívoca en el planteo político, respecto de que esperamos el mejor acuerdo posible para la Argentina y de respaldo al ministro de Economía (Martín Guzmán), y es importante dejarlo claro, sino parece que en el Gobierno tenemos diversas opiniones y tenemos una única opinión y es el camino que eligió el Presidente (Alberto Fernández) y quienes somos parte de la coalición", sostuvo Massa en diálogo con Radio Del Plata.

También aseguró que en el Frente de Todos tienen "la particularidad de poder dialogar, aún en los temas en los que se piensa distinto".

En ese sentido, explicó que estamos ante un escenario que empezó en diciembre del 2019, que tiene aún "dos negociaciones muy fuertes: una vinculada a lo que se denominaban los bonistas privados, otra a los multilaterales o el acuerdo con el Fondo, centralmente porque representa el 93% de la deuda de multilaterales".

"En ese menú de deuda heredada, absolutamente irresponsable, desde el punto de vista de la construcción de un sendero de sustentabilidad, nos encontramos que la Argentina encaró la renegociación con los bonistas con un éxito inesperado para todo el mundo, una renegociación muy exitosa nos permitió quitarle a la Argentina el peso del pago de deuda por ejemplo para este año, así como llevar adelante una de las inversiones en materia de infraestructura y obra pública para este año en el presupuesto, de las más importantes de las que tengamos memoria", resaltó.

Sobre la deuda con organismos multilaterales resaltó además que en el caso del Fondo Monetario Internacional (FMI), "la mayor operación de crédito que tiene el Fondo es con Argentina, representa más del 50% de su exposición de capital, con lo cual el FMI también tiene la obligación de encontrar una solución a este problema".

Massa sostuvo también que "desde el punto de vista técnico, es una deuda que no pasó por el Congreso Nacional, que no tiene parámetros de sustentabilidad respecto de vencimientos y capacidad de pagos, y que es una deuda en la que de acuerdo al propio Fondo no se cumplieron los principios que fija el estatuto del organismo".

Argentina "entonces plantea dos cuestiones: que el acuerdo a largo plazo tenga sustentabilidad para no estar en cuatro o cinco años nuevamente reestructurando la deuda, lo que exige "curvas más aplanadas de vencimiento", refirió.

En esa línea, aseguró que además, el planteo del Gobierno es que "la idea de que el programa económico, la búsqueda de superávit comercial y de equilibrio fiscal, de un tipo de cambio competitivo, y la búsqueda de desendeudamiento y acumulación de reserva sea a partir de un programa que la Argentina le presenta al Fondo y no uno que el Fondo le impone a la Argentina".

"Es importante que a la discusión con el staff técnico le encontremos además un acuerdo político que permita que el prestamista de última instancia (FMI) tenga una mirada puesta en los propios errores cometidos en la operación con Argentina", indicó.

Y concluyó: "Cualquier acuerdo que Argentina firme (en caso de firmarse un acuerdo de facilidades extendidas) tiene que tener una cláusula que la habilite de manera automática a encarar en los principios de mejora, de plazo, de tasa, o de quita de capital, un pari passu automático de acceso a esas mejoras".

El proyecto legislativo que sube el piso salarial del impuesto a las Ganancias a salarios brutos de $ 150.000, y exceptúa al aguinaldo, incluirá también mayores beneficios a jubilados y pensionados, a las parejas en concubinato y a los contribuyentes de la zona patagónica.

El dato fue aportado a Télam por fuentes de la presidencia de la Cámara previo al inicio del tratamiento del proyecto en un plenario de comisiones, previsto para la tarde de este martes, y al encuentro que mantendrá el titular de Diputados, Sergio Massa, con representantes sindicales.

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias será retroactivo a enero pasado, con lo cual a los trabajadores que perciben hasta $ 150.000 de salario bruto se les reintegrará la suma que se les descontó en el primer trimestre del año.

Si bien hoy la ley establece que para que jubilados y pensionados puedan acceder al beneficio no puede tener otras entradas de dinero, "la modificación permitirá flexibilizar ese requisito estableciendo un monto mínimo de ingresos", indicaron las fuentes. Así, podrán acceder al beneficio los jubilados que, además del haber, perciben otras rentas.

