La abogada Valeria Carreras, representante legal de un grupo de familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, apeló el pase a los tribunales de Comodoro Py de la causa por espionaje ilegal y solicitó que este proceso tramite "en forma independiente y única en el fuero federal de Caleta Olivia".

En el escrito, la letrada apeló la resolución judicial del pasado 1 de febrero del juez federal interino de Dolores Martín Bava, quien remitió a los tribunales porteños las causas en las que se investigan presuntas maniobras de espionaje a los familiares del submarino ARA San Juan durante la gestión de Mauricio Macri.

Carreras, en su apelación, pide que quede sin efecto esta resolución del juez Bava y que se "ordene la remisión por los motivos expuestos a la justicia federal de Caleta Olivia o al juzgado federal más alejado de los tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, con asiento en Comodoro Py 2002".

Asimismo, en su petición, la abogada sostiene que "en caso de quedar firme la resolución, reserva el derecho de recusar al juez interviniente". También expresa que "la querella de familiares reserva el derecho de recurrir ante organismos internacionales ante el pisoteo de los principios y garantías fundamentales del derecho".

Entre otros argumentos, la abogada manifiesta en su escrito que "para las querellantes caer en las garras de Comodoro Py es saber de antemano que perderán toda chance de verdad". Por otro lado, considera que "las querellantes fueron víctimas del Estado cuando se las sometió a inteligencia ilegal, fotografiadas, seguidas, infiltradas, escuchadas, parte de lo cual surge de esta causa".

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, remitió el 1 de febrero pasado a los tribunales federales porteños las causas en las que se investigan las supuestas maniobras de espionaje a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, por la cual está procesado el expresidente Macri, y aquellas desplegadas desde las denominadas bases AMBA. La decisión fue tomada por tratarse de causas conexas al caso D'Alessio, que ya había pasado a jurisdicción porteña a partir de un fallo emitido a fines del año pasado por la Cámara Federal de Casación Penal.

Dos exjefes de Contrainteligencia de la Agencia Federal de inteligencia (AFI) del Gobierno de Mauricio Macri fueron procesados hoy en el macro de la causa en la que se investiga el supuesto espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, informaron fuentes judiciales.

El juez federal interino de Dolores, Martín Bava, los procesó como responsables de la "realización de acciones de inteligencia prohibidas en carácter de participes secundarios" y les trabó embargos hasta cubrir la suma de 20 millones de pesos, según surge del fallo de 98 páginas al que tuvo acceso Télam.

Con la resolución de este mediodía ya son 11 los exfuncionarios de la AFI y exagentes de la casa de espías por el supuesto espionaje ilegal a los allegados de los tripulantes del submarino ARA San Juan como así también del buque "El Repunte" y del buque "Rigel"; mientras que aún resta resolverse la situación procesal del expresidente Macri.

El magistrado entendió que Diego Dalmau Pereyra y Martín Coste, quienes fueron Directores de la Dirección Operacional de Contrainteligencia durante el período investigado, posibilitaron que las acciones prohibidas continuaran por, al menos, el lapso de un año.

El juez Bava recordó en su fallo que el llamado a indagatoria de los es directores de Contrainteligencia de la AFI fue motivado por la referencia efectuada por el imputado extitular de esa agencia, Gustavo Arribas, en su indagatoria, cuando dijo que los imputados debieron controlar las acciones ilegales llevadas adelante desde la Delegación Mar del Plata.

"Fueron deliberadamente estériles los mecanismos de control internos que dispuso la Agencia Federal de Inteligencia para llevar adelante la investigación de las conductas ilícitas en las que tomaron participación activa las máximas autoridades de la Agencia", sostuvo el juez Bava.

"Lo dicho no absuelve a los imputados de su responsabilidad de velar por legalidad del trabajo llevado adelante por las dependencias que estuvieran a su cargo. Por el contrario, a raíz de la información incorporada en esta investigación, no quedan dudas que los imputados permitieron que se continuaran realizando las conductas ilícitas investigadas en autos por el lapso, por lo menos, de un año", agregó.

