El Secretario General del Concejo Directivo de CICOP, Anibal Aristizabal, dialogó con LU9 Radio Mar del Plata, respecto del congreso de delegados que realizaron la semana pasada en el que finalmente se aceptaron las paritarias.

"Tuvimos un congreso de delegados el viernes pasado dónde aceptamos con una abrumadora mayoría las paritarias, solo hubo 4 seccionales que rechazaron la propuesta", explicó.

Además, indicó que "es una propuesta paritaria que la consideramos aceptable, sumado al hecho que se acordó abrir una mesa técnica en el mes de diciembre".

"Tenemos malos salarios, que no son competitivos comparados con otros lugares, incluso con el sector privado. Hay un problema de profesionales, de recurso humano y de fuerza laboral", expresó.

El diputado nacional Facundo Moyano anunció la renuncia a su banca a través de una carta posteada en redes sociales, en la que expresó que su "ideal es una Argentina con pymes, comercios e industrias que generen empleo" y consideró que puede "contribuir mejor a eso fuera del Congreso", "Quiero compartir con ustedes mi decisión de dejar mi banca en la Cámara de Diputados, Voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público", señaló el diputado de extracción sindical. A modo de resumen de su paso por el Congreso, añadió: "En estos casi 10 años como diputado presenté cientos de proyectos para proteger a los trabajadores y garantizar más derechos y también numerosas iniciativas para mejorar la seguridad vial. Proyectos para crecer, que deseo mis compañeros legisladores hagan valer y puedan sacar adelante", "No podemos conformarnos con un país que tiene un índice de pobreza de más del 40% y una informalidad laboral del 50%, frente a un mercado que no genera empleo formal hace más de diez años. Como peronista que lucha por la movilidad social ascendente, voy a redoblar mi compromiso para combatir la precarización laboral en el sector privado y público, porque no puede haber justicia social si hay argentinos sin trabajo o argentinos con trabajo y sin derechos", expresó. En el cierre de su texto, manifestó: "Agradezco a los trabajadores por todo su apoyo, especialmente a los de Sutpa (sindicato de peajes) y a la juventud Sindical, que me dieron su confianza y me impulsaron para que los representara en el Congreso. Siempre con Ustedes. Facundo".

Moyano -hijo del jefe del sindicato de Camioneros y extitular de la CGT Hugo Moyano- había renovado su mandato como diputado nacional el pasado 10 de diciembre y aun le restaban más de dos años en su banca; tras haberse desempeñado previamente por otros dos períodos. En 2011 había llegado al Congreso como octavo candidato a diputado nacional de la lista que encabezaba Julián Domínguez y que en el tramo presidencial llevaba a Cristina Fernández de Kirchner; en 2015 renovó su banca por el espacio UNA, que lo ubicaba como primer candidato a ingresar a la Cámara baja en un boleta que postulaba como presidente a Sergio Massa. La noticia sorprendió a la mayoría de los integrantes de su bancada, entre ellos el también sindicalista Hugo Yasky, quien en declaraciones a Diputados TV, confesó: "Me llamó la atención que hace unos días había abandonado el grupo de Whatsapp -del bloque -, pero pensé que era porque había cambiado el teléfono o algo así". La banca que deja vacante Moyano sería ocupada por Lucio Yapor, dirigente "camporista" de la ciudad de Chivilcoy, por ser el candidato varón que sigue en la lista del Frente de Todos de 2019. En sus últimos meses como diputado nacional, Moyano trabajó en el proyecto de 'Alcohol cero' el volante y presentó una iniciativa por la cual proponía la estatización de los accesos Oeste y Norte del AMBA, únicos dos corredores metropolitanos que permanecen en manos privadas.

El proyecto de ley que establece un marco regulatorio de la cadena de producción, industrialización y comercialización de la planta de cannabis, sus semillas y sus productos derivados para uso industrial y medicinal, incluyendo la investigación científica con vistas a satisfacer el mercado local y generar exportaciones, fue aprobado este jueves en la Cámara de Senadores de la Nación. La iniciativa, que obtuvo 56 votos a favor y cinco en contra y una abstención, fue girada a la Cámara de Diputados para su revisión. La iniciativa promete convertir al cannabis en otro commodity de los que exporta la Argentina, tal como ocurre con los granos o la carne. El marco normativo busca "desbaratar el mercado informal de aceites y otras preparaciones herbarias irregulares que existe en la actualidad y terminará con la proliferación de productos que carecen de cualquier tipo de control respecto de su composición y calidad". El primer objetivo del proyecto consiste en "establecer un marco legal que autorice, -a través de un fuerte esquema regulatorio-, las etapas de siembra, cultivo, cosecha, producción, almacenamiento, transporte, comercialización, importación, exportación y posesión de semillas de cannabis, de la planta de cannabis, y de sus derivados, con fines de aplicación medicinal, terapéutica, paliativa o de investigación científica". El segundo objetivo, según se detalla en la iniciativa, "consiste en legalizar los diferentes eslabones productivos y de comercialización del cáñamo o cáñamo industrial y sus subproductos". Además, se aclara que "si bien el cáñamo no es un estupefaciente en los términos de la ley penal por no generar efectos psicoactivos, resulta necesario regular y controlar la actividad para evitar que en los cultivares de cáñamo se oculten cultivos ilegales de cannabis psicoactivo".

