Dos jueces de distintos fueros, cinco fiscales, cuatro policías bonaerenses sospechosos de un caso de "violencia institucional", centenares de testigos y una infinidad de dudas: a un año del hallazgo del cadáver de Facundo Astudillo Castro en una localidad cercana a Bahía Blanca, la investigación aún no logró determinar si el joven fue secuestrado y asesinado o si murió ahogado de manera accidental, mientras la madre de la víctima reclama a gritos "justicia". Para los actuales fiscales a cargo de la investigación y para la querella que representa a Cristina Castro, la madre de Facundo, las demoras de los primeros instructores del expediente para llevar a cabo peritajes claves fueron determinantes para que se perdieran pruebas fundamentales. Facundo fue visto por última vez el 30 de abril del año pasado, en plena cuarentena estricta por la pandemia del coronavirus, y la Justicia comenzó a intervenir unos días después, tras la denuncia de su madre, por lo que se inició una causa por "averiguación de paradero" que estuvo a cargo del fiscal Rodolfo De Lucía, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 20 de Bahía Blanca, y de la jueza de Garantías 3 de esa ciudad, Susana Calcinelli. Recién en julio de ese mismo año, casi tres meses después de la desaparición, el fiscal De Lucía declinó el expediente, a pedido de los abogados de Cristina Castro, hacia la Justicia Federal que, de esa manera, comenzó a investigar el caso como una presunta "desaparición forzada" en la cual participaron miembros de la policía bonaerense.

El recorrido de Facundo el dia de su desaparición

El fiscal federal de Bahía Blanca, Santiago Ulpiano Martínez, ordenó las primeras medidas para intentar determinar cuál fue el recorrido que realizó Facundo desde que abandonó su casa en la localidad de Pedro Luro con intenciones de dirigirse a visitar a su novia en Bahía Blanca, con quien había discutido y planeaba reconciliarse. Desde entonces, los investigadores determinaron que el joven había sido detenido a la altura del kilómetro 779 de la ruta nacional 3, en la localidad de Mayor Buratovich, por el oficial Mario Gabriel Sosa y su colega Jana Curuhinca, que lo advirtieron porque estaba violando el aislamiento obligatorio y le labraron una infracción. Allí, los efectivos le pidieron su DNI y lo fotografiaron de espaldas junto a la camioneta policial, tras lo cual le permitieron continuar su marcha. Luego, la oficial Siomara Flores, quien era medio hermana de Curuhinca y pareja de Sosa -lo que fue corroborado tras el análisis del teléfono celular de este último- declaró que trasladó a Facundo unos 25 kilómetros a bordo de su vehículo desde Buratovich hasta Teniente Origone. Según los investigadores, horas más tarde, en el kilómetro 750, Facundo fue nuevamente interceptado por la Policía, esta vez por el teniente primero Alberto González, quien declaró que lo identificó con su carnet de conducir, ya que el joven no habría tenido en su poder el DNI.