El Gobierno nacional oficializó la medida de exceptuar de realizar cuarentena a los argentinos y residentes en el país que hubieran viajado al exterior, que había sido adelantada esta semana.

La norma se oficializó a través de la Decisión Administrativa 932/2021, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma del jefe de Gabinete, Juan Manzur, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti.

La excepción a cumplir la cuarentena se dará siempre que den cumplimiento a los siguientes requisitos:

- Haber completado el esquema de vacunación por lo menos 14 días antes de su ingreso al país. Las personas vacunadas consignarán dicho extremo en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones.

- Adicionalmente a la prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las 72 horas previas al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, deberá realizarse una prueba PCR, entre el día quinto y séptimo, computados desde el arribo al país, y cuyos resultados deberán ser negativos.

- El costo de los test a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país.

- Desarrollar sus actividades sociales y/o laborales y/o comerciales y/o deportivas extremando la observancia de las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de 10 días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR negativa en origen, realizada dentro de las 72 horas previas al embarque, quedando prohibido durante ese lapso concurrir a eventos masivos, o utilizar el transporte colectivo de pasajeros terrestre, salvo en las situaciones expresamente autorizadas.

- Contar con el comprobante de su vacunación registrado en la Aplicación Mi Argentina, si la vacunación hubiera sido realizada en la República Argentina. En el caso de quienes se hubieran vacunado en el extranjero, deberán contar con el comprobante validado por el país que efectuó la vacunación.

- Exhibir el comprobante de vacunación cuando le sea requerido por las autoridades competentes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales al arribo al país, por los operadores de transporte en el momento del embarque hacia el país, o por la jurisdicción del domicilio del ingresante, o la de tránsito, cuando controla el cumplimiento de las disposiciones del presente artículo o se exija en virtud de la normativa vigente en ella.

Sin el esquema completo

Aquellos argentinos y residentes en el país que hubieran viajado al exterior y no cuenten con un esquema completo de vacunación realizado con una antelación mayor a 14 días al momento de su ingreso al país, "incluidas las personas para quienes las vacunas no están hasta el momento autorizadas, deberán realizar el aislamiento previsto" en las anteriores normativas.

Además deberán cumplir con el test PCR hasta 72 horas previas al embarque, el test de antígeno a su llegada al país y el test PCR al séptimo día contado desde su arribo, "para así poder dar por finalizado su aislamiento en caso de resultar las pruebas diagnósticas negativas":

El artículo 2 de la norma establece que "las personas extranjeras no residentes autorizadas expresamente por la Dirección Nacional de Migraciones para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial o deportiva profesional para la que fueron convocadas, no deberán cumplir con la cuarentena prevista en la Decisión Administrativa N° 2252/20, y normativa complementaria, en tanto den cumplimiento a las condiciones establecidas en el artículo 1° de la presente y en los protocolos establecidos para su actividad".

El Ministerio de Trabajo oficializó este martes los requisitos de preselección y selección para el Programa de Recuperación Productiva II (Repro II) para los salarios devengados en julio último. Así lo hizo a través de la resolución 462/2021 publicada en el Boletín Oficial, que adopta recomendaciones formuladas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa Repro II en su acta número 9. En cuanto a los criterios de preselección, el Comité estableció que, para los sectores críticos y no críticos, se tomará la facturación registrada en junio de 2019 y junio de este año, y la diferencia debe dar como mínimo una caída de 20% en términos reales y un aumento como máximo del 72% en términos nominales. Ese mismo período de comparación se utilizará en el sector de la salud, aunque la diferencia de facturación debe dar como mínimo una variación de 0% en términos reales, y como máximo un aumento de 114% en términos nominales. Respecto del Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos, la nueva disposición del Ministerio de Trabajo establece que se tomarán los mismos valores que los sectores críticos y afectados no críticos, en cuanto a la variación de la facturación, comparando la de junio de 2019 con junio de este año. Por otra parte, en función de la situación económica y laboral observada en julio, el Comité entendió que no se deben modificar los parámetros de la fase de selección definidos para junio, con la excepción de la variación porcentual de la facturación y del IVA compras, que deberían cambiar. Al respecto, la variación de la facturación compras deberá ser menor a 72% para los sectores afectados críticos y no críticos (era del 71% en junio) y a 114% para los efectores de salud (era del 113%). Y en el caso del IVA, la variación deberá ser menor a 114% para todos los sectores. En tanto, se mantienen los montos en $ 22.000 la asistencia para las trabajadoras y trabajadores en empresas de sectores críticos, el mismo monto que para los de salud y para el Programa de Asistencia de Emergencia a Trabajadores y Trabajadoras Independientes en Sectores Críticos, y en $ 9.000 a los no críticos afectados.

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) estableció el mecanismo para que las empresas que incumplieron las condiciones previstas en el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) restituyan los fondos correspondientes al salario complementario, a través de la resolución general 5035/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial. La misma determinó el procedimiento para que los empleadores que no cumplieron con las condiciones establecidas por el Comité de Evaluación y Monitoreo del Programa ATP, restituyan los fondos correspondientes al salario complementario. Las firmas que reciban una notificación de AFIP tendrán un plazo de 15 días hábiles para reintegrar las sumas percibidas, mediante un plan de pagos a través del servicio Mis Facilidades. La financiación contempla un pago a cuenta del 20% de la deuda consolidada y hasta cinco cuotas mensuales, iguales y consecutivas, a excepción de la primera, que incluirá los intereses financieros desde el día de la consolidación del plan hasta su vencimiento; y la tasa efectiva mensual será del 2%. Los procedimientos de control realizados a partir de distintas fuentes de información provistas por el Banco Central y la Comisión Nacional de Valores, permitieron determinar la caducidad del beneficio para unos 2.000 empleadores. Las firmas serán notificadas por el organismo para reintegrar los recursos, y podrán hacerlo a través de un plan de pagos.