El proyecto de ley

El proyecto establece un marco normativo que busca maximizar los mecanismos efectivos de regulación y control de la cadena productiva del cannabis medicinal e industrial, dirigiendo el otorgamiento y posterior control de las licencias a una "serie de eslabones productivos de mayor escala y formalidad jurídica" como empresas privadas, empresas públicas, consorcios mixtos, asociaciones civiles, cooperativas. Asimismo, se contempla la creación de una agencia reguladora, un nuevo actor público, que oficiará como órgano rector y articulador de la cadena productiva del cannabis y tendrá a su cargo las múltiples instancias de regulación involucradas: la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME). Esa entidad tendrá autarquía técnica, funcional y financiera y orbitará en el ámbito Ministerio de Desarrollo Productivo. Al momento de analizar las solicitudes de licencias para producir cannabis medicinal o industrial, la nueva agencia establecerá los requisitos y antecedentes que se solicitarán al peticionante, con el fin de "maximizar los controles destinados a prevenir actividades ilegales, incluyendo el lavado de activos". En el otorgamiento de las licencias, la ARICCAME contemplará "el propósito de contribuir al desarrollo de las economías regionales y de promover la actividad de cooperativas y de pequeños y pequeñas y de medianos productores agrícolas".

El proyecto también contempla un régimen sancionatorio por incumplimientos a las reglamentaciones: desde el apercibimiento a la inhabilitación para operar en los plazos que se prevean, pasando por la multa, la suspensión y la caducidad de la autorización. El presidente de la Comisión de Agricultura, el peronista puntano Adolfo Rodríguez Saá, dijo que "se quita de la clandestinidad un mundo de enorme importancia referido a la salud". "Y ponemos en la legalidad una actividad que será muy controlada. Es un avance enorme a favor de la libertad", remarcó el senador por San Luis. Rodríguez Saá también mencionó que "se trata de una cadena de industrialización del cannabis" y con una "enorme potencialidad de crecimiento". Su colega de la Comisión de Salud, el radical jujeño Mario Fiad, indicó que "es una iniciativa jujeña que tiene impacto en las fuentes de trabajo y las economías regionales".

"Se trata de procesos en los que hay que cuidar la calidad para aportar a los procesos de industria farmacéutica", remarcó. En cambio, su compañera de bancada, la cordobesa Laura Rodríguez Machado, justificó su voto en contra argumentando que el Estado nacional "promoverá la producción de la industria de la marihuana sin control de las provincias".

"Este proyecto, al ser de orden público, viola las facultades provinciales que tienen que ver con la producción agropecuaria de manera masiva", indicó. El oficialista chubutense, Alfredo Luenzo, no solo defendió el proyecto, sino que postuló a favor de la despenalización de la marihuana como uso recreativo. "Necesitamos un estado que comprenda que la planta de cannabis por sí sola no es un problema. Con el prohibicionismo protegemos al narcotráfico. Veamos de manera empírica cuál es el resultado de la despenalización", destacó. En cambio, el rionegrino Alberto Weretilneck, uno de los aliados del oficialismo, anunció su voto en contra y condenó "cuando naturalizamos y le decimos a la sociedad que la marihuana es buena". "Quienes sabemos lo que significa el impacto de la marihuana en las personas hablamos de que es algo muy delicado", sentenció. Asimismo, mencionó que "no es una ley para sentirse orgulloso" y que la producción "está destinada al negocio de las grandes multinacionales".

El nuevo marco de producción de biocombustibles y las leyes de alivio para monotributistas, así como cambios en el Impuesto a los Bienes Personales, comenzarán a ser analizados por videoconferencia, durante un plenario de comisiones de la Cámara de Senadores de la Nación. A partir de las 13, las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Minería, Energía y Combustibles, recibirán al secretario de Energía, Darío Martínez, que defenderá la iniciativa que propone un corte del 5 por ciento para el gasoil y el biodiesel, y del 12 por ciento entre naftas y bioetanol. El proyecto, además, establece que en el caso del combustible elaborado a base de caña de azúcar, los volúmenes deberán ser del 6 por ciento de la mezcla mínima obligatoria, y el mismo porcentaje para el bioetanol a base de maíz. La iniciativa busca reemplazar el régimen que rige en el país desde hace quince años, que venció en mayo pasado y que fue extendido temporalmente por el Poder Ejecutivo. Uno de los datos destacados relacionados con el tema fue que en noviembre pasado el Senado sancionó un proyecto que prorroga por cuatro años la norma anterior. La iniciativa luego fue girada a Diputados, donde no avanzó y en su lugar se presentó el nuevo régimen que obtuvo sanción la semana pasada.

