"Desde hace casi 50 días llevo interpuestos 30 escritos solicitando diferentes medidas probatorias ante la Fiscalía 11 y el Juzgado de Garantías. De esos escritos nos respondieron con celeridad 3, por lo cual estimamos que la demora puede ser imputable a los recursos humanos abocados a causas más redituables mediáticamente. Esta es una falencia en la investigación que es sumamente importante para nosotros a los fines de llegar a las imputaciones que necesitamos", afirmó en LU9 María de los Ángeles Caliyuri abogada de Angel Baldinotti y Lucila Grandiselli, esposa de Paola Codoni (42), la mujer fallecida tras la explosión de la caldera de la fábrica textil "Tejiendo Arte" de Bolivia y Luro, que causó el derrumbe de la medianera sobre una vivienda lindera propiedad del hombre mencionado.

La justicia abrió una causa para investigar el hecho caratulado como "homicidio culposo y lesiones graves".

"La fiscalía general se ha ofrecido a intervenir para más celeridad pero la investigación viene sumamente lenta y estamos a la espera de las aprobaciones", remarcó la letrada al tiempo que confió que a dos meses del hecho "aún no se conocen los resultados del peritaje. El perito realizó la inspección en el lugar, todavía no adjuntó la resolución ni el informe pericial. De la misma manera el perito de parte que propusimos va a estar tomando cuenta del examen de las instalaciones y a la resuelta del informe. Pero más allá de las pericias hay un montón de diligencias probatorias que la fiscalía aún ni trató. Acá hay una vida que se perdió, hay tres menores que perdieron a su madre y sus pertenencias y hay dos particulares damnificados que son discapacitados, como la esposa de Balinotti, que necesita instalaciones para vivir que no están dadas. La vivienda ya adjuntamos en un examen arquitectónico con determinación de destrucción total porque es irrecuperable".

Confió que "más allá de Pablo Amadeo Urban que es el único imputado hasta hoy, hay una responsabilidad de todos los socios que integran la empresa y el encargado al momento en que ocurrieron los hechos, la persona de confianza de Urban cuando se dirigía a hacer diligencias a otra ciudad. Ellos tenían conocimiento de las fallas que a priori se determinaron en cuanto a la caldera y el problema de presión que tenía. Los pedidos están orientados a ese extremo de autoría".

Reafirmó que "la caldera estaba sometida a presión. Estamos a la espera de los informes de la OPDF que es el que gestiona habilitaciones en este tipo de instalaciones. Y pedimos formalmente la intervención de Fiscalía General".