Bava responsabilizó principalmente por el espionaje ilegal a Arribas y a su exsubdirectora Silvia Majdalani y remarcó que Dalmau Pereyra y Coste "permitieron que continuaran realizándose tareas de inteligencia ilegales sobre los familiares de los buques pesqueros referidos y, en particular, sobre los allegados a los tripulantes del submarino ARA San Juan".

"Otro aspecto que corresponde poner de resalto en el marco del análisis de responsabilidad de los imputados guarda relación con la ausencia de medidas de contrainteligencia llevadas adelante por ambos imputados en relación a la denuncia pública de las víctimas en la época de los hechos", sostuvo el juez.

Finalmente, el juez se preguntó: "¿Cómo puede ser que en un tema de la enorme importancia institucional como el hundimiento del ARA San Juan, hayan tenido lugar estos sucesos y que la Dirección Operacional de Contrainteligencia de la Agencia Federal de Inteligencia lo desconociera?" y se respondió: "Es imposible sostener que las máximas autoridades de la AFI y del Gobierno nacional hayan estado al margen de estos sucesos".

En esta causa se investiga la obtención de información, producción de inteligencia y almacenamiento de datos sobre personas, por su opinión política o su pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias y de derechos humanos.

De acuerdo a la acusación, con el espionaje ilegal se buscaba "influir en la situación política e institucional del país, puntualmente respecto a los reclamos que realizaban los mismos por el hundimiento del referido submarino y la consecuente muerte de sus familiares, como así también apuntaban a conocer sus actividades, los lugares donde se reunían, sus datos personales y los de su entorno, como la identificación de sus referentes y los reclamos que realizarían".

Todas estas tareas de inteligencia ilegal "no contaron con autorización judicial alguna, ni fueron justificadas por órdenes de servicio fundadas en razones de seguridad interior o defensa nacional y se realizaron, además, con el objeto de influir en la opinión pública, en la opinión de esas personas y en el normal desenvolvimiento de las actividades de la agenda política de ese año, que según los criterios preestablecidos podían afectar a la gestión del entonces gobierno que el imputado encabezaba", según surge del expediente.

El expresidente Mauricio Macri se presentó este jueves a declaración indagatoria en la causa donde se lo acusa de haber promovido espionaje ilegal a familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan, hundido en 2017, pero el trámite se suspendió porque no está relevado de su deber de guardar secreto de Estado sobre temas de inteligencia.

Al respecto, el hermano del suboficial del ARA San Juan Hernán Rodríguez, Claudio Rodríguez, dialogó con LU9 Radio Mar del Plata, luego de lo sucedido con Mauricio Macri.

"Uno por ahí se enoja, pero lo que tenemos que ver son los diferentes progresos, hay mirar el vaso medio lleno. Lo importante es que quedaron demostradas varias cuestiones", comentó.

Además, expresó que "todo el pueblo argentino debe saber que pasó con los 44 tripulantes, y porque se mandó a espiar a los familiares. Ahora debemos esperar, se dice que va a haber un segundo llamado a indagatoria".

"He visto y escuchado muchos artilugios para las campañas políticas, pero jamas se me cruzó por la cabeza que se pueda usar un tema tan delicado como el de los 44 tripulantes, que a mi me toca de muy cerca por mi hermano. Fue muy fuerte para todos nosotros los familiares", comentó.

El hermano del suboficial del ARA San Juan Hernán Rodríguez, Claudio Rodríguez, dialogó con LU9 Radio Mar del Plata, respecto del llamado a indagatoria al ex presidente de la Nación Mauricio Macri en la causa que investiga las escuchas ilegales a los familiares de los submarinistas.

Al respecto, comentó que"fue una noticia muy linda y esperada. Nosotros lo estábamos esperando y sabíamos que esto iba a pasar. En algún momento Macri iba a tener que declarar. Se le había encontrado un disco duro donde había espionaje a los familiares del ARA San Juan".

