Un fuerte terremoto de magnitud 7,4 sacudió gran parte de Colombia en la mañana de este lunes 10 de agosto y dejó heridos y daños estructurales en varias ciudades. El epicentro se ubicó cerca del municipio de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, sobre la costa del Pacífico, y el movimiento se percibió con fuerza en Bogotá, Medellín, Cali y otras urbes del centro y el oeste del país.

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el sismo ocurrió a las 7.34 (hora local) a una profundidad de 96 kilómetros. La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba Curi, confirmó que en la capital departamental, Quibdó, «hay heridos y graves daños en las edificaciones» y pidió precaución a la población «por las posibles réplicas». Hasta el momento no se reportaron oficialmente víctimas fatales.

El movimiento telúrico tuvo su epicentro a unos 20 kilómetros de San José del Palmar, en el occidente colombiano, a cientos de kilómetros de la capital. Los municipios más cercanos al epicentro, según el SGC, son San José del Palmar, Río Iró (a 22 kilómetros) y Nóvita (a 32 kilómetros).

Minutos después del sismo principal comenzaron a registrarse réplicas. Cerca de las 8.18, el organismo reportó un evento de magnitud 4,6 y profundidad superficial en Nóvita, y otro de magnitud 4,8 a 88 kilómetros de profundidad en San José del Palmar. La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) aclaró que no existe amenaza de tsunami sobre la costa pacífica de Colombia.

La gobernadora Córdoba fue una de las primeras autoridades en dar un parte: «Acabamos de pasar un grave evento sísmico en el departamento del Chocó. Nos preocupan las réplicas», expresó, y advirtió que ya se avanzaba en la evaluación de daños para emitir el primer reporte oficial. El aeropuerto El Caraño, de Quibdó, también sufrió destrozos.

En Pereira, capital de Risaralda, el panorama fue igualmente crítico. El gobernador Juan Diego Patiño reportó heridos y daños graves, y resumió la situación con una frase: «Es bien difícil». Según los primeros reportes, numerosas edificaciones sufrieron afectaciones estructurales —entre ellas el aeropuerto— y algunas se derrumbaron parcialmente.

En Bogotá, habitantes de edificios y conjuntos residenciales evacuaron de manera preventiva tras la activación de las alarmas. El alcalde Carlos Fernando Galán señaló que, por el momento, no había reportes de heridos ni de afectaciones estructurales en la ciudad.

En Cali, el alcalde Alejandro Eder informó que «hay muchos edificios agrietados», aunque sin víctimas confirmadas hasta ese momento. En Medellín, el alcalde Federico Gutiérrez indicó que el Cuerpo Oficial de Bomberos realizaba recorridos de verificación en distintos sectores y pidió reportar cualquier emergencia a la línea 123. En Manizales se registraron afectaciones en fachadas, incluida la catedral, y en el municipio de Nilo (Cundinamarca) se reportó una posible afectación en una escuela.

El SGC reportó inicialmente una magnitud de 6,7 y una profundidad de 82 kilómetros. Poco después, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el sismo en 7,4, cifra que luego el organismo colombiano confirmó en su boletín actualizado, elevando además la profundidad a 96 kilómetros. Un temblor de esa intensidad puede provocar daños de consideración en zonas densamente pobladas.

El sismo se sintió también en Popayán, Manizales, Armenia, Barranquilla y otras localidades, e incluso hubo reportes de percepción en países vecinos. Las autoridades recomendaron a la población verificar las condiciones de las edificaciones antes de reingresar y mantenerse atenta a los partes oficiales, mientras avanza la consolidación de los reportes de daños.

Un hombre murió en nuevas movilizaciones en Bogotá contra el Gobierno conservador del presidente Iván Duque otra vez reprimidas por las fuerzas policiales, en medio de una crisis que ya deja más de 60 muertos en siete semanas de protestas, informaron hoy autoridades y ONGs opositoras. Jefes policiales y funcionario del Gobierno dijeron que la víctima, de 32 años, murió ayer "en confrontaciones" en el sur de Bogotá al recibir un impacto en el pecho en circunstancias que se investigaban, pero organizaciones de derechos humanos denunciaron que policías le arrojaron una granada de gas lacrimógeno. Lamentamos "la muerte de un ciudadano en medio de las confrontaciones que se desarrollan desde tempranas horas en la localidad de Usme", en el sur de Bogotá, detalló el comandante de policía de la ciudad, general Óscar Gómez, en declaraciones formuladas anoche a periodistas. El secretario de Gobierno, Luis Ernesto Gómez, identificó a la víctima como "Jaime Alonso Fandiño, un hombre de 32 años". "Después de un diálogo con la médica que lo atendió (...) se estableció que Jaime recibió un impacto en el pecho por un objeto contundente muy probablemente a muy corta distancia", precisó Gómez en un video divulgado en Twitter. "Hemos solicitado la mayor celeridad en el esclarecimiento de este caso. El cuerpo fue trasladado a Medicina Legal para que sea necropsia la que haga un dictamen definitivo de las causas del deceso", agregó.