Monotributo y bienes personales

Luego del tema biocombustibles, la comisión de Presupuesto y Hacienda avanzará con la discusión de los proyectos sobre Monotributo y Bienes Personales que también fueron sancionados hace siete días por la Cámara baja. La reforma de la Ley del Monotributo elimina el retroactivo con lo cual los monotributistas no deberán afrontar ninguna deuda acumulada por la diferencia resultante entre lo que pagaron entre enero y junio y los nuevos valores establecidos por la ley 27.618. En tanto, el proyecto que modifica los Impuestos a las Ganancias y Bienes Personales busca fomentar el ahorro en pesos al ampliar las exenciones en los mencionados gravámenes para los activos de inversiones financieras en moneda nacional.

La Cámara de Diputados buscará aprobar esta semana un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio para postergar por un mes las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) y las elecciones generales debido a la segunda ola de la pandemia de coronavirus. La iniciativa, impulsada por el Gobierno nacional, propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, en el marco de la renovación legislativa de medio término. La intención de la bancada del oficialismo, que conduce Máximo Kirchner, es convocar para este miércoles a una sesión especial, en la que además se buscará convertir en ley el Consenso Fiscal firmado entre el presidente Alberto Fernández y los mandatarios provinciales, informaron fuentes parlamentarias. También está previsto debatir una iniciativa sobre el impuesto a las Ganancias para las sociedades, que reduce del 30 por ciento al 25 por ciento la alícuota que pagan las pequeñas y medianas empresas, y aumenta al 35 por ciento la tasa para los grandes compañías, con la intención de instrumentar un sistema progresivo. Será la primera deliberación luego que el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, acordara con los bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento hasta el 23 de junio, lo que permitirá emitir dictamen y llevar a cabo las sesiones a través de una modalidad mixta-presencial, y remota para los grupos de riesgo.

El tema clave de la sesión será la postergación de las PASO del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, un aplazamiento que en caso de aprobarse implicará que los nuevos legisladores electos estarán definidos a mediados de noviembre. El recambio legislativo debe concretarse el 10 de diciembre. Mientras el Congreso se apresta a modificar las fechas del llamado a las urnas, el Ejecutivo ya puso en marcha el calendario electoral, a través de un decreto, con el cronograma previsto inicialmente. Sin embargo, en la Casa Rosada aguardan la sanción de la ley para correr los plazos que ya están rigiendo y amoldarlos a la norma que se apruebe en el Parlamento. El proyecto para postergar un mes las PASO y las generales fue gestado a partir de un acuerdo general del oficialismo, en el que trabajaron varios funcionarios y referentes legislativos del Frente de Todos con la conducción de Juntos por el Cambio, que en Diputados encabeza el diputado Mario Negri (UCR-Córdoba). Una de las condiciones que hizo posible el consenso entre las partes fue la incorporación de una cláusula, pedida por la oposición, en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

Qué dice el proyecto

En su artículo 6, el proyecto fija que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional". Ese acuerdo pudo observarse el jueves pasado en la última reunión de la comisión de Asuntos Constitucionales, en la que se emitió un dictamen que fue firmado por la mayoría de los partidos políticos. En esa ocasión, el titular de la comisión, el diputado Hernán Pérez Araujo (Frente de Todos-La Pampa), destacó "el consenso y el diálogo profundo al que se arribó, luego de algunas idas y vueltas, y del que surge este proyecto con un cariz de racionalidad en el marco de esta pandemia". Y en el mismo sentido agregó: "Existe una gran responsabilidad al poner en tratamiento este proyecto, que es producto del fruto y del consenso de todas las fuerzas de la cámara: por eso, por esta única vez, y sólo en este contexto de pandemia, se trasladarán las fechas de las PASO y de las generales". En representación del interbloque de Juntos por el Cambio, el radical Gustavo Menna (UCR-Chubut) expresó: "Coincidimos en el proyecto, pero lamentamos que no se haya avanzado con la boleta única de papel, para mantener este sistema arcaico y perimido". En sus fundamentos, el proyecto que posterga por un mes el cronograma electoral plantea que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios". La iniciativa también hace referencia a que "durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico". Sobre las potestades y mayorías legislativas que se requieren para hacer cambios en el calendario de elecciones, el proyecto que se tratará esta semana recuerda que en base al artículo 77 de la Constitución "es potestad exclusiva del Poder Legislativo decidir las modificaciones que se realicen al régimen electoral y de partidos políticos" y asimismo subraya que los eventuales cambios deben ser aprobados "por mayoría absoluta total de los miembros de ambas Cámaras del Congreso".

La Cámara de Senadores de la Nación aprobó en la madrugada de este viernes por unanimidad y así convirtió en ley un proyecto que implementa la Educación Ambiental Integral como una política pública nacional "permanente, transversal e integral" en todos los establecimientos educativos de la República Argentina.

