El Consejo Federal de Educación se reunirá este jueves para analizar y validar los cambios en el protocolo de la asistencia a clases en los niveles primario y secundario en todo el país, que fueron definidos por el Ministerio y sus asesores, para "intensificar la presencialidad a partir del 1 de septiembre", según adelantó el ministro de Educación Nicolás Trotta.

El Consejo, que agrupa a todos los ministros de Educación de las provincias y la ciudad de Buenos Aires, se reunirá a partir de las 15:00, encabezado por Trotta, quien previamente participará de la presentación de un informe sobre relevamiento y fortalecimiento de políticas socioeducativas en la post pandemia, según la agenda oficial.

Este miércoles, Trotta se reunió con el Consejo Asesor para el Regreso a las Clases Presenciales, y se definió la propuesta con las modificaciones de los protocolos sanitarios para aumentar la presencialidad en las escuelas.

"Terminamos de consensuar los cambios en el protocolo" porque "para nosotros es importante siempre el regreso seguro a las aulas. Escuchamos a representantes de la Sociedad Argentina de Pediatría, la Organización Panamericana de la Salud, la Organización Mundial de la Salud, Unicef y el Ministerio de Salud nacional", indicó el funcionario tras la reunión.

A menos de un mes de la llegada de la primavera y de los días más cálidos, Trotta adelantó que "la idea es que, a partir del miércoles 1 de septiembre, todos los alumnos y alumnas -del nivel primario y secundario- vayan a la escuela todos los días, todas las semanas".

Estos cambios propuestos responden a la mejora de los indicadores epidemiológicos junto al avance en el proceso de vacunación y el aumento de las temperaturas en el territorio argentino, lo cual ofrece una posibilidad de dar paso a nuevas instancias que continúen fortaleciendo la presencia en las aulas, informó en un comunicado la cartera educativa.

La propuesta definida contempla tres escenarios posibles y refiere a condiciones mínimas, sobre las cuales cada jurisdicción podrá adicionar otras medidas que considere convenientes:

- Condición óptima: En el caso de que las escuelas puedan asegurar la presencialidad completa manteniendo una distanciamiento físico de 1.5 m entre estudiantes, sin dejar de ventilar, asegurar el uso de mascarillas y la higiene de manos. Para mantener esta distancia es necesario aprovechar al máximo el mobiliario escolar en toda su extensión.

- Condición admisible: En el caso de que no sea posible asegurar el distanciamiento de 1.5 m para una presencialidad plena, se tomará una distancia física de 0.90 m entre estudiantes en las aulas, manteniendo el requerimiento de 2 m en los espacios comunes y con el cuerpo docente. En este caso, aumenta el requisito de ventilación, no solamente manteniendo abiertas ventanas y puertas sino incrementando el tiempo de ventilación entre clases.

- Excepciones: Solo en el caso de que no sea posible mantener un distanciamiento físico de 0.90 m entre estudiantes, se podrá mantener una distancia menor; y las excepciones podrán aplicarse en contextos de bajo riesgo epidemiológico y con adecuada cobertura de vacunación en la población general.

No obstante, estas excepciones deberán ser acompañadas de las siguientes medidas obligatorias: mantener e incrementar el resto de las medidas implementadas; la distancia entre estudiantes y docentes, así como entre docentes, se deberá mantener en 2 m; el distanciamiento en zonas de uso común, incluyendo comedores, no podrá ser menos a los 2 m y agregar estrategias preventivas adicionales.

Gremios docentes de la ciudad de Buenos Aires advirtieron este miércoles sobre los riesgos del "incumplimiento del protocolo sanitario" en las escuelas porteñas tras la decisión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta, de habilitar la presencialidad en las aulas sin respetar los criterios de distanciamiento establecidos por el Consejo Federal de Educación, y calificaron de "criminal" a la política que se aplica en el distrito capitalino. "La presencialidad de Larreta y (de la ministra de Educación, Soledad) Acuña no cuida la salud de la comunidad educativa", escribió hoy en Twitter la secretaria General de UteCtera, Angélica Graciano; y agregó que "aunque Larreta lo quiera decretar, la pandemia no terminó". "Frente al negacionismo del Gobierno porteño, la comunidad educativa refuerza los cuidados", manifestó Graciano tras la difusión de un comunicado de UTE donde advierten sobre la "política criminal" del titular del Ejecutivo capitalino.

