El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer el índice de la inflación mayorista de julio: se desaceleró al 0,8%, con una caída de 0,3 puntos con relación a junio (1,1%). Además fue la más baja desde mayo de 2025 y la menor -para un mes de julio- en siete años.

El presidente Javier Milei celebró el dato en sus redes y sostuvo que "al final, julio empezó con cero", mientras que el ministro de Economía, Luis Caputo detalló en sus redes cuáles fueron los principales factores que incidieron en la desaceleración.

La inflación mayorista mantiene un sendero a la baja desde hace tres meses, cuando cortó con la escalada en mayo (2,5%). La desaceleración continuó en junio (1,1%) y la replicó en julio (0,8%).

Y al final Julio empezó con CERO...INFLACIÓN MAYORISTA = 0,8%CIAO! https://t.co/tIuBMMZCjX

El 0,8% quedó muy por debajo de la inflación minorista (2,1%) que volvió a acelerarse en julio acumulando un alza del 33,8% interanual, casi tres puntos más que el de la mayorista (31,1%).

Dentro de los “Productos nacionales”, que aumentaron el 0,8%, las divisiones con mayor incidencia positiva en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,39%), “Sustancias y productos químicos” (0,19%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,17%) y “Alimentos y bebidas” (0,16%), compensados por “Petróleo crudo y gas” (-0,91%). En tanto que el aumento de los "Productos Importados" fue del 0,5%.

En vista del incremento de siniestros viales en la zona del barrio platense El Peligro, la Autovía 2 sumará allí nuevos controladores de velocidad que deberán estar listos antes del próximo verano. La empresa Aubasa lanzó un concurso de precios que contempla una inversión de casi 100 mil dólares (más IVA) y que incluye tanto la provisión de los equipos como su montaje, configuración y puesta en funcionamiento, en una medida que busca reforzar el control de la circulación vehicular sobre uno de los principales corredores utilizados para llegar a Mar del Plata desde Buenos Aires.

La convocatoria corresponde al Concurso de Precios N° 127/2026. La apertura de las ofertas está prevista para el 2 de septiembre, según establece el pliego de condiciones particulares y especificaciones técnicas elaborado por la empresa. Y el plazo de ejecución y montaje no debe superar los 30 días desde la firma del contrato o emisión de la orden de compra.

De acuerdo a la documentación oficial, las ubicaciones previstas son el Kilómetro 43, sentido ascendente; Kilómetro 46, sentido ascendente, Kilómetro 47, sentido descendente, y Kilómetro 45, sentido descendente. De esta manera, habrá dos dispositivos para quienes circulen en sentido ascendente -hacia Mar del Plata- y otros dos para quienes lo hagan en sentido descendente -mano a Buenos Aires-.

En la zona se registra una seguidilla de accidentes fatales, que llevó a los vecinos a manifestarse cada fin de semana desde hace meses.

Los equipos tendrán capacidad para realizar la lectura simultánea de dos carriles, de modo que podrán detectar la velocidad de circulación de vehículos que transiten por ambas manos correspondientes al sector donde sean instalados.

Los dispositivos no se limitarán a registrar la velocidad, ya que de acuerdo con las especificaciones técnicas del concurso deberán contar con capacidad para estimar la velocidad de circulación de los vehículos y enviar esa información a un cartel LED asociado.

El sistema estará acompañado por un cartel de alta luminosidad, con una superficie mínima de 60 por 80 centímetros, que permitirá advertir al conductor sobre la velocidad a la que está circulando. La señalización utilizará un sistema de colores para facilitar la interpretación: el verde para velocidad dentro del límite permitido, el amarillo para velocidad de advertencia y el rojo para exceso de velocidad.

El objetivo es que el conductor pueda conocer en tiempo real la velocidad detectada por el sistema y, en caso de superar los parámetros establecidos, recibir una advertencia visual.

El concurso no contempla únicamente la compra de los cuatro detectores. La empresa que resulte adjudicataria deberá hacerse cargo de la provisión, montaje, instalación, configuración, puesta en marcha y verificación integral del sistema.

El pliego establece que los equipos deberán quedar completamente operativos y en condiciones de funcionamiento una vez finalizados los trabajos.

El Gobierno nacional puso en marcha un plan de prevención y respuesta sanitaria ante la posibilidad de que el fenómeno El Niño alcance una intensidad fuerte o muy fuerte durante la primavera austral, con especial impacto en el Litoral, el Noreste, Buenos Aires, Cuyo y Córdoba.

Según los escenarios analizados por las autoridades, en las zonas consideradas potencialmente inundables viven 920.211 personas y existen más de 5,4 millones de hectáreas expuestas.

La advertencia fue presentada por la Dirección Nacional de Emergencias Sanitarias (DINESA), dependiente del Ministerio de Salud de la Nación, que trabaja en coordinación con la Agencia Federal de Emergencias para anticipar posibles inundaciones y preparar una respuesta frente a eventuales desbordes de los sistemas sanitarios locales.

“Las probabilidades de que el evento alcance una intensidad fuerte o muy fuerte aumentan considerablemente a partir de la primavera austral”, señalaron las autoridades y expusieron distintos escenarios de precipitaciones para los próximos meses. El operativo apunta especialmente a asistir, a demanda, a aquellas localidades que puedan sufrir inundaciones y cuyos hospitales queden afectados o superen su capacidad de atención.

El mapa elaborado por los organismos nacionales identifica una superficie potencialmente inundable de 5.476.680 hectáreas, equivalente a unas 14 veces la superficie del Área Metropolitana de Buenos Aires.

Las zonas de mayor exposición comprenden sectores de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, identificados a partir del análisis de registros satelitales históricos sobre la máxima cobertura de agua entre 1984 y 2021.

Además de la población que reside en esas áreas, el relevamiento detectó infraestructura estratégica potencialmente expuesta. En las zonas inundables hay 228 kilómetros de rutas nacionales y 284 kilómetros de rutas provinciales, mientras que también existen 483 kilómetros de líneas de alta tensión.

Como parte de la estrategia preventiva, el Ministerio de Salud presentó una central de monitoreo unificada que integra información del Servicio Meteorológico Nacional, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE) y el CONICET.

La intención es anticipar los problemas antes de que se produzcan y permitir que las provincias adopten medidas preventivas, como la limpieza de canales de drenaje, la identificación de zonas críticas y la simulación del impacto de una emergencia sobre la red hospitalaria.

Para la respuesta en territorio, la DINESA diseñó un esquema de intervención en tres niveles: patrullas sanitarias móviles, puestos avanzados de estabilización y unidades modulares.

El principal recurso será el Equipo de Respuesta Médica Extra Hospitalaria (ERMEH), un hospital de campaña donado por el Comando Sur de los Estados Unidos que dispone de 60 camas de internación y capacidad de soporte de terapia intensiva.