El proyecto -aprobado con el voto afirmativo de los 58 legisladores presentes- pretende que los estudiantes puedan adoptar un enfoque que permita comprender la interdependencia de todos los elementos que conforman e interactúan en el ambiente; el respeto y valor de la biodiversidad; la equidad; el reconocimiento de la diversidad cultural; el cuidado del patrimonio natural y cultural; y el ejercicio del derecho a un ambiente sano.

La Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral

La iniciativa crea la Estrategia Nacional de Educación Ambiental Integral (ENEAI) como "principal instrumento de la política de educación ambiental en todo el territorio nacional".

Sus objetivos son promover la elaboración y el desarrollo de la ENEAI y de las Estrategias Jurisdiccionales de Educación Ambiental Integral (EJEAI); elaborar y diseñar políticas nacionales y orientar políticas jurisdiccionales, estrategias y acciones de educación ambiental integral; alcanzar la más amplia cobertura territorial, social y sectorial a nivel nacional y generar consensos sociales sobre los cuales establecer acuerdos temáticos y prioridades.

Además, con motivo de celebrarse cada año el Día Mundial del Ambiente, y con el propósito de afianzar el compromiso con el ambiente en toda la sociedad, cada jurisdicción deberá promover una acción comunitaria en la que se fomente el "Compromiso Ambiental Intergeneracional" en el cual las personas tengan la

oportunidad de establecer un pacto de responsabilidad con el ambiente y las generaciones sucesivas.

Cada jurisdicción dispondrá la modalidad de implementación en la agenda educativa de al menos una jomada o espacio de mejora institucional dedicada a la educación ambiental y dará debida difusión sobre la actividad y sus participantes, así como la entrega de las correspondientes menciones por la participación.

El proyecto establece que el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las jurisdicciones provinciales, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementar la ENEAI y las EJEAI en el ámbito de la educación no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.

Además, el Ministerio de Educación de la Nación, en articulación con el Consejo Federal de Educación (CFE), tendrán la facultad para implementar la ENEAI y las EJEAI en los ámbitos de la educación formal, no formal, Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y medios de comunicación.

El debate

El debate fue seguido en el recinto de sesiones por los ministros de Educación, Nicolás Trotta; y de Ambiente, Juan Cabandié.

La presidenta de la Comisión de Educación del Senado, la oficialista sanjuanina María del Carmen López Valverde, dijo que "para tener el ambiente que deseamos ese deseo tiene que ir de la mano de la educación de jóvenes y niños" y agregó que para que ello ocurra "la escuela debe estar presente".

"Este proyecto nos habla de una política pública, reforzando el paradigma de que la participación de la ciudadanía y hacen que sea posible la sustentabilidad del ambiente", destacó.

Valverde opinó que "este proyecto de Educación Ambiental Integral percibe un enfoque dinámico en el que se toma conciencia de la relación con el medio".

Por su parte, la titular de la Comisión de Ambiente de la Cámara alta, la opositora bonaerense Gladys González, afirmó que "la humanidad vuelve a enfrentarse a una pandemia que pone en crisis la forma en que vivimos".

"Lo que decidimos hoy va a ser determinante para evitar futuras pandemias", destacó.

La legisladora de Juntos por el Cambio firmó que "sabemos cuál es la estrategia correcta, pero nos falta voluntad".

La Cámara de Diputados abrirá este jueves el debate en comisión del proyecto del Poder Ejecutivo para pasar la fecha de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 8 de agosto al 12 de septiembre próximo y las elecciones legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, debido a la segunda ola de coronavirus.

El proyecto comenzará a analizarse a las 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado del Frente de Todos por La Pampa, Hernán Pérez Araujo, confirmaron fuentes parlamentarias.

La decisión de avanzar en la convocatoria a la comisión fue adoptada en la mañana de este miércoles en una reunión de bloque encabezada por Máximo Kirchner, Cristina Álvarez Rodríguez y Cecilia Moreau, junto al presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Sesión especial

El camino para abrir el debate quedó allanado este martes, tras el acuerdo logrado por Massa con la oposición para prorrogar el protocolo de funcionamiento mixto de la cámara baja que permitirá avanzar en esta iniciativa y en el debate de otros temas pendientes.

La intención del bloque del Frente de Todos -que conduce Máximo Kirchner- es realizar una sesión especial la próxima semana para debatir esta iniciativa de modificación del calendario electoral y el dictamen sobre ganancias a las empresas para aliviar la carga fiscal a las pequeñas y medianas empresas.

El proyecto

El proyecto del Poder Ejecutivo refleja el acuerdo alcanzado el viernes pasado por el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, con la conducción de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri, ya que se incluye una cláusula pedida por la oposición en la que se establece que este año no podrá volver a modificarse el calendario electoral.