Por este motivo, los sindicalistas solicitaron que "se respete el distanciamiento social de 1,5m" que haya "espacios con ventilación cruzada" y "elementos de protección e higiene". Desde UTE insistieron además en la necesidad del "respeto a los aforos según metros cuadrados" tal como fue establecido en el Consejo Federal de Educación. En tanto, desde Ademys anunciaron un paro para el lunes próximo, y expresaron en las redes que "ante el intento de @horaciorlarreta de implementar una presencialidad total eliminando la restricción de 1,5 metros de distanciamiento físico dentro del aula, reactivamos el plan de lucha". "Paramos el 9", indica la convocatoria y agrega que realizarán hasta el viernes próximo "asambleas por escuelas y distritos y junto a las familias, pronunciamientos colectivos y envío de cartas a las autoridades". Mañana, a las 12, los afiliados a esta entidad gremial realizarán "semaforazos en sedes de distritos escolares" de la Ciudad para protestar contra la forma en la cual se retoma la presencialidad en el distrito.

En respuesta al fallo que emitió este martes la Corta Suprema sobre el DNU del Gobierno Nacional que, entre otras medidas suspendía las clases presenciales en el AMBA, desde el Ejecutivo emitieron un comunicado.

La nota lleva la firma del secretario de Comunicación, Juan Pablo Biondi, y hace un repaso de la situación epidemiológica actual por la segunda ola del coronavirus y de las medidas que tomó la gestión de Alberto Fernández para mitigar la pandemia.

El comunicado

"Ante el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el día de la fecha, el Gobierno Nacional expresa:

Que la pandemia de Covid-19 ya ha cobrado, en el mundo, más de 3,22 millones de muertes y se han registrado más de 154 millones de contagios. En la Argentina hay más de 3 millones de casos y debemos lamentar la muerte de más de 64.800 personas.

Que, en todo el mundo, frente a la pandemia, las autoridades han debido adoptar en forma urgente y excepcional, medidas de cuidado que implican restricciones, incluyendo cuarentenas, limitaciones a la circulación y suspensión de clases presenciales

Que, en el marco de excepcionalidad que estamos viviendo, desde el año 2020 el Gobierno nacional ha debido disponer medidas imprescindibles para fortalecer el sistema sanitario -que se encontraba fuertemente debilitado- y prepararlo para enfrentar la pandemia. También ha debido tomar medidas urgentes, extendidas y anticipatorias para contener y mitigar los contagios a fin de evitar la saturación del sistema de salud con el consiguiente aumento de la mortalidad. Todas estas medidas han sido cumplidas por la gran mayoría de argentinos y argentinas, que con su esfuerzo y compromiso han logrado que no hubiera que lamentar consecuencias aún más gravosas que las que estamos viviendo.

Que también se han adoptado medidas necesarias de contención económica y social.

Que, con inusitado rigor formal, como si no estuviese en riesgo la salud pública y los derechos subjetivos que de ella derivan, como la vida, la Corte Suprema ha sostenido que, al suspender por quince días las clases presenciales en el conglomerado urbano del AMBA, el Gobierno Nacional se habría basado en «consideraciones meramente conjeturales» con insuficiente fundamentación.

Que es un deber y un objetivo central de este Gobierno garantizar el derecho constitucional a la educación; y sabemos, sin ninguna duda, que este derecho se ejerce con mayor plenitud cuando se desarrolla en la modalidad presencial con docentes, niños, niñas y adolescentes en las aulas.

Que, al momento de dictarse el DNU cuestionado, el AMBA exhibía un crecimiento exponencial de contagios mayor al que presentaba el resto del país y el sistema de salud se hallaba fuertemente tensionado, con peligro de saturación. Que también se ha verificado durante el año 2020 que la situación epidemiológica del AMBA se extiende a las demás regiones del país.

Que, desde el punto de vista epidemiológico y sanitario, el AMBA, como aglomerado urbano, constituye una unidad inescindible, y así lo reconocieron todas las autoridades durante la gestión de la pandemia durante el año 2020.

Que, en tal situación, omitir la adopción de medidas oportunas, similares a las que se adoptaron en otros lugares del mundo que registraban un crecimiento de casos mucho menor que el que exhibía el AMBA, hubiese significado aceptar un riesgo de consecuencias irreversibles para la salud pública y para la vida de las personas.

