El Intendente del Partido de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, se presentó ante la justicia para dar respaldo a los vecinos del barrio Bosque Peralta Ramos ante la toma de terrenos.

Esto ocurrió ante la posible toma de un terreno de una fabrica en quiebra ubicada en el Bosque Peralta Ramos. El terreno esta ubicado en Las Margartias y los Matacos, y pertenece a una empresa oriunda de Capital Federal.

En la denuncia que presentó el Intedente se pide que se chequee el estado de ocupación del terreno y que en caso de estar ocupado ilegalmente se ordene de inmeadiato el desalojo. Además, expresó que en caso de ser así se verían afectado tanto los intereses individuales del propietarios como los de la sociedad.

Así lo expresó Agustina Marchen, referente de la agrupación "Ante todos libres" de la Facultad de Humanidades. "Esta semana hicimos una denuncia. Nos están atacando el lugar de militancia. Lo que más llama la atención es el silencio y la complicidad de los directivos."

Luego, Agustina Marchen indicó que "hemos pedido las cámaras de seguridad para ver qué sucede y no hay respuesta ni de la Facultad ni del rectorado. Se sabe que dentro de la facultad hay un status quo que se pone nerviosa cuando una persona piensa distinto a ellos. Hace tiempo que no hay un espacio de kirchnerismo o que pueda opinar distinto. En los textos que estudiamos no vemos liberalismo para nada."

Para terminar la referente de la agrupación "Ante todos libres" de la Facultad de Humanidades, apuntaló de forma categórica que "no quieren diferentes voces que se expresen dentro de la facultad. Presentado el reclamo desde el decanato respondió tímidamente con dos oraciones, que no podían hacer nada. Es algo preocupante. Vamos a seguir entregando notas, queremos que los estudiantes sepan quienes son las personas no están luchando por la libertad de expresión."

La Confederación Mapuche de Neuquén informó que el Juzgado Federal N° 2 de esa provincia aceptó como querellantes a las autoridades de la comunidad "Lof Campo Maripe" de Añelo, en la causa judicial que impulsan contra la exministra de Seguridad de la gestión de Mauricio Macri, Patricia Bullrich, y su exjefe de Gabinete, Pablo Noceti.

"Esta denuncia que se inició a raíz de allanamiento ilegal de las fuerzas de Gendarmería Nacional al Lof Campo Maripe el 22 de Junio de 2017", explicó la Confederación Mapuche a través de un comunicado.

La entidad representante de la comunidad originaria agregó que "cuarenta días después, con la misma violencia, realizarían un operativo en Chubut, que terminaría con la desaparición de Santiago Maldonado y su posterior aparición sin vida".

"Ese día la Gendarmería irrumpió con gran violencia contra el territorio del Lof Campo Maripe, a partir de una orden ilegal de Bullrich, ejecutada a través de instrucciones telefónicas de Pablo Noceti a los comandantes de la Gendarmería en Neuquén", detalló la Confederación.

Asimismo, señaló que "tales órdenes ilegales se llevaron adelante con un despliegue totalmente desproporcionado, amenazando y privando de su libertad a varias personas del lof".

"La acusación es por abuso de autoridad, amenazas, violación de domicilio y encubrimiento", precisó el escrito y añadió que "el operativo de Bullrich tenía la clara intención de reprimir la lucha mapuche por nuestro territorio, contra la contaminación de las petroleras y el fracking".

"Luego de soportar años de estigmatización por parte del gobierno macrista, que tuvo a Patricia Bullrich como principal promotora del odio racial hacia el pueblo mapuche, el transcurso del tiempo ha demostrado que ninguna de las delirantes teorías que instalaron en los medios masivos de comunicación sobre nuestro pueblo fueron ciertas", concluyó el texto difundido por la Confederación.

En tanto, la causa también incluye también a altos oficiales de Gendarmería como el comandante principal Carlos Ariel San Emeterio, el comandante Luis Héctor Lagger, y al comandante principal Jorge Elías Mariani.

El presidente Alberto Fernández envió una carta documento a la titular del PRO, Patricia Bullrich, con el objetivo de dar inicio a la acción civil que presentará por supuesta difamación, luego de que la dirigente acusara al Gobierno de pretender "retornos" del laboratorio Pfizer a cambio de una compra de vacunas. El envío de la carta documento fue confirmado por el abogado Gregorio Dalbón, quien este lunes lo había comunicado a través de su cuenta personal en Twitter. "Comunico que, como me instruyó el Presidente de la Nación, hoy lunes 31/5 cumplimos en notificar a la Sra. Patricia Bulrich fecha de mediación obligatoria para iniciar la acción civil por difamación. La misma es confidencial. Terminada la audiencia se interpone la demanda", informó Dalbón.

Se trata de la segunda carta documento dirigida a la exministra de Seguridad del Gobierno de Mauricio Macri por este tema: días atrás le llegó una de parte del exministro de Salud Ginés González García, para que se retracte lisa, llana y públicamente de las acusaciones en su contra. La jefa del PRO anunció también a través de Twitter que no piensa retirar sus dichos por lo que, según pudo saber Télam de fuentes cercanas a González García, el exministro le interpondrá una denuncia civil y otra penal.