De esta manera, y en su artículo 6, el proyecto fija que "la presente ley no podrá ser modificada ni derogada durante el año calendario en curso, en tanto regula un derecho público subjetivo de los partidos políticos, instituciones fundamentales del sistema democrático, a elegir sus candidatos a los cargos electivos previstos en la Constitución Nacional".

"Nos encontramos en un contexto de excepción y, en ese marco, en el imperioso desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos propios de nuestro sistema democrático. Ello nos impulsa a establecer las medidas que la situación epidemiológica nos impone para evitar una mayor propagación del virus, sin trastocar las reglas y fundamentos de nuestro régimen electoral", sostiene la iniciativa.

Aplazamiento y vacunación

En ese sentido, el texto destaca que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios".

A su vez, durante ese lapso de tiempo adicional, "se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las 24 jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico", añade el proyecto.

La iniciativa propone además reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos; al tiempo que pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.

Los números necesarios de Diputados y Senadores

Para ser aprobado, el proyecto requiere del respaldo de la mayoría absoluta de los miembros de cada cámara, 129 diputados y 37 en el Senado, por tratarse de una cuestión electoral.

El aval a la iniciativa del Poder Ejecutivo ya fue adelantado por la mayoría de los bloques parlamentarios de la Cámara baja, por lo que se descuenta que el oficialismo logrará avanzar con el dictamen y contará con los votos para aprobarlo la semana próxima en el recinto.

El presidente la Cámara de Diputados, Sergio Massa, llamó este martes a una sesión el próximo sábado 27 de marzo, desde las 11, para tratar las modificaciones en el Impuesto a las Ganancias. La idea es que la semana que viene el proyecto desembarque en el Senado.

La idea era tratar el proyecto este jueves pero la oposición de Juntos por el Cambio quiere tratar ese día la ley de Biocombustibles, lo que complicó el tratamiento de Ganancias. Los legisladores se sometieron a testeos contra el Covid-19 que por protocolo tienen una validez de 72 horas. Si no sesionan el sábado, el lunes deberían volver a hisoparse y esperar los resultados antes de sesionar.

El proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias obtuvo dictamen días atrás por unanimidad, en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados.

Éste fija un nuevo piso de $150.000, que será retroactiva a enero del 2021. Lo deducido por el impuesto en los primeros tres meses del año será reintegrado en el salario del mes de abril. El proyecto beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo. Además, se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio aunque tengan ingresos extras hasta los $164 mil anuales.

La iniciativa cuenta con un amplio consenso entre los distintos bloques, lo que quedó reflejado en la firma mayoritaria del dictamen, previo a su tratamiento en el recinto.

Será la primera sesión del período ordinario que comenzó el 1ro de marzo y tendrá como característica que el proyecto podría llegar a ser aprobado con más de 200 votos positivos, por el contundente consenso entre las fuerzas políticas.

Además del proyecto de ganancias, se tratará este sábado el proyecto de reforma del monotributo, con el que busca establecer un puente para la transición entre este régimen y el general, donde hay mayor carga fiscal; otro proyecto sobre que modifica el Régimen Jurídico para la Prevención y el Control del Dopaje en el Deporte y la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral en nuestro país.

El Senado busca dar celeridad al tratamiento de leyes vinculadas con la reivindicación de derechos de los trabajadores y para ello habilitará, a pedido del oficialismo, el debate de propuestas sobre licencias especiales, la imprescript-externoibilidad de acciones laborales, la paridad de género en los sindicatos y una modificación a la ley de asignaciones familiares. Además del proyecto de reducción del impuesto a las ganancias, que comenzará a ser debatido en el Senado apenas obtenga la media sanción de Diputados la semana próxima, senadores del Frente de Todos pidieron esta semana avanzar en cuestiones relacionadas con las leyes laborales y paridad de género. Las senadoras Ana Almirón, Inés Blas y Beatriz Mirkin coincidieron en solicitar el tratamiento de normas de su autoría vinculadas a la declaración de imprescript-externoibilidad de acciones laborales, la paridad de género en las comisiones de directivas de los gremios y un cambio en el cobro de las asignaciones familiares que beneficiará a las mujeres. Los pedidos fueron recibidos esta semana por el presidente de la comisión de Trabajo y Previsión Social, Daniel Lovera, que respaldó la necesidad de dar celeridad a esos temas en medio de la pandemia y sumó además un proyecto de elaboración propia en el que se otorgan beneficios en licencias especiales a los trabajadores. Lovera declaró que dará instrucciones para avanzar en la búsqueda de consensos y "tratar de llevar las iniciativas rápidamente" al recinto.

Las licencias especiales

El proyecto sobre readecuación de licencias especiales de los trabajadores impulsa, entre otros puntos, el aumento de la licencia por paternidad convirtiéndola en una asignación familiar, por lo que no será un costo adicional para las empresas.

