"Aquellas personas que han sido reincidentes y tienen determinadas denuncias por violencia tendrán limitados sus derechos a través del Registro Único de Casos de las Violencias por Razones de Género", informó en diálogo con LU9 Rodolfo Manino Iriart, actual director nacional del Correo Argentino y ex diputado provincial, en cuyo mandato del 2011 a 2019 había presentado este proyecto que hoy se hace efectivo.

"Hay una gran burocracia todavía y todos estamos aún en deconstrucción, sobre todo los que somos de otra generación", analizó antes de contar el derrotero de este RUC: "El primer proyecto lo presenté en 2012. En el 2014 se cayó al tener dos años de estado parlamentario. El senador Simón lo presenta entonces en su cámara y unificamos en diputados, siendo ambos de partidos políticos distintos porque la violencia no tiene banderas. Se aprobó en ambas cámaras después de varios arreglos gracias a fiscales, técnicos y profesionales que lo defendieron. Pero quedó cajoneado y no se había reglamentado".

Las personas que ingresen al registro serán con causas comprobadas y efectivas, y su información podrá ser consultada por autoridades competentes del Registro, "no es de libre acceso". Quienes figuren tendrán limitaciones como "limitar la apertura de cuentas bancarias, operaciones bursátiles, no se le renueva el pasaporte, no tendrán derecho a concesiones y licitaciones que tengan que ver con el Estado, no recibirán asignaciones familiares o planes sociales, no pueden tener licencias de conducir ni pueden hacer trámite para tener portación y tenencia de uso de arma".

"Los datos salen de los registros de organismos judiciales y las policías, el Ministerio del Interior, Desarrollo Social, el Renar, el Anses, Secetaría de Derechos Humanos y cualquier otra repartición nacional, provincial o municipal", especificó Iriart.