Mientras continúa la polémica por el fallo del juez federal Alfredo López, que genera la suspensión de la práctica del aborto legal, seguro y gratuito, LU9 pudo confirmar dialogando con diferentes actores del sistema de salud que "solo puede aplicarse en establecimientos nacionales", según informó el Dr. Gastón Vargas, titular de la Región Sanitaria VIII.

En el caso del Partido de General Pueyrredón, el único establecimiento nacional es el INAREPS, que no atiende este tipo de cuestiones, e inclusive a nivel nacional son muy pocos los que se ven afectados y, a su vez, "tendrían que estar notificados de la resolución".

Por lo tanto, en Mar del Plata los centros asistenciales públicos deben seguir cumpliendo con lo que dicta la Ley Nº 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo, que marca la obligatoriedad de brindar cobertura integral y gratuita para aquella persona gestante que lo requiera.

En tanto, el Dr. Gustavo Elicabe, titular de la Federación de Clínicas de la Provincia de Buenos Aires, expresó a este medio: "No estamos notificados y no conocemos el alcance del fallo".

"Confiamos plenamente en la apelación que realizara el Estado, pero las mujeres no tenemos tiempo para esperar que dos sectores discutan y resuelvan sobre nuestro derecho. Es por esto que llamamos al movimiento de mujeres a organizarnos desde las asambleas en los barrios y en los lugares de trabajo para repudiar fuertemente en las calles el fallo del juez Alfredo López y reclamar la aplicación inmediata de la IVE sin objeción de conciencia", afirmaron en un comunicado desde la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

El fallo que argumenta que la ley es inconstitucional "y va en contra de los tratados internacionales a los que adhiere el estado argentino", continúa generando repercusiones, inclusive el gobierno nacional declaró que lo apelará.

"Mientras los poderes del Estado dirimen sobre nuestros derechos, las trabajadoras marplatenses no podremos acceder a un aborto legal seguro y gratuito porque la ley se encuentra suspendida", remarcan en el comunicado que también analiza que "desde la aprobación de la IVE a esta parte las condiciones sociales se han agravado profundamente: los salarios se devalúan, los despidos crecen, la apertura de las escuelas ha funcionado como un foco de contagios masivo a nivel nacional llevándose la vida de muchos docentes. Si antes de la pandemia teníamos un sistema de salud vaciado, hoy el sistema de salud se encuentra colapsado. Al mismo tiempo, la iglesia que actúa en las barriadas como un factor de contención social frente a la miseria, la desocupación y el hambre, aprovecha para continuar su militancia contra el derecho al aborto".

"Este es el cuadro social crítico que enfrentamos las mujeres trabajadoras, ocupadas y desocupadas. Suspender el derecho a la interrupción del embarazo por el pedido de una persona que firmó la cautelar, frente a las millones de mujeres que se convocaron en las calles de todo el país a lo largo de estos años, es criminal. El Estado vuelve a poner la vida de las mujeres en riesgo, dejándolas sin más opción que practicarse un aborto clandestino", expresaron.