El Programa ATP representó un esfuerzo inédito del Estado que permitió amortiguar el impacto económico de la pandemia del Covid-19, y las medidas dispuestas para garantizar los cuidados. Con el objetivo de sostener ingresos y puestos de trabajo en el sector privado, el Estado invirtió más de $ 220.000 millones durante 2020 para financiar el salario complementario. Los criterios para acceder y conservar los beneficios previstos en el Programa ATP fueron establecidos por el Comité de Evaluación y Monitoreo que encabezó la Jefatura de Gabinete junto con la AFIP y los ministerios de Economía, de Desarrollo Productivo y de Trabajo. La imposibilidad para la distribución de dividendo y la recompra de acciones fueron algunas de las condiciones que, por un determinado período de tiempo, debían cumplir los empleadores beneficiados. La normativa del Comité de Evaluación y Monitoreo también establecía que los beneficiarios no podían adquirir títulos valores en pesos para su posterior e inmediata venta en moneda extranjera o su transferencia en custodia al exterior, y tampoco realizar erogaciones de ninguna especie a sujetos relacionados directa o indirectamente con el beneficiario cuya residencia, radicación o domicilio se encuentre en una jurisdicción no cooperante o de baja o nula tributación.

Las prestadoras del servicio de distribución de gas por redes deberán incluir en las facturas de consumo, tanto de usuarios residenciales como no residenciales, una referencia explícita al plan de facilidades de pago de hasta 30 cuotas iguales, mensuales y consecutivas vigente para cancelar deudas, dispuso hoy el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas). El plan fue aprobado a fines de junio pasado por el Ministerio de Economía y la información a los usuarios deberá efectuarse en línea separada del resto de los conceptos incluidos en las facturas, bajo la denominación: "Plan de Pago (DNU 311/20 - Res MEC 383/21) __/__", con indicación del número de cuota que se está recuperando sobre el total de cuotas del plan. La resolución 210 del Enargas, publicada este lunes en el Boletín Oficial, aclara que la falta de pago o mora en el pago de tres cuotas consecutivas o seis alternas, por parte de quienes hayan adherido a un plan de facilidades "habilitará a las prestadoras al corte del suministro por falta de pago de facturas por servicio a dichos usuarios y usuarias". El Ente añadió que las distribuidoras podrán extender las condiciones de los planes de facilidades establecidas en el decreto 311/20, a deudas adquiridas fuera del plazo de vigencia del mismo y/o respecto de usuarias o usuarios no alcanzadas/os por éste, sean residenciales o no residenciales según sea el caso.

El Gobierno nacional dispuso este lunes la creación de un comité que tendrá como objetivo analizar el impacto de la pandemia de coronavirus en la población con discapacidad. A través de la resolución 965/21, publicada en el Boletín Oficial, se estableció que este comité será "de carácter asesor y consultivo" y funcionará como "un espacio de investigación y planificación de medidas de contención del impacto de la pandemia Covid-19 en las personas con discapacidad". Entre las funciones que se le asignan figura "brindar asesoramiento" sobre la implicancia de la pandemia en personas con discapacidad, evaluar la situación "de los derechos humanos de las personas con discapacidad" en este contexto y elaborar informes y recomendaciones a la Agencia Nacional de Discapacidad. La resolución también indica que el comité será presidido por una coordinación "a cargo de un/a profesional de reconocida trayectoria laboral y académica en la temática de discapacidad", y contará con un plenario compuesto por distintos profesionales. También se aclara que todos los que integren este comité lo harán de manera ad honorem, sin percibir ingresos por su función.

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció nuevos requisitos para la venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera, a través de la Resolución General 895/2021 publicada este lunes en el Boletín Oficial. Allí la CNV determinó que, "para dar curso a operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos títulos de dos días hábiles contados a partir de su acreditación en el agente depositario". Esto significa una reducción de 72 a 48 horas hábiles en el plazo que regía hasta ahora. La normativa precisó que "este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera". En el caso de operaciones de venta de valores negociables con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción local, "el plazo mínimo de permanencia en cartera a observarse será de un día hábil a computarse de igual forma". Del mismo modo, este plazo mínimo de tenencia no será de aplicación cuando se trate de compras de valores negociables con liquidación en moneda extranjera. Por otra parte, la CNV estableció que, "para dar curso a transferencias de valores negociables adquiridos con liquidación en moneda nacional a entidades depositarias del exterior, debe observarse un plazo mínimo de tenencia de dichos títulos en cartera de dos días hábiles, contados a partir su acreditación en el agente depositario, salvo en aquellos casos en que sea producto de la colocación primaria de valores negociables emitidos por el Tesoro Nacional o se trate de acciones o Certificados de Depósito Argentinos (Cedear) con negociación en mercados regulados por la Comisión". Por su parte, los agentes de liquidación y compensación (ALyC) y los agentes de negociación deberán constatar el cumplimiento del plazo mínimo de permanencia de los valores negociables antes referido. En otro orden, los valores negociables acreditados en el Agente Depositario Central de Valores Negociables (Adcvn), provenientes de entidades depositarias del exterior, no podrán ser aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera hasta tanto hayan transcurrido dos días hábiles desde la citada acreditación en la subcuenta en el custodio local. En el caso de que esos valores negociables sean aplicados a la liquidación de operaciones en moneda extranjera y en jurisdicción local, el plazo mínimo de tenencia será de un día hábil a computarse de igual forma. Por otro lado, la CNV fijó que, "al cierre de cada semana del calendario, la cantidad de valores negociables vendidos con liquidación en moneda extranjera y en jurisdicción extranjera no podrá ser superior a 50.000 nominales respecto de la cantidad de valores negociables, emitidos bajo ley local, comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción". Tampoco podrán superar los "50.000 nominales respecto de la cantidad de valores negociables, emitidos bajo ley extranjera, comprados con liquidación en dicha moneda y jurisdicción". "Dichos límites resultan aplicables para cada subcuenta comitente como para el conjunto de subcuentas comitentes de las que fuera titular o cotitular un mismo sujeto", precisó el organismo. La CNV explicó que "se observó la continuidad de un accionar, por parte de ciertos comitentes, en operaciones con liquidación en jurisdicción extranjera, en el segmento de negociación con prioridad precio tiempo, que afecta la estabilidad de precio de los valores negociables nominados y pagaderos en dólares estadounidenses emitidos por la Argentina, tanto bajo ley local como extranjera, impactando en el valor de dichos instrumentos".