Del mismo modo, en materia de parejas en concubinato, si bien en la actualidad la ley habilita deducir al cónyuge, los cambios prevén "ampliar la deducción al concubino, cualquiera fuera el sexo, dándole al proyecto una perspectiva de género", explicaron. Asimismo, esta deducción será aplicable "para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas que conviven y comparten un proyecto de vida común, sean del mismo o de diferente sexo".

Por otra parte, se incorpora al proyecto un artículo que mantiene el beneficio del "22% adicional" en la región patagónica pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que "beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados".

El proyecto de reforma al impuesto a las Ganancias se comenzará a debatir esta tarde en un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El análisis de la iniciativa que busca un alivio fiscal para más de un millón de trabajadores se abrirá a las 15 en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo, con las exposiciones que brindarán el ministro de Trabajo, Claudio Moroni, y la titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Mercedes Marco del Pont.

También expondrán en el plenario -conducido por los legisladores oficialistas Carlos Heller (Presupuesto) y Vanesa Siley (Trabajo)-, el secretario de Política Tributaria, Roberto Arias.

En tanto, a las 18.30, Massa se reunirá con Pablo Moyano (Camioneros), Mario Manrique (Smata), Omar Plaini (Canillitas), Raúl Durdo (SOMU, Marítimos); Sergio Sánchez (Peajes); Daniel Ricci (FEDUM); Miguel Díaz (Udocba); Diego Corvalán (SUPA) y Juan Carlos Moreyra (Ceramistas), entre otros.

También serán de la partida Pablo Flores (AFIP); Juan Pablo Brey (Aeronavegantes); Alberto Wehbe (Obreros del vidrio); Pablo Palacio (Recibidores de Granos, Urgara); Jorge Frías (Aceiteros); Miguel Ángel Soto (Peones de Taxi); Daniel Amarante (Guincheros); Claudio Burgos (Trabajadores de la Industria del Hierro); Leonardo Fabre (APOPS); José Minaberrigaray (SETIA, Textiles); Gabriel Suárez (Luz y Fuerza de Córdoba); Carlos Zolezzi (Telefónicos); Ricardo Cirielli (Técnicos Aeronáuticos) y Eduardo Álvarez (Aguas y Gaseosas).

En esta oportunidad -a diferencia de los anteriores encuentros- estarán dos mujeres representantes sindicales: Graciela Aleña (Viales) y Cristina Jerónimo (Empleados del Vidrio).

Esta reunión se suma a la que Massa mantuvo con anterioridad con representantes de la Confederación General del Trabajo (CGT) y con más de una decena de diputados de extracción sindical que integran la Cámara baja.

El diputado nacional Rodolfo Tailhade denunció penalmente a su par de Juntos por el Cambio, Fernando Iglesias a quien le indilgó el delito de enriquecimiento ilícito por un incremento patrimonial "injustificado" que no guardaría relación con sus ingresos declarados.

Tailhade consignó que "de las declaraciones juradas presentadas ante la Oficina Anticorrupción por el Sr. Iglesias, surge que durante los años 2018 y 2019, correspondientes a su actual mandato como diputado nacional, se enriqueció patrimonialmente de manera apreciable e injustificada en relación con sus ingresos legítimos conocidos".

Según el escrito al que tuvo acceso ámbito.com, y que fue presentado este jueves, Iglesias al asumir en diciembre de 2017, consignó un patrimonio (cierre del ejercicio 2017) de $ 3.796.461,98 y una deuda de $ 44.708, lo que totalizaba un patrimonio neto de $ 3.751.753,98.

En tanto que al cierre de 2019 -última DDJJ presentada- declaró ante la OA activos por $ 12.250.198,90 y una deuda con Ana Carolina Kliauga por dos millones doscientos diez mil pesos ($ 2.210.000), resultando un patrimonio neto de $ 10.040.198,90.

"Este incremento patrimonial no guarda relación con los ingresos declarados, y autoriza entonces a calificarlo tal como lo postula la figura típica: apreciable e injustificado", advirtió el denunciante.

Según su DDJJ de 2019, en junio de ese año, Iglesias adquirió un vehículo todoterreno Peugeot, modelo 4008 Feline 4x4 cvt 2.0, que declaró en $ 711.200 (unos 15.500 dólares al cambio de hoy).