El dispositivo puede ser puesto en funcionamiento en menos de 72 horas y tiene un costo operativo diario cercano a los $5 millones. De acuerdo con la planificación oficial, podría absorber hasta el 90% de la demanda médica básica en zonas afectadas por un desastre, con el objetivo de evitar que los hospitales locales queden desbordados.

El despliegue se activaría de acuerdo con las necesidades de cada localidad y en función de la evolución de las condiciones meteorológicas y del impacto que las inundaciones puedan generar sobre la infraestructura sanitaria.

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei , convocó a la Conferencia Episcopal Argentina (CEA) a una reunión de trabajo programada para este martes a las 17 en la Casa Rosada para dar inicio a los preparativos por la llegada al país del papa León XIV.

El encuentro, según explicaron desde la CEA, se inscribe en el trabajo de articulación que vienen llevando adelante las autoridades nacionales y funcionarios de la Iglesia católica para coordinar los distintos aspectos vinculados con la recepción del Santo Padre y el desarrollo de sus actividades, que incluirán paradas en las ciudades de Córdoba, Luján y Buenos Aires, entre el 8 y el 11 de noviembre.

Según confirmó la CEA, del encuentro con Karina Milei participarán el arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, y los sacerdotes Matías Taricco y Máximo Jurcinovic. De la convocatoria también formarán parte integrantes del Ejecutivo nacional: la ministra de Seguiridad, Alejandra Monteoliva; su par de Capital Humano, Sandra Pettovello; y el Canciller Pablo Quirno.

Su Santidad, el papa León XIV.

Según confirmó el Vaticano a inicios de agosto, León XIV recorrerá el país entre el 8 y el 11 de noviembre, en lo que será su primer viaje apostólico a la región desde su nombramiento, con una escala previa en Uruguay y un cierre en Perú.

Será la primera visita de un Papa al país en casi 40 años. El último antecedente se remonta a 1987, cuando Juan Pablo II realizó una gira pastoral de seis días por la capital y diez provincias.

“La visita del Santo Padre constituye un acontecimiento de enorme trascendencia espiritual e institucional para nuestro país y para todos los argentinos”, expresó el Ejecutivo al confirmar la agenda, y agregó que el Gobierno argentino garantizó a la Santa Sede todas las condiciones de seguridad y logística necesarias.

Millones de argentinos encontraron este lunes 17 de agosto una pausa en la rutina a raíz de un feriado nacional que conmemora los valores y el legado de José de San Martín, considerado el “Padre de la Patria”. El calendario oficial permite a muchas familias y trabajadores disfrutar de un fin de semana extendido.

Hoy se recuerda el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín. Aunque por ley es un feriado trasladable, este año coincide naturalmente con el día lunes. Al coincidir este año con un lunes, el feriado habilita un fin de semana largo.

En términos generales, los feriados son días de descanso obligatorio, por lo que el trabajador no está obligado a prestar servicios. Sin embargo, existen actividades que no pueden detener su funcionamiento, como salud, transporte, seguridad, gastronomía, hotelería o comercios, donde el empleador puede solicitar que se trabaje.

En esos casos, el empleado que trabaje deberá percibir la remuneración especial prevista para los feriados. En cambio, si no trabaja porque le corresponde el descanso, cobra el día de manera habitual y sin descuentos.

Miles de vecinos quedaron sin luz esta madrugada en La Plata y alrededores luego de que se incendiara una central eléctrica en Tolosa. El desperfecto ocurrió cerca de las 3 de la mañana en 9 entre 527 y 528, y trabajaron varias dotaciones de bomberos en el lugar.

Según las primeras informaciones, el incendio habría generado la explosión de un transformador y la caída de dos torres de la central eléctrica.

Como consecuencia de ello y pese al control del fuego, el apagón se extiende desde los hipermercados ubicados en los caminos Centenario y Belgrano hasta 7 y 38.

La Plata, Tolosa, Ringuelet, Ensenada, Berisso, San Carlos son algunas de las localidades afectadas por el corte masivo debido al incendio de la central eléctrica.

"La empresa se encuentra trabajando en la reconfiguración de su red para normalizar el suministro, priorizando los servicios esenciales, entre ellos los establecimientos de salud. Asimismo, despliega un plan de reposición paulatina para el resto de los usuarios afectados, que incluye un amplio operativo de personal técnico y grupos electrógenos", informó Edelap en un comunicado.

Asimismo, destacó que dispuso "todos sus recursos técnicos y operativos, y su personal continuará trabajando de manera ininterrumpida para avanzar en la normalización del servicio".

Ante la magnitud del apagón, las autoridades dispusieron un amplio operativo de seguridad. La Policía Bonaerense reforzó la presencia de efectivos en distintos puntos de la ciudad para prevenir incidentes y asistir en el ordenamiento del tránsito ante la falta de semáforos.

Las autoridades recomendaron extremar las precauciones al circular por la vía pública y evitar desplazamientos innecesarios hasta tanto se normalizara la situación.

La disputa entre Axel Kicillof y Javier Milei suma otro capítulo alrededor de la obra pública. Un informe del exsenador provincial Marcelo Daletto, a partir de datos del ministerio de Economía, ubica a Buenos Aires y a Nación entre los distritos que menor proporción de recursos destinaron a gastos de capital: 6,6% y 3%, respectivamente, del gasto total durante 2025.

El dato aparece en un ranking que mide el peso de la inversión y la obra pública en los presupuestos provinciales. Lo lidera Santiago del Estero, con el 28,8%, mientras que la última provincia es Santa Cruz con el 1,1%.

Ese documento señala que, en promedio, las provincias y la Ciudad de Buenos Aires destinaron 9,5% de sus gastos a erogaciones de capital durante el año pasado. Buenos Aires quedó por debajo de ese umbral y, según el informe, en una situación en la que se priorizan en mayor medida los gastos corrientes y operativos. En el extremo superior del ranking aparece San Luis, con 28,8%, seguida por Santiago del Estero, con 19,8%, y Catamarca, con 19%.

Los porcentuales forman parte de la discusión política entre Milei y Kicillof. Mientras el Presidente sostiene que las provincias deben revisar sus estructuras de gasto y reducir el peso del Estado, el gobernador bonaerense reclama al Ejecutivo nacional una recomposición de los recursos que recibe el distrito y cuestiona el recorte de las transferencias y de la inversión nacional.

El informe de Daletto reconoce la dimensión del reclamo bonaerense: señala que la Provincia aporta cerca del 40% de la recaudación tributaria nacional, pero recibe el 21,2% de la masa coparticipable. Sin embargo, el documento plantea que ese reclamo no exime a la administración provincial de revisar cómo distribuye sus recursos.