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) oficializó la extensión del plazo para presentar las declaraciones juradas e ingresar los saldos de los impuestos a las Ganancias, Bienes Personales y Cedular, correspondientes al período fiscal 2020. Lo hizo a través de la resolución general 5019/2021 publicada este martes en el Boletín Oficial, a partir de la cual también entran en vigencia las nuevas fechas para ingresar el pago del primer anticipo de Ganancias y Bienes Personales del período fiscal 2021. La decisión de la AFIP busca posibilitar que las y los contribuyentes cuenten con más tiempo para confeccionar las declaraciones juradas y efectuar los pagos que correspondan.

Los nuevos plazos que define la normativa para las presentaciones de declaraciones juradas y pagos correspondientes al período fiscal 2020 son los siguientes: Con terminación de CUIT 0, 1, 2 y 3, la presentación deberá hacerse el 10 de agosto próximo, y el pago, el 11 del mismo mes. En el caso de CUIT finalizadas en 4, 5 y 6, la presentación es el 11 de agosto y el pago, el 12; y para terminadas en 7, 8 y 9, las fechas son el 12 y el 13, respectivamente. Por su parte, para el pago del primer anticipo de Ganancias y Bienes Personales correspondientes al período fiscal 2021 las nuevas fechas de pago son CUIT terminadas en 0, 1, 2 y 3 el 24 de agosto; para 4, 5 y 6 el 25; y para 7, 8 y 9 el 26. Además, la normativa extiende por un mes, hasta el 31 de agosto, el plazo para la presentación de las declaraciones juradas informativas del impuesto a las Ganancias y Bienes Personales previsto en la resolución general 5008/2021.

El Gobierno oficializó la reapertura de las exportaciones de carne vacuna con un cupo de hasta el 50% del volumen mensual promedio exportado en 2020 por cada frigorífico, a través del Decreto 408/2021 publicado este miércoles en el Boletín Oficial. La norma suspende hasta el 31 de diciembre próximo la exportación definitiva y suspensiva, con destino al exterior del país, de reses enteras, medias reses, cuarto delantero y trasero con hueso; medias reses incompletas con hueso, asado con o sin hueso, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío. Asimismo, establece que las mercaderías no alcanzadas por la suspensión, comprendidas en las partidas arancelarias de la Nomenclatura Común del Mercosur (NCM), correspondientes a carne de animales de la especie bovina, fresca o refrigerada y a carne de animales de la especie bovina congelada, podrán exportarse hasta alcanzar un cupo mensual que no podrá superar el 50% del promedio mensual del total, incluidas las mercaderías suspendidas, de las toneladas exportadas de productos cárnicos por el período julio/diciembre de 2020. El decreto también determina que el cupo de exportación regirá hasta el 31 de agosto próximo, prorrogable mediante resolución conjunta de los ministerios de Agricultura y de Desarrollo Productivo, hasta el 31 de diciembre de este año, tomando en consideración las variaciones en los precios, la producción nacional y el abastecimiento del mercado interno. Además, la norma oficializada este miércoles faculta a estos ministerios, también mediante resolución conjunta, a dictar las normas necesarias para la definición de la metodología por la que se establecerá la asignación del cupo, la cual deberá tomar en consideración las cuotas de mercado en las fábricas o establecimientos habilitados para exportar durante 2020. El presidente Alberto Fernández encabezó el martes por la tarde una reunión de trabajo en Casa Rosada con entidades agropecuarias, durante la cual anunció el nuevo esquema de exportaciones de carne bovina y la elaboración de un plan ganadero. Los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; y de Agricultura, Luis Basterra, señalaron que las medidas responden a que el precio de la carne en el mercado local "se incrementó al doble del promedio de los aumentos de los alimentos" y subrayaron que esas subas "no tienen justificación en la variación de los costos de la cadena de producción".

El Gobierno nacional oficializó este miércoles la suba del salario mínimo, vital y móvil, un 35 por ciento en siete tramos acumulativos, desde abril hasta febrero del año próximo, tal como fue acordado el 27 de abril pasado en la reunión del Consejo del Salario de la que participaron autoridades nacionales, los sindicatos y los empresarios.