Acciones laborales

La propuesta de Almirón, en tanto, busca modificar el artículo 256 de la ley 20.744 para establecer que "las acciones laborales derivadas de delitos de lesa humanidad serán imprescript-externoibles, aun si estos delitos fueron perpetrados con anterioridad a la vigencia de esta norma". También determina que los accidentes y enfermedades profesionales, derivados de delitos de lesa humanidad, serán imprescript-externoibles si ocurrieron con anterioridad a la norma propuesta. Almirón (FdT-Corrientes) destacó que la propuesta cuenta con consenso y pidió contemplar su tratamiento en vísperas del aniversario del golpe de Estado de 1976 que se conmemora el 24 de marzo.

Paridad de género

Su par Inés Blas (FdT-Catamarca) se sumó también a los pedidos para que se traten dos proyectos de su autoría que tienen que ver con paridad de género en el mundo laboral, específicamente en los sindicatos.

Con su propuesta, la legisladora pretende modificar la ley de asociaciones sindicales para determinar que "cada unidad de negociación colectiva de las condiciones laborales respete la paridad de género en su constitución". También modifica el artículo dos de la ley para establecer que "los acuerdos celebrados sin representación de mujeres en las negociaciones no sean válidos". Además sostiene en su artículo tres que la presencia femenina en los cargos electivos y representativos de las asociaciones sindicales deberán integrarse ubicando de manera intercalada a mujeres y varones desde el/la primer/a miembro. Blas también presentó otro proyecto, al que se daría tratamiento en la comisión de Trabajo del Senado, para disponer que las convenciones colectivas de trabajo deberán constituirse con paridad de género.

Asignaciones familiares

La senadora del oficialismo por Tucumán, Beatriz Mirkin, fue otra de las integrantes del bloque mayoritario que insistió con solicitudes para incorporar a la agenda proyectos tendientes a incorporar mejoras en los derechos de las mujeres. En ese sentido, pidió avanzar con una norma que promueve una modificación a ley de asignaciones familiares para que "sean las mujeres que se ocupan de los hijos las que cobren todas las asignaciones independientemente de quien sea el que trabaja en relación de dependencia". "Este tema no modifica la cuestión presupuestaria pero si promueve la igualdad de género. Creo que estamos en condiciones de tratarlo", subrayó Mirkin, que este año concluye su mandato. La norma propone que las prestaciones "sean siempre percibidas por la madre mientras mantenga la responsabilidad parental y cuidado personal de sus hijos o hijas como política pública concreta para subsanar inequidades que se presentan por cuestiones de género y socioeconómicas)".

Mirkin también mencionó la necesidad de que la Cámara de Diputados avance en proyectos que tienen media sanción del Senado como la ley de biocombustibles y el de tobilleras electrónicas para los agresores a los que se les prohibió acercarse a las mujeres denunciantes. "La mayoría son proyectos que se demoran, que no los termina tratando Diputados y caen sin que tengamos la oportunidad de hacer fuerza cuando estamos en condiciones de hacerlo. Tienen que ver con la promoción de la igualdad de oportunidades de varones y mujeres", sostuvo. El último proyecto presentado está semana al que se dará prioridad es de la senadora Anabel Fernández Sagasti para incluir la asignación familiar durante la licencia por maternidad en el cálculo del aguinaldo. El presidente de la comisión de Trabajo, Lovera, se comprometió a poner "rápidamente en agenda" estos temas y coincidió que si bien la pandemia "marcó prioridades que nadie tenía previstas" también se debe poner énfasis en "las responsabilidades que competen en materia de igualdad de género".

Un plenario de comisiones de la Cámara de Diputados emitirá esta tarde dictamen favorable al proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias, por el cual se beneficiará a más de 1,2 millón de trabajadores que estarán exentos de pagar el tributo si cobran hasta $ 150.000 de salario bruto.

Las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo -que conducen los oficialistas Carlos Heller y Vanesa Siley- fueron citadas para las 15.30 para emitir dictamen a la iniciativa que busca otorgar un alivio fiscal a 1.280.000 trabajadores y jubilados.

La intención de la bancada del Frente de Todos, que conduce Máximo Kirchner, es la de sancionar esta iniciativa el martes o jueves próximos, a fin de permitir que el Senado lo pueda convertir en ley en la primera quincena de abril, informaron fuentes parlamentarias.

La iniciativa redactada por el presidente del cuerpo legislativo, Sergio Massa, se amplió con propuestas presentadas por diputados de extracción sindical y gremialistas para sumar nuevos beneficios a los trabajadores.

El oficialismo había aceptado excluir el pago del aguinaldo cuando se trate de salarios de hasta $ 150.000 brutos y jubilados que perciban hasta ocho haberes mínimos, y la deducción por concubino.

Ahora, sumó una deducción por gastos de guardería y por elementos de trabajo o capacitación.

En el dictamen se excluirá del pago del impuesto la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación, y se incorpora con comprobantes los gastos de guardería hasta los tres años con un monto de hasta $ 67.000 por año.