El ranking agrega otro dato que el Gobierno nacional utiliza para cuestionar la gestión de Kicillof: aunque el gasto de capital bonaerense creció 10% en términos reales durante 2025, su participación sobre el gasto total siguió siendo baja. Además, el informe advierte que durante el primer trimestre de 2026 esa proporción cayó a 4,4%, por debajo del 6,6% registrado en el cierre del año pasado.

El informe realiza una comparación histórica desde el retorno de la democracia. Indica que los máximos niveles de gasto de capital en la provincia de Buenos Aires se registraron bajo las gestiones de Alejandro Armendáriz (14,4%) y Eduardo Duhalde (13,4% y 13,7%).

En este último período, el impulso de la inversión pública -sostenido por la creación del Fondo del Conurbano- se dio en paralelo con el proceso de descentralización educativa, que obligó a la Provincia a absorber el financiamiento del sistema escolar y elevó de forma permanente la carga del gasto corriente. Sin perjuicio de ello, la gestión de Duhalde alcanzó el máximo histórico posterior al retorno de la democracia en 1997, con un 17,6%.

El informe no se limita al diagnóstico y propone una salida que implica modificar la matriz presupuestaria provincial: plantea establecer por ley que el 20% del gasto bonaerense se destine a erogaciones de capital, con un sendero gradual que llevaría la inversión al 10% en 2027, 13% en 2028, 16% en 2029 y 20% en 2030.

La Catedral de la ciudad de La Plata, emblemática construcción de la capital bonaerense, quiere llegar a la final del Mundial de Catedrales que se disputa por estos momentos en Instagram. Después de dejar en el camino nada menos que a Notre Dame de París, la Catedral de la Inmaculada Concepción se enfrenta ahora, en los cuartos de final del torneo creado por @documentales_de_bolsillo, al Duomo de Milán.

Cuando todavía quedan dos días para votar, el edificio neogótico diseñado por el ingeniero Pedro Benoit se lleva el 76% de los más de 5.000 votos.

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La Catedral platense venció en los octavos de final de este particular Mundial a la emblemática Notre Dame de París. En esa instancia, el edificio ubicado frente a Plaza Moreno consiguió el 63% de los votos.

Desde la cuenta que organiza la competencia presentaron a la Catedral de La Plata como una de las grandes revelaciones del torneo. “Después de sorprender al mundo eliminando a Notre Dame, llega como la gran sorpresa del campeonato”, señalaron al anunciar el nuevo enfrentamiento.

Además de votar, mucha gente también deja sus opiniones, muy variadas. Por supuesto aparecen platenses, como alguien que comenta: “He recorrido muchas ciudades del mundo y he visto muchas de las catedrales en competencia, y realmente la Catedral de La Plata, por arquitectura, entorno y belleza deja atrás a Milán tranquilamente”.

Por supuesto, no faltan detractores de la tendencia dominante en la votación: “Típicos argentinos votando por emoción y no por razón. Este torneo pierde todo sentido si se vota de esta manera”.

El Mundial de Catedrales se creó el 31 de julio pasado con 16 postulantes y tres rondas. La Plata – París tuvo lugar en la primera ronda, ahora uno de los semifinalistas saldrá de La Plata – Milán.

Las otras catedrales que fueron “convocadas” para el torneo, además de las mencionadas, son las de:

Los enfrentamientos en curso, son, al 14 de agosto: La Plata vs. Milán; Colonia vs. Sevilla; Palma de Mallorca vs. Florencia; y Santiago de Compostela vs. Reims.

YPF presentó el mayor proyecto de inversión bajo el RIGI, Argentina LNG, para la producción y exportación de gas natural licuado (GNL) por US$51.000 millones. Así lo confirmó el presidente y CEO de la petrolera estatal, Horacio Marín, quien señaló que concretará en conjunto con la compañía italiana Eni y XRG, de Emiratos Árabes Unidos.

"Este proyecto transformará el gas natural de Vaca Muerta en exportaciones de GNL destinadas a los mercados internacionales", sostuvo Marín.

Hasta 2031, fecha prevista para la puesta en operación de las dos unidades flotantes de licuefacción (FLNG), se estima un nivel de inversión de US$29.000 millones. De ese total, aproximadamente US$24.000 millones serán destinados a obras de infraestructura y el resto se invertirá en el desarrollo del upstream -la primera etapa de la producción- y la perforación de los pozos necesarios, con el objetivo de alcanzar el nivel para abastecer a plena capacidad a las dos unidades de licuefacción.

Su diseño, además, incluye la producción de gas rico en Neuquén, infraestructura dedicada de transporte, plantas de procesamiento, trenes de fraccionamiento de líquidos y dos FLNG (cuya capacidad será de 12 MTPA en conjunto), que operarán frente a la costa de Río Negro, en el golfo San Matías.

“La adhesión al RIGI es un paso fundamental para avanzar con un proyecto que abrirá una nueva etapa para la Argentina como exportador global de energía”, indicó Marín quien aseguró que entre 2026 y 2030, etapa prevista de la construcción, Argentina LNG generará más de 20.000 puestos de trabajo anuales, mientras que para la fase de operación y puesta en marcha del proyecto se mantendrán cerca de 8.000 empleos anuales.

Se prevé una fuerte participación de proveedores nacionales, con una contratación estimada de US$15.000 millones en bienes y servicios, impulsando el crecimiento de la industria local y el desarrollo de capacidades productivas asociadas al sector energético. “El nuevo RIGI le permitirá a la Argentina realizar una inserción internacional inédita”, vaticinó el CEO de YPF.

De acuerdo a Noticias Argentinas, el total de los 21 RIGIs aprobados no alcanzan la inversión del Argentina LNG: entre todos los proyectos totalizan US$46.708 millones, lo que demuestra la magnitud del sector energético como uno de los grandes aportadores de divisas.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) informó este jueves que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró en julio un incremento del 2,1%, un nivel superior al del mes anterior y que interrumpió tres meses consecutivos de desaceleración.

Con este resultado, la inflación acumuló un alza del 19,3% en los primeros siete meses de 2026 y una variación interanual del 33,8%. El dato estuvo en línea con lo que anticipaban las consultoras privadas, que ubicaban al índice en torno al 2% luego del 1,9% de junio, el registro más bajo desde agosto del año pasado.

La división de mayor aumento en el mes fue Recreación y Cultura, con un 5%, seguida por Restaurantes y hoteles, con un 2,8%. El movimiento se explica en buena medida por el impacto estacional de las vacaciones de invierno, que traccionaron los rubros vinculados al turismo y el esparcimiento.

En el otro extremo, los segmentos con menores variaciones fueron Prendas de vestir y calzado, que retrocedió 1,3%, y Bebidas alcohólicas y tabaco, con un 1,5%.