La suba quedó establecida en la resolución 4/2021 publicada en el Boletín Oficial con la firma del ministro de Trabajo, Claudio Moroni.

La medida indica que, a partir del 1° de abril, el monto a percibir será de "$23.544,00 para todos los trabajadores mensualizados que cumplen la jornada legal completa de trabajo".

Esa cifra sube el 1 de mayo a $24.408,00 y en junio se eleva a $25.572,00.

En tanto, en julio trepa a $25.920,00; en septiembre a $27.000,00; en noviembre a $28.080,00; y a partir del 1° de febrero de 2022 a $29.160,00.

De esta manera quedó oficializado el acuerdo que estableció que el aumento se realizaría en siete tramos no acumulativos desde abril hasta febrero próximo.

La CGT, la CTA de los Trabajadores que lidera Hugo Yasky, la Unión Industrial Argentina (UIA) y las cámaras patronales convinieron la suba de un 9% en abril, 4 en mayo, 4% en junio, 3% en julio, 5% en septiembre, 5% en noviembre y un 5% final en febrero de 2022, lo que incluyó una cláusula de revisión en septiembre.

El nuevo salario mínimo, vital y móvil comenzará a ser abonado con un aumento del 9% retroactivo al 1° de abril último.

El porcentaje acordado también se aplicará sobre las prestaciones mínima y máxima por desempleo.

Las partes se reunirán en septiembre para analizar la variación del proceso inflacionario y la realidad económica.

El gobierno de la Provincia de Buenos Aires prohibió este miércoles que todas las farmacias la venta de los productos de pruebas rápidas para detectar coronavirus, al señalar que esos test "son de uso profesional excluyente y deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos".

Lo hizo a través de la Resolución 1533 publicada en el Boletín Oficial, donde advirtió de sanciones en caso de incumplimientos.

La medida tendrá vigencia mientras perdure la declaración del estado de emergencia sanitaria en el ámbito de toda la provincia a tenor de la enfermedad por el nuevo coronavirus.

En los considerandos de la disposición, el Ejecutivo bonaerense recordó que "todos los test para Covid-19 que se encuentran actualmente disponibles son de uso profesional exclusivo y deben realizarse en condiciones e instalaciones adecuadas, por ello son de venta exclusiva a laboratorios de análisis clínicos".

Apuntó, además, "que está claramente normado en los procedimientos sanitarios Covid-19, que cualquier resultado debe estar cargado en el SISA (Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina) por un profesional inscript-externoo que sea titular de un laboratorio habilitado por la autoridad competente".

"En esa línea, unos de los objetivos del SISA es crear la Ficha Única del ciudadano como eje central para el registro de la información sanitaria, que evidentemente podría violarse si e comprador del producto realiza por sí mismo la prueba", se señaló.

A través del Decreto Nº 283/2021, publicado este viernes en el Boletín Oficial, el Gobierno nacional constituyó el Comando General Electoral que estará a cargo de las funciones de coordinación, ejecución y vigilancia de los comicios previstos para este año.

La decisión lleva la firma del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; del ministro de Interior, Eduardo 'Wado' De Pedro; de su par de Defensa, Agustín Rossi; y de Seguridad, Sabina Frederic.

Esta semana, De Pedro se reunió con los integrantes de la Cámara Nacional Electoral para analizar las medidas que se llevarán a cabo en las próximas elecciones legislativas, entre las que se contemplan el aumento de espacios de votación y el establecimiento de algún tipo de franja horaria para grupos de riesgo por la pandemia de coronavirus.

En paralelo, el titular de la cartera de Interior mantiene conversaciones en el Congreso para posponer un mes tanto las primarias abiertas simultaneas y obligatorias (PASO), previstas para el 8 de agosto, como las elecciones legislativas, del 24 de octubre, debido a la situación epidemiológica . Un borrador de proyecto oficial, enviado por De Pedro a los bloques opositores en el Congreso, contempla posponer las PASO al 12 de setiembre y las elecciones al 14 de noviembre.

En su artículo 1° el decreto establece que el Comando Electoral fue creado "a los fines de la custodia de las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, y las Elecciones Generales a celebrarse en el año 2021?.

El Gobierno estableció que los sujetos que integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo, no podrán aumentar sus precios de venta y prestación de servicios por 90 días.

Lo hizo a través de la Resolución Conjunta 6/2021 de los ministerios de Salud y de Desarrollo Productivo, publicada este jueves en el Boletín Oficial, que precisa que se considerará precio máximo de venta del oxígeno líquido el vigente en este día.

En la normativa firmada por los ministros de Salud, Carla Vizzotti , y Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, se fundamentó que en virtud del momento que atraviesa la situación sanitaria, se estima razonable disponer transitoriamente para todos los sujetos que integran la cadena de producción, transporte, distribución y acarreo de oxígeno líquido medicinal a granel o en tubo así como todo servicio accesorio para su provisión en los establecimientos de Salud, que no podrán incrementar sus precios por un plazo de 90 días.

La medida intima a las empresas que forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y acarreo de oxígeno líquido, a incrementar su producción hasta el máximo de su capacidad instalada y a arbitrar las medidas conducentes para asegurar su transporte, distribución y comercialización en todo el país durante el período que dure la emergencia sanitaria.

También determina para todos los sujetos productores de oxígeno líquido en el territorio nacional, el abastecimiento de la demanda de los establecimientos asistenciales y productivos del sector de la salud con carácter exclusivo.