Que las distintas jurisdicciones se encontraban facultadas por el DNU entonces vigente para adoptar medidas a fin de mitigar los contagios que crecían en forma exponencial. Que la Ciudad de Buenos Aires, pese a contar con esa facultad, omitió adoptar medidas en ese sentido y el crecimiento de casos en el AMBA generó una situación de alarma epidemiológica y sanitaria que podía llevar, en poco tiempo, a la saturación del sistema de salud.

Que, ante tal situación, el Gobierno Nacional adoptó, mediante el DNU 241/2021, diversas medidas para disminuir la velocidad en la curva de contagios y, con ello, la crisis del sistema sanitario y el aumento de la mortalidad.

Que el gobierno Nacional fue elegido en elecciones democráticas, en el marco del Estado de Derecho, para adoptar las medidas que considera pertinentes para proteger la salud pública y la vida de las personas, así como la oportunidad, mérito y conveniencia de las mismas, en el marco de una pandemia producida por un virus que no reconoce límites políticos y que el año pasado, desde el AMBA, se extendió a todo el país.

Que las medidas adoptadas en el decreto mencionado fueron cumplidas por la mayoría de los argentinos y argentinas, y también por los ciudadanos y ciudadanas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pese a que el GCBA desoyó e incumplió, en parte, la norma federal dictada.

Que la utilidad de las medidas adoptadas por el Gobierno Nacional a través del DNU 241/2021 se verificó con la disminución de la curva de contagios en el AMBA, y en forma más marcada esta disminución se verifica en la provincia de Buenos Aires. En cambio, resulta contra fáctico y no puede verificarse qué hubiera sucedido si el Gobierno Nacional no hubiera adoptado medidas a tiempo, ante la pasividad del GCBA.

Que también el GCBA ha demostrado que ha constatado y comprendido, al menos en parte, la utilidad de las medidas dispuestas, en atención a las últimas disposiciones que implementó y que implican una reducción de la presencialidad en la actividad educativa y, por lo tanto, de circulación de personas, en el marco de la segunda ola de Covid-19.

Que la sentencia de la Corte Suprema de Justicia conocida en el día de hoy no resolvió un caso particular y concreto, sino que realiza consideraciones indicativas, toda vez que ya no se encuentra vigente el DNU cuestionado. El mismo tribunal admite, como ya lo había hecho en la Acordada 6/2020, que el Poder Judicial no cuenta con los instrumentos necesarios para evaluar la idoneidad de los indicadores sanitarios y epidemiológicos y, por lo tanto, las medidas aptas para contener los contagios.

Que, actualmente, se encuentra vigente el DNU 287/2021 que ha adoptado parámetros epidemiológicos y sanitarios específicos y ha calificado los distintos partidos, departamentos y aglomerados urbanos en Alto, Mediano o Bajo riesgo epidemiológico y sanitario, o en Alerta Epidemiológica y Sanitaria. En esta última clasificación se incluye a la Ciudad de Buenos Aires y a los partidos de la provincia de Buenos Aires que conforman el aglomerado del AMBA.

Que dicho DNU explica con claridad los motivos por los cuales se adoptan las medidas allí dispuestas y se encuentra plenamente vigente. Se trata de una norma federal que no ha sido cuestionada judicialmente por el GCBA.

Que el Gobierno nacional ha comunicado que, en los próximos días, enviará al Congreso Nacional, para su consideración, una ley marco para regular la gestión de esta gravísima pandemia por parte del Gobierno Nacional, de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Que el Gobierno nacional siempre, y también ahora, trabaja priorizando la salud y la vida de argentinos y argentinas. Con esa convicción seguirá trabajando para traer vacunas y vacunar a los y las habitantes de nuestro país, para cuidar la salud pública y la vida, preservando la economía. Con esos objetivos exhorta a todas las personas a redoblar esfuerzos para dar cumplimiento a las medidas de cuidado y de contención de contagios. Nuestro propósito es que podamos volver, cuanto antes, a vivir con la mayor normalidad posible, desarrollando plenamente las actividades que hoy se encuentran temporariamente restringidas por la pandemia. Es lo que más anhelamos y por lo cual trabajamos cada día.

El ministro de Justicia, Martín Soria, aseguró este lunes que "no es la primera vez que el PRO utiliza políticamente al Poder Judicial conforme a sus intereses", pero sostuvo que "esta vez han ido demasiado lejos, porque están poniendo en juego la vida y la salud del resto de la Argentina", al cuestionar nuevamente el fallo de la Justicia porteña que habilitó las clases presenciales en la Ciudad.

