La conmoción por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada sin vida en Córdoba, derivó en reclamos de mano dura y hasta de pena de muerte. Para la abogada Laura Musa, directora de la Fundación Sur, ese camino esquiva el problema de fondo: la desprotección estructural de los chicos y las chicas en la Argentina, un país que, según planteó, dice amar a su infancia mientras desfinancia los organismos que deberían cuidarla.

En diálogo con LU9 Radio Mar del Plata, Musa fue categórica: existen leyes, existen organismos y existen obligaciones legales incumplidas. Su mensaje apuntó menos a la indignación pasajera y más a una herramienta concreta que la mayoría de la población desconoce: la oficina de protección de derechos de la niñez que, por ley, debe funcionar en cada municipio del país.

Musa explicó que hace más de 20 años conformó, junto a voluntarios, una organización para que los chicos accedan a sus derechos, incluso por la vía judicial cuando es necesario. "Somos abogados gratuitos para niños y adolescentes", resumió. Desde ese trabajo cotidiano, dijo, no observan lo que figura "formalmente en las páginas de los distintos organismos", sino lo que ocurre en la práctica, en la Justicia y en la administración pública.

A partir de esa experiencia llegó su advertencia central: la sociedad y el propio Estado se perciben como defensores de la consigna "primero los niños", pero —sostuvo— "no nos mintamos más". El país puede tener políticas públicas para los sectores con poder de presión, mientras los chicos, que no se representan a sí mismos, quedan sin una verdadera protección integral de sus derechos.

La Argentina, recordó Musa, incorporó la Convención sobre los Derechos del Niño a la Constitución reformada en 1994. Ella era diputada cuando se votó: "Me emocioné también porque se aprobara tan simplemente", relató, y agregó que con el tiempo entendió el truco, que esos tratados "no se iban a cumplir", de modo que aprobarlos resultaba "gratis".

El resultado, según describió, es un sistema con instrumentos legales de sobra y ejecución mínima. Cuando una familia necesita acceso a la salud, a la educación de calidad o a la alimentación, aparece lo que definió como "años de peregrinaje": derechos garantizados en el papel que no se vuelven concretos.

El eje práctico de su planteo fue claro: cualquier municipio del país tiene, creado por ley, un organismo de protección de derechos de la infancia, que suele depender de áreas de desarrollo humano o desarrollo social. "Estoy en Mar del Plata, es una ciudad muy grande, tiene esa oficina, la tiene", señaló, y subrayó que ese organismo está obligado a articular recursos del Estado para sostener a una familia y evitar que "se caiga" de la sociedad.

Esos espacios, en la Ciudad de Buenos Aires, se llaman defensorías de derechos de niños. En muchas provincias ya existen, aunque —dijo Musa— resultan "invisibles a las necesidades". Su pedido a la población fue concreto: localizar dónde está esa oficina, difundir el dato y exigir que atienda, del mismo modo en que cualquier vecino reclama cuando un organismo público no funciona.

Musa puso el foco en una contradicción que ve a diario. Las páginas oficiales de los organismos de protección, dijo, "tienen disneylandia, tienen todos los programas": fortalecimiento familiar, acompañamiento, asistencia. Pero cuando aparece el caso real de un chico o de una madre que necesita esos programas, "ahí empieza el peregrinaje porque no están financiados, cada vez se desfinancian más".

Aclaró que el problema "es bastante transversal a todos los gobiernos", ya que administraciones de distinto signo político tampoco financian estas áreas, en parte porque la sociedad no las reclama. Y describió un círculo vicioso: una población que no sabe que estos organismos existen y unos organismos que, por integrar cada Estado provincial o municipal, evitan exigirle a su propio gobierno para no generar conflictos.

Durante la charla quedó planteada una contradicción social: indignarse hasta pedir la pena de muerte por un caso como el de Agostina y, al mismo tiempo, reclamar que el Estado se achique y "saque de la vista" a las familias en situación de calle. Musa coincidió en que esa indignación "no permite ver con claridad" y propuso correr el eje hacia una tarea ciudadana: ubicar las oficinas de protección, difundirlas y ponerlas "en un nivel de exigencia".

En esa línea, contó que la Fundación —aunque trabaja en la Ciudad de Buenos Aires— envía de forma gratuita a quien lo solicite el escrito para iniciar el reclamo administrativo, un acto que permite exigir después en términos procesales. De todos modos, insistió, esa iniciativa debería partir de cada oficina barrial.

Musa advirtió que las familias y los propios chicos muchas veces temen a estas estructuras. Recordó el testimonio de niños que dijeron haberse escapado de un lugar "porque le teníamos miedo a niñez", por temor a ser separados de sus padres. Algo similar, planteó, ocurre con las personas en situación de calle, que en los paradores suelen sufrir robos de sus pertenencias.