"Para nosotros es muy interesante, porque nosotros siempre dijimos que el siempre estaba al tanto de todo, no solo del espionaje, sino de lo que estaba sucediendo. Ojala este comience a acelerar la justicia", comentó.

Además, expresó que "nosotros comenzamos a notar después del 15 de noviembre de 2017, ya que se nos empezaron a salir nuestros seres queridos parte del ARA San Juan de nuestros grupos de WhatsApp. Cuando se lo fuimos a comunicar al Gobierno nos dijeron que ellos no tenían nada que ver".

"Algunos familiares comenzaron a decir que le empezaron a desaparecer fotos, mails, les empezaron a llegar mensajes de que se estaba ingresando a sus cuentas desde otros dispositivos, además escuchábamos ruidos raros en algunas conversaciones que teníamos", comentó.

Respecto del pedido de justica, comentó que "queremos que la jueza actué, porque no sabemos que están tapando y porque no se quiere hacer la revisión del lugar o las fotos. Capaz el Gobierno Nacional quería saber hasta donde eramos capaces".

"A muchos de los familiares los llamaron para explicarle todo esto, entonces creemos que ellos creyeron que eramos capaces de desestabilizar su Gobierno, o el Estado argentino quería ocultar", expresó

La abogada de la querella mayoritaria de los familiares del ARA SAN JUAN, Valeria Carreras, dialogó con LU9 Radio Mar del Plata, y brindó detalles de como está la causa en la actualidad y de las declaraciones del ex jefe de la AFI.

"Este caso empezó al revés de todos, porque se empezó encontrando primero las pruebas, ya se que se encontraron cuatro discos rígidos con los aportes", comentó. Y agregó que "el titular de la Afi de Mar del Plata ya estaba procesado por haber quemado todo lo relacionado con el tema."

"Ahí adentro está la prueba, de fotografías de los familiares de los integrantes del Ara San Juan, estaban metidos en sus redes sociales, los seguían con drones", comentó. Y agregó que "había personas infiltrada mescladas entre los familiares y allegados."

Además indicó que "los familiares sienten que era algo que ya sabían y presentían. Ya habíamos presentado esto a la justicia en tres ocasiones y no nos escucho, pero ahora sí podremos hacer justicia"

El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan difundirá este lunes al mediodía su resolución, aunque los fundamentos del juzgamiento militar se conocerán en la semana, probablemente el viernes, informaron a Télam fuentes de la cartera de Defensa.

El Consejo de Guerra está conformado por el jefe y el subjefe del Estado Mayor Conjunto (EMCO) de las Fuerzas Armadas, el general Juan Martín Paleo (Ejército) y el brigadier Pedro Girardi (Fuerza Aérea), ambos en condición de vocales, mientras que lo preside un funcionario civil, el secretario de Estrategia y Asuntos Militares Sergio Rossi por delegación expresa del ministro Agustín Rossi.

El funcionamiento del Consejo General de Guerra que emitirá su resolución está reglamentado por la ley 26.394 (Justicia Militar) sancionada en 2008, que derogó el Código de Justicia Militar, introdujo modificaciones al Código Penal y Código Procesal (al personal castrense) y aprobó el Procedimiento Penal Militar para Tiempo de Guerra y otros conflictos, entre otras innovaciones.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último, en audiencias celebradas en el Edificio Libertador (sede de la cartera de Defensa), la conducta y responsabilidad frente al hecho del exjefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el exministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017) y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

El Consejo de Guerra también evaluó las acciones y responsabilidades del exjefe de Mantenimiento y Arsenales, Eduardo Malchiodi; del exjefe de Operaciones Carlos Ferraro; el excomandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide; como también de los oficiales en actividad capitán de navío Héctor Alonso, capitán de fragata Hugo Correa y capitán de corbeta Jorge Sullia.

La resolución que se conocerá este lunes en horas del mediodía será la cuarta intervención del Consejo General de Guerra desde que el Congreso derogó el Código de Justicia Militar (a través de la ley 26394), precisaron a esta agencia desde la cartera de Defensa.