Además, la norma crea la Comisión de Monitoreo de Insumos Críticos para la atención de Covid-19 que estará integrada por los ministros de Salud y de Desarrollo Productivo.

Esta comisión podrá requerir mediante resolución fundada información a los sujetos alcanzados por la presente medida y a los establecimientos de salud de todo el país, para el cumplimiento de sus finalidades públicas.

También podrá instruir a las empresas productoras y distribuidoras de oxígeno líquido medicinal, la provisión constante e ininterrumpida en el territorio nacional a los establecimientos de salud sin perjuicio de contratos preexistentes con otro destino.

En los fundamentos se resaltó que el oxígeno medicinal se posiciona como un insumo crítico en la atención de los pacientes afectados por Covid-19 y las dificultades en su provisión y distribución pueden convertirse en uno de los factores que agraven la saturación del sistema de salud "con consecuencias en el aumento de la morbilidad y mortalidad de esta patología".

A través del Decreto 269/2021, publicado este miércoles en el Boletín Oficial y firmado por el Presidente Alberto Fernández y de su jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, se encomendó "en forma transitoria la firma y la atención del despacho del Ministerio de Transporte" a Gabriel Katopodis, el titular de la cartera de Obras Públicas.

El reemplazo responde a lo dispuesto por el Decreto 977/95, que dice que "en el supuesto de ausencia transitoria por cualquier motivo, los Ministros secretarios serán reemplazados interinamente por el Ministro secretario que corresponda, siguiendo el orden correlativo establecido en la enumeración efectuada en la Ley de Ministerios (texto ordenado por Decreto N° 438 del 12 de marzo de 1992), y sus modificatorias, salvo decreto en contrario". Entonces, corresponde al Ministerio de Obras Públicas el reemplazo de la firma del titular del Ministerio de Transporte.

Mario Meoni murió el viernes pasado a los 56 años tras protagonizar un accidente de tránsito sobre la Ruta Nacional 7 cuando estaba viajando a su ciudad natal, Junín, para visitar a su familia. El funcionario había estado ese mismo día junto al presidente Alberto Fernández y a otros miembros del Gobierno de la ciudad de Rosario, Santa Fe.

Katopodis, quien había sido parte de la actividad en Rosario, y lo definió en sus redes sociales como "gran tipo, laburante, eficaz, gestor". "Con mucho dolor despido a un amigo, que tenía un enorme compromiso con la política".

El presidente deberá definir en las próximas semanas quién será el próximo ministro de Transporte. Debido a que se trata de una coalición de gobierno, Fernández inició conversaciones con el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, para ver candidatos para el cargo.

El Gobierno aprobó este martes el "Protocolo Nacional de Alerta Temprana de Desalojos de Vivienda Única y Familiar en Regímenes de Alquileres Formales". De esta manera se busca brindar asistencia a aquellas familias que incumplieron con sus obligaciones a raíz de la crisis económica que el año pasado profundizó la pandemia de coronavirus Covid-19.

De acuerdo con la Resolución 5/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial y que lleva la firma del secretario de Desarrollo Territorial de la Nación, Juan Scatolini, el nuevo protocolo tiene por objetivo "sistematizar información y caracterizar los hogares que se encuentren atravesando procesos de desalojo en instancia de mediación o judicial; desarrollar un Registro que permita la identificación de la persona, familia o grupo conviviente y proponer convenios de colaboración y asistencia a los fines de establecer marcos de actuación que propendan a evitar situaciones de vulneración de derechos humanos fundamentales".

En dicho registro se incluirá información personal de los inquilinos tal como composición del grupo familiar o conviviente, si lo hubiera, especificando personas en situación de vulnerabilidad; registro del contrato en la AFIP, plazo de vigencia de la locación, canon locativo, monto y frecuencia de actualizaciones, pago de expensas, impuestos y/o servicios a cargo del locatario; localización, características y condiciones edilicias del inmueble que habitan los locatarios alcanzados en el protocolo; ingresos, deudas y otros datos que contribuyan a la caracterización socio-económica de la persona o grupo locatario y estado en que se encuentran los procesos de desalojo e información de partes intervinientes.

El Gobierno elevó además de 6 a 12 el número máximo de cuotas que los locatarios tienen para saldar las deudas por "diferencia de precio y por falta de pago, pagos realizados fuera de los plazos contractuales pactados o pagos parciales".

El 1° de abril pasado venció el congelamiento de los precios de los contratos de alquiler y la suspensión de los desalojos por falta de pago que dispuso el Gobierno en medio del momento más duro de la cuarentena decretada en el marco de la pandemia de coronavirus Covid-19.

El plan del Gobierno ahora es "coordinar acciones" para, mediante proyectos de casas construidas con aportes del Estado Nacional, "abordar soluciones habitacionales" para aquellos inquilinos que estén pasando por esa última situación.

Sobre este punto, el nuevo protocolo detalló que "se prevé la firma de convenios que permitan establecer porcentajes de viviendas en stock o en construcción que puedan ser utilizadas" con ese propósito.

Además, se tendrá en cuenta "la posibilidad de acceso a la vivienda a través de compra, comodato, alquiler con opción a compra u otras formas, a determinar de acuerdo a la disponibilidad de unidades y las capacidades socio-económicas de los hogares".

Para definir a qué personas se ayudará primero, el Poder Ejecutivo elaboró una serie de "mecanismos de priorización de acuerdo a la disponibilidad y grado de vulnerabilidad de las personas o familias que se pretenden proteger".