En ese marco, el funcionario calificó de "forum shopping" lo dispuesto el domingo por la sala IV de la Cámara en lo Contencioso y Administrativo porteña que falló a favor de la presencialidad en las escuelas del distrito, contrariando lo dispuesto por un decreto presidencial que las había suspendido desde hoy y durante 15 días.

En declaraciones a El Destape Radio, Soria también indicó que "se van a interponer varias medidas para frenar esta decisión política" y manifestó que "la Cámara porteña es manifiestamente incompetente para resolver sobre un DNU dictado en el marco epidemiológico con una curva de contagios exponencial".

En este sentido, explicó que "el 31 de diciembre pasado" había 7.800 contagios y el viernes último la curva trepó a 29.400" al recordar que fue "en ese marco en el que el Presidente (Alberto Fernández) toma esta decisión".

Soria recordó que "el propio jefe de Gobierno no fue a la justicia porteña, a su justicia, que está integrada por parientes de los funcionarios, sino que acudió a la Corte y por lo tanto admite esa competencia federal".

"Impulsaron un inédito 'forum shopping'", continuó Soria y dijo que el "Consejo de la Magistratura de la Ciudad debería tomar las medidas disciplinarias correspondientes" en relación a los magistrados de la sala IV de la mencionada Cámara.

"El Presidente @alferdez tomó una decisión de Estado para preservar la vida de miles de argentinos, no dictó políticas educativas. Utilizar políticamente al Poder Judicial es una especialidad del macrismo, pero esta vez han ido demasiado lejos", publicó el ministro en su cuenta en la red social Twitter.

Tras reiterar que se interpondrán varias medidas para "frenar esta decisión netamente política" dijo que no le correspondía a él "decir cuáles son los pasos y los tiempos, porque eso sería hacer lo que hacen ellos".

"Lo vimos con la Mesa Judicial, donde salían en la previa de fallos judiciales importantes los jueces de la Casa Rosada. No podemos adelantarnos a lo que pueda decir la Justicia", afirmó.

Sobre la causa que por el mismo tema elevó el Gobierno porteño a la Corte Suprema, en la cual se solicita que el decreto del presidente Alberto Fernández sea declarado inconstitucional, afirmó que "en fallos de la Corte del año 2019, en una demanda de la Ciudad contra Córdoba, la Corte reconoce su competencia originaria".

Sobre el máximo tribunal y los plazos para expedirse en esta causa consideró que "así como actuaron rápido en el per saltum por dos jueces que fueron trasladados por el macrismo, sería bueno que intervengan rápidamente y solucionen este conflicto, que es político".

El jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar de la ciudad Carolina Stanley y la titular del partido PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados por el supuesto delito de atentado a la salud pública y por sedición tras haber impulsado "una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021" que suspendía las clases presenciales por el término de 15 días en medio de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19.

La denuncia fue presentada el domingo por la abogada Valeria Carreras, que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos.

En su denuncia, Carreras aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó "en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes".

Sin embargo, siguió la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen "realizar lo que el DNU prohíbe", como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días, en el caso del jefe de gobierno al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.

Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció "que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)" para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también "las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".

Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.

Por último, Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción".

El Secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) de la Ciudad de Buenos Aires y Secretario Gremial Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA), Eduardo López, dijo en diálogo con C5N que ya hay 300 contagiados por coronavirus en las escuelas porteñas.

López aseguró que "hay 300 contagiados, 200 docentes, 50 alumnos y 50 auxiliares" en las escuelas y pidió a los docentes que "sigan avisando a la comunidad educativa y al sindicato los casos de Covid y nosotros lo decimos a la prensa".

El dirigente gremial señaló que "las familias tienen que saber que ya hay 300 contagiados por Covid en las escuelas porteñas. Nosotros lo informamos a las familias para que tomen la decisión de qué hacer".

Sobre la vacunación de los docentes, López dijo: "Para nosotros la vacuna es un derecho". Por eso, exigió que "estén las vacunas que le dio el Gobierno nacional al Gobierno de la Ciudad, que no las privaticen, que no se las den a las prepagas".

El miércoles pasado inició la campaña de vacunación con 1.174 docentes que recibieron la primera dosis de la Sinopharm y según a las cifras brindadas por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires hasta el momento se vacunaron contra el coronavirus un total de 3.056 maestros.