El rubro Alimentos y bebidas no alcohólicas, de mayor peso en la canasta, subió un 2%, por debajo del nivel general. También quedaron por debajo del promedio Educación y Transporte, ambos con 1,9%. Por encima del IPC general se ubicaron Salud (2,5%), Comunicación (2,4%), Bienes y Servicios Varios (2,2%) y Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles (2,2%).

El IPC Núcleo, que excluye los precios estacionales y los regulados, marcó un 1,8%, con subas asociadas a alquileres y servicios culturales que fueron parcialmente compensadas por la baja en expensas.

Desde el Gobierno atribuyeron la aceleración al factor estacional. El ministro de Economía, Luis Caputo, había adelantado que el número no representaba una sorpresa por tratarse de un mes "estacionalmente alto" y ratificó el rumbo de la política económica.

De cara a los próximos meses, el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central proyecta que la inflación retome un sendero de desaceleración gradual, con estimaciones que apuntan a un 1,8% en agosto.

La morosidad en el pago de cuotas de los colegios privados alcanzó un promedio del 11%, según el último relevamiento del sector, un nivel que supera al histórico y que se explica por el ajuste que atraviesan las familias de clase media. Así lo advirtió en LU9 Radio Mar del Plata el secretario ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (AIEPBA), Martín Zurita, quien enmarcó el dato dentro de un cuadro más amplio de suba de costos y financiamiento en desequilibrio.

Consultado por el estado de las cuentas de las escuelas, Zurita señaló que la clase media "no escapa" al recorte de gastos que se observa en distintos rubros del consumo, y que ese fenómeno impacta de lleno en la educación privada. Precisó que las instituciones están registrando "un índice de morosidad mayor al que hemos tenido tradicionalmente", con un promedio del 11% en el último relevamiento.

El referente ubicó el número en la serie de los años más difíciles: recordó que picos similares se dieron en 2022 y 2023. A esa mora, agregó, se suma una "cuestión estructural" vinculada a la baja natalidad, que hoy golpea sobre todo a jardines maternales y de infantes y que —anticipó— "se va a ir pronunciando con el paso de los años".

Zurita explicó que buena parte del problema es de financiamiento y no solo de cobranza. Detalló que en la provincia de Buenos Aires hay alrededor de 7.000 escuelas privadas y que cerca del 70% recibe aporte estatal, un universo que depende de que el Estado provincial autorice los incrementos de aranceles.

El punto crítico, según describió, es que esas autorizaciones no siguen el ritmo de los costos laborales: "Cada vez que el Estado decide algún tipo de aumento salarial, no lo traslada automáticamente a nuestras cuotas", planteó. A eso se agregan los aumentos en servicios como luz, gas y sistemas informáticos, y el traslado a los alquileres de los establecimientos que funcionan en predios rentados. "No todas las escuelas tienen la misma espalda económico-financiera", resumió: algunas pueden sobrellevarlo y otras "están muy al límite".

Como ejemplo del desfasaje, el dirigente repasó lo ocurrido a comienzos de año, cuando el Gobierno provincial cerró la paritaria docente con retroactividad a diciembre. Según relató, las escuelas tuvieron que afrontar en pleno receso el pago de ese aumento retroactivo, más el aguinaldo y los sueldos de enero y febrero, y recién en marzo pudieron trasladar una actualización que "no significó recuperar todo aquello que tuvimos que pagar".

Ese desfase, sumado a la deuda de las familias, derivó en un problema de caja: Zurita indicó que hubo escuelas que "tuvieron que salir a pedir créditos para pagar sueldos". Aclaró que la mora suele corregirse hacia fin de año, cuando las familias se ponen al día, pero remarcó que "en el mientras tanto" genera una situación compleja.

El secretario ejecutivo de AIEPBA insistió en que un colegio funciona con la misma lógica financiera que una pequeña empresa: "A fin de mes tenés que pagar sueldos, contribuciones y cargas, como cualquier empresa", y advirtió que, "por más buen proyecto que tengas", si los números no cierran "no podés continuar". En esa línea, recordó que tras la pandemia cerraron instituciones "a lo largo y ancho" del país.

Para Zurita, cada cierre implica la pérdida de "un bien social muy importante", porque se pierden años de inversión en un proyecto educativo, la identificación con una comunidad y la posibilidad de las familias de elegir el modelo de enseñanza que consideran adecuado.

Ante la consulta puntual sobre la ciudad, el dirigente fue claro: dijo no tener "ninguna noticia al momento" de cierres de establecimientos en Mar del Plata. Sí mencionó, en cambio, antecedentes en otros distritos bonaerenses, como el de un histórico colegio de Vicente López con más de 50 años de trayectoria que ya anunció que dejará de funcionar, en parte por la caída de la matrícula asociada a la menor cantidad de alumnos.

Zurita planteó que ese fenómeno demográfico "todos vamos a atravesar", aunque no todas las instituciones están preparadas de la misma manera. Por eso reclamó, además del trabajo "de puertas adentro" de cada gestión, un cambio de normativa que acompañe al sector: mientras el Estado, como empleador único de la escuela pública, puede reubicar docentes y adoptar medidas, la educación privada —advirtió— "todavía está lejos" de contar con herramientas equivalentes.

Sobre cómo administran la deuda, el referente explicó que cada escuela tiene su propio mecanismo y que, en general, existen planes de pago. Algunas instituciones pueden ofrecer descuentos o analizar situaciones particulares, pero otras "tienen que cobrar para poder pagar en término". Recordó que la relación con las familias se enmarca en un contrato anual con derechos y obligaciones, y que "ninguna escuela quiere quedarse sin alumnos".

Por último, Zurita reivindicó el esfuerzo de las familias para sostener la matrícula privada pese a las dificultades económicas y destacó la diversidad del sistema —escuelas religiosas de distintos credos, comunitarias, laicas, bilingües, de doble jornada—, que permite a los padres elegir "con la certeza de que la escuela siempre va a estar abierta".

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires otorgó una prórroga excepcional de 45 días corridos a los partidos políticos y agrupaciones municipales que todavía no acreditaron el número mínimo de afiliaciones requerido por la ley para mantener vigente su personería jurídica política.

A pedido de una serie de agrupaciones que estaban a punto de quedarse afuera de la contienda por no alcanzar el piso de afiliaciones regularizadas, como la Coalición Cívica -ARI, Nuevo Encuentro, el Movimiento Libres del Sur y otros, el organismo prorrogó por 45 días corridos el plazo para la afiliación masiva y la regularización de los padrones.

En principio, había hecho una intimación por 90 días, pero las agrupaciones peticionantes pidieron que extendiera el período para llegar a cumplir con los requisitos. Entre los argumentos planteados se señaló la dificultad que implica desarrollar un proceso masivo de afiliación dentro de ese período.

