El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, aseguró hoy que "todos los días avanza un poquito más" la causa judicial en la que se investiga el presunto contrabando de armamento a Bolivia por parte del Gobierno de Mauricio Macri tras el golpe de Estado que en noviembre de 2019 derrocó a Evo Morales. Soria, al hablar por Radio 10, también fue consultado sobre la prórroga de las autorizaciones del material bélico enviado a Bolivia, ya durante la gestión de Alberto Fernández. "Si la única defensa que tienen son las notas que muestran cómo intentaron encubrir más tarde el envío de armas deberían buscarse un abogado, porque sin dudas están hasta las manos", dijo el titular de la cartera de Justicia.

El Ministro aclaró que "toda esta documentación, estas notas que fueron apareciendo en Clarín y La Nación fueron suscritas por las personas que nosotros denunciamos". "Las autorizaciones de 2020 -explicó- fueron suscritas por la parte deGendarmería que intentó encubrir el contrabando". Soria insistió en que los involucrados en esta denuncia de contrabando "están complicados", y al referirse al expresidente Macri señaló que "hizo la gran `Pepín' Simón, y se quedó del otro lado del charco", al aludir al exasesor presidencial Fabián Rodríguez Simón, quien busca ser refugiado político en Uruguay mientras es reclamado por la Justicia argentina. Al opinar sobre la reacción de Juntos por el Cambio (JxC) ante las denuncias de contrabando, dijo que "salieron a decir que eran mentiras, luego se llamaron a silencio y después se bajaron de las listas" de precandidatos a las elecciones legislativas de este año. "Saben que es grave lo que hicieron. De Macri no podíamos esperar otra cosa, porque ya contrabandeaba autopartes a Uruguay en 2001. Ahora, también hubo intervención de Defensa con Oscar Aguad, de Gendarmería y Seguridad con Patricia Bullrich y también el excanciller Jorge Faurie está complicado". Asimismo, Soria se preguntó: "¿Qué opinarán Horacio Rodríguez Larreta, Elisa Carrió, Maria Eugenia Vidal y Diego Santilli de que su propio Gobierno haya apoyado un golpe de Estado?".

Al ser consultado sobre las declaraciones de la exgobernadora y precandidata a diputada nacional María Eugenia Vidal acerca de que estas denuncias se conocen en campaña, agregó: "Nos enteramos de este contrabando cuando el 8 de julio la justicia de Bolivia que investiga el golpe de Estado encontró una nota de un comandante agradeciéndole al Gobierno de Macri el envío de todo ese arsenal". "Me da pena, pobre Vidal, se ve que no ve los medios", concluyó.

La expresidenta de facto de Bolivia Jeanine Áñez permanece en unas celdas que tiene la Fuerza Anticrimen en La Paz, a la espera que este sábado mismo brinde su primera declaración judicial tras ser detenida esta madrugada en relación a su participación en el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. Áñez fue aprehendida en su domicilio en la localidad de Trinidad y trasladada en avión a La Paz, ciudad donde un fiscal pidió su arresto junto al de varios de sus colaboradores políticos y militares. La televisión boliviana la mostró llegando al aeropuerto de El Alto de la ciudad, sin estar esposada y junto al actual ministro del Gobierno (Interior), Carlos Eduardo del Castillo, además de varios policías. "Informo al pueblo boliviano que la señora Jeanine Áñez ya fue aprehendida y en este momento se encuentra en manos de la policía", anunció Del Castillo en sus cuentas de Twitter y Facebook, y felicitó a las fuerzas del orden por su "gran trabajo en esta gran e histórica tarea de dar justicia al pueblo boliviano".

Por su parte, la expresidenta de facto denunció en las redes sociales "un acto de abuso y persecución política". El Gobierno "me acusa de haber participado en un golpe de Estado que nunca ocurrió", añadió Áñez. "Hay que dejar en claro que este Gobierno democráticamente electo no está persiguiendo políticamente a nadie, lo que está haciendo es que exista justicia en nuestro país", dijo el ministro del Castillo en una breve conferencia de prensa en la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de La Paz, donde fue llevada Áñez. "Nuestra Policía ha cumplido con una orden de aprehensión emitida por el Ministerio Público, dentro de un proceso que habría sido iniciado en diciembre de la gestión anterior por el golpe de Estado en nuestro país", añadió el funcionario en declaraciones reproducidas por la Agencia Boliviana de Información. La Fiscalía de Bolivia emitió el viernes una orden de detención contra Áñez y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración.

Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos en Trinidad y trasladados a La Paz. La orden de la fiscalía partió de una denuncia presentada en diciembre pasado por Lidia Patty, exlegisladora del gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), precisó la agencia de noticias AFP. La orden de aprehensión abarca también a cuatro exjefes del alto mando de las Fuerzas Armadas, con los que sumaban 14 las personas cuya captura procura la fiscalía en el proceso por el golpe. En su denuncia, Patty sostuvo que el líder civil de la región de Santa Cruz (este), Luis Fernando Camacho, Áñez, varios exministros, exmilitares, expolicías y civiles, habían promovido el derrocamiento de Morales en noviembre de 2019, tras 14 años en el poder.

Áñez llegó al poder luego de la renuncia forzada de Morales en noviembre de 2019 en medio de protestas después de unas elecciones calificadas por la oposición y la Organización de Estados Americanos (OEA) de fraudulentas. Ejerció el Gobierno hasta noviembre de 2020 tras la asunción del actual mandatario, el masista Luis Arce. El viernes, la Asamblea de Derechos Humanos de Bolivia (Apdhb) llamó a defender a los exjefes militares y policiales que participaron de las movidas contra Morales y ahora enfrentan procesos penales por genocidio y otros delitos. "La Apdhb convoca a todos los defensores y defensoras de derechos humanos y toda la sociedad civil a elevar nuestro grito por la defensa en favor de la Policía y las Fuerzas Armadas", señaló la presidenta de esa organización, Amparo Carvajal, en un comunicado. Por otro lado, la Defensoría del Pueblo publicó el viernes un informe sobre las masacres de Sacaba y Senkata, donde murieron cerca de 30 personas, en el que concluye que el Gobierno de Áñez cometió delitos de lesa humanidad al haber incurrido en "asesinatos de forma sistemática en contra de la población civil".

Al menos tres estudiantes murieron tras caer al vacío luego de que una baranda del cuarto piso del edificio de la Facultad de Ciencias Financieras de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), en Bolivia, cediera. Un importante grupo de jóvenes se encontraba allí en una asamblea, informaron fuentes policiales.

"De las ocho personas que cayeron, son seis varones y dos mujeres; tres murieron y cinco fueron evacuados a distintos hospitales", informó el comandante regional de la Policía de El Alto, Leonel Jiménez.

Un representante del Comité Ejecutivo de la universidad aseguró que hubo empujones, peleas y enfrentamientos durante la asamblea antes de que cediera la baranda.

"Hubo una asamblea y enfrentamiento, creo que entre los empujones se rompieron las barandas y cayeron más de seis compañeros. Por lo que pudimos ver había fallecidos, pero no nos dejaron entrar, llegaron las ambulancias y la Policía", dijo Andy Huanca a radio Fides.

El accidente ocurrió en el edificio de la Facultad de Ciencias Financieras, ubicado en el campus de Río Seco, donde los universitarios cayeron desde el cuarto piso de esas instalaciones, según reportó la red ATB, medio que confirmó tres fallecimientos.