También se mantendrá la eximición hasta el 20 de setiembre del 2021 las guardias y horas extras que se le pagan al personal de salud que debió extender sus jornadas de trabajo en los sanatorios y hospitales a causa de la pandemia del coronavirus.

Además, se duplicará la deducción por hija o hijo discapacitado, que en la actualidad es de $ 78.833 al año, por pedido expreso de los representantes sindicales.

La Cámara de Diputados sancionará como primer tema del período de sesiones ordinarias que empieza el 1º de marzo el proyecto de reforma del Impuesto a las Ganancias que promueve el oficialismo, con el objetivo de que más de un millón de trabajadores no paguen ese tributo a partir de la sanción de la ley.

Si bien la idea es que el debate se realice en el recinto en los primeros días de marzo, la iniciativa se comenzaría a debatir en la Comisión de Presupuesto en los próximos días, ya que el Jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, adelantó que el Presidente habilitará su tratamiento en el período extraordinario de sesiones, que concluye el 28 de febrero.

El titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó hace una semana la propuesta de reformar el Impuesto a las Ganancias, que fue diseñada juntos a los equipos de la Jefatura de Gabinete, del Ministerio de Economía y de la AFIP.

Massa dijo Radio que el proyecto del FdT para reformar el Impuesto a las Ganancias y subir el mínimo no imponible, que ya cosechó el respaldo de la mayoría los bloques legislativos, es "una medida de enorme alivio fiscal para los trabajadores".

"Es una medida de enorme alivio fiscal para más de 1 millón de trabajadores y 200 mil jubilados, por lo que va a mejorar la situación de la clase media", destacó en declaraciones formuladas a Télam Radio.

El proyecto eleva el mínimo no imponible a 150.000 pesos brutos mensuales, con lo cual a los trabajadores que cobren hasta 124 mil pesos netos de sueldo no se les descontará el impuesto en la Cuarta Categoría de Ganancias.

Esta medida beneficiará a 1.267.000 trabajadores del total de 2 millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo, según estimaron los autores del proyecto.

Además, la iniciativa establece que aquellos que cobren hasta 173 mil pesos brutos también sufrirán menores descuentos que en la actualidad, mientras que quienes cobran los salarios más altos de la pirámide pagarán los mismos valores que en la actualidad.

Uno de los puntos a resolver será como se compensará a las provincias el menor ingreso fiscal que presupone esta actualización del impuesto, ya que se trata de un tributo coparticipable.

Se estima que el costo fiscal de esta medida es de 40 mil millones de pesos, y parte de esos recursos se giran regularmente a los Estados provinciales.

El cronograma de trabajo diseñado en el FdT, cuyo bloque en Diputados es conducido por Máximo Kirchner, apunta a realizar la primera reunión informativa de la comisión de Presupuesto, al mando del diputado Carlos Heller (FdT-CABA), entre el jueves próximo y la semana subsiguiente, que arranca el lunes 22 de febrero, con un informe de las autoridades de la AFIP, informaron a esta agencia fuentes parlamentarias.

Si bien se especuló con la posibilidad de sancionar el proyecto antes de que culmine el periodo de sesiones extraordinarias, fuentes del oficialismo confiaron que en la Cámara baja trabajan con la expectativa de aprobarlo en la primera semana de marzo.

La sanción de la iniciativa está asegurada ya que la propuesta recibió el respaldo, aparte del FdT, de la mayoría de los interbloques opositores, léase Juntos por el Cambio, Federal, Unidad y Equidad Federal, y las bancadas de Acción Federal y el Movimiento Popular Neuquino.

En diálogo con Télam, el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Luciano Laspina (PRO-Santa Fe), señaló: "Nosotros estamos a favor de cualquier iniciativa que implique rebajar impuestos a la clase media trabajadora, por lo cual vamos apoyar el proyecto".

Y agregó: "Vamos a pedir que tengan el mismo tratamiento los trabajadores autónomos, que de alguna forma son discriminados: me refiero a los médicos, docentes, abogados, que trabajan en forma independiente".

Por su parte, el diputado Alejandro "Topo" Rodríguez (Consenso Federal-Buenos Aires) aseguró que el proyecto de Ganancias "ya lo veníamos planteando hace tiempo y hay varios proyectos en ese sentido", pero advirtió que "no se puede limitar a darle un alivio solamente a trabajadores en relación de dependencia"

"El proyecto debe incluir a autónomos y, muy especialmente, el Gobierno tiene que incluir a quienes no tienen trabajo. Por eso hay que facilitar la creación de trabajo desgravando Ganancias a las PYMES que reinviertan sus utilidades en bienes de capital y generen trabajo", exhortó.

En efecto, la situación de los trabajadores autónomos será una de las prioridades en el planteo de la oposición, ya que -según estimaciones de los legisladores opositores- la aprobación de la reforma de Ganancias sin cambios respecto del proyecto original podría ampliar la brecha entre trabajadores en relación de dependencia y aquellos que lo hacen en formar independiente.