Frente a esta situación, el organismo también reivindicó el criterio de “pro vida de los partidos políticos”, que considera una expresión del principio de participación democrática. Según la resolución, ante dos posibles soluciones debe optarse por aquella que mejor se adecue al ejercicio pleno de los derechos políticos.

La prórroga dispuesta tiene carácter general y no se limita a las fuerzas que solicitaron expresamente la extensión. Alcanzará a todos los partidos políticos y agrupaciones municipales que, al momento de la resolución, todavía no hayan acreditado el mínimo de afiliaciones necesario para mantener vigente su personería.

Cumplido ese nuevo plazo, las fuerzas que no hayan regularizado su situación quedarán expuestas a la declaración de caducidad de su personería, sin necesidad de una nueva intimación.

Tras el contacto entre Mauricio Macri y Karina Milei , en lo que significó el primer diálogo directo de parte del titular del PRO con representantes del Gobierno en mucho tiempo, dirigentes “amarillos” y La Libertad Avanza (LLA) mantuvieron un encuentro en Casa Rosada en busca de empezar a sellar un acuerdo electoral hacia 2027.

El mitin político se organizó con poca antelación, cuando Karina y el ex presidente se reunieron en secreto después de algo más de un año, para empezar a acercar posiciones después de la nueva ola de roces de los últimos meses y sentar las bases de un futuro acuerdo nacional electoral.

El secretario general del partido, Fernando de Andreis, también diputado nacional, y el presidente del bloque de PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, fueron recibidos por los delegados dispuestos por la secretaria general de la Presidencia: el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Un rato después de comenzada la reunión, se sumó también el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, encargado de impulsar los proyectos del Poder Ejecutivo.

“Compartimos el convencimiento de que la Argentina no puede volver a caer en manos del populismo”, dijeron en un comunicado tras la reunión. “Fue un gran primer paso para construir un trabajo conjunto y blindar el cambio”, agregaron, enfocados, sin nombrarlo directamente, en un acuerdo electoral. “También repasamos la agenda parlamentaria de los próximos meses para avanzar con las reformas que necesita la Argentina”, deslizaron.

La idea, de acuerdo a dijeron los dirigentes tras el encuentro, será mantener reuniones periódicas cada 15 días. Allí no sólo se hablará de la agenda parlamentaria de los próximos meses, sino también en una estrategia para ver si llegan a un acuerdo para ir en alianza a las elecciones del año que viene.

En un momento delicado para el Gobierno tras perder varias batallas en el Congreso y frente a la posibilidad a otros temas clave, Karina Milei convocó a los macristas con la mira puesta en lo que pasa en Diputados y en el Senado, pero también con la promesa de un eventual acuerdo nacional el año que viene. La gran batalla, claro está, será la provincia de Buenos Aires.

En el territorio bonaerense, Santilli avanza en su proyecto para ser candidato a gobernador, con el apoyo de Ritondo, ambos convencidos de que solo la unidad entre libertarios y macristas -podría sumarse también la UCR- conformará un bloque suficiente para enfrentar con chances al PJ en el principal distrito del país.

“Fue una reunión muy positiva, que se generó luego del llamado de ambos presidentes”, dijo Martín Menem tras la reunión, y habló de la necesidad de “consolidar la transformación de la Argentina”. Además de repasar la agenda legislativa, reconoció que el encuentro sirvió para “empezar a pensar cómo podemos vincularnos” hacia 2027.

Ritondo, en tanto, habló de un “reconocimiento hacia Mauricio Macri” por parte de los funcionarios. “No van a encontrar palos en la rueda en el PRO”, agregó el jefe del bloque macrista, y afirmó que no se habló de la suspensión de las PASO, que quiere el oficialismo, “porque en el PRO hay distintas posiciones” sobre el asunto. “Tienen cosas a favor y cosas en contra", cerró.

Por su parte, De Andreis resaltó que fue “un buen primer paso para construir confianza y blindar el cambio en la Argentina”. Tras destacar que se juntarán cada 15 días, destacó que desde el PRO se siente “valorados” por el Gobierno.

Brasil dio esta semana un paso decisivo en la transición energética de su industria aérea: el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva reglamentó, mediante un decreto firmado el 12 de agosto, el Programa Nacional de Combustible Sustentable de Aviación (ProBioQAV), previsto en la Ley del Combustible del Futuro. El marco fija metas obligatorias de reducción de emisiones y crea un sistema de certificación para el combustible sostenible de aviación (SAF).

El anuncio motivó un fuerte reclamo de la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). Su presidente, Gustavo Idígoras, advirtió que "mientras Brasil construye futuro nosotros vivimos en el pasado", y pidió avanzar con "urgencia" en una normativa que impulse las bioenergías de base agrícola en el país.

El decreto brasileño ordena la producción, certificación, comercialización y uso del SAF, e impone metas graduales y obligatorias de reducción de emisiones para la aviación doméstica. El esquema arranca en 2027 y sube de manera progresiva hasta alcanzar una reducción del 10% en 2037.

La medida también crea un sistema nacional de certificación obligatoria para el SAF producido localmente o importado, con requisitos específicos de trazabilidad y sostenibilidad. En ese esquema se incorpora el Certificado de Sustentabilidad del SAF (CS-SAF), que habilita a comercializar por separado el atributo ambiental del combustible.

Según las proyecciones oficiales, Brasil estima una capacidad potencial de producción de 2.100 millones de litros anuales de SAF hacia 2030, lo que —de acuerdo con CIARA-CEC— posiciona al país vecino como líder regional en combustibles sostenibles.

Idígoras utilizó el avance brasileño para volver sobre un reclamo que el sector agroexportador viene sosteniendo: la necesidad de renovar el marco legal argentino. El dirigente cuestionó que el país mantenga "una ley vigente de estilo soviética" y un "proyecto de ley en el Senado que no tiene interés legislativo en ser sancionado".

Para el titular de la cámara, la salida pasa por "generar bioenergías basadas en materia prima agrícola con alta calidad y sustentabilidad", y por "fomentar la libre competencia". En esa línea, sintetizó su posición con una definición contundente: "es el momento de sancionar una ley en Argentina que genere futuro".

Desde CIARA-CEC sostienen que la experiencia brasileña muestra que la transición energética puede convertirse en una política de desarrollo productivo para las cadenas agroindustriales. Bajo esa mirada, los biocombustibles representan "una oportunidad estratégica" para agregar valor a materias primas como los aceites vegetales.

La entidad remarcó, además, que ese camino permitiría estimular inversiones industriales, crear empleo calificado y fortalecer las economías regionales, con un beneficio directo para el consumidor.