Entre los grupos con prioridad se encuentran las familias monomarentales y monoparentales; las personas adultas mayores o en situación de vulnerabilidad; las víctimas de violencia de género; los discapacitados, y quienes están en extrema pobreza y/o indigencia.

El gobierno de Alberto Fernández oficializó este lunes la prórroga del régimen del trabajo remoto para un sector de la Administración Pública nacional y detalló el listado de aquellos estatales que a pesar de la irrupción de la segunda ola de contagios de coronavirus Covid-19 en el país deberán seguir cumpliendo sus tareas de manera presencial.

Por medio de la Decisión Administrativa 303/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial con las firmas del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Trabajo, Claudio Moroni y de su par de Salud, Carla Vizzotti, el gobierno prorrogó hasta el 9 de abril la medida que venció el pasado 31 de marzo.

Así, todos los trabajadores del Estado nacional podrán realizar sus tareas por medio del teletrabajo con excepción de quienes se desempeñan en:

- Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud "Dr. Carlos G. Malbrán" (ANLIS).

- Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

- Personal de las Fuerzas de Seguridad Federales

- Personal de las Fuerzas Armadas.

- Personal del Servicio Penitenciario Federal.

- Personal de salud y del sistema sanitario.

- Personal del cuerpo de Guarda Parques Nacionales Decreto (N° 1455/87) y el Personal del Sistema Federal de Manejo del Fuego (Decreto N° 192/21).

- Dirección Nacional de Migraciones.

- Registro Nacional de las Personas (RENAPER).

- Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSeS).

- Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP)".

Así los trabajadores de la Anses y del PAMI, que estuvieron exceptuados del trabajo presencial hasta el 31 de marzo pasado deberán volver a prestar servicio desde las dependencias de esos organismos.

Según explicó el Gobierno, estas dos nuevas excepciones se deben a "la cercanía que estas organizaciones tienen con personas que, en muchos casos, no se encuentran familiarizadas con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs)".

De esta manera, tanto el personal de la ANSeS como el del PAMI deberán volver este lunes a las oficinas para atender de manera presencial, mientras que el resto del sector estatal sí continuará con el teletrabajo para "preservar las prestaciones estatales de servicio y la salud pública".

Además, se volvió a invitar al Poder Judicial, al Legislativo, a las provincias, a la Ciudad de Buenos Aires y al sector privado, a "adoptar medidas similares" para limitar aún más la circulación de personas en las calles.

El Gobierno nacional derogó este martes un decreto firmado por el expresidente Mauricio Macri que permitía la votación de argentinos residentes en el exterior por correo postal por no tener "la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad" de sufragio.

La derogación del decreto 45, fechado el 11 de enero de 2019, se efectivizó mediante el decreto 189/2021 publicado en el Boletín Oficial, que lleva las firmas del presidente Alberto Fernández; del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; y del ministro del interior, Eduardo 'Wado' de Pedro.

El decreto publicado este martes se suma al del pasado 12 de marzo que derogó otras normas dictadas por Macri en relación a los comicios: las que permitían el voto anticipado de las personas privadas de libertad y de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad afectadas al operativo electoral.

Al anticipar la derogación de las tres modalidades, la secretaria de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Patricia García Blanco, había explicado días atrás a través de un comunicado: "La Constitución Nacional es clara, un decreto no puede modificar una ley y menos en materia electoral. Cualquier propuesta vinculada a los cambios de fecha o metodologías de votación debe pasar por el Congreso de la Nación y ser respaldada por una mayoría especial de votos".

Los decretos firmados por Macri en 2019 habilitaban el sufragio universal "de manera anticipada en o vía postal, pese a que esas modalidades no están contemplada la ley electoral", remarcaron los voceros de la cartera de Interior.

En el decreto publicado este martes, las autoridades recuerdan que pese a la creación por ley del Registro de Electores Residentes en el Exterior con el fin de que los ciudadanos puedan participar en las elecciones nacionales desde los países en donde habitan, "el Decreto N° 45/19 introdujo modificaciones en la reglamentación, implementando un sistema de votación por correo postal como forma opcional de ejercer el derecho al sufragio".

Esto "conllevó la creación de una nueva modalidad o sistema de votación que no se encontraba previsto en la legislación electoral aprobada por el Congreso", destaca la normativa.

Añade que " como consecuencia de ello, para llevar adelante el acto eleccionario el entonces titular del Poder Ejecutivo determinó en forma unilateral y por vía reglamentaria, aspectos vinculados a la conformación de padrones de electores y electoras por correo postal, utilización de sobres electorales, procedimientos para la emisión del sufragio y posterior escrutinio, entre otras regulaciones introducidas a través del Decreto N° 45/19".

Todo esto se produjo "sin la debida intervención del Congreso ni legislación alguna que habilite reglamentar esta modalidad de votación", aclara el decreto publicado.

Además, sostiene que "el artículo 86 del Código Electoral Nacional estipula que los electores y las electoras pueden votar únicamente en la mesa receptora de votos en cuya lista figuren asentados y asentadas, debiendo el presidente o la presidenta de la mesa verificar si el elector o la electora a quien pertenece el documento cívico figura en el padrón electoral de la mesa".

Esta circunstancia se realiza indistintamente en las mesas electorales de residentes en el país o en aquellas del exterior.

Asimismo, se remarca que la Constitución Nacional "en su artículo 77 fijó un régimen de mayorías especiales en lo atinente a los proyectos de ley que modifiquen el régimen electoral o de los partidos políticos, con el fin de dotar de mayor estabilidad a las reglas del proceso democrático y de la competencia electoral".