La proximidad de la difusión del fallo del Consejo de Guerra generó en los últimos días pronunciamientos de entidades ligadas a la Marina pero también de abogados que representan a familiares de los 44 submarinistas del ARA San Juan.

El Centro Naval, que nuclea a miembros de la Armada retirados o en actividad, difundió un comunicado en el que aseguró que "los marinos están en estado de vigilia por el cercano desenlace que juzga a un grupo de oficiales por los sucesos ocurridos con el submarino ARA San Juan".

En el comunicado, el Centro Naval planteó que "el único responsable de la navegación segura, del rendimiento de ingeniería, de los disparos precisos (en el caso de guerra) y de la moral de la nave es el comandante" y luego señaló, en relación al fallo, que "aguarda que el Consejo de Guerra, en su decisión, resguarde estos principios, valores y votos, porque de otra forma estaría cambiando la esencia de la profesión del marino y la ancestral figura del Comandante en el mar".

También en relación al fallo del Consejo General de Guerra, la abogada querellante Valeria Carreras emitió en las últimas horas un comunicado en el que aseguró que "los militares procesados que están siendo juzgados disciplinariamente por el Consejo de Guerra han desplegado una serie de acciones de presión contra los miembros del jurado con el fin de no ser sancionados y así no perder su retiro (jubilación)".

Carreras, junto a sus pares Lorena Arias y Fernando Burlando, representa a la mayoría de las familias de tripulantes en la causa por el hundimiento que tramita en la Justicia Federal de Caleta Olivia y en la que intervino la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia.

"Indigna a los familiares de esta querella, no sólo las presiones, sino el argumento de las defensas de los imputados, culpando a la tripulación y su comandante por el destino final del submarino, tal como hizo el exministro de Defensa (Oscar) Aguad el 17 de mayo de 2019", señaló la abogada.

Los familiares de los submarinistas fueron espiados por la base Mar del Plata de la Agencia Federal de Inteligencia que encabezaban Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, en el marco de la gestión de Mauricio Macri, tal como denunció el miércoles 23 de septiembre pasado la interventora de la AFI, Cristina Caamaño.

Esta denuncia derivó en la apertura de una causa por espionaje ilegal cuyos primeros pasos procesales y medidas de instrucción se realizaron en los Tribunales Federales de Mar del Plata aunque la semana pasada la Cámara Federal de esa ciudad atlántica ordenó el pase del expediente al Juzgado Federal de Dolores.

El Consejo General de Guerra que investigó durante cuatro meses la responsabilidad de ocho altos oficiales de la Armada en el hundimiento del submarino ARA San Juan difundió este lunes su resolución.

En el caso de la desaparición y hundimiento del ARA San Juan, el Consejo de Guerra analizó desde el miércoles 25 de noviembre último la conducta y responsabilidad frente al hecho del ex jefe de la Armada Marcelo Srur (a quien el ex ministro de Defensa Oscar Aguad le pidió el pase a retiro en diciembre de 2017), y del exjefe de la base naval de Puerto Belgrano, contralmirante Luis López Mazzeo, entre otros oficiales de la Armada.

La resolución indicó la sanción de 45 días de arresto riguroso para Srur por "haber informado en forma incompleta al Ministerio de Defensa los sucesos iniciales acontecidos con el submarino ARA SAN JUAN, impidiendo de esta forma también proporcionar información a los familiares de los tripulantes, con el agravante de no comparecer ante la opinión pública demostrando falta de compromiso y diligencia, con el consecuente menoscabo de la imagen institucional de la Armada Argentina".

Y 30 días de arresto riguroso por "desempeñándose como Jefe del Estado Mayor General de la Armada, dictar una resolución en el marco del presente legajo, atribuyendo responsabilidades de índole disciplinaria a personal subalterno, haciéndolo en forma apresurada y sin haber agotado las medidas necesarias para formular tales imputaciones".

Al Contraalmirante (R.E.) Luis López Mazzeo, la sanción de 15 días de arresto riguroso por "no haber dado cumplimiento a la orden impartida por el Jefe de Estado Mayor General de la Armada, de no ausentarse de la sede de su Comando juntamente con su Oficial de Operaciones, pese a estar en conocimiento de la avería inicial del submarino ARA SAN JUAN, con el agravante de hacerlo para supervisar actividades de carácter subsidiario en el noreste del país".