Organizaciones de derechos humanos señalaron que Fandiño murió al recibir "un impacto de una granada de gas lacrimógeno en su pecho" que fue disparada por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) las fuerzas especiales de la policía colombiana, informó la agencia de noticias AFP.

Imágenes divulgadas por autoridades locales muestran a miembros del escuadrón usando bombas aturdidoras para dispersar a un grupo de manifestantes armados con piedras. Según autoridades civiles y la Defensoría del Pueblo (ombudsman), al menos 63 personas murieron desde el 28 de abril, cuando multitudes se tomaron las calles para marchar contra un proyecto para elevar impuestos a la clase media. Dos de los fallecidos eran uniformados. Si bien la iniciativa fiscal fue retirada, las manifestaciones se mantuvieron, avivadas por una violenta represión policial que fue condenada por la comunidad internacional.

Aunque el Comité Nacional del Paro, el sector más visible de la protesta, suspendió las movilizaciones la semana pasada, otros sectores inconformes mantienen activas las marchas, concentraciones y bloqueos en varios puntos de Bogotá y Cali, tercera ciudad del país y epicentro del sangriento estallido social. Lo que comenzó con una protesta contra impuestos terminó en un movimiento que exige una reforma a la policía y un Estado más solidario para lidiar con los estragos económicos de la pandemia de coronavirus, que elevó la pobreza del 37% al 42%de la población. El Gobierno sostiene que organizaciones armadas vinculadas al narcotráfico se infiltraron en la protesta. El lunes, Duque responsabilizó a las movilizaciones por el agresivo tercer pico de la pandemia, que lleva varias semanas con récords de muertes y contagios diarios, y ya deja más de 100.000 fallecidos en el país sudamericano.

Los futbolistas profesionales de Colombia expresaron en las últimas horas su "apoyo total" a las protestas contra el Gobierno, reclamaron a las autoridades que se "garantice un verdadero diálogo social" y solicitaron que no se programen más partidos de los torneos locales "hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público".

Ante la escalada de las movilizaciones contra el presidente Iván Duque y la represión de las fuerzas de seguridad, los jugadores, nucleados en la Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales (Acolfutpro), respaldaron las movilizaciones.

"Como ciudadanos, antes que futbolistas, queremos manifestar nuestro total apoyo al clamor expresado por el pueblo colombiano en su protesta y nos unimos a esas voces que piden un país más justo, equitativo e inclusivo, en el que se nos garanticen a todos, sin distinción, las condiciones mínimas para vivir con dignidad", indicaron en un comunicado.

"Respaldamos sus peticiones y solicitamos al Gobierno nacional que las tramite sin dilación, promoviendo los mecanismos que garanticen un verdadero diálogo social y así se puedan concluir en acuerdos que permitan la construcción de una sociedad donde todos tengamos espacio y mejores oportunidades para progresar y vivir en paz y equidad", añadieron.

Por todo esto, solicitaron a la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) y a los clubes profesionales que no se programen más partidos de los torneos locales "hasta tanto no se resuelva la actual situación de orden público que afecta a todo el país y pone en riesgo nuestra integridad".

Las protestas obligaron este jueves a suspender en al menos cinco oportunidades el encuentro entre América de Cali y Atlético Mineiro de Brasil por la Copa Libertadores.

Los gases lacrimógenos empleados para dispersar a los manifestantes en los alrededores del estadio Romelio Martínez en Barranquilla ingresaron por efectos del viento al estadio y afectaron a los jugadores.

Las fuertes protestas antigubernamentales que dejaron al menos 42 muertos en Colombia no cesan luego de dos semanas y alteraron el desarrollo de los partidos de Libertadores de las últimas dos fechas.

La situación también pone en peligro que Colombia acompañe a Argentina como sede de la Copa América 2021, que se disputará en 30 días.

El hecho se enmarca en la ola de manifestaciones que se desarrolla en el país desde el 28 de abril, primero en rechazo a un reforma fiscal impulsada por Duque, ya retirada, y que se mantuvieron luego en contra de la militarización del país y la feroz represión desatada durante las movilizaciones.