La decisión del Estado de tomar un rol más activo como querellante en los juicios de lesa humanidad posibilitó que en la actualidad, a 45 años del inicio de la última dictadura cívico-militar que padeció la Argentina, las políticas de Memoria, Verdad y Justicia hayan cobrado un nuevo impulso.

A pesar de las demoras que la pandemia de coronavirus motivó en los debates de las causas por crímenes cometidos durante el terrorismo de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos que encabeza Horacio Pietragalla se presentó entre agosto y septiembre 2020 en 13 causas, y desde la reanudación de la actividad judicial, tras la feria de verano, comenzaron cinco juicios orales y públicos.

También comenzaron las audiencias del juicio de la causa que se sigue en Mendoza por la apropiación de la hija de la pareja que formaban Carlos Poblete y María del Carmen Moyano.

En contraste con el rol activo de la Secretaría de Derechos Humanos en 2020 y lo que va de 2021, entre 2015 y 2019 -durante la gestión de Cambiemos- el Estado sólo se presentó como querellante en seis causas, mientras que otorgó poderes especiales para intervenir en otras dos causas.

Además, con el Gobierno de Mauricio Macri, la Secretaría de DDHH que por entonces encabezaba Claudio Avruj dejó de querellar en varias causas, que este año fueron retomadas por "decisión política" de la administración del Frente de Todos.

En esa lista figura, por caso, la investigación contra los represores Ernesto Barreiro, Carlos Villanueva y Carlos Díaz por los secuestros y las torturas que padecieron José

Jaima Blas García Vieyra, Nilveo Teobaldo Domingo Cavigliasso, Rubén Palazzesi, Carlos Guillen y Cristina Guillén, que tramita en los Tribunales Federales de Córdoba.

También en Córdoba, el Estado recuperó su rol de querellante en otra causa contra 80 exagentes de la policía, el Ejército y otras fuerzas de seguridad.

Y en La Rioja, la Secretaría de Derechos Humanos volvió a impulsar la investigación por el asesinato del catequista Wenceslao Pedernera, referente del Movimiento Rural Cristiano y colaborador del obispo Enrique Angelelli, ocurrido en 1976.

Además, el Estado mantuvo su presencia en los juicios orales que se desarrollaron en las causas de sub-zona 15 de Mar del Plata; Feced III (crímenes de lesa humanidad cometidos por la Policía de la provincia de Santa Fe) de Rosario; Operativo Independencia II en Tucumán; Destacamento 144, en Mendoza (que juzga a integrantes del Destacamento de Inteligencia 144 del Ejército y a miembros de la Fuerza Aérea); Megacausa de San Juan y ESMA VI, entre otros.

En materia de complicidad civil y empresaria, el Estado querella en la causa 'La Veloz del Norte', en la provincia de Salta, en la que es investigado el empresario Marcos Levin (que hasta 2012 tuvo el 50% de las acciones de esa empresa de transporte de pasajeros) por hechos ocurridos en 1976 y 1977.

Sobre el rol que jugaron sectores del Poder Judicial en relación al terrorismo de Estado, la Secretaría de Derechos Humanos se presentó como querellante en la causa que investiga a los ex funcionarios judiciales Néstor Eduardo Meyer, Hugo Mezzena y Mariano Wenceslao Cardozo por delitos perpetrados contra más de un centenar de víctimas.

El avance de varios juicios de lesa humanidad, sin embargo, se vio afectado por la pandemia de coronavirus, que interrumpió los debates o postergó el inicio de las causas que debían arrancar este año.

A través de la modalidad virtual, los procesos orales y públicos suspendidos en marzo comenzaron a reanudarse entre los meses de mayo y junio: se adoptaron medios electrónicos en función de las restricciones sanitarias.

Por esta vía se retomaron las audiencias de causas emblemáticas como ESMA IV; la Mega-causa de Campo de Mayo; Operativo Independencia II; 'Di Nápoli' (hechos cometidos en el arsenal naval de Zárate, en el buque patrullero ARA Murature y en la ciudad de Campana); sub-zona 15; Feced III; Brigada de San Justo y Destacamento 144, entre otras.

A pesar de las demoras que impuso la pandemia, en 2020 comenzaron juicios muy esperados en causas como la de Triple A en Bahía Blanca; los vuelos de la muerte de Campo de Mayo, en los Tribunales Federales de San Martín; Diedrichs-Herrera, en Córdoba (por crímenes de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino La Perla entre marzo y septiembre de 1976); la Causa Klotzman en Rosario (hechos ocurridos entre agosto y noviembre de 1976 en el campo de concentración 'Quinta de Fisherton'); Delitos sexuales en la ESMA; la investigación unificada por Pozo de Quilmes, Banfield e 'Inferno', en la Plata; la de la sub-zona 52, en Neuquén, y el juicio al agente de inteligencia del Batallón 601 Carlos Españadero, en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde diciembre de 2019, con el recambio presidencial, el Ejecutivo retomó una relación fluida con los organismos históricos de Derechos Humanos, que fueron recibidos en varias oportunidades por el presidente Alberto Fernández.

"Sentimos que este gobierno nos escucha y nos comprende, después de cuatro años en los que estuvimos casi prohibidos", señaló la titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela Barnes de Carlotto, en referencia a la relación que los organismos mantuvieron con Macri, quien llegó a decir que los Derechos Humanos eran "un curro" con el que su gestión iba a terminar.

El proyecto para la creación de un sitio de la Memoria en Campo de Mayo (demorado por la pandemia); la candidatura del predio de la exESMA como patrimonio mundial de la Unesco; la campaña 'Memoria es Futuro' de recopilación de materiales sobre la última dictadura cívico-militar; y la preservación de archivos de los organismos de DDHH, fueron otras de las iniciativas que el gobierno nacional reactivó y promovió en el año 2020 en materia de Memoria, Verdad y Justicia.