"El artículo 99, inciso 3 de la Carta Magna vedó en forma absoluta e insanable al Poder Ejecutivo emitir disposiciones de carácter legislativo, referidas a materias que regulen el régimen electoral, entre otras, aun cuando se presentasen las circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos para la sanción de las leyes y se requiriere la emisión de un decreto por razones de necesidad y urgencia", indica.

Por otra parte, el artículo 5° de la Ley N° 24.007 que faculta al PE a su reglamentación, "no prevé la incorporación de una modalidad de votación distinta a la existente, como es el caso del voto por correo, no reconocido ni regulado en la normativa electoral vigente".

En este sentido, impugnada la constitucionalidad del decreto 45/19 ante el fuero electoral y llegado el caso a instancias del Máximo Tribunal, el 3 de marzo de 2021, la procuradora fiscal ante la Corte afirmó que la norma "implementa un sistema de votación que resulta incompatible con los criterios fijados por normas de jerarquía superior que regulan la materia electoral", entre otras consideraciones, y resalta que la deliberación debe darse "en el ámbito del Poder Legislativo".

A través de la Disposición Nº 4/2021 de la Subsecretaría de Políticas para el Mercado Interno, publicada este viernes en el Boletín Oficial, el Ministerio de Desarrollo Productivo aprobó el procedimiento para el suministro de la información requerida por del Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE).

La norma determina las primeras 24 actividades de los sectores de comercio y de la industria que deberán informar al SIPRE. Se trata de preparación de frutas, hortalizas y legumbres; elaboración de aceites y grasas de origen vegetal; de productos lácteos; de productos de molinería, almidones y productos derivados del almidón, de productos alimenticios; y de alimentos preparados para animales.

También se incluyen la elaboración de bebidas; la fabricación de papel y de productos de papel; de productos minerales no metálicos; de vidrio y productos de vidrio; de equipos y productos informáticos; de equipos de comunicaciones y transmisores de radio y televisión.

Tendrán que informar además las industrias básicas de hierro y acero; y la de fabricación de receptores de radio y televisión, aparatos de grabación y reproducción de sonido y video, y productos conexos; de aparatos de uso doméstico; y de muebles y colchones. Los sectores de venta al por mayor de alimentos, bebidas y tabaco, y de artículos de uso doméstico y personal; y los de comercialización al por menor en comercios no especializados, y de productos alimenticios, bebidas y tabaco en comercios especializados.

La obligación de informar al Sipre abarca también a la fabricación de insecticidas, plaguicidas y productos químicos de uso agropecuario; de preparados para limpieza, pulido y saneamiento; de jabones y detergentes; y de cosméticos, perfumes y productos de higiene y tocador.

La Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), por el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

La nueva disposición indica que las empresas proveedoras de insumos o bienes finales, productoras, distribuidoras o comercializadoras, deberán informar los precios, cantidades producidas y vendidas y stock disponible de la totalidad de sus productos, de forma unitaria, sea cual fuere el destino.

La primera presentación deberá realizarse dentro del período comprendido entre el 1 y el 10 de abril próximo. Las presentaciones mensuales efectuadas contendrán la información correspondiente a los precios, cantidades y stock del mes inmediato anterior. La información suministrada a través del repositorio de información del Desarrollo Productivo, podrá ser rectificada entre el 11 y el 15 del mes correspondiente a la presentación efectuada.

La Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), en el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.

Lo hizo a través de la resolución 237/2021 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, que no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional, debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.

En una primera etapa, la medida alcanzará a alrededor de medio millar de firmas de los sectores de alimentos y bebidas, higiene personal y limpieza; materiales para la construcción y muebles; químico y agroquímico; y de electrónica y electrodomésticos.

Con esta iniciativa, el Gobierno persigue el objetivo de "entender mejor la evolución de los precios en cada cadena de valor para luego hacer mejores políticas para el mercado interno", explicaron fuentes del Ministerio de Desarrollo Productivo.

Los sectores comprendidos inicialmente son aquellos que cuentan actualmente con mayores tensiones de abastecimiento, stocks y precios; luego, en una segunda etapa se incorporarán más rubros hasta alcanzar alrededor de 1.000 empresas.

"Queremos contar con información fiable y actualizada mes a mes para hacer más sencilla la cadena de comercialización y poder prever con anticipación problemas de stock o de abastecimiento", ampliaron desde el Ministerio que conduce Matías Kulfas.

La primera presentación deberá realizarse entre los días 1 al 10 de abril de este año y, por única vez, se informarán los precios, cantidades vendidas y stocks disponibles para los meses de enero, febrero y marzo del 2021; luego, el trámite mensual hará referencia a los mismos ítems pero sólo del mes inmediato anterior.

En todos los casos, se podrán realizar rectificaciones de lo informado en los cinco días siguientes al cierre correspondiente (11 al 15 de cada mes).

Las compañías deberán reportar la información -que tendrá carácter reservado y confidencial- en forma obligatoria y, de no hacerlo, serán pasibles de sanciones a través de la ley 20.680 de Abastecimiento y sus modificatorias, aseguraron las fuentes oficiales.

"Esta iniciativa nos permitirá tener un monitoreo actualizado y más preciso para hacer seguimientos de precios e insumos, detectar alertas, problemas de producción", confiaron desde el Ministerio de Desarrollo Productivo.

"También nos va a permitir tener mejor información de cara a la mesa de precios y salarios", agregaron las fuentes.