El gobernador Axel Kicillof, el diputado Máximo Kirchner y el líder del Frente Renovador Sergio Massa mantuvieron el primer encuentro en varios meses junto a un grupo de gobernadores y líderes parlamentarios del peronismo, con una agencia centrada en un punto clave de la estrategia electoral para el año que viene: intentar sostener la vigencia de las PASO, instancia que Javier Milei busca eliminar, suspender o, al menos, transformar en no obligatoria.

La reunión, inesperada dado el clima de fuerte enfrentamiento interno en el peronismo entre Kicillof y Kirchner, se realizó el martes en un hotel porteño y además de Massa participaron los gobernadores de Formosa, Gildo Insfrán, de La Pampa, Sergio Ziliotto, además del senador por de Santiago del Estero Zamora, Gerardo Zamora, hombre político fuerte de la provincia y jefe político del actual mandatario, Elías Suárez. A ellos se sumaron los dos jefes de bloque: el del senado, José Mayans y el diputados, Germán Martínez.

En un clima de hermetismo, DIB pudo saber de tres fuentes que el punto central fue una coincidencia en trabajar políticamente para sostener la vigencia de las PASO. En el camporismo dijeron que hubo “buen diálogo”, en el Movimiento Derecho al Futuro, el sector interno de Kicillof, que “se habló estricta y solamente de las PASO”, una aclaración relacionada con el hecho de que en un primer momento una versión indicaba que habían hablado sobre el Presupuesto.

En ese marco, todos coincidieron en el acuerdo para evitar que Milei elimine las elecciones primarias a nivel nacional. Y el ámbito para sostener esa estrategia es el Congreso, de ahí la presencia de los jefes parlamentarios. En el peronismo todos coinciden que esa herramienta puede resultar clave para resolver el enfrentamiento interno entre kicillofistas y cristinistas, que hasta ahora no se han podido poner de acuerdo sobre la estrategia electoral para 2027.

"El centro del trabajo político estará puesto en el diálogo con gobenadores peronistas cercanos a la Casa Rosada que pueden ser clave en esta negociación", dijeron a este medio fuentes al tanto de las conversaciones. "Los gobernadores que no colaboren quizá tengan que enfrentar listas peronistas que le compliquen la elección en sus provincias", dijo una de las fuentes al tanto de lo conversado.

Aunque hubo esfuerzos por enfatizar que la reunión giró exclusivamente sobre las PASO, su duración de cuatro horas y el hecho de que estuvieran presentes al menos cuatro dirigentes con aspiraciones presidenciales -Kicillof, Massa y Zamora- alentó versiones sobre que la agenda pudo ser más amplia.

Como fuere, el encuentro marca el primer episodio de diálogo tras muchos meses de conversaciones cortada entre Kicillof y Kirchner, que solo cruzaron tres llamados ocasionales a raíz de la organización del velorio de Carlos “El Indio” Solari, pero que no traspasaron los límites de ese episodio. Hace una semana, el gobernador Ricardo Quintela intentó acercarlos en una reunión en La Rioja, pero Kicillof envió

Por ahora, no está claro si este encuentro marcará el inicio de contactos más fluidos o si se limitará a ser el punto de partida para sostener las primarias como herramienta para dirimir en una interna las diferencias. En el horizonte aparece cada vez menos nítida la posibilidad de un acuerdo, y algunas fuentes hablan hasta de la posibilidad de ir a los comicios con listas separadas, lo que favorecería al oficialismo. En ese marco, las PASO aparecen como una alternativa factible para dirimir diferencias, ya que una intena partidaria también sería problemática.

El senador nacional Maximiliano Abad participó anoche en el Teatro Liceo de la presentación de “Pasen y Lean”, el libro que recorre los cincuenta años de trayectoria de Carlos Rottemberg, en una velada que reunió a destacadas figuras de la cultura y el espectáculo argentino. Junto al senador Eduardo “Wado” de Pedro, Abad entregó al productor teatral un reconocimiento del Senado de la Nación aprobado por unanimidad.

Abad vinculó la figura del productor teatral con la cultura y su sintonía permanente con Mar del Plata: “Cuando se habla de teatro en la Argentina, el nombre de Carlos aparece siempre. Es sinónimo de teatro de calidad, de apostar a las obras, a las salas y a la gente que hace posible que el telón se levante función tras función. Pero hay una localía que le pertenece de manera especial: Mar del Plata, su ciudad y nuestra ciudad”, destacó Abad.

El Senador Nacional celebró además la publicación del libro y puso en valor una trayectoria estrechamente ligada a la cultura marplatense y nacional. “Carlos es uno de los protagonistas destacados de la selección argentina de la cultura de nuestro país. Este reconocimiento es absolutamente merecido. Felicitaciones y gracias por tanto teatro”, concluyó.

El Gobierno de Javier Milei reglamentó el procedimiento para que los hospitales nacionales comiencen a cobrar las prestaciones no urgentes a extranjeros que no tengan residencia permanente en el país, cerca del 6% del total de los pacientes según datos oficiales. Se trata de una medida derivada del DNU 366/2025, que introdujo cambios en la Ley de Migraciones.

La nueva resolución indica que si la persona cuenta con un seguro de salud, el hospital podrá facturarle el costo a la aseguradora. En cambio, si no tiene cobertura, deberá abonar el servicio antes de recibir la atención.

Esta decisión se formalizó en el Boletín Oficial y en el llamado “Procedimiento operativo para la atención sanitaria de personas extranjeras en los establecimientos sanitarios administrados por el Estado Nacional”.

Las autoridades aclararon que la atención de emergencias seguirá garantizada para todas las personas, independientemente de su situación migratoria y "no podrá ser negada ni demorada por trámites administrativos".

Se entiende por emergencia toda situación que represente un riesgo real e inminente para la vida o las funciones vitales, como infartos, accidentes cerebrovasculares, traumatismos de gravedad, hemorragias importantes y urgencias obstétricas, pediátricas o neonatales.

Un anexo de la norma establece cuáles son cada una de las emergencias comprendidas como excepciones, aunque desde el Ministerio de Salud fueron resumidas como “aquellas situaciones que impliquen un riesgo cierto e inminente para la vida o funciones vitales, como infartos, ACV, traumatismos graves, hemorragias masivas y emergencias obstétricas, pediátricas o neonatales”.

“Queda exceptuada de la aplicación del presente toda prestación sanitaria destinada a la evaluación, diagnóstico, estabilización y tratamiento inmediato de una condición clínica que implique riesgo cierto e inminente para la vida, para un órgano o una función, o que requiera una intervención urgente para evitar un daño grave o irreversible en la salud de la persona”, indica la normativa.