Y 10 días de arresto por "haber informado en forma tardía la novedad que le fuera transmitida respecto de la avería inicial sufrida por el submarino ARA SAN JUAN al Jefe de Estado Mayor General de la Armada".

El contraalmirante Eduardo Luis Malchiodi fue absuelto por la falta de mérito decretada en la causa penal.

El capitán de navío Claudio Javier Villamide fue destituido por ser considerado "negligente en su accionar al evidenciar falta de cuidado o descuido de la tropa y equipamiento a su cargo, al no haber ordenado ni recomendado expresamente al Comandante del ARA San Juan la conveniencia de permanecer en superficie por un período limitado, manteniendo una comunicación a intervalos hasta definir un modo de acción que permitiese una navegación segura de regreso a puerto. Asimismo, no adoptar medidas en el ámbito de su Comando para convocar en forma urgente a su Estado Mayor y a otros especialistas a efectos de analizar exhaustivamente la situación y profundizar en la búsqueda de la mejor solución, a fin de brindar un apoyo eficaz a la Unidad".

El capitán de navío Héctor Aníbal Alonso fue sancionado con 20 días de arresto riguroso por "no haberse constituido en la sede del Comando de la Fuerza de Submarinos ni haber convocado de inmediato a los integrantes del Estado Mayor, a los fines de analizar la situación y prestar asesoramiento al Comandante, del cual constituía su relevo natural, en virtud de lo establecido en el artículo 12 del Anexo IV de la Ley N° 26.394".

El capitán de fragata Hugo Miguel Correa fue sancionado con 30 días de arresto riguroso en virtud del procesamiento dictado en la causa penal.

El capitán de Corbeta Jorge Andrés Sulia fue absuelto por falta de mérito decretada en la causa penal.

"Por más te den toda la plata del mundo no van a sacar el dolor que tenemos los familiares. A mí no me interesa el dinero, no me hace la felicidad. Creo que el gobierno quiere cerrar el tema. No sé qué valor le dan los políticos a la vida", indicó a LU9 Zulma Sandoval, mamá del submarinista Celso Vallejos tripulante de ARA San Juan, ante la noticia de la aprobación del Senado de la Nación de las indemnizaciones para familiares.

"Dios quiera que empecemos a saber la verdad de lo que pasó. Hay que hacer pericias, lleva tiempo y la justicia en este país es muy mala, todos sabemos cómo se manejan. Es mala y es lenta", opinó la mujer.

En el marco del reclamo para poder establecer un memorial del Ara San Juan en Mar del Plata, LU9 dialogó con Guillermo Tibaldi, ex Comandante del Ara San Juan. Cabe recordar que no se les había permitido realizar este monumento, y luego de la presencia de la "estatua misteriosa" que apareció en los últimos días se intensificó el reclamo, y finalmente se les permitirá la realización.

El ex Comandante del Ara San Juan, Guillermo Tibaldi, indicó que "yo cuando regrese del Aconcagua, me reuní con el Intendente donde presente una nota solicitando un espacio, ahora con el tema de la estatua desconocida me empecé a mover más para que se autorice".

Además detalló que "esta estatua hizo llamar la atención y se me prestó más atención a mi reclamo. Ahora me plantearon que lugares prefería y de los que me ofrecieron opte por uno cerca de la base naval. El proyecto está en marcha".

Respecto del memorial marcó que "el homenaje no tuvo nada que ver con la política, la idea es recordar a los 44 integrantes del Ara San Juan. Esto fue hecho por la sociedad, surge de su voluntad, yo solo lidere este movimiento. El objetivo fundamental que hice es poder dejar un memorial en Mar del Plata".

Por último, acerca de su experiencia personal contó que "yo fui comandante en 2004 y 2005, yo hice mi carrera en el submarino San Juan, fui quien lo recibió cuando vino de Alemania".