Hace una semana, el Presidente había anunciado que demandaría judicialmente a Bullrich luego de que el laboratorio Pfizer la desmintiera por haber acusado al exministro de Salud de buscar "retornos", en alusión a coimas, sin que lo ignorara el Jefe de estado, para la compra de vacunas contra el coronavirus. "La angustia que la pandemia genera en nuestra gente no tolera tanta irresponsabilidad", escribió en Twitter el Presidente acerca de las expresiones de Bullrich, y además manifestó: "Con asombro he leído las declaraciones de la presidenta del principal partido de la oposición, acusando a nuestro Gobierno de pretender cobrar un soborno por la compra de vacunas. Sin medir consecuencias, no ha dudado en afirmar que eso habría ocurrido con mi conocimiento". En ese sentido expresó: "Semejante acusación resulta absolutamente falsa y por ende inaceptable, algo que bien sabía quien la formulaba. Dijo lo que dijo sin importarle el daño que causaba no solo a quienes acusaba, si no también en la confianza ciudadana y en la institucionalidad misma de la República".

"En ningún país del mundo se toleran tamañas imputaciones lanzadas con tanta liviandad, sin que ello no apareje la inmediata reacción social y de quienes fueran indebidamente injuriados. La angustia que la pandemia genera en nuestra gente, no tolera tanta irresponsabilidad", continuó. Y anunció que "por esos motivos, he instruido a mis abogados que el próximo día lunes inicien las acciones legales pertinentes contra quien ha lanzado tan vergonzosa difamación. La convivencia democrática no puede autorizar que la injuria y la mentira se conviertan en una práctica admitida". La exministra de Seguridad macrista había dicho en declaraciones periodísticas: "Ginés González García dijo que para firmar un contrato con Pfizer tenía que haber un intermediario, que es el mismo de AstraZeneca, Hugo Sigman. Y Pfizer le dijo que no se podía, que debían ser efectivos en el tiempo y la forma de producción de la vacuna. La actitud de Ginés González García fue intentar tener un retorno. Eso el Presidente no lo ignoraba".

Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, presentó una denuncia contra el ex ministro Alejandro Finocchiaro y al ex ministro Esteban Bullrich, ambos a cargo del Ministerio de Educación durante la gestión de Mauricio Macri, por el pago de obras para realizar jardines escolares que nunca se terminaron.

"Denunciamos al ex ministro Alejandro Finocchiaro y al ex ministro Esteban Bullrich, junto al equipo de conducción del Ministerio y la Secretaría de Educación", expresó esta mañana Crous en Radio 10.

La denuncia está basada en el pago de 93 jardines de infantes - de los 3.000 que se prometieron- cuyas construcciones no se finalizaron. "La denuncia es por la no capacidad de realizar las obras, los antecedentes, demoras en el inicio, el abandono de la sobras, la decisión de no cuidar los bienes, el quebranto de la empresa, la actitud del Estado de no rescindir los acuerdos sin justificación", amplió sobre el titular de la Oficina Anticorrupción.

"El Estado perdió por estas obras que no terminaron nunca, son centenares de millones de pesos, eran los adelantos de obra", indicó Crous sobre la denuncia.

"La auditoría es muy completa y extensa que realiza la dirección de asuntos jurídicos del ministerio de educación", explicó Crous en diálogo con "Mañana Sylvestre".

El ex juez federal Norberto Oyarbide afirmó que el ex presidente Mauricio Macri quiso "comprarlo" con dinero cuando era jefe de Gobierno, en momentos en que él estaba al frente de uno de los juzgados de Comodoro Py y tenía en sus manos una causa por espionaje en su contra. "Mauricio Macri no me compró porque yo no cotizo en Bolsa, pero tuvo toda la intención de hacerlo", resaltó el ex magistrado en Radio 10.

Según dijo quien acompaña a Coco Sily en "Fuerte al medio", Mauricio Macri le pidió de forma "absolutamente directa" que se apartara de una causa en su contra. "Me pidió que me inhiba en una causa, que yo tuve la causa de las escuchas telefónicas ilegales, donde él utilizó en aquel momento, siendo jefe de Gobierno, la Secretaría de Inteligencia del Estado, con Stuiso a la cabeza", indicó Oyarbide.

Se trataba de la causa que comenzó en 2010 y que el ex juez tenía a su cargo, cuando era subrogante del Juzgado Federal 7, en la que se investigaba a Macri por haber escuchado a su cuñado, Néstor Leonardo, y al dirigente de familiares de la AMIA Sergio Burstein. En ese momento, Macri estaba acusado de supuestamente haber montado una "asociación ilícita" dedicada al espionaje, junto al entonces jefe de la Policía Metropolitana, Jorge Palacios, y Ciro James, quien tenía un cargo en el Ministerio de Educación de la Ciudad, a cargo de Mariano Narodowski.

La causa más tarde fue cerrada por falta de elementos por el juez federal Sebastián Casanello, quien se hizo cargo del Juzgado 7 como titular. El ex juez relató: "Después, ya siendo Presidente no había nadie que se interpusiera en su camino, de manera que tenía todos los aparatos del estado para llevar adelante su obra extraordinaria".

Al ser consultado sobre si el ofrecimiento fue de dinero, Oyarbide contestó: "Por supuesto, pero yo no me inhibí y le dije que yo no cotizaba en bolsa".

"Pero él no vino, vinieron enviados especiales y no del Palacio Vaticano justamente", recordó el ex magistrado federal.