Sin embargo, “una vez superada la situación de emergencia, las prestaciones posteriores podrán ser facturadas al paciente o a su aseguradora según corresponda”, señalaron las autoridades. A lo que agregaron: “La resolución unifica el procedimiento para los hospitales nacionales y establece reglas claras para recuperar los costos de las prestaciones brindadas a extranjeros no residentes, sin afectar la atención inmediata ante situaciones de emergencia ni el acceso de quienes tienen residencia permanente”.

Un relevamiento del Observatorio de Tierras del Conicet muestra que en la provincia de Buenos Aires hay 289.802 hectáreas en manos de propietarios extranjeros, en 28 partidos. En conjunto, esos distritos reúnen 3.530.118 hectáreas, por lo que la superficie extranjerizada representa el 8,21% del total. Los partidos con mayor proporción de tierras extranjerizadas están muy juntos en el mapa: son Campana, con el 50% del total de su territorio, y Zárate, con el 25%.

En la provincia de Buenos Aires el fenómeno de la extranjerización de tierras presenta marcadas diferencias entre municipios. Mientras algunos partidos registran niveles cercanos al límite del 15% fijado por la Ley de Tierras Rurales, otros muestran porcentajes considerablemente menores.

El caso más llamativo es Campana, donde 11.935 hectáreas de un total de 23.743 pertenecen a propietarios extranjeros, lo que equivale al 50% de toda su superficie. Detrás aparece Zárate, con 25% de extranjerización y 12.003 hectáreas en manos foráneas.

En un segundo escalón se ubican Juárez, con 13% (67.951 hectáreas); Exaltación de la Cruz, Almirante Brown y Presidente Perón, con 12%; y Ezeiza, con 11%.

Con un 10% aparecen Leandro N. Alem, Moreno, Florencio Varela, Esteban Echeverría y La Plata, mientras que Ramallo, Marcos Paz y Monte registran un 8%.

En el otro extremo del ranking figuran los partidos con menor incidencia de tierras extranjerizadas, todos con alrededor del 6% de su superficie: Guaminí, General Villegas, General Alvarado, Villa Gesell, General Lavalle, Arrecifes, San Vicente y Avellaneda. También se ubican cerca de ese nivel Balcarce, General Pueyrredón, General Rodríguez y Merlo, con porcentajes del 7%.

Si se observa la cantidad de hectáreas y no el porcentaje, el ranking cambia considerablemente. El partido con mayor superficie en manos extranjeras es Juárez, con 67.951 hectáreas, seguido por General Villegas (38.658 hectáreas), Balcarce (26.841), Guaminí (24.947) y Leandro N. Alem (16.113).

En tanto, La Plata registra 6.375 hectáreas extranjerizadas, mientras que en municipios densamente urbanizados como Avellaneda, Merlo o Moreno las cantidades son mucho menores debido a su reducida extensión territorial.

El Observatorio de Tierras fue creado por investigadores y docentes vinculados al Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y al Mirador Interdisciplinario Latinoamericano de Políticas Agrarias. La iniciativa surgió en el marco del debate reabierto por el Gobierno nacional sobre una eventual modificación de la Ley de Tierras Rurales (26.737) y de la Ley Nacional de Glaciares (26.639), con el objetivo de relevar el grado de concentración y extranjerización de la propiedad rural en el país.

Según los investigadores, la información recopilada en los últimos años muestra un escenario “preocupante”. A nivel nacional, alrededor del 5% del territorio argentino, unos 13 millones de hectáreas, está en manos extranjeras. Sin embargo, advierten que “el dato nacional oculta situaciones mucho más críticas cuando se analizan provincias y departamentos específicos, especialmente aquellos donde existen recursos estratégicos como agua dulce, minerales o corredores logísticos”.

En ese contexto, el informe señala que 36 departamentos argentinos ya superan el límite de extranjerización previsto por la Ley de Tierras, mientras que en cuatro de ellos —Lácar (Neuquén), General Lamadrid (La Rioja) y Molinos y San Carlos (Salta)— la participación extranjera supera el 50%. También menciona casos como Iguazú (Misiones), Ituzaingó y Berón de Astrada (Corrientes) y Campana, en la provincia de Buenos Aires, todos ubicados sobre la hidrovía del río Paraná, donde la propiedad extranjera supera ampliamente el 30%.

El Gobierno logró convertir en ley el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, aunque debió volver a modificar el texto para reunir los apoyos necesarios. Después de haber eliminado el capítulo referido a la extranjerización de las tierras rurales, el oficialismo también tuvo que resignar la reforma de la Ley de Manejo del Fuego, que no logró el respaldo de varios de sus habituales aliados.

La iniciativa fue aprobada en general por 37 votos contra 33, con el apoyo de los 21 senadores de La Libertad Avanza, nueve de la UCR, tres del PRO y legisladores de bloques provinciales de Misiones, Chubut, Neuquén y Provincias Unidas. En contra se pronunciaron el interbloque justicialista, Convicción Federal y otros representantes provinciales.

El proyecto finalmente mantuvo las reformas destinadas a agilizar los procesos de desalojo por ocupaciones ilegales y a endurecer las condiciones para las expropiaciones, dos de los principales objetivos impulsados por el Gobierno de Javier Milei en materia de protección del derecho de propiedad.

Sin embargo, el oficialismo sufrió un revés con la modificación de la Ley de Manejo del Fuego. La propuesta pretendía flexibilizar las restricciones que hoy impiden cambiar el uso de los terrenos afectados por incendios durante 60 años en el caso de bosques nativos y humedales y por 30 años para las tierras agropecuarias.

El Gobierno argumentaba que el régimen vigente, aprobado en 2020, castigaba a los propietarios de inmuebles incendiados al impedirles desarrollar nuevos proyectos sobre esas tierras. No obstante, la iniciativa fue rechazada por un grupo de senadores dialoguistas que consideró inconveniente modificar esa normativa.

Entre quienes votaron en contra de ese capítulo estuvieron los radicales Maximiliano Abad y Daniel Kroneberger, la chubutense Edith Terenzi, Flavia Royón, Alejandra Vigo, los santacruceños José Carambia y Natalia Gadano, la tucumana Beatriz Oliva y los representantes misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut.

En cambio, el capítulo referido a los desalojos prosperó con 36 votos afirmativos, ya que Terenzi optó por abstenerse. La nueva legislación establece que los desalojos por ocupaciones ilegales tramiten por la vía sumarísima, reemplazando el procedimiento ordinario vigente, con el objetivo de reducir significativamente los tiempos judiciales.

La Cámara alta había retomado el tratamiento del proyecto luego de que el Ejecutivo resolviera retirar el capítulo sobre la Ley de Tierras Rurales, una decisión tomada tras la resistencia planteada por gobernadores y bloques dialoguistas que advertían sobre las consecuencias de flexibilizar el régimen de propiedad de tierras.