De acuerdo con lo establecido por la Resolución 220/2019 y sus modificatorias de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme), el Sipre comprenderá a las empresas que facturan anualmente más de $ 965 millones en el caso del sector de la construcción; más de $ 2.602 millones en comercios; y $ 2.540 millones en firmas dedicadas a la actividad industrial.

Entre los objetivos del Sipre, en los fundamentos de la norma se señala la posibilidad de "dotar al Estado nacional de una herramienta de monitoreo del comercio interior y tener alertas tempranas de faltantes de mercadería que puedan producirse".

También coordinar acciones para prevenir situaciones de faltantes o escasez; mejorar la planificación de políticas públicas; fortalecer el mercado interno y proteger los derechos de las y los consumidores.

Desde la cartera productiva aseguraron que la resolución no afectará la política comercial de las empresas porque "no deberán informar a quién/es le/s venden".

"Acá no hay una cuestión de atacar márgenes de rentabilidad, si no que se busca entender cuál es la evolución de los precios en la cadena, cuándo hay picos de precios y de demanda y problemas de abastecimiento para poder administrar mejor situaciones tanto en shock como en normalidad del proceso de producción y de comercialización", subrayaron el la cartera de Desarrollo Productivo.

En los próximos días se dará a conocer qué sectores están comprendidos es la primera etapa, junto con la información necesaria para las firmas alcanzadas.

El Gobierno reglamentó este viernes, a través de una resolución del Ministerio de Salud, el funcionamiento del Sistema de Registro del Programa de Cannabis (Reprocann), donde "usuarios y usuarias de cannabis medicinal" podrán inscribirse "por sí o a través de un representante y obtener autorización para cultivar, para acceder al cultivo a través una tercera persona (cultivador) o a través de una organización civil autorizada a esos efectos".

A través de la resolución Nº 800/2021 en el Boletín Oficial se derogó de la resolución 1537 de 2017, que establecía una regulación más restrictiva de la ley de Uso Medicinal del Cannabis (27.350). La nueva reglamentación se sancionó en noviembre de 2020.

Reprocann "registrará a los usuarios y usuarias que acceden a la planta de Cannabis y sus derivados, como tratamiento medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor, a través del cultivo controlado". Así, se permitirá cultivar, o bien acceder al cultivo a través de un cultivador o de organizaciones autorizadas para este fin.

La inscripción puede realizarse en https://reprocann.salud.gob.ar. Es requisito "excluyente" contar con indicación médica de uso de cannabis y sus derivados por parte de un profesional médico.

La resolución estableció, además, que "los usuarios y usuarias que acceden a la planta de cannabis y sus derivados, los terceros cultivadores y los médicos tratantes deberán contar con usuario vigente en la plataforma: Argentina.gob.ar", en tanto que la autorización que se obtiene a través de la inscripción tendrá vigencia de un año.

Se autoriza el cultivo de entre 1 y 9 plantas florecidas, en hasta seis metros cuadrados en interior (en el exterior no estará permitido cultiva) y se pueden transportar entre 1 y 6 frascos de 30 mililitros o hasta 40 gramos de flores secas.

"La actualización de tales límites máximos estará a cargo del Programa Nacional para el Estudio y la Investigación del Uso Medicinal de la Planta de Cannabis, sus derivados y Tratamientos No Convencionales", de acuerdo a la evolución de la evidencia científica.

La Ley 27.350 fue sancionada en marzo de 2017. En noviembre del año pasado se realizó una nueva reglamentación que amplió su utilización más allá de la epilepsia refractaria, permitió el autocultivo, garantizó la provisión para pacientes, fomentó la investigación y autorizó la producción pública y privada de aceite y otros derivados.

El Gobierno nacional promulgó la ley 27.612, de Fortalecimiento de la Sostenibilidad de la Deuda Pública, que establece, entre otros puntos, que el endeudamiento en moneda extranjera bajo ley extranjera, y con prórroga de jurisdicción, requerirá autorización del Congreso de la Nación.

La nueva normativa, sancionada el 11 de febrero y promulgada este miércoles mediante el decreto 131, indica también que los acuerdos futuros con el Fondo Monetario Internacional (FMI) deberán también ser aprobados por el Parlamento.

"Esta ley cuida a nuestra Argentina. Desde hoy, todo acuerdo con el FMI o endeudamiento externo con títulos públicos deberá ser aprobado por el Congreso y debatido de frente a la sociedad. Evitar las crisis de deuda que condicionan el futuro de nuestra gente es política de Estado", había sostenido el ministro Guzmán tras la aprobación de la norma.

La Cámara de Diputados la convirtió en ley con el respaldo de 233 votos que fueron aportados por el del Frente de Todos, Juntos por el Cambio, los interbloques Federal, el Movimiento Popular Neuquino, y Acción Federal, en tanto que los dos monobloques de izquierda rechazaron la propuesta.

Entre los fundamentos de la ley, se afirmó que permitirá fortalecer el rol institucional del Congreso en la definición y autorización de las políticas de endeudamiento público nacional en moneda extranjera y bajo jurisdicción externa, y en la aprobación de toda operación de crédito público y/o programa de financiamiento que formalice el Poder Ejecutivo Nacional con el Fondo Monetario Internacional.

Además, fortalecerá mecanismos institucionales que garanticen que el mantenimiento de la sostenibilidad de la deuda pública, así como la ejecución de planes de estabilización macroeconómica por plazos que exceden un período de gobierno, sean políticas de Estado.