La denuncia consigna que dos meses después, el 9 de agosto de 2019, incorporó a su patrimonio una propiedad de 100 m2 en CABA adquirida con "ingresos propios"; por el 50% de la titularidad declaró un valor de $ 8.769.280, que al cambio de esa fecha representaban 188.222 dólares. Además, al final del ejercicio declaró una tenencia en efectivo de diez mil dólares que no poseía al inicio, adquiridos también con "ingresos propios" según el propio diputado.

El denunciante se pregunta "¿Cómo hizo para adquirir estos bienes que superan con amplitud su patrimonio total al comienzo del ejercicio? ¿Cuáles fueron esos "ingresos propios" que no están consignados en su DDJJ? En la red social Twitter, Iglesias aseguró que los ingresos provinieron "de la venta de mis libros", una justificación a todas luces ridícula siendo que Iglesias no editó libros ni en 2018 ni en 2019", advirtió Tailhade.

"Resulta a las claras imposible que haya adquirido de forma lícita el 50% de un departamento de $ 17.538.560, un vehículo de $ 711.200 y ahorrado $ 596.900 en dólares con una dieta de $ 161.000 mensuales como diputado nacional, el alquiler de dos departamentos con rentabilidad negativa y la venta de libros que no escribió (excepto que el mercado de venta de libros de saldo de Iglesias tenga dimensiones que envidiarían J. K Rowling y George R Martin)", dice la presentación.

El denunciante pidió establecer con precisión a que obedece la suma de $ 2.934.855,95 que declara como Ingresos anuales en 2019 "no alcanzados por el impuesto a las ganancias", en una persona que el 20 de noviembre de 2019 manifestó en el recinto de la Cámara de Diputados "vivir sólo de su dieta".

El escrito remarcó que Iglesias aprovechó sus dos años como diputado nacional durante el gobierno de Mauricio Macri para recorrer el mundo "a costa del Estado". Desde febrero de 2018 hasta agosto de 2019 viajó a Nueva York, Roma, Madrid, Viena, Ginebra, Budapest, Bruselas, Tokio, Brasilia y Montevideo con viáticos pagados por la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, información que se encuentra disponible en www.hcdn.gob.ar.

Tailhade pidió a la justicia que convoque al imputado a prestar declaración indagatoria y "se ordene su procesamiento".

"Desde 2019 decimos que no tienen sentido las PASO porque no cumplen con lo que tenían previsto en el origen que era transparentar la línea interna de los partidos políticos. Hoy es una gran encuesta para medir el humor social de cara a octubre y la obligación de algunos partidos de sacar votos para participar de la elección", lo afirmó a LU9 el diputado Provincial por la Cuarta Sección electoral Fabio Britos, quien junto a su compañero del Bloque 17 de Noviembre, Mario Giacobbe, propusieron suspender "por única vez" las disposiciones de la Ley 14.086.

Considerando que ni en agosto ni octubre la pandemia será un recuerdo, conformándose "en todo lo contrario a lo que se indica para mitigar los riesgos del virus y generando aglomeraciones de gente", se suma "un año malísimo desde el punto de vista económico donde los municipios vieron caer sus recaudaciones. Destinar 12 mil millones de pesos nos parece un despropósito por eso rápidamente presentamos el proyecto", comentó y deseó que "sea mejorado. Proponemos destinar el dinero presupuestado a los municipios a través de la coparticipación. Y que el 50% sea destinado para mejorar escuelas y establecimientos educativos", puntualizó.

Representante del municipio de Chivilcoy, donde los casos no son tan significativos con respecto a la cantidad de pobladores, pero de todos modos "las noticias son siempre malas" si mueren ciudadanos, analizó que "una cosa es un campaña de 40 días y otra arrancar en junio y terminar en octubre. Inclusive ya estamos viendo movimiento político para adecuarse a las elecciones. Por las experiencias anteriores, donde no se dirimen candidaturas realmente, mantener semejante estructura con fondos que podrían ser usados para otras cuestiones no tienen sentido. Es una encuesta demasiado cara".

Por último se refirió a la posibilidad de una reforma electoral: "Algunos legisladores quieren una boleta única de papel que ojalá se dé, que se termine la sábana, que se deje de gastar en papel. Pero no sé si tenemos tiempo para una reforma estructural así para 2021; las PASO sí podemos suspenderlas, el resto discutirlo para 2023. Hay que darse esta discusión y la sociedad se merece ir a votar de otra manera".