Frente a ese esquema, propuso alternativas como las casas de medio camino y viviendas en desuso que el municipio podría poner a disposición, en lugar de respuestas que se limitan a ofrecer un parador por una noche. "Hay que escuchar", reclamó, y pidió articular la situación completa de cada familia.

Para Musa, la tragedia no es un hecho aislado ni responsabilidad de un solo gobierno. "Todo eso fue pacientemente construido en años de dejadez", afirmó, y señaló que la pobreza en niveles extraordinarios es resultado de sucesivas gestiones que hoy deben hacerse cargo de "recuperar" a una sociedad empobrecida en lugar de "borrarla con una pluma".

El cierre fue un piso irrenunciable: ningún chico debería quedar sin acceso a la escuela pública de calidad, a la alimentación diaria y a la salud. "Menos que eso, somos salvajes", sentenció.

A partir de este lunes 2 de agosto, las mujeres de todo el país en edad de jubilarse y que hayan sido madres, podrán iniciar ante la Anses el trámite para que se les reconozca hasta tres años de trabajo formal por cada hijo o hija y, así, completar los años de aportes necesarios para acceder a una jubilación. Se trata del Programa de Reconocimiento de Aportes por Tareas de Cuidado que la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) pondrá en marcha como una forma de reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años a cuidar de sus hijos y que, según cálculos del organismo, permitiría a unas 155.000 mujeres acceder a una jubilación en los próximos meses. Para acceder al reconocimiento es necesario solicitar un turno para concurrir a una oficina de la Anses a través de la web del organismo(https://bit.ly/3xg4wOq) que empezarán a ser asignados a partir de este lunes. En la actualidad, más del 90% de los argentinos en edad de jubilarse tiene cobertura previsional -unos 6,8 millones de jubilados o pensionados- pero un porcentaje significativo de quienes no están cubiertos son mujeres que trabajaron en relación de dependencia en distintos momentos de su vida pero que no llegan a completar los 30 años requeridos y que, además, han sido madres.

Por esto mismo, el objetivo de este proyecto es resolver una situación de acceso a la jubilación para estas más de 150.000 mujeres a las que le faltan entre 1 y 3 años de aportes y que, ahora, podrán completarlos. "Queremos reconocer el trabajo de las mujeres que dedicaron años de su vida a cuidar de sus hijos, y que ese tiempo esté incluido dentro de los 30 años que hay que completar de aportes para jubilarse. Esto tiene que ver con reparar hacia atrás", afirmó la directora ejecutiva de la Anses, Fernanda Raverta. Al respecto, aseguró que "la pandemia echó luz sobre el trabajo que se hace dentro de nuestras casas que, en el 77% de los casos, está a cargo de las mujeres que, en promedio, dedican 6,4 horas al día a estos trabajos, casi una jornada laboral en llevar adelante tareas domésticas y de cuidado".

Para la titular de la Anses, este nuevo programa "es una política pública novedosa pero con historia" porque toma el recorrido de las moratorias jubilatorias de 2005 y 2014, y entiende que "la forma en la que se presenta el mercado formal de trabajo en la Argentina no garantiza los 30 años de aportes y aún más de manera desigual para varones y mujeres". Por este motivo, el Gobierno nacional le reconocerá 1 año de aportes por hijo, 2 años en el caso de que fuera adoptado o que tuviera una discapacidad y 3 años en caso de que haya accedido a una Asignación Universal por Hijo (AUH) por, al menos, 12 meses, a todas las argentinas que hayan sido madres. "Tenemos estimado 30.000 titulares de AUH que están dentro de las 155 mil que se pueden jubilar", dijo Raverta, que recordó que también se reconocerán los 3 meses de licencia por maternidad y los 6 meses de excedencia de maternidad a las mujeres que hayan hecho uso de estos períodos al momento del nacimiento de sus hijos o hijas. Esta medida es compatible y, de ser necesario, puede complementarse con las moratorias vigentes.

Cómo gestionar aportes

Para gestionar los aportes deberá solicitarse un turno a través de la web del organismo en el siguiente link: https://bit.ly/3xg4wOq. Una vez obtenido el turno deberán acudir a la oficina del Anses asignada con la siguiente documentación: DNI; partidas de nacimiento; sentencia de adopción si fueran hijas o hijos adoptados; y el Certificado de Discapacidad (CUD). Es importante que las personas que forman parte de este grupo ingresen con su CUIL y Clave de la Seguridad Social a la solapa de "Mi Anses" en su web, y verifiquen si los vínculos familiares están actualizados en la solapa de "Información Personal" y, luego, en "Relaciones Familiares". En el caso de que no figuren los datos de alguno de los hijos o hijas de esta persona deberán solicitar un turno para actualizar esa información, y presentar el DNI y la partida de nacimiento de cada uno de los hijos que no figuren en el registro.