Durante el debate, el presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Agustín Coto, defendió la iniciativa al sostener que busca "simplificar y acelerar los procesos para que los dueños de los bienes no sean castigados por las demoras judiciales" y garantizar el principio constitucional que protege la propiedad privada.

Según explicó el legislador libertario, la reforma procura brindar mayor seguridad jurídica y evitar que quienes sufren ocupaciones ilegales deban atravesar largos procesos judiciales para recuperar sus inmuebles.

En el cierre del debate, el jefe del bloque Justicialista, José Mayans, lanzó una de las críticas más duras contra el proyecto. Lo calificó como "un asco" y sostuvo que las modificaciones a la Ley de Expropiaciones resultan "inconstitucionales de cabo a rabo". Además, afirmó que la iniciativa busca impedir que el Estado pueda recuperar bienes estratégicos que eventualmente sean privatizados.

En representación del oficialismo, la presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, defendió la norma al señalar que "viene a reparar a cientos de miles de argentinos que fueron violentados en el pasado" por las usurpaciones y por un Estado que, según sostuvo, no protegía adecuadamente el derecho de propiedad.

"Ahora nadie te va a poder avasallar. El Estado te va a proteger y no te va a usurpar", aseguró la senadora, quien sostuvo que la ley busca dar previsibilidad y seguridad jurídica para las próximas generaciones.

Desde la oposición, el pampeano Daniel Bensusán calificó el proyecto como "un nuevo mamarracho" del Gobierno y cuestionó el trámite parlamentario, al denunciar que los senadores recibieron el nuevo dictamen apenas una hora antes del inicio de la sesión y con numerosas modificaciones.

También la rionegrina Ana Marks cuestionó el enfoque del oficialismo al sostener que considerar la tierra únicamente como un activo económico implica desconocer su función social. Además, criticó el nuevo régimen de desalojos al advertir que el Gobierno no ofrece respuestas para quienes enfrentan dificultades para acceder a una vivienda.

Desde el oficialismo, Gonzalo Guzmán Coraita respondió que la Argentina necesita "reglas claras para ser un país previsible", mientras que la senadora Nadia Márquez sostuvo que la ley apunta a terminar con las usurpaciones, agilizar la recuperación de inmuebles, limitar las expropiaciones y generar mejores condiciones para atraer inversiones.

En tanto, el radical Maximiliano Abad acompañó la aprobación de la ley en general, aunque dejó una advertencia respecto del rumbo económico. Afirmó que las inversiones no llegarán únicamente por modificar normas específicas, sino que dependerán de la estabilidad macroeconómica, la solidez institucional y una política exterior consistente y sostenida en el tiempo.

La Cámara de Senadores aprobó en la madrugada de este viernes la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ahora deberá tratar Diputados. Para destrabar la sesión, el oficialismo tuvo que retirar el capítulo que flexibilizaba la venta de tierras rurales a extranjeros, un punto que el senador marplatense Maximiliano Abad (UCR) rechazó de plano por considerar que afectaba la soberanía nacional.

Durante su intervención en el recinto, el legislador bonaerense ratificó sus reparos de fondo al proyecto original del Poder Ejecutivo y advirtió que eliminar los topes a la extranjerización de la tierra ponía en riesgo la capacidad del Estado para decidir sobre sus propios recursos naturales.

Abad fue una de las voces que evidenció la falta de consensos para aprobar la desregulación total del suelo argentino. "Estoy convencido, porque lo dije desde un primer momento, de que el proyecto y el capítulo de tierras rurales limitaba la soberanía, podía poner en riesgo la seguridad nacional y de ninguna manera garantizaba el fortalecimiento de la producción y del campo argentino", sostuvo desde su banca.

"Defender la soberanía no es cerrar la economía"

En su alocución, el dirigente marplatense planteó que el contexto geopolítico actual exige una mirada estratégica sobre la tenencia de la tierra, frente a las crecientes demandas globales de alimentos, energía y minerales críticos.

"Defender la soberanía en pleno siglo XXI no es cerrar la economía de un Estado: es garantizar y sostener la capacidad estratégica de poder decidir sobre los recursos que hacen al futuro de nuestro país", argumentó durante el debate.

El senador subrayó que la Argentina atraviesa un escenario internacional complejo, atravesado por conflictos, alteraciones en las cadenas globales de abastecimiento, volatilidad climática y una acelerada revolución tecnológica que multiplica la necesidad de recursos estratégicos. Por eso, ligó la soberanía territorial a la seguridad económica del país.

Una Ley de Tierras "federal, moderna y con controles"

Aunque reconoció que la normativa vigente puede actualizarse, Abad remarcó que una reforma de fondo no puede resolverse quitando herramientas de fiscalización del Estado. "La actual Ley de Tierras puede ser absolutamente perfectible, pero una reforma de tal magnitud de ninguna manera puede reducirse a eliminar límites ni eliminar controles", señaló.

En esa línea, reclamó avanzar hacia una legislación agraria "federal, moderna y promotora del desarrollo sustentable", que proteja a los productores locales sin desamparar los activos estratégicos de la Nación.

La ley de tierras que sigue vigente considera de titularidad extranjera a los inmuebles en manos de inversores o sociedades de capital de origen extranjero y les fija un tope: no pueden poseer más del 15% del total de tierras a nivel nacional, provincial o municipal. Además, ninguna nacionalidad puede superar el 30% de ese porcentaje y un mismo titular extranjero no puede tener más de 1.000 hectáreas en zona núcleo.

Qué quedó en pie del proyecto

El texto que consiguió media sanción mantiene los cambios sobre expropiaciones y desalojos, y ahora pasa a Diputados. En materia de desalojos, incorpora un procedimiento sumarísimo y nuevos mecanismos de notificación electrónica para casos de usurpación y de falta de pago.

Sobre el final de la sesión, el oficialismo también debió dar de baja el capítulo que modificaba la Ley de Manejo del Fuego, otro punto que no reunió los apoyos necesarios. Con ese retroceso, siguen vigentes los bloqueos para la venta o el cambio de uso de tierras tras incendios. Abad validó los ítems de expropiaciones y desalojos, pero se mostró en desacuerdo con la reforma sobre el fuego.

Tensión dentro y fuera del recinto

El proyecto fileteado obtuvo 37 votos a favor y 33 en contra en la votación en general. La jornada se desarrolló con tensión adentro y afuera del Congreso, donde se registraron incidentes durante una movilización de organizaciones sociales que dejaron un saldo de 11 detenidos y tres efectivos de las fuerzas de seguridad heridos.

Más allá del resultado, la postura del radicalismo bonaerense dejó una marca política en la agenda legislativa nacional. El freno a la venta irrestricta de tierras rurales a manos extranjeras fue, en ese tablero, uno de los movimientos que Abad reivindicó como propio.