Pero mientras se define el esquema de trabajo, Massa continuará manteniendo reuniones con el objetivo de seguir ampliando el marco de apoyos: ya le han pedido dialogar sobre este tema la CGT, el gremio de los bancarios, que encabeza Sergio Palazzo, y también la CTA, informaron allegados al titular de la Cámara baja.

En la última semana, de hecho, Massa se entrevistó por este tema con los gobernadores Omar Gutiérrez (Neuquén) y Gustavo Sáenz (Salta), al igual que con el intendente de Puerto Madryn, Gustavo Sastre (Chubut al Frente), y el secretario de Asuntos Regionales de Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), Andrés Lombardini.

La agenda de Massa por el proyecto de Ganancias también incluyó reuniones con el gremialista José Luis Lingeri (Obras Sanitarias) y el senador nacional Carlos Caserio (FdT-Córdoba), titular de la comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta.

El Senado de la Nación abrirá el período de sesiones extraordinarias para debatir un proyecto de reforma de la Ley de Defensa de la Competencia promovido por el oficialismo y una quincena de pliegos de jueces, fiscales y defensores propuestos por el Poder Ejecutivo.

Además, dará ingreso a los pliegos que envió el Gobierno Nacional para las designaciones de Ariel Basteiro, de Sabino Vaca Narvaja y de Luis Ilarregui como embajadores en Bolivia, China y Cuba, respectivamente.

La sesión tendrá la misma modalidad remota para la mayoría de los legisladores que rige desde que comenzó la pandemia de coronavirus:una mínima presencia de senadores en el recinto -entre ellos las autoridades de la cámara-, y el resto a través del sistema virtual, al que podrán conectarse desde sus provincias de origen o desde despachos del Palacio Legislativo.

La reunión del pleno del cuerpo legislativo será la primera actividad del período extraordinario, ya que en enero hubo asueto en el Senado.

Durante la sesión se tratarán también una quincena de pliegos ya aprobados por la comisión de Acuerdos de nuevos jueces, entre ellos, el magistrado que llevó a cabo la investigación sobre las escuchas ilegales durante el gobierno e Mauricio Macri, Alejo Ramos Padilla, quien aspira a convertirse en juez federal de la ciudad de La Plata. Actualmente, el magistrado se desempeña en el juzgado federal de Dolores.

El temario previsto incluye un proyecto de la senadora Ana Almirón (Frente de Todos-Corrientes) para reformar el tribunal de Defensa de la Competencia en cuanto a mejorar la conformación y el funcionamiento de la Autoridad Nacional de la Competencia.

Uno de los cambios propuestos consiste en que la designación de los integrantes se formule a través de las propuestas del Ministerio de Desarrollo Productivo, pasando por la revisión del Congreso para su aprobación final.

La legisladora argumentó en ese sentido que "las modificaciones relativas a la Autoridad Nacional de la Competencia se proponen con la finalidad de facilitar su constitución como así también su posterior funcionamiento una vez constituida".

"Cabe destacar que desde la sanción de la Ley 27.442 en el año 2018 no ha podido concluirse la selección de quienes integrarán los diferentes órganos que funcionan dentro de la Autoridad Nacional de la Competencia y esto se debió en parte a los mecanismos de selección de candidatos que la propia norma prevé", agregó en los fundamentos de su propuesta.

En el primero de los artículos, modifica conceptos de la normativa vinculados a la concentración económica y la toma de control de una o varias empresas.

La norma define esa acción mediante la fusión entre empresas, la transferencia de fondos de comercio o la adquisición de la propiedad o cualquier derecho sobre acciones o participaciones de capital o títulos de deuda.

La Cámara de Diputados convirtió en ley por 132 contra 119 votos el proyecto de movilidad jubilatoria que establece que los haberes de los trabajadores pasivos se ajustarán con una fórmula que combina un 50% de la recaudación de la Anses y otro 50% de la variación salarial.

La iniciativa se aprobó tras agotar un debate de 9 horas en el cual expusieron más de sesenta 50 legisladores sobre el proyecto impulsado por el Gobierno, en el cual se establece el nuevo mecanismo de incremento para las jubilaciones, pensiones y asignaciones sociales.

El proyecto que consiguió 132 votos cosechó el respaldo de Frente de Todos, el interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, y los bloques de Córdoba Federal, bloque Peronista, Acción Federal, y el Movimiento Popular Neuquino.

El rechazo a la iniciativa reunió 119 votos de Juntos por el Cambio, la izquierda, Partido de la Justicia Social, el socialismo, y Consenso Federal.

El proyecto propone incrementos trimestrales para unos 18 millones de personas, entre jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH), asignaciones familiares, pensiones no contributivas, y pensión al adulto mayor.

De acuerdo con ese nuevo mecanismo, el índice que se aplicará combinará el 50 por ciento de los aumentos de salarios contemplados en base a la Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables (RIPTE), y otro 50 por ciento el incremento de la recaudación que obtenga la Anses.