"Hay un sistema de gestión de camas que viene funcionando de largo tiempo, que originalmente cargaba todas las camas que tenían un respirador operativo pero notábamos que había camas que si bien existen no son operativas para COVID porque no tienen dadas las condiciones", explicó en diálogo con Lu9 el Dr. Gastón Vargas, director ejecutivo de la Zona Sanitaria VIII ante un pedido de informes que elevó el bloque de Juntos por el Cambio, dado que el lunes 31 de mayo el gobierno de la provincia de Buenos Aires informaba en su Sistema de Gestión de camas que en el partido de General Pueyrredon había 196 de cuidados intensivos en total disponibles en la ciudad, pero al 1de junio seinformó que el total era de 175 camas UTI.

"Muchas clínicas declaran las camas que tienen de terapia en unidad coronaria y sabemos que ahí no habrá nunca un paciente Covid internado. Justamente en el Comité de Emergencia lo que hacemos es poner bien en claro el número. La carga que se hace en tiene una auditoría y genera modificaciones en función de las camas declaradas con respecto a las operativas. Quizás hay menos en número ahora porque estamos tratando de optimizar en toda la provincia la cantidad de camas reales", detalló el funcionario.

Asimismo informó que al día de hoy la región cuenta con 11.400 casos activos: "No bajamos de once mil y eso hace que todos los sistemas municipales estén muy complicados, inclusive algunos han saturado y tuvimos que hacer derivaciones", y recordó que "los únicos municipios que no contamos con un hospital municipal somos Guido y General Pueyrredón".

Reiteró que "no se puede resumir la discusión a las camas ocupadas. Es necesario reforzar los cuidados. Sabemos que en los lugares que se respetan las normas hay muy baja chance de contagio pero entendemos que a más circulación menor posibilidad de que se cumpla y es nuestra obligación decirlo".

"Que no se sancione la posesión del estupefaciente para consumo propio no significa que la justicia legalice las sustancias. No se puede procesar a la persona por su tenencia", aclaró en diálogo con LU9 el Juez de Garantías Dr. Juan Tapia, cuyo fallo "viene a refrescar una situación existente desde 2015 a fin de orientar los recursos humanos y materiales de la policía y la justicia para la persecución penal de la venta, narcotráfico, narcomenudeo y canalizar los consumos problemáticos hacia la salud pública y no la cárcel".

El fallo que generó polémica por su interpretación en medios de todo el país, establece: "Ordenar a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y demás fuerzas de seguridad que en el Departamento Judicial Mar del Plata se abstengan de realizar la detención, en espacios públicos, de usuaries de sustancias que la ley define como estupefacientes, cuando las circunstancias del caso pongan de manifiesto que la tenencia es para consumo personal y la conducta se realice en condiciones tales que no traiga aparejado un peligro concreto o un daño a derechos o bienes de terceros".

"Es la diferencia entre la legalización y la penalización. Que no se pueda aplicar la cárcel a alguien que consume bajo los parámetros del Fallo Arriola no significa que la sustancia sea legalizada. Se genera la necesidad de secuestrar ese material"

El fallo en cuestión data del año 2009 cuando la corte de Nación declaró "inconstitucional sancionar una conducta de tenencia de estupefacientes cuando sea inequívocamente para consumo personal y que además se realice en condiciones tales que no conlleve peligro concreto o daño a derechos de terceros. Este criterio no significa legalizar sustancias. Siguen siendo ilegales, pero no se recurre a la cárcel para quien la consume".

"En nuestra ciudad hace cinco años hay un consenso en secuestrar la sustancia en el espacio público y evitar la detención de la persona, siempre que esté en las condiciones del fallo Arriola, es decir que si se da por ejemplo frente a un colegio o en una plaza, claramente esa situación por más que se de consumo personal, lleva riesgo a terceros, por lo cual queda fuera de la despenalización".

Y remarcó: "En aquellos casos que no se puede aplicar pena, no resulta aplicable detener a esa persona, sino a secuestrar el material y realizar el acta en el espacio público, pero no detener a alguien que no se le puede imponer pena. Al juzgado interesan las personas detenidas por un delito o un pedido de allanamiento".